El desafío que enfrenta la nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, es de una magnitud excepcional y exige algo más que pericia jurídica: requiere integridad personal, claridad de criterio y la valentía necesaria para conducir una institución cuya credibilidad está en juego. Sus credenciales y trayectoria indican que cuenta con esas condiciones y con la autoridad moral indispensable para ejercer ese liderazgo. Las redes de influencia que hoy indignan —abogados, jueces, notarios y operadores— se formaron al amparo de una justicia administrable, donde el manejo del tiempo procesal, la integración de tribunales y el uso selectivo de las inhabilidades dejaron de ser garantías para transformarse en instrumentos. Cuando la legalidad formal sustituye a la imparcialidad efectiva, la justicia deja de corregir y comienza a acomodar. Hay causas que condensan ese daño sin necesidad de un relato exhaustivo. Curauma es una de ellas. La manipulación en la asignación, tramitación y resolución de sus procesos muestra con claridad hasta dónde puede llegar la distorsión del sistema cuando los contrapesos fallan:   1) En el 2° Juzgado Civil de Santiago , Rol 13913-2013 , la quiebra de Curauma S.A. se tramitó de manera irregular pese a que la sociedad tenía domicilio legal en Valparaíso, habilitando la posterior liquidación y adjudicación de activos estratégicos a valores muy inferiores a tasaciones previas.   2) En paralelo, en octubre de 2015, la 8ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago conoció el caso bajo el Rol 805-2015 con una integración selectiva: mientras en otras causas contra el Banco de Chile decenas de ministros, fiscales judiciales y abogados integrantes se declaraban inhábiles para resguardar la apariencia de imparcialidad, en Curauma esa regla se suspendió. De más de 20 jueces potencialmente afectados, solo 3 se excusaron; una ministra que sí se declaró inhábil en causas paralelas contra el mismo banco no lo hizo en este proceso. Los demandados —Euroamerica Seguros de Vida, su filial APE y el Banco de Chile— comparecieron bajo la defensa del mismo estudio jurídico, Claro y Cía., plenamente consciente de las inhabilidades vigentes. 3) El sobreseimiento definitivo de Manuel Cruzat Infante, decretado el 5 de junio de 2025 por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago , Rol 6654-2014 , cerró el circuito. La causa penal, ingresada el 27 de junio de 2014, se extendió por más de 11 años con cautelares y sin llegar a juicio oral, imputando delitos de quiebra fraudulenta, estafa y falsedades procesales, y fue impulsada por querellantes directamente vinculados a los beneficiarios económicos del proceso concursal. En una audiencia de apenas nueve minutos, el tribunal acogió la solicitud de la defensa sin oposición del Ministerio Público.   Por eso, el desafío de la nueva presidencia de la Corte Suprema no se resuelve con códigos de ética ni declaraciones institucionales. La confianza no se restituye con arquitectura normativa, sino con decisiones que incomodan y con revisiones que no distinguen jerarquías ni trayectorias. #casocurauma

En esta primavera de 2025, la justicia chilena vive días de extraña honestidad. Por primera vez en mucho tiempo, alguien que conoce desde dentro el funcionamiento de la Corte Suprema, rompe el silencio que durante años se confundió con buena salud institucional. Se trata de Gloria Fernández Ortíz , abogada, funcionaria de la Corte de Apelaciones de Temuco y exrelatora de la Corte Suprema , quien entre el 27 y el 28 de noviembre de 2025 entregó a la Fiscalía un testimonio detallado sobre su paso por la Corte Suprema y sobre la tramitación del caso Codelco–Belaz Movitec, episodio que culminó con la destitución de la ministra Ángela Vivanco. Sus palabras no operan como una denuncia aislada, sino como una descripción directa de prácticas internas que, según afirma, hoy muchos prefieren desconocer. Fernández afirma que el “estricto orden de ingreso” de causas, criterio con el que el máximo tribunal defiende su neutralidad procesal, no existe tal como se menciona públicamente. Relata presiones desde la Presidencia para adelantar expedientes, instrucciones informales para acelerar fallos específicos y una práctica que nunca figuró en los comunicados oficiales: las sesiones de la Comisión de Ética se graban, pero sus registros se destruyen a los seis meses . A todo ello añade una observación inquietante: ahora, dice, todos parecen ignorar un modo de operar que hasta ayer se consideraba habitual. Este testimonio no ilumina únicamente el caso que involucra a la exministra Ángela Vivanco. Revela un problema estructural: el divorcio entre el funcionamiento formal del Poder Judicial y sus lógicas internas. Lo que Fernández describe no es una excepción; es un patrón. Y la discusión pública, inevitablemente, debe volver su mirada hacia otros procesos donde la falta de transparencia, la opacidad informática y la elasticidad procesal fueron igualmente decisivas. Entre esos casos, ninguno resulta más significativo que Curauma. En 2013, la quiebra de una empresa de gran escala terminó radicada en el 2º Juzgado Civil de Santiago, pese a que la competencia natural correspondía a Valparaíso. El Poder Judicial reconoció años después (2022), mediante el oficio CAPJ 8AJ-1593, "anomalías" en la distribución informática que nunca fueron aclaradas satisfactoriamente. A ello se sumaron actuaciones del síndico fuera del marco natural del proceso, resoluciones dictadas por autoridades que posteriormente enfrentaron cuestionamientos de imparcialidad y advertencias internas que jamás se atendieron. Durante más de una década, las autoridades insistieron en que estas irregularidades eran errores administrativos desafortunados . El testimonio de Fernández obliga a replantear esa interpretación. Si el sistema admite presiones, permite mover causas sin trazabilidad y destruye registros sensibles, la pregunta ya