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Durante diecinueve años, Amisoft Ingeniería (www.amisoft.cl) fue el guardián de la caja negra del Poder Judicial chileno. Creció, prosperó y construyó su modelo de negocios a la sombra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), un organismo cuya opacidad operativa genera fundadas sospechas de manipulación en la asignación de causas millonarias, como ocurrió en el Caso Curauma (C-13913-2013): Oficio 8AJ N°1593-2022. Pero los tiempos cambiaron: la relación cont

¿Cómo se atreven esos jueces y abogados a tratar la justicia como una propiedad privada? A escoger tribunales, torcer procedimientos, fabricar demoras y convertir el expediente en un arma contra quien no pertenece a su círculo. ¿Cómo se atreven? No hay talento jurídico en manipular una causa. No hay independencia judicial en proteger al poderoso contra el más vulnerable. No hay debido proceso cuando el resultado comienza a construirse antes de que las partes entren a la sala.

La Corporación Administrativa del Poder Judicial, CAPJ, controla el sistema que decide qué juez conocerá una causa. No puede alegar ignorancia sobre su funcionamiento ni esconderse detrás de un proveedor, una migración tecnológica o el paso del tiempo. Los artículos 506, 510 y 511 del Código Orgánico de Tribunales le imponen administrar, desarrollar, organizar y supervisar los sistemas informáticos del Poder Judicial. Esa obligación es incompatible con operar una caja negra.

La Policía de Investigaciones de Chile, la PDI, concluyó que “no es factible determinar una posible alteración del algoritmo” que distribuyó la quiebra de Curauma. Esta es la conclusión del informe policial de fecha 3 de octubre de 2023, incorporado a la causa RIT 12.468-2022, RUC 2210056698-6, del 7º Juzgado de Garantía de Santiago (Caso Curauma: https://drive.google.com/file/d/1I7ym7jF1nCkPOdSd65lMrOmXfErR-mdj/view?usp=share_link). La frase parece definitiva, pero no lo es.

La Responsabilidad Civil de la Junta de Acreedores: El despojo patrimonial como acto ilícito y la doctrina de la Corte Suprema El análisis de las consecuencias de la nulidad del proceso de quiebra de Curauma S.A. quedaría incompleto sin examinar el estatuto de responsabilidad civil extracontractual que pesa sobre muchos de los miembros de la Junta de Acreedores. Fueron ellos quienes, ejerciendo las facultades de administración concursal, por orden de sus respectivos represent

El diario El Mercurio ha tenido espacios generosos para el caso Australis. Entre 2023 y 2026 le ha dedicado al menos media docena de piezas propias: la nota que destapó el conflicto con Joyvio, entrevistas extensas y cartas al director de los abogados, y el seguimiento completo del laudo arbitral y de su anulación por la Corte de Apelaciones. Sumando esas piezas, hablamos de un orden de magnitud de entre 3.000 y 5.000 cm² de cobertura acumulada en poco más de tres años (estim

Hay una pregunta que casi nunca se hace en un litigio largo, porque parece de manual de primer año de derecho procesal: ¿cómo llegó esta causa exactamente a este tribunal? En los últimos años, tribunales de jurisdicciones muy distintas —Brasil, Reino Unido, Islandia, Polonia, España, Estados Unidos— han tenido que responderla, y en varios casos la respuesta derribó procesos enteros, aunque hubieran producido sentencias, generado efectos patrimoniales y resistido años de trami

En 2013, el secreto de Curauma estaba en el contraste entre dos balances. De un lado, Curauma: una empresa con iliquidez transitoria, pasivos exigentes y acceso restringido a crédito y financiamiento. Al 31 de marzo de 2013, el pasivo total informado ascendía aproximadamente a USD 262 millones (UF 5,63 millones). La presión financiera era real. Pero esa presión no describía una empresa vacía. Describía una empresa tensionada entre deuda exigible, vencimientos financieros y ac

Hasta agosto de 2012, la relación entre Curauma y Euroamerica Seguros de Vida (EASV) podía leerse como una relación financiera dura, cara, incluso abusiva, pero todavía administrable. Había pagos, conversaciones, vencimientos, garantías y una expectativa razonable de refinanciamiento. Curauma tenía un problema de liquidez, no de valor. Tenía mucha tierra, grandes activos, localización, proyecto urbano, ciudad futura. Lo que no tenía era caja inmediata. Ese equilibrio se quebr

Chile acaba de descubrir, con nombres, montos y rutas bancarias, algo que muchos intuían hace años: que también la justicia se puede comprar. La trama bielorrusa ha expuesto a una exministra de la Corte Suprema, a su pareja y a un tejido de abogados y operadores que, según la Fiscalía, habrían articulado pagos por al menos 57 millones de pesos para torcer fallos a favor del consorcio Belaz Movitec en su disputa con Codelco (CIPER Chile). La estatal presentó querella criminal

A la luz de los recientes episodios que han remecido a la Corte Suprema, ya no resulta creíble el relato de las “manzanas podridas” ni el consuelo de la anomalía. En Chile, el tráfico de influencias y la compra de decisiones no aparecen como desvíos ocasionales, sino como prácticas reiteradas que delatan un modo de operar. No fue ignorancia ni sorpresa: se sabía. Durante años, algunos convirtieron la justicia en un mercado y a los tribunales en un espacio de intermediación op

El caso Vivanco no es simplemente un escándalo judicial; es un punto de no retorno para la confianza institucional en Chile. Una ex ministra de la Corte Suprema enfrenta acusaciones respaldadas por evidencia trazable —archivos modificados, órdenes fuera de tabla, transferencias encubiertas, casas de cambio y pagos en efectivo— que habrían facilitado un fallo exprés en beneficio de privados. El monto en juego ronda los $17 mil millones de pesos. Hasta hace poco, la idea de com