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CM2 de silencio

  • hace 14 horas
  • 3 min de lectura

El diario El Mercurio ha tenido espacios generosos para el caso Australis. Entre 2023 y 2026 le ha dedicado al menos media docena de piezas propias: la nota que destapó el conflicto con Joyvio, entrevistas extensas y cartas al director de los abogados, y el seguimiento completo del laudo arbitral y de su anulación por la Corte de Apelaciones. Sumando esas piezas, hablamos de un orden de magnitud de entre 3.000 y 5.000 cm² de cobertura acumulada en poco más de tres años (estimación por extensión de texto). También los ha tenido para el caso de Providencia: los 1.600 millones de pesos sin rendir que detectó Contraloría en la Corporación de Desarrollo Social merecieron, con razón, una editorial y una página casi completa.


El problema no es que esos casos se publiquen. Está muy bien que se publiquen. El problema es que Curauma, cuando aparece en El Mercurio, no aparece como periodismo: aparece como aviso pagado. Insertos comprados por el propio Manuel Cruzat Infante para reemplazar el silencio y la omisión del diario. Cero centímetros de cobertura editorial propia. Es decir, cuando El Mercurio decide hablar de Curauma, cobra por hacerlo.


Nada de esto es, por supuesto, obra de una mano negra. Faltaría más. Es pura coincidencia estadística que un caso con tierra urbana por aproximadamente 2.700 hectáreas, tasadas en cerca de 500 millones de dólares, con la TGR como acreedor, con Euroamerica Seguros de Vida, el estudio Claro y Cía., y el Banco de Chile, BBVA, Santander y BCI involucrados, además de denuncias ante la Superintendencia de Valores y Seguros y la Superintendencia de Bancos —hoy fusionadas en la CMF—, no haya generado, en más de una década, ni una sola línea de reportaje propio en el diario más influyente del país. Coincidencia también que esa ausencia se repita justo donde hay más que perder si se investiga a fondo quién eligió el tribunal.


Sincronía, además, de tribunal: la quiebra de Curauma y la insolvencia transfronteriza de LATAM Airlines recayeron ambas en el 2° Juzgado Civil de Santiago, cuando —según el propio algoritmo de asignación de causas de la Corporación Administrativa del Poder Judicial— debieron ir al 6° y al 15°, respectivamente.


Pero Curauma no es menor. Por el contrario. Y está más vigente que nunca con su brutal vicio de origen. Es una quiebra forzada que arrastra, desde 2013, una pregunta que la propia querella criminal admitida a trámite en 2026 mantiene abierta:


¿por qué terminó en el tribunal que terminó, y no en el que correspondía?


Es un caso donde uno de sus terrenos urbanos de 535 hectáreas, lleva más de veinticinco remates fallidos, con la Tesorería General de la República como principal acreedor y con una ciudad bloqueada por más de una década en alto Valparaíso. 


Y cabe preguntarse, sin necesidad de sospechar de nadie en particular, por qué un conflicto entre privados —por muy millonario que sea— consigue cobertura de investigación propia y trato de caso emblemático de la cúpula empresarial, mientras un caso con suelo urbano estratégico, bancos, una aseguradora, reguladores financieros y una ciudad entera bloqueada durante más de una década, no consigue ni una nota. Si el criterio fuera el interés público, la proporción debería ser la inversa.


Cuando la prensa decide mirar, los casos existen. Cuando decide no mirar —o mirar solo si alguien paga por el espacio— el país se acostumbra a que lo grave sea invisible salvo que alguien lo financie. Y esa invisibilidad también se mide: en centímetros cuadrados no publicados, en titulares omitidos y en editoriales nunca escritas.




 
 
 
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