Catherine Tornel y la CMF

En la entrevista publicada este domingo 30 de agosto de 2026 (EM, E&N B8), Catherine Tornel, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), afirma que un supervisor debe detectar los riesgos a tiempo, actuar con enfoque de riesgo, entregar criterios claros, responder oportunamente y asegurar la trazabilidad de sus decisiones.

Muy bien. Entonces la CMF debe aplicar ese estándar al Caso Curauma. Ahora. No en un seminario, no en una guía de buenas intenciones y no cuando el expediente ya haya sido enterrado bajo el paso del tiempo.

En Curauma, las señales estaban a la vista.

Al 31 de diciembre de 2011, los estados financieros de Curauma registraban 2.885,77 hectáreas de terrenos urbanos y de desarrollo inmobiliario: 871,77 hectáreas en La Luz y 2.014 hectáreas en Las Cenizas. El financiamiento asociado a Euroamerica Seguros de Vida S.A. alcanzaba aproximadamente 715.000 UF y recaía sobre una superficie decisiva del proyecto. Existían cuotas pendientes, una opción de compra y una estructura presentada como leasing financiero. No era una operación menor ni un activo marginal: era el corazón patrimonial de una sociedad que controlaba aproximadamente 4.300 hectáreas y representaba cerca del 34,4% del suelo disponible para la expansión urbana del Área Metropolitana de Valparaíso.

La información no era clandestina. Estaba en los estados financieros entregados al regulador. Allí constaban las valorizaciones, las obligaciones, las opciones, los pactos y las diferencias entre tasaciones. Allí constaba también que BDO había solicitado la revisión por peritos independientes y que el valor de Las Cenizas había sido objeto de una reducción sustantiva.

La tasación del arquitecto y perito judicial Rubén Miralles Caicedo, aprobada por el directorio el 7 de diciembre de 2011 y comunicada a la SVS como hecho esencial el 13 de diciembre, estimaba los terrenos en aproximadamente 16,9 millones de UF. El 29 de diciembre, mediante el Oficio Ordinario Nº 33.488, la SVS ordenó ajustar las valorizaciones al 80% del valor determinado e incorporar las tasaciones encargadas por Euroamerica Seguros de Vida. El 30 de marzo de 2012 llegó la señal que ningún supervisor serio podía minimizar: BDO comunicó que no podía emitir opinión sobre los estados financieros de Curauma por sus objeciones a las valorizaciones.

Ese día debe ocupar el centro de cualquier investigación. No porque BDO sea infalible, ni porque toda discrepancia contable constituya un delito, sino porque la negativa de un auditor a emitir opinión sobre los estados financieros de una sociedad con activos inmobiliarios de esa magnitud es una alerta de primer orden. Es exactamente el tipo de riesgo que la presidenta de la CMF dice que debe detectarse antes de que se vuelva inmanejable.

¿Qué hizo la SVS?

La respuesta conocida es la suspensión bursátil. Y sus efectos fueron inmediatos: se paralizaron las ventas, se cerraron las vías de financiamiento y el proyecto perdió la liquidez que necesitaba para continuar funcionando. La decisión pudo presentarse como una medida técnica, pero sus consecuencias económicas fueron devastadoras. La SVS no se limitó a observar la crisis desde afuera: su actuación se convirtió en uno de los factores que la profundizaron.

A partir de ahí, la secuencia es conocida: deterioro financiero, pérdida de capacidad operativa, solicitud de quiebra el 27 de septiembre de 2013, declaración de quiebra el 18 de diciembre de ese año, desplazamiento del control de los activos y sometimiento del proyecto a un proceso concursal cuyo origen y radicación siguen siendo cuestionados.

Mientras tanto, la operación con Euroamerica Seguros de Vida exhibía una asimetría que exigía explicación.

Según los antecedentes del caso, se habían entregado aproximadamente 715.000 UF; entre 2004 y 2012 se habían pagado 1.040.775 UF; y aun así se exigía una cuota final de 907.081 UF para recuperar los terrenos. El total comprometido alcanzaba 1.947.856 UF. La proporción entre deuda, pagos realizados, garantías y valor de los activos no podía ser tratada como un asunto rutinario de registro contable.

La CMF es la continuadora legal de la SVS y se define como responsable de la estabilidad, la transparencia, la conducta de mercado y la protección de inversionistas y usuarios. Mandato institucional de la CMF Continuidad legal de la SVS

Por eso debe enmendar las omisiones del caso Curauma. Debe abrir y reconstruir el expediente fiscalizador de 2010 a 2013; identificar qué información recibió la SVS, quién la analizó y qué decisiones adoptó; revisar el tratamiento de las tasaciones, del financiamiento con Euroamerica Seguros de Vida, de las opciones de compra y de la verdadera sustancia económica de los contratos; explicar la actuación frente a BDO; y determinar por qué la respuesta regulatoria terminó produciendo efectos tan destructivos sobre la empresa y sus accionistas.