no es si la distribución de Curauma fue manipulada. La pregunta es cómo pudo no serlo. Las declaraciones de una funcionaria de carrera del Poder Judicial no resuelven por sí solas la crisis, pero sí fijan un punto de inflexión: confirman que las condiciones que hicieron posible la desviación inicial del Caso Curauma no fueron anomalías aisladas, sino el resultado previsible de un sistema que operaba —y aún opera— con márgenes de manipulación interna. A partir de este testimonio, ya no es sostenible tratar las irregularidades de Curauma como accidentes administrativos; la revisión integral del proceso deja de ser una pretensión de parte y pasa a ser una exigencia institucional impostergable. #casocurauma Leer sobre "inhabilidades" en Corte de Apelaciones de Santiago: www.casocurauma.cl/post/banco-de-chile-el-banco-de-chile , y sobre corrupción en la Corte de Apelaciones de Santiago: www.casocurauma.cl/post/corte-de-apelaciones-la-ruta-de-la-corrupción

** Leer articulo que antecede: Corte de Apelaciones: la ruta de la corrupción Hay datos que, por sí solos, describen un patrón. En octubre de 2015, cada vez que el Banco de Chile aparecía como parte en la Corte de Apelaciones de Santiago, la respuesta institucional fue casi mecánica:   - entre 15 y 23 ministros, fiscales judiciales, suplentes y abogados integrantes se declaraban inhábiles.   Así ocurrió en los roles 9951-2015; 9990-2015; 10384-2015; 10676-2015 y 10677-2015, todos tramitados entre el 7 y el 27 de octubre de 2015. Esa masiva autoinhabilitación era la regla. Hasta que dejó de serlo. El Rol 805-2015, el único que cruzaba directamente los intereses del Banco de Chile con el conflicto Curauma y las sociedades del grupo Euroamerica Seguros de Vida, fue conocido por una sala integrada casi sin excusaciones. El 1 de octubre de 2015, mientras las causas inmediatamente anteriores y posteriores exhibían decenas de inhabilidades, en este caso solo tres suplentes se apartaron. Ningún ministro titular, ningún fiscal judicial, ningún abogado integrante. La excepción más nítida en un mes dominado por la cautela generalizada del tribunal frente a materias vinculadas al Banco. La sala estuvo presidida por Juan Cristóbal Mera, acompañada por la ministra suplente María Cecilia González Díez —quien, paradójicamente, se había declarado inhábil en múltiples causas contra el mismo Banco de Chile en esas mismas semanas— y por el abogado integrante Osvaldo García Rojas. La relatora originalmente asignada fue sustituida sin explicaciones públicas. A esa singularidad se suma otro dato sensible: la defensa del Banco de Chile y de Euroamerica estuvo a cargo del estudio Claro & Cía., encabezado por Cristóbal Eyzaguirre Baeza y su padre José María Eyzaguirre García de la Huerta. Se trata del mismo estudio que litigaba simultáneamente en varias de las causas donde el tribunal sí mantuvo su política de inhabilidades masivas. En otras palabras: el estudio conocía la práctica, conocía el estándar y presenció —sin objetar— la única ruptura de ese estándar justo en el caso que podía favorecer a sus representados. La secuencia es exacta: - 7 de octubre: 21 inhabilidades (Rol 9951-2015). - 8 de octubre: 22 inhabilidades (Rol 9990-2015). - 9 de octubre: 23 inhabilidades (Rol 10384-2015). - 1 de octubre (pero tramitado en idéntico período): 3 inhabilidades para el Rol 805-2015. - 23 y 27 de octubre: nuevamente 22 y 23 inhabilidades. Solo un caso rompe el patrón. Solo uno beneficia al Banco de Chile. Y solo uno involucra directamente al estudio que concentraba su defensa. El 5 de noviembre de ese mismo año, Manuel Cruzat Infante presentó una denuncia al entonces presidente de la Corte de Apelaciones, Carlos Gajardo Galdames, adjuntando la evidencia de la anomalía.   Nunca se respondió. #casocurauma

Chile acaba de descubrir, con nombres, montos y rutas bancarias, algo que muchos intuían hace años: que también la justicia se puede comprar. La trama bielorrusa ha expuesto a una exministra de la Corte Suprema, a su pareja y a un tejido de abogados y operadores que, según la Fiscalía, habrían articulado pagos por al menos 57 millones de pesos para torcer fallos a favor del consorcio Belaz Movitec en su disputa con Codelco (CIPER Chile). La estatal presentó querella criminal por cohecho y lavado de activos contra la exministra de la Corte Suprema y otros imputados; Codelco estima en cerca de 20 millones de dólares el daño patrimonial asociado a esa red (Diario Financiero).  ¿Qué más hace falta para admitir que el problema no es un "caso aislado", sino un método? El patrón se repite. La investigación sobre la muñeca bielorrusa describe un esquema en que siete (7) fallos de la Corte Suprema favorecieron al consorcio chileno-bielorruso, todos con voto favorable de Vivanco, mientras el dinero circulaba por estudios jurídicos y sociedades relacionadas hasta llegar —según la tesis de la Fiscalía— a su círculo más cercano (La Tercera). Otro reportaje ha mostrado irregularidades en el fallo que destrabó el proyecto inmobiliario Eco Egaña en Ñuñoa: integración extraordinaria de ministros, tramitación acelerada y un seguimiento inusual del caso por parte de la misma ministra Vivanco, con anomalías muy parecidas a las detectadas en los litigios de Belaz Movitec. No hablamos ya de sospechas genéricas, sino de formalizaciones, prisiones preventivas, allanamientos y querellas de una empresa estatal contra una jueza de la Corte Suprema. La Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y la prensa de investigación coinciden en algo esencial: existió una red que intervino en decisiones judiciales de altísimo impacto económico. En este contexto, la pregunta se vuelve incómoda: si hoy aceptamos que hubo fallos "a la carta" en la cúspide del sistema, ¿por qué sigue siendo intocable, silenciado, omitido el Caso Curauma, cuyo corazón es precisamente la acusación de que un algoritmo de reparto de causas fue manipulado para escoger un tribunal "de conveniencia"? Los hechos duros están sobre la mesa. En 2013, la quiebra de Curauma S.A. —titular de un proyecto urbano de miles de hectáreas en alto Valparaíso— se tramitó en Santiago, pese a que el domicilio legal de la empresa estaba en Valparaíso. El sistema informático asignó inicialmente la causa al 6º Juzgado Civil de Santiago, pero terminó radicada en el 2º Juzgado, a cargo de la jueza Inelie Durán Madina, sin explicación transparente. Años después, en 2022, un oficio de la propia Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), el 8AJ N.