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La Corporación Administrativa del Poder Judicial, CAPJ, controla el sistema que decide qué juez conocerá una causa. No puede alegar ignorancia sobre su funcionamiento ni esconderse detrás de un proveedor, una migración tecnológica o el paso del tiempo. Los artículos 506, 510 y 511 del Código Orgánico de Tribunales le imponen administrar, desarrollar, organizar y supervisar los sistemas informáticos del Poder Judicial. Esa obligación es incompatible con operar una caja negra.

La Policía de Investigaciones de Chile, la PDI, concluyó que “no es factible determinar una posible alteración del algoritmo” que distribuyó la quiebra de Curauma. Esta es la conclusión del informe policial de fecha 3 de octubre de 2023, incorporado a la causa RIT 12.468-2022, RUC 2210056698-6, del 7º Juzgado de Garantía de Santiago (Caso Curauma: https://drive.google.com/file/d/1I7ym7jF1nCkPOdSd65lMrOmXfErR-mdj/view?usp=share_link). La frase parece definitiva, pero no lo es.

La Responsabilidad Civil de la Junta de Acreedores: El despojo patrimonial como acto ilícito y la doctrina de la Corte Suprema El análisis de las consecuencias de la nulidad del proceso de quiebra de Curauma S.A. quedaría incompleto sin examinar el estatuto de responsabilidad civil extracontractual que pesa sobre muchos de los miembros de la Junta de Acreedores. Fueron ellos quienes, ejerciendo las facultades de administración concursal, por orden de sus respectivos represent

La declaración de nulidad del proceso de quiebra de Curauma S.A. acarreará una consecuencia jurídica fundamental: se considerará jurídicamente inexistente el desistimiento de la demanda interpuesta por el síndico, en representación de la fallida, contra Euroamerica Seguros de Vida S.A. Al desaparecer dicho acto, se reabrirá de pleno derecho el litigio original por usura en el contrato de leaseback inmobiliario, tramitado ante el 16° Juzgado Civil de Santiago. Consecuentemente

La palabra que ordena Curauma es nulidad. Y el precedente mayor no viene de Australis. Viene de Ferroviaria Oriental, FOSA, de Bolivia. El 17 de noviembre de 2025, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de nulidad y dejó sin efecto la subasta de 14.482.642 acciones de Inversiones Ferroviarias Bolivianas Limitada controlada por Manuel Cruzat Infante —pieza decisiva en la cadena que llega a Trenes Continentales y al control del 50,00035% de Ferroviaria Oriental S

En 2013, el secreto de Curauma estaba en el contraste entre dos balances. De un lado, Curauma: una empresa con iliquidez transitoria, pasivos exigentes y acceso restringido a crédito y financiamiento. Al 31 de marzo de 2013, el pasivo total informado ascendía aproximadamente a USD 262 millones (UF 5,63 millones). La presión financiera era real. Pero esa presión no describía una empresa vacía. Describía una empresa tensionada entre deuda exigible, vencimientos financieros y ac

La 56ª Junta Ordinaria de Acreedores de Curauma, celebrada el 26 de marzo de 2026, no es una junta más. Es el acta que une formalmente Curauma con la tesis del vicio de origen. El dato decisivo está al final: el síndico César Millán Nicolet informa la existencia del juicio seguido ante el 9° Juzgado Civil de Santiago (19076-2006), y reconoce que ese proceso incide directamente en créditos verificados en la quiebra. Esa frase cambia todo. El juicio nace en una operación del añ

Hasta agosto de 2012, la relación entre Curauma y Euroamerica Seguros de Vida (EASV) podía leerse como una relación financiera dura, cara, incluso abusiva, pero todavía administrable. Había pagos, conversaciones, vencimientos, garantías y una expectativa razonable de refinanciamiento. Curauma tenía un problema de liquidez, no de valor. Tenía mucha tierra, grandes activos, localización, proyecto urbano, ciudad futura. Lo que no tenía era caja inmediata. Ese equilibrio se quebr

El problema de Las Cenizas (Fundo Las Cenizas en alto Valparaíso) no está en el pasado. Está en el patrimonio actual de Euroamerica Seguros de Vida. Los estados financieros 2025 de la compañía, disponibles en la CMF desde el 17 de abril de 2026, muestran un patrimonio de M$100.178.838 y, al mismo tiempo, inversiones inmobiliarias por M$382.229.631. Es decir, sus inversiones inmobiliarias equivalen a 3,82 veces su patrimonio. Ambas cifras están en los estados financieros prese

Chile acaba de descubrir, con nombres, montos y rutas bancarias, algo que muchos intuían hace años: que también la justicia se puede comprar. La trama bielorrusa ha expuesto a una exministra de la Corte Suprema, a su pareja y a un tejido de abogados y operadores que, según la Fiscalía, habrían articulado pagos por al menos 57 millones de pesos para torcer fallos a favor del consorcio Belaz Movitec en su disputa con Codelco (CIPER Chile). La estatal presentó querella criminal

A la luz de los recientes episodios que han remecido a la Corte Suprema, ya no resulta creíble el relato de las “manzanas podridas” ni el consuelo de la anomalía. En Chile, el tráfico de influencias y la compra de decisiones no aparecen como desvíos ocasionales, sino como prácticas reiteradas que delatan un modo de operar. No fue ignorancia ni sorpresa: se sabía. Durante años, algunos convirtieron la justicia en un mercado y a los tribunales en un espacio de intermediación op

El caso Vivanco no es simplemente un escándalo judicial; es un punto de no retorno para la confianza institucional en Chile. Una ex ministra de la Corte Suprema enfrenta acusaciones respaldadas por evidencia trazable —archivos modificados, órdenes fuera de tabla, transferencias encubiertas, casas de cambio y pagos en efectivo— que habrían facilitado un fallo exprés en beneficio de privados. El monto en juego ronda los $17 mil millones de pesos. Hasta hace poco, la idea de com