ADVERTENCIA   JUNTA DE ACCIONISTAS FERROVIARIA ORIENTAL S.A.   ​En relación a la Junta Anual General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Ferroviaria Oriental S.A. (FOSA) de fecha 27 de marzo de 2026 y 9 de abril de 2026, a celebrarse en La Paz, Bolivia, queremos señalar lo siguiente:   El principal accionista de FOSA es Trenes Continentales S.A. (TRECO). El control de TRECO se ejerce a través de 14.482.642 acciones de la sociedad Transportes Ferroviarios S.A. En noviembre de 2025, un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile anuló la subasta de dichas acciones y todo lo obrado desde el año 2015. Esto significa que las acciones que permiten el control de FOSA deben ser sometidas a un nuevo proceso de remate donde debe existir claridad sobre las cifras reales de la compañía, de tal manera que permita una evaluación económica de la misma. A sabiendas de todo lo anterior, en la Junta de Accionistas de FOSA del 27 de marzo de 2026 se aprobó repartir dividendos correspondientes al 95% de la utilidad 2025; se dejó pendiente para reanudar la Junta el 09 de abril, la elección de directores titulares, suplentes y síndicos. Un 50% de estos dividendos los percibirá TRECO, cuyo control es a través de las 14.482.642 acciones de la sociedad Transportes Ferroviarios S.A. las cuales ya no le pertenecen al subastador porque el proceso fue declarado nulo. Hemos advertido de esta situación al señor Carlos Gill Ramírez y a todos los directores de FOSA. También hemos notificado a las autoridades correspondientes. Se hace presente que, de efectuarse tal equivocada distribución de dividendos, los que los perciban y los que concurrieran con su voto para aprobarla y efectuarla, serán sujeto de acciones civiles y penales. MANUEL CRUZAT INFANTE GRUPO CB   Publicación en diario El Pais, Bolivia: www.elpais.bo/internacional/20260408_advertencia-junta-de-accionistas-ferroviaria-oriental-s-a.html Aviso en El País, de Bolivia: https://drive.google.com/file/d/1WjZ1jtTgHxtM-18cxUan_mKeodLEVYHb/view?usp=share_link

El 31 de julio de 2025, a casi 900 metros bajo tierra, en el sector Andesita de la División El Teniente, un evento sísmico interno desencadenó un estallido de roca que colapsó galerías subterráneas. El resultado fue trágico: seis trabajadores murieron y otros nueve resultaron heridos. La operación debió paralizarse parcialmente mientras se iniciaban las investigaciones técnicas y judiciales. En un primer momento se habló de geología. De tensiones del macizo rocoso, de fenómenos sísmicos propios de la minería profunda, de un evento difícil de prever. Es el lenguaje habitual cuando ocurre una tragedia en una gran faena minera. Pero con el paso de los meses el problema comenzó a observarse desde otro ángulo. El Teniente no es una operación cualquiera. Es la mina subterránea de cobre más grande del mundo y uno de los pilares productivos de Codelco. En 2024 produjo del orden de 356 mil toneladas de cobre fino, mientras la producción total de la empresa alcanzó aproximadamente 1,33 millones de toneladas. Es decir, cerca de una cuarta parte del cobre de Codelco, entre 24% y 27%, proviene de esa sola división. Ese peso productivo explica la presión permanente por mantener su operación. Codelco intenta recuperar niveles de producción luego de haber registrado en 2023 su punto más bajo en más de dos décadas, y mantiene como objetivo estratégico volver a cifras cercanas a 1,7 millones de toneladas anuales hacia el final de esta década. Pero el eje del problema que hoy inquieta no es geológico. Es de integridad. Durante 2026 comenzaron a conocerse antecedentes inquietantes. Ya en 2023 se había registrado un evento de estallido de roca en el mismo proyecto Andesita, lo que generó informes técnicos internos sobre el comportamiento sísmico del sector. Tras la tragedia de 2025, auditorías internas detectaron inconsistencias en la forma en que ese evento previo habría sido reportado al regulador minero. La consecuencia fue la salida de ejecutivos de la división, diligencias judiciales e incautación de documentos. La discusión dejó entonces de ser técnica. Porque en minería profunda los estallidos de roca son fenómenos conocidos y monitoreados. Lo que distingue a una operación segura no es la ausencia de riesgo, sino la integridad con que la información sobre ese riesgo circula dentro de la organización. Cuando surge la sospecha de que información técnica relevante pudo no haber sido comunicada plenamente, o que fue ponderada frente a metas de producción, la discusión deja de pertenecer al ámbito de la ingeniería. Pasa al terreno de la gobernanza. Y ahí es donde el caso adquiere una dimensión que trasciende a la minería. Chile ha enfrentado