º 1593 , firmado por su entonces director Ricardo Guzmán Sanza y remitido al presidente de la Corte Suprema, detalló cómo debe funcionar el algoritmo de distribución de quiebras: tres criterios sucesivos, que incluyen, en caso de empate, elegir el tribunal con menor carga total de causas. Aplicando esos criterios, la misma CAPJ reconoce que en 2013 había 19 juzgados habilitados para ver quiebras; todos tenían el mismo número de causas de ese tipo, pero el 6º Juzgado acumulaba unas 14.027 causas totales, frente a las 15.200 del 2º. Es decir: con el tercer parámetro correctamente aplicado, la quiebra de Curauma solo podía ir al 6º Juzgado; el 2º no tenía ninguna posibilidad. Sin embargo, terminó ahí. Eso no es una teoría conspirativa escrita en servilletas: está contenido en una carta oficial de la CAPJ a la Corte Suprema, obtenida a través de la Ley de Transparencia y analizada por el propio medio que la reveló ( Interferencia ). Es prueba documental de que el tercer criterio no se respetó.  A este dato se suma otro: el 2º Juzgado Civil de Santiago concentra, de manera sospechosa, causas de altísima figuración e intereses enormes, desde Curauma hasta la reorganización de LATAM, pasando por otras quiebras trasladadas desde regiones. La CAPJ controla ese embudo invisible: algoritmo, subrogancias, diseño tecnológico, licitaciones de sistemas. No es casual que la propia policía haya allanado sus oficinas en el marco de investigaciones por manipulación de expedientes y accesos indebidos a causas sensibles. ¿Qué más pruebas se necesitan? Hoy sabemos, además, que la misma arquitectura de poder que permitió desviar Curauma hacia un tribunal funcional aparece en el trasfondo de otros escándalos. La funcionaria que alteró un expediente del entonces candidato presidencial Gabriel Boric desde la intranet judicial; el "caso camiones truchos", con 66 demandas calcadas resueltas por una jueza cuyo pareja litigaba en todas ellas; la quiebra desviada desde Iquique al infaltable 2º Juzgado Civil de Santiago. En todos esos episodios, el "error" favorece a los mismos actores y a los mismos estudios jurídicos. Frente a todo esto, la reacción de la casta judicial y política frente a Curauma ha sido, en el mejor de los casos, el silencio; en el peor, el desprecio. Pero Curauma no es una anécdota biográfica de Manuel Cruzat Infante; es un test de estrés para el Estado de derecho: ¿puede aceptarse que un patrimonio urbano de miles de hectáreas cambie de manos tras una quiebra tramitada en un tribunal que, según el propio Poder Judicial, jamás debió recibir la causa? Que, once años después, no exista una investigación penal seria sobre la eventual manipulación del sistema informático, ni una auditoría integral e independiente del algoritmo de distribución de causas, ni una revisión de fondo de las decisiones del 2º Juzgado en quiebras de alto impacto, dice más de la casta que del caso. Dice que, incluso con cartas oficiales, oficios numerados, allanamientos y ahora querellas que describen redes de cohecho, la respuesta institucional sigue siendo encogerse de hombros. Porque pruebas hay. Lo que falta es voluntad de mirarlas hasta el final. #casocurauma  19-nov-2025 #JusticiaParaCurauma #Transparencia #CorrupciónJudicial #DespojoPatrimonial #AbusoJudicial #DerechoALaPropiedad #ClamorCiudadano #LuchaPorLaJusticia #Valparaíso #HenryComber #NicholasDavis #enjoy #casinoenjoy #Euroamerica #EuroamericaSegurosdeVida #DespojodeCurauma #CorrupcionCAPJ #CorrupcionPJud #RadioBioBio #Cooperativa #CNNChile #CHVNoticias #24HorasTVN #MegaNoticias #T13 #ElMercurio #LaTercera #ElMostrador #Interferencia #CIPER #ElDesconcierto #DiarioUChile #ElCiudadano #PoderJudicial #CAPJ #CGR #TGR #SQM #vivanco #bielorrusa

El caso Vivanco no es simplemente un escándalo judicial; es un punto de no retorno para la confianza institucional en Chile. Una ex ministra de la Corte Suprema enfrenta acusaciones respaldadas por evidencia trazable —archivos modificados, órdenes fuera de tabla, transferencias encubiertas, casas de cambio y pagos en efectivo— que habrían facilitado un fallo exprés en beneficio de privados. El monto en juego ronda los $17 mil millones de pesos. Hasta hace poco, la idea de comprar decisiones judiciales en la cúspide del sistema parecía una fantasía conspirativa. Hoy es materia penal. Chile aprendió que no solo es posible: ya ocurrió. Y una vez que eso ocurre, la pregunta deja de ser moral y pasa a ser lógica: Si la justicia puede torcerse por ese valor, ¿cuál es el precio del silencio cuando la recompensa es 39 veces mayor? Curauma no es recuerdo ni hipótesis: es un proceso vigente. A diferencia del caso Vivanco, aquí no hablamos de $17 mil millones de pesos. Hablamos de 16,9 millones de UF, cerca de 3.000 hectáreas en el corazón del crecimiento urbano de Alto Valparaíso. Hablamos de una tasación aprobada oficialmente en 2011, equivalente a $670 mil millones de pesos de hoy: una de las operaciones inmobiliarias más grandes en la historia de Chile. Y hablamos, además, de actores con nombre y dirección: Euroamerica Seguros de Vida como acreedor beneficiado y Claro & Cía. como estudio jurídico clave en la ejecución y defensa de esta oscura operación. En este contexto, se desplegó una secuencia de hechos que hoy exige ser leída a la luz del precedente Vivanco: - cambio de competencia territorial fuera de Valparaíso, - asignación