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¿Qué más pruebas se necesitan?

  • MCI
  • hace 14 horas
  • 4 Min. de lectura

Actualizado: hace 13 minutos

Chile acaba de descubrir, con nombres, montos y rutas bancarias, algo que muchos intuían hace años: que también la justicia se puede comprar. La trama bielorrusa ha expuesto a una exministra de la Corte Suprema, a su pareja y a un tejido de abogados y operadores que, según la Fiscalía, habrían articulado pagos por al menos 57 millones de pesos para torcer fallos a favor del consorcio Belaz Movitec en su disputa con Codelco (CIPER Chile). La estatal presentó querella criminal por cohecho y lavado de activos contra la exministra de la Corte Suprema y otros imputados; Codelco estima en cerca de 20 millones de dólares el daño patrimonial asociado a esa red (Diario Financiero). 


¿Qué más hace falta para admitir que el problema no es un "caso aislado", sino un método?


El patrón se repite. La investigación sobre la muñeca bielorrusa describe un esquema en que siete (7) fallos de la Corte Suprema favorecieron al consorcio chileno-bielorruso, todos con voto favorable de Vivanco, mientras el dinero circulaba por estudios jurídicos y sociedades relacionadas hasta llegar —según la tesis de la Fiscalía— a su círculo más cercano (La Tercera). Otro reportaje ha mostrado irregularidades en el fallo que destrabó el proyecto inmobiliario Eco Egaña en Ñuñoa: integración extraordinaria de ministros, tramitación acelerada y un seguimiento inusual del caso por parte de la misma ministra Vivanco, con anomalías muy parecidas a las detectadas en los litigios de Belaz Movitec.


No hablamos ya de sospechas genéricas, sino de formalizaciones, prisiones preventivas, allanamientos y querellas de una empresa estatal contra una jueza de la Corte Suprema. La Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y la prensa de investigación coinciden en algo esencial: existió una red que intervino en decisiones judiciales de altísimo impacto económico.


En este contexto, la pregunta se vuelve incómoda: si hoy aceptamos que hubo fallos "a la carta" en la cúspide del sistema, ¿por qué sigue siendo intocable, silenciado, omitido el Caso Curauma, cuyo corazón es precisamente la acusación de que un algoritmo de reparto de causas fue manipulado para escoger un tribunal "de conveniencia"?


Los hechos duros están sobre la mesa. En 2013, la quiebra de Curauma S.A. —titular de un proyecto urbano de miles de hectáreas en alto Valparaíso— se tramitó en Santiago, pese a que el domicilio legal de la empresa estaba en Valparaíso. El sistema informático asignó inicialmente la causa al 6º Juzgado Civil de Santiago, pero terminó radicada en el 2º Juzgado, a cargo de la jueza Inelie Durán Madina, sin explicación transparente.


Años después, en 2022, un oficio de la propia Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), el 8AJ N.º 1593, firmado por su entonces director Ricardo Guzmán Sanza y remitido al presidente de la Corte Suprema, detalló cómo debe funcionar el algoritmo de distribución de quiebras: tres criterios sucesivos, que incluyen, en caso de empate, elegir el tribunal con menor carga total de causas.


Aplicando esos criterios, la misma CAPJ reconoce que en 2013 había 19 juzgados habilitados para ver quiebras; todos tenían el mismo número de causas de ese tipo, pero el 6º Juzgado acumulaba unas 14.027 causas totales, frente a las 15.200 del 2º. Es decir: con el tercer parámetro correctamente aplicado, la quiebra de Curauma solo podía ir al 6º Juzgado; el 2º no tenía ninguna posibilidad. Sin embargo, terminó ahí.


Eso no es una teoría conspirativa escrita en servilletas: está contenido en una carta oficial de la CAPJ a la Corte Suprema, obtenida a través de la Ley de Transparencia y analizada por el propio medio que la reveló (Interferencia). Es prueba documental de que el tercer criterio no se respetó. 


A este dato se suma otro: el 2º Juzgado Civil de Santiago concentra, de manera sospechosa, causas de altísima figuración e intereses enormes, desde Curauma hasta la reorganización de LATAM, pasando por otras quiebras trasladadas desde regiones. La CAPJ controla ese embudo invisible: algoritmo, subrogancias, diseño tecnológico, licitaciones de sistemas. No es casual que la propia policía haya allanado sus oficinas en el marco de investigaciones por manipulación de expedientes y accesos indebidos a causas sensibles.


¿Qué más pruebas se necesitan?


Hoy sabemos, además, que la misma arquitectura de poder que permitió desviar Curauma hacia un tribunal funcional aparece en el trasfondo de otros escándalos. La funcionaria que alteró un expediente del entonces candidato presidencial Gabriel Boric desde la intranet judicial; el "caso camiones truchos", con 66 demandas calcadas resueltas por una jueza cuyo pareja litigaba en todas ellas; la quiebra desviada desde Iquique al infaltable 2º Juzgado Civil de Santiago. En todos esos episodios, el "error" favorece a los mismos actores y a los mismos estudios jurídicos.


Frente a todo esto, la reacción de la casta judicial y política frente a Curauma ha sido, en el mejor de los casos, el silencio; en el peor, el desprecio. Pero Curauma no es una anécdota biográfica de Manuel Cruzat Infante; es un test de estrés para el Estado de derecho: ¿puede aceptarse que un patrimonio urbano de miles de hectáreas cambie de manos tras una quiebra tramitada en un tribunal que, según el propio Poder Judicial, jamás debió recibir la causa?


Que, once años después, no exista una investigación penal seria sobre la eventual manipulación del sistema informático, ni una auditoría integral e independiente del algoritmo de distribución de causas, ni una revisión de fondo de las decisiones del 2º Juzgado en quiebras de alto impacto, dice más de la casta que del caso. Dice que, incluso con cartas oficiales, oficios numerados, allanamientos y ahora querellas que describen redes de cohecho, la respuesta institucional sigue siendo encogerse de hombros.


Porque pruebas hay. Lo que falta es voluntad de mirarlas hasta el final.


19-nov-2025





 
 
 

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