Euroamerica Seguros de Vida y corrupción

En el Chile de comienzos de la década de 2010, Euroamerica Seguros de Vida S.A. no operaba como una aseguradora previsional más, sino como el eje financiero de un conglomerado que había aprendido a desplazarse dentro de la ley para sortear toda forma de control efectivo. El caso Curauma, lejos de ser un episodio aislado, expuso la forma en que una entidad regulada transformó la arquitectura del derecho financiero en un instrumento de ocultamiento patrimonial.

Hacia 2013, Euroamerica Seguros de Vida ya mantenía un patrón de transferencias recurrentes a su matriz bajo el concepto de asesorías financieras, práctica que la SVS no objetó pese a su evidente carácter de operación con partes relacionadas. Años más tarde se comprobaría que entre 2010 y 2022 esas transferencias totalizaron 1.878.916 UF, equivalentes a 3,3 veces el capital pagado de la aseguradora. Lo que en 2013 aparecía como gasto administrativo era, en realidad, un mecanismo de traslado de recursos previsionales hacia la matriz, con escaso respaldo técnico y nula transparencia.

Ese patrón explica su comportamiento en el conflicto con Curauma S.A. Durante 2013, cuando la empresa de Manuel Cruzat Infante propuso un Convenio Judicial Preventivo para regularizar sus pasivos y ejercer opciones de recompra, Euroamerica Seguros de Vida rehusó negociar. Sabía que el crédito otorgado superaba la Tasa Máxima Convencional y que una acción judicial por usura podía desembocar en una nulidad contractual con alto costo reputacional. Optó entonces por una maniobra más sofisticada: sacar los terrenos del alcance de la fiscalización y trasladarlos a una filial no regulada.

El 6 de agosto de 2013, antes del vencimiento de las opciones de recompra, Euroamerica Seguros de Vida vendió los terrenos a su sociedad relacionada Administraciones y Proyectos Euroamerica S.A., una microempresa sin personal ni capital propio. El precio fue financiado por el Banco de Chile mediante un crédito expedito de 884.000 UF, otorgado sin tasación ni revisión de riesgo, con garantía general sobre los mismos terrenos. Esta operación contó con el consejo directo del entonces intendente de Valores y Seguros, quien sugirió proteger a la compañía de seguros de “contingencias legales”. En los hechos, se trató de una transacción diseñada para sustraer los bienes del perímetro de supervisión, y con ello, evitar que el regulador pudiera intervenir.

Euroamerica actuó con pleno conocimiento de su vulnerabilidad jurídica. Sabía que su exposición al juicio por usura amenazaba no sólo su patrimonio, sino la estabilidad de un modelo de negocio basado en la extracción permanente de utilidades desde una empresa regulada hacia su matriz no sujeta a control. Por eso, su reacción no fue comercial, sino institucional: reconfiguró el riesgo dentro de una estructura formalmente legal. Con ello blindó a la aseguradora, legitimó la transferencia de activos y desplazó la eventual sanción a un espacio sin fiscalización.

El caso permite observar un modo de operar que trasciende el conflicto puntual. La compañía funcionaba como una entidad con doble personalidad: aseguradora cuando debía captar recursos previsionales y sociedad de inversión cuando debía proteger a su grupo. La frontera entre lo regulado y lo no regulado fue deliberadamente difuminada. El estudio Claro y Cía. actuó como arquitecto jurídico del esquema, asegurando que cada movimiento —venta, préstamo, traspaso de activos— mantuviera una fachada de corrección legal.

El episodio de 2013 sintetiza una forma de impunidad sofisticada: aquella que no necesita corromper la ley porque la domina. Euroamerica Seguros de Vida no violó abiertamente las normas; las administró. Utilizó su condición de entidad regulada para extraer confianza y su estructura de filiales para esconder el riesgo. Lo que para el regulador era una operación de autoprotección, para el derecho material fue un fraude legalmente ejecutado.

Cuando una aseguradora previsional puede vaciar su balance y desplazar activos con la anuencia del sistema financiero y la pasividad del supervisor, la frontera entre legalidad y delito se vuelve retórica. La quiebra de Curauma no fue una excepción, sino la consecuencia lógica de una cultura en la que el poder económico se ampara en la forma jurídica para perpetuar la injusticia.

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Nota de la redacción:

Euroamerica Seguros de Vida se apropia de la garantía de Curauma S.A. porque la ley, el mercado y la institucionalidad chilena le ofrecieron el escenario perfecto para hacerlo. Amparada en un contrato de leasing simulado, ejecuta una garantía que no le correspondía, antes de que un tribunal pudiera declarar la usura del crédito que ella misma había impuesto. No había insolvencia ni incumplimiento real: había miedo a la verdad.

Por eso, en 2013, EuroAmérica traspasa los terrenos a su propia filial fantasma, con un crédito exprés del Banco de Chile y la venia de la Intendencia de Seguros, para sustraer el activo del control regulatorio y borrar toda huella de delito. La quiebra posterior fue la coartada perfecta: sirvió para liquidar al deudor, extinguir la acción judicial y legitimar el despojo.

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