judicial al 2º Juzgado Civil de Santiago que evitó el reparto aleatorio, - designación quirúrgica de síndico César Millán Nicolet, - tasaciones posteriores inexplicablemente inferiores, - remates sucesivos que erosionaron artificialmente el valor, - transferencia final del activo a un acreedor privado —Euroamerica Seguros de Vida— con patrocinio jurídico de Claro & Cía. Nada de esto ocurrió en días —como en Vivanco—, sino en años, con una precisión quirúrgica que utilizó la forma para asegurar el fondo, mientras se sostenía una persecución penal injustificada y prolongada (11 años) contra Manuel Cruzat Infante, hoy finalmente sobreseído. Donde Vivanco operó con torpeza y prisa, los operadores de la apropiación de Curauma actuaron con método pausado, técnico y silencioso, revestidos de legalidad formal, resguardados por ministros de fe pública y por la inercia institucional. El caso Vivanco destruye la comodidad de la negación y del silencio: ya sabemos que la justicia chilena puede ser capturada. El Caso Curauma plantea el desafío posterior: qué hacemos ahora que lo sabemos. La corrupción no es un fenómeno moral abstracto; es una ecuación entre incentivo, oportunidad y ausencia de control. Vivanco mostró la fórmula; Curauma revela la escala. Por eso, hoy la duda ya no es legítima. Lo legítimo es exigir revisión, transparencia y responsabilidad. No hacerlo sería suponer que el sistema se corrompe por $17 mil millones, pero permanece inmaculado cuando la rentabilidad asciende a $670 mil millones, expresados en suelo urbano estratégico, planificación territorial y poder económico estructural. La historia no exige certezas absolutas para actuar; exige coherencia. Si Chile ya comprobó que la Corte Suprema puede fallar por dinero, entonces ignorar Curauma no sería ingenuidad. Sería complicidad. #casocurauma #Justicia #CuraumaCase #Curauma #CorrupciónChile #JusticiaParaCurauma #Transparencia #CorrupciónJudicial #DespojoPatrimonial #AbusoJudicial #DerechoALaPropiedad #ClamorCiudadano #LuchaPorLaJusticia #Valparaíso #HenryComber #NicholasDavis #Euroamerica #EuroamericaSegurosdeVida #DespojodeCurauma #CorrupcionCAPJ #CorrupcionPJud #RadioBioBio #Cooperativa #CNNChile #CHVNoticias #24HorasTVN #MegaNoticias #T13 #ElMercurio #LaTercera #ElMostrador #Interferencia  #CIPER #ElDesconcierto #DiarioUChile #ElCiudadano #PoderJudicial #CAPJ #CGR #TGR #SQM #vivanco #bielorrusa

En mercados sanos, los precios fluctúan. En ciertos procedimientos judiciales chilenos, se desvanecen. En junio de 2015, el perito judicial Enrique Figueroa E., designado por el tribunal, valoró 535 hectáreas urbanizables junto al Tranque La Luz de Curauma, Región de Valparaíso, en 1.116.262 UF. El remate fue programado para el 10 de septiembre de 2015, información publicada por Diario Financiero el 2 de julio de 2015. No hubo postores. Diez años y 23 remates fallidos después, el mismo activo vuelve a subastarse el 11 de diciembre de 2025 con un precio mínimo de 80.000 UF. La caída supera el 92%. No se trata de un lote periférico sin vocación. Es suelo con planificación urbana aprobada (PRC Valparaíso, zonas ZE–11 y equipamientos), acceso estructural a la Ruta 68, servicios consolidados en el entorno y un rol evidente como reserva urbana metropolitana contigua al Tranque La Luz. Las referencias de mercado son claras. Bajo parámetros conservadores para tierra urbanizable en la macrozona Valparaíso, el valor mínimo razonable ronda 0,5 UF por metro cuadrado, considerando transacciones comparables en Placilla, Curauma–Centro, Quilpué y Villa Alemana. Con 5.350.000 metros cuadrados, el predio debiera superar 2,6 millones de UF en valor comercial. El precio judicial actual implica 80.000 UF divididas por 5.350.000 metros cuadrados, es decir, 0,015 UF por metro cuadrado, equivalentes a aproximadamente 600 pesos chilenos por m². No hubo terremoto, colapso inmobiliario ni shock demográfico. Hubo aplazamientos, formularios y un sistema judicial que parece confundir neutralidad con inmovilidad. En lugar de resguardar valor para acreedores, deudores y la sociedad, permitió que se disolviera. La pérdida teórica supera 2,5 millones de UF, más de 100.000 millones de pesos. En cualquier economía de la OCDE, ello activaría auditorías y escrutinio parlamentario. En Chile, activa silencio. Chile suele presentarse como un bastión de institucionalidad. En muchos ámbitos lo es. Pero también conserva rasgos latinoamericanos reconocibles: cuando el Estado administra un activo demasiado tiempo sin estrategia, el mercado aprende a desconfiar. La pregunta no es solo si surgirá un comprador oportunista con fondos de dudosa procedencia; es si el sistema judicial chileno puede custodiar valor económico sin destruirlo por desgaste. El remate del 11 de diciembre no medirá interés privado sino capacidad institucional. Un país que enfrenta restricciones fiscales, déficit habitacional y necesidad de inversión no puede permitirse que sus tribunales funcionen como máquinas de depreciación por inercia o captura discreta. #casocurauma Artículo en DF del 2015: www.df.cl/empresas/infraestructura-inmobiliaria/curauma-ya-tiene-fecha-de-remate-sera-el-10-de-septiembre-y-pediran-al Remates de 535 hectáreas de Curauma Remates Año Precio mínimo aprox. Resultado Fuente/Referencia 1 2015 (sep) 1.116.262 UF Desierto Diario Financiero 2 2015–2016 ~1.000.000 UF Desierto Rol concursal 3 2016 ~900.000 UF Desierto Tribunal 4 2016 ~850.000 UF Desierto Tribunal 5 2017 ~800.000 UF Desierto Tribunal 6 2017 ~750.000 UF Desierto Tribunal 7 2018 ~700.000 UF Desierto Tribunal 8 2018 ~650.000 UF Desierto Tribunal 9 2019 ~600.000 UF Desierto Tribunal 10 2019 ~550.000 UF Desierto Tribunal 11 2020 ~500.000 UF Desierto Tribunal 12 2020 ~450.000 UF Desierto Tribunal 13 2021 ~420.000 UF Desierto Tribunal 14 2021 ~380.000 UF Desierto Tribunal 15 2022 ~350.000 UF Desierto Tribunal 16 2022 ~300.000 UF Desierto Tribunal 17 2023 ~250.000 UF Desierto Tribunal 18 2023 ~200.000 UF Desierto Tribunal 19 2024 ~160.000 UF Desierto Tribunal 20 2024 ~140.000 UF Desierto Tribunal 21 2025 ~120.000 UF Desierto Tribunal 22 2025 ~100.000 UF Desierto Tribunal 23 2025 90.000 UF Desierto Último llamado previo 24 11 dic 2025 80.000 UF Convocado Resolución judicial

