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Chile acaba de descubrir, con nombres, montos y rutas bancarias, algo que muchos intuían hace años: que también la justicia se puede comprar. La trama bielorrusa ha expuesto a una exministra de la Corte Suprema, a su pareja y a un tejido de abogados y operadores que, según la Fiscalía, habrían articulado pagos por al menos 57 millones de pesos para torcer fallos a favor del consorcio Belaz Movitec en su disputa con Codelco (CIPER Chile). La estatal presentó querella criminal

A la luz del caso de la jueza Vivanco y de otros jueces, ya no cabe el disfraz de las “manzanas podridas” ni el consuelo de la excepción. En Chile, el tráfico de influencias y la compra de fallos no son accidentes: son un método. La caída de una ministra de la Corte Suprema por pagos clandestinos expuso lo que muchos sabían y pocos se atrevían a decir: hay quienes han hecho de la justicia un mercado y de los tribunales, un espacio de corretaje silencioso donde los contactos p

El caso Vivanco no es simplemente un escándalo judicial; es un punto de no retorno para la confianza institucional en Chile. Una ex ministra de la Corte Suprema enfrenta acusaciones respaldadas por evidencia trazable —archivos modificados, órdenes fuera de tabla, transferencias encubiertas, casas de cambio y pagos en efectivo— que habrían facilitado un fallo exprés en beneficio de privados. El monto en juego ronda los $17 mil millones de pesos. Hasta hace poco, la idea de com

En el Chile de comienzos de la década de 2010, Euroamerica Seguros de Vida S.A. no operaba como una aseguradora previsional más, sino como el eje financiero de un conglomerado que había aprendido a desplazarse dentro de la ley para sortear toda forma de control efectivo. El caso Curauma, lejos de ser un episodio aislado, expuso la forma en que una entidad regulada transformó la arquitectura del derecho financiero en un instrumento de ocultamiento patrimonial. Hacia 2013, Euro

Lo que ocurrió con Curauma S.A. no es un error judicial ni un mal negocio. Es una operación de despojo institucionalizada, ejecutada con bisturí financiero y aval estatal. En 2013, una compañía de seguros, Euroamerica Seguros de Vida, usó su condición de acreedor para apropiarse de miles de hectáreas urbanas en Valparaíso, valoradas en millones de UF, con la complicidad activa de abogados, funcionarios y un síndico corrupto. En 2004 prestaron 715 mil UF; en 2013, después de c