No basta con decir que la SVS actuó conforme a sus facultades. La pregunta es si las ejerció con oportunidad, profundidad y sentido de riesgo. Tampoco basta con alegar que la quiebra fue posteriormente decidida por un tribunal. Para entonces, el daño económico ya estaba hecho y la empresa llegaba al proceso concursal herida por una paralización que el regulador debe explicar.

La CMF no puede exigir hoy trazabilidad al mercado y mantener opaco su propio pasado. No puede proclamar la detección temprana de riesgos y omitir el 30 de marzo de 2012. No puede hablar de responsabilidad institucional y dejar Curauma reducido a un archivo histórico.

El tiempo no convierte una omisión en diligencia. La CMF debe mirar de frente lo que hizo la SVS, reconocer sus efectos y enmendar ahora —no dentro de otra década— las omisiones que permitieron que una crisis regulatoria se transformara en una destrucción patrimonial y judicial de proporciones.

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El Mercurio. Economía & Negocios. Página B8.

Entrevista a Catherine Tornel

Anuncia agenda de desarrollo de corto y mediano plazo

PRESIDENTA DE LA CMF:

“Nuestro mercado tiene un grado de disciplina que permite avanzar en una regulación más simple”

El organismo concluyó una guía con una serie de propuestas para agilizar el sector. Tornel asegura que se necesita tomar riesgos y dar lineamientos más claros a los regulados. Reconoce que hubo un exceso normativo, mientras avanzan en perfeccionar los modelos de riesgo de los bancos, que permitan menos exigencias de capital y créditos más baratos.

María José Tapia y Soledad Vial

Llega a las 07:30 de la mañana y trabaja hasta las 20:00 horas. De hecho, su gusto por el deporte se ha reducido solo al yoga, “requiere menos tiempo”, señala. Catherine Tornel asumió el 11 de marzo como presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, tras una trayectoria en empresas financieras como Transbank y Banco de Chile, además del Ministerio de Hacienda y el Banco Central.

“Hay hartas cosas que requieren cambios profundos en la institución”, señala. De hecho, sorprendió de entrada al remover a titulares de tres direcciones generales. “Uno de los focos es la agilidad”, agrega. Y hoy, cinco meses después, publica un extenso documento con propuestas de corto, mediano y largo plazo para modernizar y simplificar el mercado financiero; un trabajo de un año, donde se recopiló la visión de unos 200 actores.

—¿Cuál es su diagnóstico?

“En términos de resultado, veía que nos estábamos demorando mucho en las respuestas a los supervisados. Y que esas respuestas muchas veces no eran claras y efectivas. Por ejemplo, nos preguntaban: ‘¿este modelo de negocio está permitido o no?’. Y contestábamos: ‘la ley dice tal cosa’. ¿Pero está permitido o no? Se necesitaba una comunicación más efectiva y fluida con los fiscalizados, responder de manera apropiada y en los tiempos oportunos”.

—Esa forma de responder, ¿evita asumir el riesgo de dar un criterio orientador?

“Efectivamente. La institución corre más riesgo cuando se atreve a entregar criterios que la dejan amarrada hacia adelante, porque siempre puedes decir este negocio está permitido y después ver riesgos o aristas que no habías visualizado. Eso determinaba que no nos atreviéramos, pero hay un riesgo propio de ser regulador que se debe asumir: comunicar apropiadamente las expectativas supervisoras. Si uno no quiere correr riesgos, no debe tomar puestos como este”.

—¿Hubo también falta de agilidad en detectar los casos de fraude registrado en 2004 y 2005?

“Siempre podemos mejorar en la oportunidad en la cual detectamos estos problemas. A lo que hemos llegado es que hacer la supervisión en términos de resultado, detecta el problema cuando ya es tan grande que se refleja en los índices y puede ser tarde para alertar al mercado. En cambio, se puede detectar en base al problema de origen, y lo haces teniendo una comunicación más fluida con el mercado, por ejemplo, viendo cuáles son los modelos de negocio imperante, ¿por qué este señor funciona con un modelo de negocios tan distinto? ¿O por qué si el resto del mercado está dando estas rentabilidades, este fondo da tan por encima? En eso podemos mejorar”.

—¿Y el timming en que se comunica, es correcto?

“Ahí hay que ser muy cuidadoso del momento, porque la información que damos como regulador lleva al mercado a tomar acciones que repercuten en el desempeño de la institución”.

—¿Cómo el caso Sartor? El abogado dice que la acción de la CMF gatilló su caída.