El sistema judicial chileno enfrenta una profunda crisis de confianza debido, entre otros factores, a la manipulación del algoritmo de distribución de causas, una herramienta diseñada para garantizar la equidad en la asignación de casos a los jueces. No obstante, esta tecnología ha mostrado graves fallas que permiten su manipulación para favorecer intereses específicos y generar millonarias transferencias de riqueza, socavando así la imparcialidad y eficiencia del sistema judicial. Según informes de transparencia, el 37% de los casos de alto perfil o impacto social han sido asignados repetidamente a los mismos jueces en solo un 12% de los tribunales. Este patrón ha incrementado la desconfianza pública y debilitado la credibilidad del sistema judicial en Chile. El algoritmo, gestionado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), asigna automáticamente las causas mediante un sistema de "round-robin" que, en teoría, debería distribuir los casos equitativamente. Sin embargo, al ser un sistema cerrado y sin auditoría en tiempo real, ciertos actores pueden ajustar el algoritmo para priorizar o excluir a determinados jueces. Esto es especialmente grave en casos de relevancia económica y mediática, donde las asignaciones pueden favorecer a jueces con inclinaciones a fallar en beneficio de ciertos intereses. Un ejemplo notable es el caso de la quiebra de Latam Airlines, Caso Latam, el mayor operador aéreo de América Latina, asignado al Segundo Juzgado Civil de Santiago en medio de su colapso financiero durante la pandemia. Este juzgado, históricamente encargado de causas complejas y financieras, generó suspicacias por recibir este caso, pues algunos jueces con tendencia a favorecer a grandes corporaciones en situaciones de insolvencia asumieron la causa. Esta asignación levantó preocupaciones sobre si el algoritmo fue manipulado para centralizar el proceso en un tribunal percibido como pro-empresas. De manera similar, el caso de la quiebra de Curauma S.A., Caso Curauma, también fue asignado al Segundo Juzgado Civil de Santiago, lo cual despertó serias dudas sobre la imparcialidad en la distribución de causas. En este proceso, los abogados José Miguel Huerta y Cristóbal Eyzaguirre, ambos de Claro y Cía. y representantes de grandes corporaciones en el caso Latam, también defendieron los intereses de Euroamerica Seguros de Vida en contra de Curauma S.A. Este patrón de asignación ha reforzado la percepción de que la estructura de distribución puede manipularse para asegurar decisiones favorables a los acreedores más poderosos, en detrimento de pequeños accionistas y otros acreedores. La percepción de que el sistema judicial beneficia a los poderosos es compartida por el 62% de los chilenos, mientras que el 74% considera que la justicia es "poco o nada confiable" (encuestas de 2023). Esta crisis de confianza mina la legitimidad democrática, al permitir que ciertos grupos eludan la justicia mientras consolidan su posición de poder, perpetuando una cultura de impunidad. La CAPJ, dirigida por Ricardo Guzmán Sanza, recibe anualmente una porción considerable del presupuesto estatal para sostener el funcionamiento de los tribunales y desarrollar infraestructura judicial. En 2023, el presupuesto del Poder Judicial fue de aproximadamente $1.3 billones de pesos (USD $1,4 mil millones), de los cuales un porcentaje significativo está destinado a la CAPJ para cubrir salarios de más de 13.000 funcionarios, mantenimiento, y actualización de tecnología. Un 30% de estos fondos se destina específicamente a infraestructura, incluyendo la construcción de nuevos edificios y la modernización de sedes judiciales. Sin embargo, cerca del 48% de los fondos para mejoras tecnológicas entre 2021 y 2023 no fue auditado, lo que ha generado críticas sobre la transparencia y eficiencia en el uso de estos recursos, especialmente en la gestión del polémico algoritmo de distribución de causas. Frente a esta crisis, expertos en justicia han sugerido implementar un sistema de monitoreo independiente para supervisar la asignación de causas y auditar las decisiones. Se propone que el algoritmo utilice tecnologías de contabilidad distribuida, como el blockchain, para asegurar trazabilidad en cada decisión. Este sistema permitiría mayor transparencia, dificultando la manipulación de causas sin dejar rastro. Hasta que se corrija esta vulnerabilidad, la confianza pública en el sistema judicial seguirá disminuyendo, poniendo en riesgo la integridad democrática y los derechos fundamentales de los ciudadanos. #casocurauma

En el Chile de comienzos de la década de 2010, Euroamerica Seguros de Vida S.A. no operaba como una aseguradora previsional más, sino como el eje financiero de un conglomerado que había aprendido a desplazarse dentro de la ley para sortear toda forma de control efectivo. El caso Curauma, lejos de ser un episodio aislado, expuso la forma en que una entidad regulada transformó la arquitectura del derecho financiero en un instrumento de ocultamiento patrimonial. Hacia 2013, Euroamerica Seguros de Vida ya mantenía un patrón de transferencias recurrentes a su matriz bajo el concepto de asesorías financieras, práctica que la SVS no objetó pese a su evidente carácter de operación con partes relacionadas. Años más tarde se comprobaría que entre 2010 y 2022 esas transferencias totalizaron 1.878.916 UF, equivalentes a 3,3 veces el capital pagado de la aseguradora. Lo que en 2013 aparecía como gasto administrativo era, en realidad, un mecanismo de traslado de recursos previsionales hacia la matriz, con escaso respaldo técnico y nula transparencia. Ese patrón explica su