El vicio de origen
- 18 jun
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La 56ª Junta Ordinaria de Acreedores de Curauma, celebrada el 26 de marzo de 2026, no es una junta más. Es el acta que une formalmente Curauma con la tesis del vicio de origen.
El dato decisivo está al final: el síndico César Millán Nicolet informa la existencia del juicio seguido ante el 9° Juzgado Civil de Santiago (19076-2006), y reconoce que ese proceso incide directamente en créditos verificados en la quiebra.
Esa frase cambia todo.
El juicio nace en una operación del año 2000: CB Transportes e Infraestructura S.A., hoy Curauma S.A., vendió a Genesee & Wyoming Chile S.A. derechos sociales en Inversiones Ferroviarias Bolivianas Limitada por USD 12 millones, precio que quedó insoluto. Esa acreencia fue prendada a favor de bancos. Años después, el conflicto terminó en el remate de 14.482.641 acciones de Transportes Ferroviarios S.A., adjudicadas el 12 de enero de 2023 por apenas USD 3 millones.
Pero el 17 de noviembre de 2025 la Corte de Apelaciones de Santiago anuló lo obrado en el cuaderno de apremio y ordenó aplicar el artículo 485 del Código de Procedimiento Civil. Luego, la Corte Suprema declaró inadmisible la casación de Banco Santander. La nulidad quedó firme (fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago).
Ahí entra el vicio de origen.
Un procedimiento que incide en créditos de Curauma fue retrotraído porque su forma de realización estaba mal construida. La justicia dijo, en los hechos, que el tiempo no sanea un origen viciado: lo contamina.
La junta muestra además quién controla la quiebra. La Tesorería General de la República figura con $40.856.606.441, equivalente al 60,16% del pasivo con derecho a voto. El pasivo autorizado asciende a $67.908.615.293. La caja disponible, en cambio, es mínima: $1.572.104.057.
Y el pasivo tampoco está cerrado. El propio Síndico mantiene una impugnación contra la TGR, en el Cuaderno N°50, por $11.790.552.810. Es decir, el acreedor dominante tiene parte relevante de su crédito discutida dentro del procedimiento que domina.
Aun así, frente a una nulidad firme que afecta un juicio conectado a créditos de Curauma, la junta simplemente “se da por informada”.
Esa frase es el síntoma. No hay auditoría especial. No hay informe de impacto. No hay suspensión de decisiones patrimoniales. No hay explicación suficiente sobre qué créditos quedan afectados. La trituradora de carne sigue.
Siguen también los remates del Lote de 535 hectáreas (CSM UNO-A): 25 intentos, los últimos con mínimo de UF 80 mil, sin oferentes. Rematar, insistir, cerrar, aunque el subsuelo jurídico cruja.
La escala vuelve todo más grave. En 2013, en la antesala de la quiebra, Curauma informaba un pasivo de UF 2.200.828. Era una deuda relevante, pero no una empresa vacía. Tenía tierra, derechos, infraestructura y horizonte urbano.
La tasación de Curauma de 2011 mostraba activos por UF 12.048.000. Luego vino el PREMVAL 2013: Las Cenizas pasó de suelo rural a área de extensión urbana.
La desproporción es brutal. Curauma no era una masa sin valor. Era una ciudad posible.
La quiebra no liberó valor: lo congeló. No maximizó activos: los fragmentó. No dio certeza a los acreedores: los dejó atrapados en una administración lenta, cara y litigiosa.
Por eso esta junta importa.
Curauma sigue viva porque su origen sigue sin ser auditado.
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