“No me puedo referir a casos que están en tribunales, pero lo que planteo es que tenemos que ser cuidadosos del momento y de la señal que damos al mercado, porque va a tener una respuesta”.

—¿Hay alguna responsabilidad de la CMF?

“No puedo profundizar, solo tener claro que el origen de esos perjuicios y lo que ha mostrado la evidencia es que se produce antes de la intervención de la CMF”.

—¿Hoy, la CMF tiene la capacidad de poder detectar a tiempo?

“Estamos trabajando en construir las capacidades”.

—¿Se han excedido con tanta normativa? Regulados acusan que es excesiva, y los fraudes siguen.

“Efectivamente, hubo un tiempo en que se emitieron muchas normativas a la vez y eso generó una exigencia sobre el sector privado, un costo de cumplimiento regulatorio muy alto. Sin embargo, la CMF debe implementar muchos proyectos normativos por exigencias legales, como la incorporación de las fintech, y no teníamos flexibilidad para cambiar los tiempos”.

—¿Pero cuál es su visión: más normas o menos normas y sanciones más altas?

“Debiéramos aproximarnos más al modelo de Estados Unidos que al de Europa. El de Estados Unidos es de pocas normas, no tan exhaustivas, pero con altas sanciones si se las saltan. El europeo es con muchas normativas muy prescriptivas que tienen un costo en términos de innovación y de generación de nuevos negocios”.

—Tener el modelo anglosajón exige una capacidad de fiscalización muy eficiente. ¿Están en condiciones?

“En supervisión prudencial, tenemos una supervisión altamente intrusiva, logramos tener conocimientos de los modelos de negocio. Por lo que si bien tenemos camino por recorrer, el punto donde estamos me deja suficientemente tranquila”.

—¿Pero estamos en un modelo europeo?

“Nos hemos ido moviendo al modelo europeo. Tenemos normativas bastante prescriptivas y espacio para simplificarlas. Ya hemos ido simplificando, de hecho vamos a sacar comunicados de requerimientos de información que han disminuido”.

—¿Es una visión que comparte todo el consejo?

“Todos tenemos visiones distintas y es parte de la riqueza de un consejo. Pero las instituciones van pasando fases de maduración, los mercados también y nuestro mercado tiene un grado de disciplina que permite avanzar en hacer la regulación más simple, flexible y apuntar al desarrollo e innovación dentro de los mercados financieros”.

—Se critica que, a excepción suya, los comisionados son más bien teóricos. ¿Ha faltado experiencia en el sector real?

“El consejo tiene expertise diversa, cada uno aporta desde distintos ángulos y es deseable que así sea”.

—¿Ser más efectivos en la supervisión implica focalizarse en ciertas cosas?

“Sí, un tema relevante es la integridad del mercado; que los inversionistas puedan contar con que los precios que están viendo reflejen toda la información disponible. Además, que se le ofrezca el producto que está capacitado para evaluar y si no, que sepa a qué riesgo se expone”.

“Disminuir requerimientos de capital”

—En la guía que publicaron, ¿qué medidas de corto plazo son decisivas para revitalizar el mercado?

“Una de las que más influye son los modelos de riesgo de los bancos, porque uno de los temas más sensibles para la ciudadanía y las empresas es el acceso a créditos y en qué condiciones. Entonces estamos transitando a modelos más sofisticados, que midan mejor el riesgo, para calcular mejor los resguardos, lo que podría llevar a dinamizar el financiamiento”.

—En simple, ¿bajarían los créditos hipotecarios y los requisitos de capital?

“Dadas las mediciones que hemos hecho, estamos considerando los activos de los bancos como más riesgosos que Basilea III. Si es que pudiéramos implementar hoy los modelos internos, nos llevarían a disminuir requerimientos de capital y, por lo tanto, a abaratar los créditos”.

—¿Y para el mercado de fondos, de AGF, qué medidas hay?

“Una de las iniciativas es la división de la administración de las inversiones, con la administración del fondo propiamente que ve temas de cumplimiento, gestión del riesgo, clientes, donde podría haber economías de escala y tendría sentido considerarlo aparte. Es para una segunda etapa, porque requiere cambio legal, dado que podemos permitir que se separe la gestión, pero no la responsabilidad”.

—¿Y medidas para atraer a inversionistas extranjeros?

“Existen muchas trabas pequeñas que cuando uno las ve en su conjunto, terminan obstaculizando la participación de los no residentes y en eso estamos trabajando, en identificar esas trabas y en irlas disminuyendo progresivamente”.

—¿Por ejemplo?

“Parte importante es disminuir los costos de cumplimiento para los emisores. Y generar más oferta, y que más inversionistas de otros lados quieran venir a invertir. Estamos trabajando en tener algún repositorio de interpretaciones sobre preguntas que llegan de los no residentes, donde ir a buscar respuestas y facilitar su participación en el mercado local”.