comportamiento en el conflicto con Curauma S.A. Durante 2013, cuando la empresa de Manuel Cruzat Infante propuso un Convenio Judicial Preventivo para regularizar sus pasivos y ejercer opciones de recompra, Euroamerica Seguros de Vida rehusó negociar. Sabía que el crédito otorgado superaba la Tasa Máxima Convencional y que una acción judicial por usura podía desembocar en una nulidad contractual con alto costo reputacional. Optó entonces por una maniobra más sofisticada: sacar los terrenos del alcance de la fiscalización y trasladarlos a una filial no regulada. El 6 de agosto de 2013, antes del vencimiento de las opciones de recompra, Euroamerica Seguros de Vida vendió los terrenos a su sociedad relacionada Administraciones y Proyectos Euroamerica S.A., una microempresa sin personal ni capital propio. El precio fue financiado por el Banco de Chile mediante un crédito expedito de 884.000 UF, otorgado sin tasación ni revisión de riesgo, con garantía general sobre los mismos terrenos. Esta operación contó con el consejo directo del entonces intendente de Valores y Seguros , quien sugirió proteger a la compañía de seguros de “contingencias legales”. En los hechos, se trató de una transacción diseñada para sustraer los bienes del perímetro de supervisión, y con ello, evitar que el regulador pudiera intervenir. Euroamerica actuó con pleno conocimiento de su vulnerabilidad jurídica. Sabía que su exposición al juicio por usura amenazaba no sólo su patrimonio, sino la estabilidad de un modelo de negocio basado en la extracción permanente de utilidades desde una empresa regulada hacia su matriz no sujeta a control. Por eso, su reacción no fue comercial, sino institucional: reconfiguró el riesgo dentro de una estructura formalmente legal. Con ello blindó a la aseguradora, legitimó la transferencia de activos y desplazó la eventual sanción a un espacio sin fiscalización. El caso permite observar un modo de operar que trasciende el conflicto puntual. La compañía funcionaba como una entidad con doble personalidad: aseguradora cuando debía captar recursos previsionales y sociedad de inversión cuando debía proteger a su grupo. La frontera entre lo regulado y lo no regulado fue deliberadamente difuminada. El estudio Claro y Cía. actuó como arquitecto jurídico del esquema, asegurando que cada movimiento —venta, préstamo, traspaso de activos— mantuviera una fachada de corrección legal. El episodio de 2013 sintetiza una forma de impunidad sofisticada: aquella que no necesita corromper la ley porque la domina. Euroamerica Seguros de Vida no violó abiertamente las normas; las administró. Utilizó su condición de entidad regulada para extraer confianza y su estructura de filiales para esconder el riesgo. Lo que para el regulador era una operación de autoprotección, para el derecho material fue un fraude legalmente ejecutado. Cuando una aseguradora previsional puede vaciar su balance y desplazar activos con la anuencia del sistema financiero y la pasividad del supervisor, la frontera entre legalidad y delito se vuelve retórica. La quiebra de Curauma no fue una excepción, sino la consecuencia lógica de una cultura en la que el poder económico se ampara en la forma jurídica para perpetuar la injusticia. #casocurauma Nota de la redacción: Euroamerica Seguros de Vida se apropia de la garantía de Curauma S.A. porque la ley, el mercado y la institucionalidad chilena le ofrecieron el escenario perfecto para hacerlo. Amparada en un contrato de leasing simulado, ejecuta una garantía que no le correspondía, antes de que un tribunal pudiera declarar la usura del crédito que ella misma había impuesto. No había insolvencia ni incumplimiento real: había miedo a la verdad. Por eso, en 2013, EuroAmérica traspasa los terrenos a su propia filial fantasma, con un crédito exprés del Banco de Chile y la venia de la Intendencia de Seguros, para sustraer el activo del control regulatorio y borrar toda huella de delito. La quiebra posterior fue la coartada perfecta: sirvió para liquidar al deudor, extinguir la acción judicial y legitimar el despojo. #Justicia #CuraumaCase #Curauma #CorrupciónChile #JusticiaParaCurauma #Transparencia #CorrupciónJudicial #DespojoPatrimonial #AbusoJudicial #DerechoALaPropiedad #ClamorCiudadano #LuchaPorLaJusticia #Valparaíso #HenryComber #NicholasDavis #Euroamerica #EuroamericaSegurosdeVida #DespojodeCurauma #CorrupcionCAPJ #CorrupcionPJud #PoderJudicialChile #RadioBioBio #Cooperativa #CNNChile #CHVNoticias #24HorasTVN #MegaNoticias #T13 #ElMercurio #LaTercera #ElMostrador #Interferencia #CIPER #ElDesconcierto #DiarioUChile #ElCiudadano #SQM #PoderJudicial

Lo que ocurrió con Curauma S.A. no es un error judicial ni un mal negocio. Es una operación de despojo institucionalizada, ejecutada con bisturí financiero y aval estatal. En 2013, una compañía de seguros, Euroamerica Seguros de Vida, usó su condición de acreedor para apropiarse de miles de hectáreas urbanas en Valparaíso, valoradas en millones de UF, con la complicidad activa de abogados, funcionarios y un síndico corrupto. En 2004 prestaron 715 mil UF; en 2013, después de cobrar más del 45% adicional en intereses y comisiones, aún exigían otros 900 mil. Cuando Curauma intentó refinanciar, le cerraron el paso, bloquearon el convenio preventivo en Valparaíso y forzaron su quiebra en Santiago, en el 2° Juzgado Civil, tribunal “elegido” por sobre el 6°, que era el que correspondía según el algoritmo judicial. Así se abre el capítulo más repugnante de la corrupción chilena: el forum shopping judicial, donde la justicia se asigna al mejor postor. El síndico designado, César Millán Nicolet , amigo personal del presidente de Euroamerica Seguros de Vida, Nicholas Davis Lecaros , viajó desde España para aceptar el cargo. Su gestión fue una parodia: desistió de las acciones judiciales que protegían los terrenos, permitió que Euroamerica participara como acreedor y facilitó una conciliación corrupta donde Curauma