Catherine Tornel y la CMF

En la entrevista publicada este domingo 30 de agosto de 2026 (EM, E&N B8), Catherine Tornel, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), afirma que un supervisor debe detectar los riesgos a tiempo, actuar con enfoque de riesgo, entregar criterios claros, responder oportunamente y asegurar la trazabilidad de sus decisiones.

Muy bien. Entonces la CMF debe aplicar ese estándar al Caso Curauma. Ahora. No en un seminario, no en una guía de buenas intenciones y no cuando el expediente ya haya sido enterrado bajo el paso del tiempo.

En Curauma, las señales estaban a la vista.

Al 31 de diciembre de 2011, los estados financieros de Curauma registraban 2.885,77 hectáreas de terrenos urbanos y de desarrollo inmobiliario: 871,77 hectáreas en La Luz y 2.014 hectáreas en Las Cenizas. El financiamiento asociado a Euroamerica Seguros de Vida S.A. alcanzaba aproximadamente 715.000 UF y recaía sobre una superficie decisiva del proyecto. Existían cuotas pendientes, una opción de compra y una estructura presentada como leasing financiero. No era una operación menor ni un activo marginal: era el corazón patrimonial de una sociedad que controlaba aproximadamente 4.300 hectáreas y representaba cerca del 34,4% del suelo disponible para la expansión urbana del Área Metropolitana de Valparaíso.

La información no era clandestina. Estaba en los estados financieros entregados al regulador. Allí constaban las valorizaciones, las obligaciones, las opciones, los pactos y las diferencias entre tasaciones. Allí constaba también que BDO había solicitado la revisión por peritos independientes y que el valor de Las Cenizas había sido objeto de una reducción sustantiva.

La tasación del arquitecto y perito judicial Rubén Miralles Caicedo, aprobada por el directorio el 7 de diciembre de 2011 y comunicada a la SVS como hecho esencial el 13 de diciembre, estimaba los terrenos en aproximadamente 16,9 millones de UF. El 29 de diciembre, mediante el Oficio Ordinario Nº 33.488, la SVS ordenó ajustar las valorizaciones al 80% del valor determinado e incorporar las tasaciones encargadas por Euroamerica Seguros de Vida. El 30 de marzo de 2012 llegó la señal que ningún supervisor serio podía minimizar: BDO comunicó que no podía emitir opinión sobre los estados financieros de Curauma por sus objeciones a las valorizaciones.

Ese día debe ocupar el centro de cualquier investigación. No porque BDO sea infalible, ni porque toda discrepancia contable constituya un delito, sino porque la negativa de un auditor a emitir opinión sobre los estados financieros de una sociedad con activos inmobiliarios de esa magnitud es una alerta de primer orden. Es exactamente el tipo de riesgo que la presidenta de la CMF dice que debe detectarse antes de que se vuelva inmanejable.

¿Qué hizo la SVS?

La respuesta conocida es la suspensión bursátil. Y sus efectos fueron inmediatos: se paralizaron las ventas, se cerraron las vías de financiamiento y el proyecto perdió la liquidez que necesitaba para continuar funcionando. La decisión pudo presentarse como una medida técnica, pero sus consecuencias económicas fueron devastadoras. La SVS no se limitó a observar la crisis desde afuera: su actuación se convirtió en uno de los factores que la profundizaron.

A partir de ahí, la secuencia es conocida: deterioro financiero, pérdida de capacidad operativa, solicitud de quiebra el 27 de septiembre de 2013, declaración de quiebra el 18 de diciembre de ese año, desplazamiento del control de los activos y sometimiento del proyecto a un proceso concursal cuyo origen y radicación siguen siendo cuestionados.

Mientras tanto, la operación con Euroamerica Seguros de Vida exhibía una asimetría que exigía explicación.

Según los antecedentes del caso, se habían entregado aproximadamente 715.000 UF; entre 2004 y 2012 se habían pagado 1.040.775 UF; y aun así se exigía una cuota final de 907.081 UF para recuperar los terrenos. El total comprometido alcanzaba 1.947.856 UF. La proporción entre deuda, pagos realizados, garantías y valor de los activos no podía ser tratada como un asunto rutinario de registro contable.

La CMF es la continuadora legal de la SVS y se define como responsable de la estabilidad, la transparencia, la conducta de mercado y la protección de inversionistas y usuarios. Mandato institucional de la CMF Continuidad legal de la SVS

Por eso debe enmendar las omisiones del caso Curauma. Debe abrir y reconstruir el expediente fiscalizador de 2010 a 2013; identificar qué información recibió la SVS, quién la analizó y qué decisiones adoptó; revisar el tratamiento de las tasaciones, del financiamiento con Euroamerica Seguros de Vida, de las opciones de compra y de la verdadera sustancia económica de los contratos; explicar la actuación frente a BDO; y determinar por qué la respuesta regulatoria terminó produciendo efectos tan destructivos sobre la empresa y sus accionistas.

No basta con decir que la SVS actuó conforme a sus facultades. La pregunta es si las ejerció con oportunidad, profundidad y sentido de riesgo. Tampoco basta con alegar que la quiebra fue posteriormente decidida por un tribunal. Para entonces, el daño económico ya estaba hecho y la empresa llegaba al proceso concursal herida por una paralización que el regulador debe explicar.

La CMF no puede exigir hoy trazabilidad al mercado y mantener opaco su propio pasado. No puede proclamar la detección temprana de riesgos y omitir el 30 de marzo de 2012. No puede hablar de responsabilidad institucional y dejar Curauma reducido a un archivo histórico.

El tiempo no convierte una omisión en diligencia. La CMF debe mirar de frente lo que hizo la SVS, reconocer sus efectos y enmendar ahora —no dentro de otra década— las omisiones que permitieron que una crisis regulatoria se transformara en una destrucción patrimonial y judicial de proporciones.

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