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El 11 de abril de 2022, Ricardo Guzmán Sanza, director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), envió un oficio (8AJ N° 1593) a Juan Eduardo Fuentes Belmar, Presidente de la Corte Suprema. ¿Por qué? Para responder a una carta de Manuel Cruzat Infante, presentado el 11 de enero de 2022 con el código NR001T0006970. En ella, Cruzat Infante solicitaba entender cómo se reparten las causas civiles en Santiago, incluyendo, por ejemplo, el contexto de la quiebra de

¿Cómo se atreven esos jueces y abogados a tratar la justicia como una propiedad privada? A escoger tribunales, torcer procedimientos, fabricar demoras y convertir el expediente en un arma contra quien no pertenece a su círculo. ¿Cómo se atreven? No hay talento jurídico en manipular una causa. No hay independencia judicial en proteger al poderoso contra el más vulnerable. No hay debido proceso cuando el resultado comienza a construirse antes de que las partes entren a la sala.

La Corporación Administrativa del Poder Judicial, CAPJ, controla el sistema que decide qué juez conocerá una causa. No puede alegar ignorancia sobre su funcionamiento ni esconderse detrás de un proveedor, una migración tecnológica o el paso del tiempo. Los artículos 506, 510 y 511 del Código Orgánico de Tribunales le imponen administrar, desarrollar, organizar y supervisar los sistemas informáticos del Poder Judicial. Esa obligación es incompatible con operar una caja negra.

La Policía de Investigaciones de Chile, la PDI, concluyó que “no es factible determinar una posible alteración del algoritmo” que distribuyó la quiebra de Curauma. Esta es la conclusión del informe policial de fecha 3 de octubre de 2023, incorporado a la causa RIT 12.468-2022, RUC 2210056698-6, del 7º Juzgado de Garantía de Santiago (Caso Curauma: https://drive.google.com/file/d/1I7ym7jF1nCkPOdSd65lMrOmXfErR-mdj/view?usp=share_link). La frase parece definitiva, pero no lo es.

En la entrevista publicada este domingo 30 de agosto de 2026 (EM, E&N B8), Catherine Tornel, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), afirma que un supervisor debe detectar los riesgos a tiempo, actuar con enfoque de riesgo, entregar criterios claros, responder oportunamente y asegurar la trazabilidad de sus decisiones. Muy bien. Entonces la CMF debe aplicar ese estándar al Caso Curauma. Ahora. No en un seminario, no en una guía de buenas intenciones y no c

Las razones por las cuales la asignación de la solicitud de quiebra de Curauma no fue un error computacional. Muchos podrían pensar que la presentación de la solicitud de quiebra de Curauma ante el 2° Juzgado Civil de Santiago, en vez del 6°, se debió a un simple error del Sistema de Distribución de Causas del Poder Judicial. Esta posibilidad no se puede descartar ya que, en igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la correcta. Se trata del principio heurí

La Responsabilidad Civil de la Junta de Acreedores: El despojo patrimonial como acto ilícito y la doctrina de la Corte Suprema El análisis de las consecuencias de la nulidad del proceso de quiebra de Curauma S.A. quedaría incompleto sin examinar el estatuto de responsabilidad civil extracontractual que pesa sobre muchos de los miembros de la Junta de Acreedores. Fueron ellos quienes, ejerciendo las facultades de administración concursal, por orden de sus respectivos represent

La declaración de nulidad del proceso de quiebra de Curauma S.A. acarreará una consecuencia jurídica fundamental: se considerará jurídicamente inexistente el desistimiento de la demanda interpuesta por el síndico, en representación de la fallida, contra Euroamerica Seguros de Vida S.A. Al desaparecer dicho acto, se reabrirá de pleno derecho el litigio original por usura en el contrato de leaseback inmobiliario, tramitado ante el 16° Juzgado Civil de Santiago. Consecuentemente

El caso de la quiebra de Curauma fue asignado al 2° Juzgado Civil de Santiago, cuando, según las reglas del sistema de distribución de causas del Poder Judicial, debería haber sido encargada al 6° Juzgado. Alguien intervino el sistema computacional diseñado para efectuar en forma automática la designación. La persona que lo hizo se atribuyó una autoridad o derecho que la ley no le concede. Esa persona forma o formaba parte de la CAPJ. El artículo 7° de nuestra Constitución, q

El contexto es la investigación que desarrolla la Fiscalía contra el exfiscal Manuel Guerra. Pero la historia comienza antes... En marzo de 2017, el abogado Luis Hermosilla informa al exministro Andrés Chadwick sobre una reunión destinada a preparar la comparecencia de Ignacio Cueto en la causa por las coimas de LAN: "Estaban los dos Eyzaguirre. Tres penalistas de esa oficina" (Claro y Cía.). Todos coinciden en recomendar silencio. Ese mismo día, Cueto comparece ante la Fisca

Hay instituciones que responden cuando se les pregunta. Y hay instituciones que responden con silencio, contradicciones, y finalmente con la cancelación de la única herramienta capaz de despejar la duda. La Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile, la CAPJ, pertenece al segundo grupo. Dos causas de quiebra de alta connotación pública, Curauma y LATAM, iniciadas por separado, debieron —según los propios criterios que el Poder Judicial dijo aplicar— recaer en trib

La Comisión para el Mercado Financiero, CMF, acaba de recordar una regla elemental: en materia de crédito, las cosas son lo que son, no lo que el contrato dice que son. El 10 de julio de 2026 la CMF sancionó a Liquitech SpA con 500 UF después de revisar 1.959 operaciones y concluir que ciertos cobros presentados como "comisiones" formaban parte, en realidad, del costo del crédito. El exceso sobre la Tasa Máxima Convencional (TMC) llegó a ser, en algunos casos, de apenas dos p