renunció a su defensa a cambio de migajas. Los números son escandalosos: los acreedores recuperaron apenas 4,28% de sus créditos; Euroamerica revendió los terrenos a sí misma con un 73% de ganancia. Todo documentado. Todo inscrito. Todo “legal”. El caso huele a pacto entre altos despachos, bancos y funcionarios que sabían lo que hacían. La Tesorería General de la República, principal acreedor, simplemente no entró a la sala cuando debía votar el convenio que habría salvado a Curauma. Estaba ahí, presente, pero no ingresó. Ese gesto —esa omisión— valió millones. Y con ese silencio, el Estado avaló el robo. Euroamerica Seguros de Vida, la misma que vende rentas vitalicias y administra fondos previsionales, repite el mismo patrón en casino Enjoy y Clínica Las Condes: apuesta, pierde, traspasa el riesgo a su filial aseguradora, recompra barato, blanquea ganancias y sigue cobrando comisiones a los pensionados. Todo bajo el amparo de la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, que mira hacia otro lado. Curauma no es un caso aislado. Es un espejo del país: cierta élite que ya no necesita violar la ley, porque la ley fue hecha a su medida. Y un poder judicial que, por acción o cobardía, permitió que una de las mayores reservas urbanas de Chile quedara en manos de quienes la usurparon con toga, cálculo y sonrisa. Llamar a esto “quiebra” es un insulto a la inteligencia. Fue un saqueo corporativo encubierto, donde la apariencia de legalidad reemplazó la justicia, y la institucionalidad sirvió de escudo al delito. #casocurauma #CasoCurauma #Justicia #CuraumaCase #Curauma #CorrupciónChile #JusticiaParaCurauma #Transparencia #CorrupciónJudicial #DespojoPatrimonial #AbusoJudicial #DerechoALaPropiedad #ClamorCiudadano #LuchaPorLaJusticia #Valparaíso #HenryComber #NicholasDavis #Euroamerica #EuroamericaSegurosdeVida #DespojodeCurauma #CorrupcionCAPJ #CorrupcionPJud #PoderJudicialChile #RadioBioBio #Cooperativa #CNNChile #CHVNoticias #24HorasTVN #MegaNoticias #T13 #ElMercurio #LaTercera #ElMostrador #Interferencia #CIPER #ElDesconcierto #DiarioUChile #ElCiudadano #SQM #PoderJudicial

Jane Fraser, the CEO of Citigroup , may face a complex moral and strategic dilemma involving the global bank’s long-standing partnership with Banco de Chile. Allegations of misconduct by Banco de Chile, Citigroup’s key partner in Latin America, have resurfaced in connection with the controversial Curauma Case—a legal battle that allegedly manipulated Chile’s judicial system to facilitate the seizure of high-value corporate assets. While the case dates back to 2013, its implications continue to pose ethical, reputational, and potentially legal risks for Citigroup, testing the strength of its governance and its commitment to integrity. The Curauma Case revolves around the financial collapse of Curauma S.A., a Chilean real estate company with assets valued at over $500 million, based on a questionable debt claim of only $80,000 (yes, just eighty thousand dollars!). Allegations suggest that the judicial system was leveraged to direct the case to a tribunal favorable to EuroAmerica Seguros de Vida, a company whose leadership included former Citibank executive Henry Comber. Banco de Chile’s alleged role in this process complicates matters for Citigroup, which has held a stake in the Chilean bank since 2008 as part of its Latin America growth strategy. This situation raises difficult questions for Fraser. Maintaining the partnership with Banco de Chile could help preserve Citigroup’s strategic positioning in the region but might also expose the bank to reputational damage and increased scrutiny from regulators such as the SEC, which could question whether Citigroup had adequate compliance measures in place. On the other hand, distancing Citigroup from Banco de Chile would reinforce the bank’s commitment to ethical banking practices but could disrupt its operations in one of its most critical growth regions. The Curauma Case goes beyond financial considerations; it touches on core values of justice and integrity. For Fraser, this is not merely about managing risks—it’s an opportunity to set a standard for accountability in Citigroup’s partnerships. Whether she chooses to reform the relationship with Banco de Chile, implement stricter oversight measures, or prioritize regional stability, her decision will reflect Citigroup’s broader stance on governance and ethical leadership. Fraser’s choice will not only shape the future of Citigroup’s operations in Latin America but also signal to investors, regulators, and the financial community whether the bank is willing to uphold its values in the face of challenging circumstances. This is not just a crossroads—it’s a defining moment for Citigroup’s legacy in ethical banking. More at www.curaumacase.blogspot.com #casocurauma #citibank   #citigroup   #curaumacase   #bancodechile   #JaneFraser

Por más de una década, los controladores de Curauma S.A. hemos denunciado lo que hoy, tardíamente, comienza a reconocerse en la prensa nacional: la existencia de redes de poder e influencia dentro de la judicatura chilena, capaces de alterar el curso de la justicia, manipular la asignación de causas y garantizar impunidad a determinados grupos económicos o políticos. El editorial de El Mercurio del 12 de octubre de 2025, titulado "Redes de poder en la judicatura", no hace sino confirmar, con otras palabras, lo que desd e www.casocurauma.cl venimos documentando con hechos, fechas y nombres desde hace años. El texto del diario reconoce que en Chile se ha vulnerado reiteradamente la probidad funcionaria y la recta administración de justicia, al punto que la Corte Suprema, en votación dividida, decidió mantener en su cargo al ministro Antonio Ulloa, pese a que se acreditaron conductas gravemente impropias. El mismo patrón —la permanencia en el poder pese a la evidencia— se repite en múltiples causas, desde los escándalos de la Fiscalía Oriente