en los últimos años conflictos institucionales cuyo denominador común no está en la técnica ni en la ley, sino en la forma en que las personas utilizan las instituciones que dirigen. El Caso Curauma es un ejemplo paradigmático. El proceso se inicia en 2013 con un grave vicio de origen: la alteración del algoritmo de distribución de causas para radicar la quiebra en el Segundo Juzgado Civil de Santiago, pese a que el domicilio legal de la sociedad estaba en Valparaíso. No se trata de una conjetura ni de una interpretación interesada, sino de un hecho consignado en documentos oficiales del propio proceso judicial. Pero Curauma no es sólo un expediente. Es también un territorio estratégico para el desarrollo del Gran Valparaíso y de la macrozona central del país: más de dos mil quinientas hectáreas ubicadas en el eje que articula el sistema portuario de Valparaíso con Santiago y con los corredores logísticos del centro de Chile. Un espacio llamado a cumplir un rol decisivo en la expansión urbana, productiva y logística de la región. Lo que ya existía en 2013 del gran plan de Curauma, y que estaba en vías de consolidarse como un polo territorial fundamental — La Nueva Curauma —, quedó atrapado en un proceso judicial viciado que terminó desmantelando uno de los desarrollos urbanísticos más estratégicos de la zona central de Chile. A primera vista, una quiebra inmobiliaria en Valparaíso y un accidente minero en Rancagua parecen fenómenos completamente distintos. Pero comparten un elemento esencial: el rol decisivo de las personas que ocupan posiciones de poder dentro de las instituciones. En Curauma, la controversia se centra en la actuación de quienes condujeron el proceso judicial. En El Teniente, la discusión gira en torno a cómo se gestionó la información técnica dentro de una estructura corporativa compleja. En ambos casos, la cuestión no está en las reglas escritas —la ley concursal o el reglamento de seguridad minera— sino en cómo esas reglas son interpretadas y aplicadas por quienes tienen la responsabilidad de hacerlo. Las instituciones pueden ser sólidas en el papel. Pero su verdadera fortaleza depende siempre de la integridad de quienes las administran. Cuando esa integridad se debilita, los problemas dejan de ser técnicos o jurídicos y pasan a ser estructurales. Por eso el conflicto que hoy enfrenta Codelco no es simplemente un accidente minero. Es una pregunta sobre la calidad de la conducción humana de una de las organizaciones más importantes del país. Y por eso también el caso Curauma sigue siendo relevante: porque recuerda que los vicios de origen en la gestión de una institución rara vez quedan confinados a un expediente o a una galería subterránea. En ambos casos aparece además el rol crítico de las instituciones de fe pública —tribunales, organismos reguladores y autoridades llamadas a dar certeza— cuya función es garantizar que la información circule íntegra y que las reglas se apliquen sin distorsiones. Cuando frente a hechos graves predominan el silencio o la omisión, lo que comienza a erosionarse no es sólo un proceso particular, sino algo más profundo: la confianza en las instituciones que sostienen la vida pública del país. ¿Es este el Chile que queremos? #casocurauma .................................................................. #codelco #elteniente #curauma Noticias: www.biobiochile.cl/especial/bbcl-investiga/noticias/articulos/2026/03/03/tragedia-en-el-teniente-ampliacion-de-querella-apunta-a-responsabilidad-penal-en-la-cupula-de-codelco.shtml

El misterioso dueño de la marca “Chela” www.desenfoque.cl / 5 de diciembre de 2024 Por Felipe Saleh César Millán Nicolet es un abogado y aún síndico de quiebras activo en ciertos casos, que se mueve con sigilo entre Madrid y Santiago. Mientras en la capital española circula cerca de un consejo empresarial que reúne a importantes fortunas de Iberoamérica, en Chile su papel es menos glamoroso. Se ha opuesto a distintas inscripciones de marcas asociadas a cerveza, con éxito dispar y ha tenido o tiene participación como síndico en dos controvertidos procesos de quiebra. En su perfil de la red social Linkedin, César Ernesto Millán Nicolet se presenta como abogado y “asesor especial Europa” de la administradora de fondos Porfolio Capital. Pero en el detalle que muestra el equipo de la firma, especialista en el manejo personalizado de fortunas familiares y que administra activos por unos U$800 millones, el abogado nacido en Santiago en 1966, no aparece en la nómina de colaboradores. Millán, de 58 años, se presenta también como parte del equipo del estudio de abogados Belzuz, con domicilio en Madrid España. Pero un examen a los registros públicos del bufete, muestra