26° remate de Curauma
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CURAUMA – ADVERTENCIA
26° REMATE DE CURAUMA: ENTRE CONTRADICCIONES, PERICIAS E INVESTIGACIÓN PENAL
Por vigesimosexta vez, el 2° Juzgado Civil de Santiago ha ordenado el remate de 535 hectáreas pertenecientes a Curauma S.A., ubicadas en la localidad del mismo nombre.
El remate se dispone dentro de un proceso de quiebra cuya nulidad de Derecho Público, se encuentra actualmente sometida al conocimiento del 5° Juzgado Civil de Santiago fundada, entre otros antecedentes, en la alteración denunciada del sistema de distribución de causas administrado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).
Paralelamente, se encuentra pendiente una investigación penal respecto de los hechos e irregularidades denunciados en torno a ese proceso.
El sistema de distribución de causas del Poder Judicial no realiza un sorteo ni opera de manera aleatoria. Aplica cuatro filtros sucesivos y culmina en una asignación por reloj, susceptible de intervención humana deliberada y, por tanto, de alterar el resultado de la distribución.
Precisamente estos hechos son materia de la investigación penal. El Juzgado de Garantía ha ordenado a la Fiscalía la realización de diversas pericias, actualmente en ejecución, cuyos resultados deberán ser informados al tribunal.
A ello se agrega un hecho particularmente relevante: la CAPJ ha proporcionado información incompleta, inexacta y contradictoria sobre aspectos esenciales del funcionamiento del sistema. Pese a ello, ha sido posible reconstruir técnicamente su operatoria y demostrar contradicciones sustantivas entre las propias respuestas oficiales entregadas por la CAPJ en distintas oportunidades.
Existe, además, otro antecedente que exige explicación: la propia CAPJ acordó la realización de una auditoría externa del sistema y, posteriormente, su Consejo Superior —integrado por ministros de la Corte Suprema— dejó sin efecto esa decisión y resolvió no contratar el peritaje.
Así, un sistema respecto del cual existen denuncias, contradicciones en la información oficial e investigación penal quedó, finalmente, sin la auditoría independiente que la propia institución había estimado necesaria.
Mientras todo ello permanece pendiente, se pretende nuevamente subastar el inmueble por un valor aproximado al 6 % de su tasación del año 2015, pese a encontrarse además hipotecado por más de US$5 millones, más los intereses devengados, carga que subsistiría para quien resulte adjudicatario.
En estas circunstancias, participar en este remate supone asumir relevantes riesgos jurídicos, económicos y reputacionales, particularmente mientras continúan pendientes acciones judiciales e investigaciones que pueden incidir directamente en la validez y efectos del procedimiento.
Es grave continuar adelante con un vigesimosexto remate mientras hechos como los mencionados permanecen todavía bajo investigación judicial, civil y penal.
CURAUMA
MANUEL CRUZAT INFANTE
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