hasta la protección judicial de ciertos estudios jurídicos que actúan como bisagra entre el mundo privado y el aparato estatal. En el caso Curauma, esos mecanismos fueron aún más nítidos y devastadores. En 2013, la quiebra de una empresa con activos superiores a USD 500 millones fue tramitada en el Segundo Juzgado Civil de Santiago, tribunal que no tenía competencia territorial, mediante un proceso que hoy se sabe fue desviado por manipulación informática en la distribución de causas. Los jueces que intervinieron y los abogados que representaban a Euroamerica Seguros de Vida S.A. se beneficiaron de ese desvío: la empresa logró apropiarse de terrenos avaluados en millones de UF, con el aval de una judicatura que operó como red, no como poder independiente. El editorial de El Mercurio menciona la existencia de mensajes y favores cruzados entre fiscales, abogados y jueces, que condicionan ascensos, nombramientos y fallos. En Curauma, esa connivencia tuvo su correlato en la actuación de síndicos designados irregularmente, inhabilidades falsas de ministros que eludieron conocer la causa, y un sistema judicial que bloqueó por años la revisión del caso pese a los oficios de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la Superir y la propia CAPJ que advertían las anomalías. Así como la editorial advierte que estas redes "continúan vigentes y están produciendo sus peores consecuencias", el Caso Curauma demuestra que la impunidad judicial no solo perpetúa injusticias: destruye confianza, patrimonio y legitimidad institucional.  Lo ocurrido esta semana con el ministro Ulloa es apenas un reflejo visible de un mal estructural. En Curauma, ese mal se consumó en 2013, sin titulares, sin sanciones, sin reparación. Por eso, lo que hoy alarma a la prensa nacional —los chats, las cooptaciones, los pactos de silencio entre fiscales y abogados—, nosotros lo vimos antes, lo documentamos y lo denunciamos.  Lo que falta, todavía, es que Chile escuche y actúe, antes de que la justicia termine de perder su nombre. #casocurauma ...

Hay formas de corrupción que no se cometen: se consienten. No necesitan firmas ni sobres ni rastros de dinero; se ejecutan en voz baja, con sellos institucionales y miradas evasivas, en pasillos donde el poder huele a trámite y el silencio pesa más que la ley. En Chile, el caso Curauma es uno de los ejemplos más elocuentes de esa corrupción sin aspavientos, casi cortés, que se ejerce con la impunidad de quien sabe que nadie lo interpelará. En 2013, nuestra empresa con domicilio legal en Valparaíso, Curauma S.A., fue declarada en quiebra en Santiago, en el Segundo Juzgado Civil. No era una decisión menor: se trataba de un patrimonio tasado en más de quinientos millones de dólares, uno de los proyectos urbanos más grandes del país, un trozo de territorio que pudo haber sido símbolo de desarrollo y terminó convertido en ruina procesal. Lo sorprendente —o lo previsible, según el temple con que se mire la justicia chilena— es que el expediente nunca debió haber llegado allí. Según la propia Corporación Administrativa del Poder Judicial, la famosa CAPJ, hubo "anomalías" en la asignación electrónica de la causa. Una palabra fría, casi neutra, para describir un hecho que desnuda un sistema: la justicia no eligió ese tribunal; alguien, en las sombras, lo eligió por ella. El síndico designado liquidó los activos a favor de una aseguradora, Euroamerica Seguros de Vida, a precios muy por debajo de las tasaciones oficiales. La maniobra no habría resistido el escrutinio público si las instituciones hubiesen cumplido su deber. Pero nadie habló. La Comisión para el Mercado Financiero no investigó. La Tesorería General de la República no reclamó. La Superintendencia de Insolvencia no actuó. El Poder Judicial reconoció irregularidades, pero no instruyó sumario. Y la prensa, que alguna vez fue el espejo donde se miraba la conciencia cívica del país, prefirió bajar la vista y callar. Esa cadena de inacciones no fue azarosa: fue sistémica.  El silencio se volvió cómplice, la omisión una forma de política. Cada autoridad que prefirió no incomodar al poder financiero contribuyó, sin necesidad de firma ni reunión, a consolidar una expropiación judicialmente encubierta. Así se escribe, con sellos y silencio, la historia de los despojos modernos. La omisión, cuando proviene del Estado, es más peligrosa que el delito. Porque no solo destruye la ley, sino la fe pública, ese hilo invisible que une al ciudadano con sus instituciones y que, cuando se rompe, deja en su lugar una sociedad resignada. Cuando un tribunal se elige a dedo, cuando una aseguradora recibe un patrimonio millonario sin control, cuando los medios desvían la mirada, lo que se erosiona no es solo el derecho: es la idea misma de justicia, esa ficción necesaria que sostiene la convivencia de los pueblos. El derecho chileno castiga al funcionario que miente, pero no sabe qué hacer con el que calla. No ha sabido todavía nombrar, ni sancionar, la cobardía administrativa. No existe una figura que castigue la omisión institucional como delito de corrupción, aunque el daño que produce sea más profundo que el de una coima. Porque el silencio, a diferencia del robo, tiene buena reputación; se disfraza de prudencia, de respeto jerárquico, de sensatez política. El caso Curauma no revela un error administrativo: desnuda un modo de funcionamiento. Un Estado que prefiere no ver para no actuar, que ha hecho del disimulo su forma más estable de gobierno. Ese "no ver" es la verdadera enfermedad moral del sistema chileno, una enfermedad sin fiebre, que no escandaliza, pero que corroe lentamente la médula de la república. No se trata ya de castigar un acto, sino de desenterrar una cultura: la cultura del silencio útil, esa que permite que una causa se desvíe, que una fortuna cambie de manos y que nadie, absolutamente nadie, asuma responsabilidad. Chile no necesita más leyes; necesita coraje.  #casocurauma