¿Cómo se atreven?
¿Cómo se atreven esos jueces y abogados a tratar la justicia como una propiedad privada? A escoger tribunales, torcer procedimientos, fabricar demoras y convertir el expediente en un arma contra quien no pertenece a su círculo. ¿Cómo se atreven?
No hay talento jurídico en manipular una causa. No hay independencia judicial en proteger al poderoso contra el más vulnerable. No hay debido proceso cuando el resultado comienza a construirse antes de que las partes entren a la sala.
Los responsables suelen refugiarse detrás de montañas de escritos, resoluciones y palabras solemnes. Confían en que la complejidad borre las huellas; en que el ciudadano se canse y se arruine antes de conocer la verdad; en que los años conviertan el abuso en cosa juzgada. Pero un expediente voluminoso no transforma la arbitrariedad en derecho. Una sentencia tampoco purifica el procedimiento que nació torcido.
Cuando un abogado puede alterar la ruta de una causa, cuando un juez concede privilegios procesales o cuando una red profesional obtiene aquello que la ley niega al ciudadano común, la justicia deja de ser una institución. Se convierte en un mercado reservado para quienes conocen su precio, sus intermediarios y sus puertas laterales.
No estamos solamente ante faltas individuales. Asoma el fracaso de una élite formada para servir al país y habituada, en cambio, a protegerse a sí misma. Profesionales con poder, educación y acceso privilegiado que, enfrentados al deber elemental de defender la ley, optan por la ventaja, el silencio, la omisión o la obediencia al grupo. No es excelencia. Es mediocridad con credenciales.
El cargo o el estudio jurídico o los años dentro del sistema no conceden inmunidad. La toga no encubre: obliga. El conocimiento de la ley no atenúa la responsabilidad de quien la burla: la agrava. La independencia judicial tampoco significa independencia respecto de la verdad, la probidad y la rendición de cuentas.
Se atreven porque durante demasiado tiempo el silencio fue rentable. Los controles fueron débiles, las investigaciones complacientes y las sanciones tardías. Casi todos supieron, pero pocos hablaron. Algunos callaron por conveniencia, otros por cobardía y no pocos porque el sistema les aseguraba que proteger al círculo era más provechoso que servir al país. Así se deterioran las instituciones: no únicamente por la audacia de los más corruptos, sino por la docilidad de quienes los rodean.
Por eso ya no basta con corregir excesos ni sacrificar al último eslabón. Hay que reconstruir las decisiones, preservar los registros, identificar las intervenciones y reparar el daño. Deben responder quienes concibieron la maniobra, quienes la ejecutaron, quienes se beneficiaron de ella y quienes, teniendo autoridad para impedirla, prefirieron conservar su comodidad.
Una justicia manipulada es una forma clandestina de poder, tanto más peligrosa porque actúa revestida de legalidad. Conserva los edificios, las ceremonias y los sellos, pero vacía la ley desde dentro. La corrupción judicial no asalta la República desde afuera: ocupa sus tribunales y comienza a dictar resoluciones en su nombre.
¿Y qué es esa República que algunos invocan como una abstracción distante? No es La Moneda, el Congreso ni la Corte Suprema. Tampoco una bandera detrás de un escritorio. La República es la mujer que trabaja, el hombre que paga impuestos, el pequeño empresario que arriesga su patrimonio, la familia que puede perder su casa, el anciano que espera una sentencia y el ciudadano que todavía confía en encontrar un juez, no un adversario previamente escogido.
La República somos todos los que aceptamos someternos a la ley porque creemos que la ley también somete a quienes mandan. Ese es el pacto. Cuando jueces y abogados manipulan la justicia, no perjudican solamente a una parte: rompen ese pacto, falsifican la autoridad del Estado y degradan a los ciudadanos hasta convertirlos en súbditos.
Nos roban algo más profundo que el dinero o una causa. Nos quitan la certeza de que vale la pena vivir honradamente, cumplir las reglas y acudir a los tribunales. Instalan la convicción de que la razón depende del contacto, que una sentencia puede encargarse y que la ley sólo conserva todo su peso para quien carece de protección.
Esos jueces, esos abogados y quienes los encubren han llevado a la República hasta el borde de un abismo. Y no es una metáfora ornamental. Al fondo está la sociedad que deja de creer en sus tribunales, que ya no reconoce autoridad moral en sus instituciones y que comienza a entender la ley como una ficción administrada por camarillas. Cuando se pierde la confianza en que un conflicto será resuelto por un juez imparcial, no queda un mecanismo común para contener la fuerza, la revancha y la desesperación.
Ese es el abismo verdadero: un país en el cual obedecer la ley parece ingenuidad, acudir a la justicia parece una derrota anticipada y tener razón importa menos que conocer a la persona correcta. Allí la convivencia deja de descansar en reglas compartidas y queda entregada al dinero, al miedo y a la influencia.
Quienes recibieron más del país tenían también una obligación mayor con él. Si emplean sus privilegios para torcer la justicia, si callan para proteger al grupo o si administran responsabilidades sin aceptar consecuencias, no han aprobado la prueba del poder. Han fracasado profesional, institucional y moralmente.
Nos han conducido al borde del precipicio. Y todavía pretenden que guardemos silencio mientras contemplamos la caída. No lo haremos.
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