Redes de poder en la judicatura

Por más de una década, los controladores de Curauma S.A. hemos denunciado lo que hoy, tardíamente, comienza a reconocerse en la prensa nacional: la existencia de redes de poder e influencia dentro de la judicatura chilena, capaces de alterar el curso de la justicia, manipular la asignación de causas y garantizar impunidad a determinados grupos económicos o políticos.

El editorial de El Mercurio del 12 de octubre de 2025, titulado "Redes de poder en la judicatura", no hace sino confirmar, con otras palabras, lo que desde www.casocurauma.cl venimos documentando con hechos, fechas y nombres desde hace años.

El texto del diario reconoce que en Chile se ha vulnerado reiteradamente la probidad funcionaria y la recta administración de justicia, al punto que la Corte Suprema, en votación dividida, decidió mantener en su cargo al ministro Antonio Ulloa, pese a que se acreditaron conductas gravemente impropias. El mismo patrón —la permanencia en el poder pese a la evidencia— se repite en múltiples causas, desde los escándalos de la Fiscalía Oriente hasta la protección judicial de ciertos estudios jurídicos que actúan como bisagra entre el mundo privado y el aparato estatal.

En el caso Curauma, esos mecanismos fueron aún más nítidos y devastadores. En 2013, la quiebra de una empresa con activos superiores a USD 500 millones fue tramitada en el Segundo Juzgado Civil de Santiago, tribunal que no tenía competencia territorial, mediante un proceso que hoy se sabe fue desviado por manipulación informática en la distribución de causas. Los jueces que intervinieron y los abogados que representaban a Euroamerica Seguros de Vida S.A. se beneficiaron de ese desvío: la empresa logró apropiarse de terrenos avaluados en millones de UF, con el aval de una judicatura que operó como red, no como poder independiente.

El editorial de El Mercurio menciona la existencia de mensajes y favores cruzados entre fiscales, abogados y jueces, que condicionan ascensos, nombramientos y fallos. En Curauma, esa connivencia tuvo su correlato en la actuación de síndicos designados irregularmente, inhabilidades falsas de ministros que eludieron conocer la causa, y un sistema judicial que bloqueó por años la revisión del caso pese a los oficios de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la Superir y la propia CAPJ que advertían las anomalías.

Así como la editorial advierte que estas redes "continúan vigentes y están produciendo sus peores consecuencias", el Caso Curauma demuestra que la impunidad judicial no solo perpetúa injusticias: destruye confianza, patrimonio y legitimidad institucional. 

Lo ocurrido esta semana con el ministro Ulloa es apenas un reflejo visible de un mal estructural. En Curauma, ese mal se consumó en 2013, sin titulares, sin sanciones, sin reparación. Por eso, lo que hoy alarma a la prensa nacional —los chats, las cooptaciones, los pactos de silencio entre fiscales y abogados—, nosotros lo vimos antes, lo documentamos y lo denunciamos. 

Lo que falta, todavía, es que Chile escuche y actúe, antes de que la justicia termine de perder su nombre.

#casocurauma

...