—¿Eso significa menos trámites?

“Efectivamente, estamos tratando de agilizar los procesos y pidiendo menos papeles. Una medida de corto plazo es en la emisión de normativa de mini-bonds, facilitar el proceso de registros de nuevas emisiones de bonos”.

—La crítica del mercado de capitales, de que el foco ha estado más en la banca, ¿la comparte?

“La banca tiene un rol preponderante en créditos para personas y empresas y nuestro esfuerzo de regulación debe considerar los efectos que tiene eso sobre el bienestar de la ciudadanía. Es esperable que nuestro esfuerzo de regulación y supervisión esté de manera importante ahí, no es lo mismo que caiga un banco a otra institución”.

—¿Y qué otra medida de corto plazo destacaría como central?

“Una es el fortalecimiento de los tiempos de respuesta, trazabilidad y gestión de trámites en la CMF. Y la otra es el acceso público a criterios interpretativos y fortalecimiento del diálogo regulatorio, que logremos darle certidumbre al mercado respecto de las reglas del juego para que puedan desempeñar adecuadamente sus modelos de negocio. Y tomar los comentarios del sector privado sobre la regulación de manera temprana, cuantificando costos y beneficios tanto ex-ante como después”.

—En el documento hay aspectos que tienen que ver con gobiernos corporativos. ¿Cuál es su diagnóstico?

“Uno de los temas que se han levantado es cuál es la responsabilidad del directorio; cuáles decisiones deben tomarse a nivel de junta de accionistas y cuáles a nivel de directorio o hasta dónde llega su responsabilidad. Los directores necesitan certezas para desempeñar su labor”.

—¿No quedaron claros esos límites con la nueva ley de delitos económicos?

“Esas leyes están generando revuelo porque establecen responsabilidades altas y es importante que ese nivel de sanciones tenga un correlato en cuanto control tienen los directores de las decisiones. Una pregunta relevante es hasta dónde me va a exigir el regulador. Pero ahí tenemos un trabajo de más largo aliento. No están claras las medidas a implementar”.

—¿Cómo conversa esta guía con la reforma al Mercado de Capitales que impulsa Hacienda?

“Es el ministerio el que lidera esos esfuerzos. Nosotros hemos colaborado en las distintas consultas que nos han realizado. Y ya les hicimos llegar las iniciativas que requieren cambios legales”.

—¿Qué medidas tienen que estar?

“Bajar el costo de cumplimiento para los emisores de valores de oferta pública. Hay varias trabas que parecen irrelevantes, pero que miradas en conjunto adquieren importancia. Por ejemplo, cuando un accionista muere, y no sabes quiénes son sus herederos, que el emisor vaya a buscar a quién pagarle el dividendo no es fácil”.

Debut del Sistema de Finanzas Abiertas:

“Estamos trabajando con toda seriedad y responsabilidad para que ese plazo se cumpla”

—La plataforma PlusPay ha sido vinculada al Tren de Aragua y la CMF señaló que estaba solo inscrita y no autorizada. ¿Están acelerando las autorizaciones para evitar más casos?

“Estamos siendo cuidadosos con las autorizaciones, que no necesariamente es acelerado. Sabemos que la fe pública está involucrada y no queremos que entren al perímetro empresas que no cuentan con los resguardos suficientes para dar esta confianza”.

—La Ley Fintech dio un año a las empresas para seguir operando, mientras se adecuan a los requerimientos, por lo que operan sin regulación.

“Nos estamos apurando en resolver lo antes posible esos casos”.

—El sistema de Finanzas Abiertas fue postergado al 2027, ¿por qué?

“Porque faltaba la normativa. Y no puedes sacarla y empezar a operar tres meses después. Tienes que dar un plazo para la implementación. Entonces, era coherente la postergación”.

—¿Y cómo se explica el duro reclamo público de las fintech?

“Habíamos tenido una reunión de lobby con la Asociación Fintech y no visualizamos ese reclamo, así que fue inesperado el dolor”.

—¿Existe la convicción de que no se postergará nuevamente?

“Estamos trabajando con toda seriedad y responsabilidad para que ese plazo se cumpla, pero no nos tenemos que perder en el objetivo que es hacer lo que nos mandató la ley: implementar de manera efectiva un sistema que lleve a mayor competencia, y más innovaciones del sistema financiero. Los objetivos son el cumplimiento de esas metas y no el plazo de implementación”.

—En paralelo, ¿han sido consultados respecto al proyecto que regula las apuestas en línea?

“Sí, hemos estado dando la opinión técnica en distintos aspectos que nos han hecho consulta”.

—¿Pero es positivo para la estabilidad del sistema financiero?

“La regulación siempre es positiva en el sentido de que agrega certeza a aquello prohibido o permitido”.