que tampoco figura en el equipo de abogados socios o asociados. La conexión con Belzuz viene desde que Millán participó junto a Enrique Belzuz en el directorio de la compañía textil World Cape SL, que con el nombre de Neomistic vendía ropa especial para practicar yoga. Pero la presencia de Millán en la firma solo se extendió desde marzo de 2014 a mayo de 2015. Este abogado estudió en la Universidad Gabriela Mistral hasta 1988 y luego partió a la Universidad de Salamanca, donde se especializó en Derecho Internacional financiero, mercantil y tributario. Actualmente tiene dirección en Vitacura, Santiago y en la calle Ruiz de Alarcón cerca del Parque del Retiro en Madrid, aunque ubicarlo en alguno de sus domicilios suele ser una tarea ardua. Recientemente, debió ser notificado por cédula en el domicilio que registra en Santiago, como uno de los demandados en su rol de sindico en la quiebra de Curauma S.A. y luego de una pesquisa que duró semanas pues se negaba a aceptar la notificación personal. Su trabajo en ambos países se mueve con éxito dispar y rubros distintos como la inversión inmobiliaria y la inscripción de marcas. Donde sí aparece destacado César Millán Nicolet es en la lista de 36 empresarios de Iberoamérica que integran el Consejo Asesor Internacional del CIAPI, Consejo Alianza por Iberoamérica, un club de empresarios impulsado por el Estado Español para promocionar las inversiones entre la península y sus excolonias. En el consejo directivo del CIAPI hay representantes de grandes conglomerados como la compañía de seguros Mapfre, el grupo de servicios generales Eulen, la constructora Azvi (famosa en Chile por el fallido puente Cau-Cau), la concesionaria de infraestructura OHLA, entre otras. Millán no es del grupo directivo, pero sí figura en el Consejo Asesor Internacional, donde también está el chileno Carlos Lavín Subercaseaux, director de Inversiones Convento Viejo, el family office que encabeza su padre Carlos Eugenio Lavín, fundador del grupo Penta. En el caso de Millán, representa a su inmobiliaria, CMN, acrónimo con sus iniciales. Según el Boletín Oficial de Registro Mercantil de España, equivalente al Diario Oficial de Chile, para efectos de registrar una empresa, el chileno es el socio único de la inmobiliaria César Millán Nicolet SL, constituida en 2020 con un discreto capital de 3.100 euros, pero que en mayo de 2021 aumentó su capital en 775 mil euros, quedando con un total de 778.000 euros. Las actividades de la inmobiliaria no son públicas. Pero con eso le basta a César Millán para conectarse con una respetable red empresarial y de conexiones políticas. El CIAPI está ligado a la Secretaría General Iberoamericana. Su primer presidente fue Enrique V. Iglesias, destacado economista uruguayo, ex director Ejecutivo de la CEPAL y ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros cargos en organismos multilaterales. Iglesias, fue el primer presidente de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) que actualmente preside el excanciller chileno Andrés Allamand. Además de síndico, con actividades profesionales misceláneas En Chile, las huellas de César Millán Nicolet, aparecen en el ámbito de la propiedad industrial. Como “empresario con domicilio en calle Espoz, Vitacura”, el abogado aparece presentando una serie de oposiciones de marca, por ser él el dueño de las marcas “Chela” y “Chelita”, que registró desde 2010 a 2030. En esta calidad, mantiene un litigio con la sociedad Rendic Hermanos, (parte de la propiedad de Unimarc) por haberse opuesto Millán a la utilización de la marca “Chelazo” que el supermercado usa para promocionar su venta de cerveza. El 14 de agosto de este año, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) rechazó la oposición de Millán en contra de la marca Chelita Patacona. El 15 de abril de este año INAPI rechazó la solicitud de inscripción que hizo de la marca “Me gusta la fruta”. En 2022 se opuso sin éxito al registro de la marca “El wn de la Chela” pero como se trataba de clases distintas de productos, su oposición fue rechazada. Igual resultado tuvo Millán con su oposición la marca “Mix Chelada” que fue rechazada por INAPI en 2023, para ello inscribió como su abogado patrocinante a Christian Seeman Rodríguez, abogado jefe de contratos del Grupo Errázuriz. En 2016 César Millán Nicolet fue designado como liquidador en la quiebra personal de Alberto Chang, el dueño del grupo Arcano, acusado de estafa en la administración de fondos de terceros. De esta quiebra, a partir de que Chang era codeudor solidario de su empresa, los acreedores aún no reciben el total de los créditos, mientras Chang está detenido en Malta. Este caso subrayó la débil regulación en el mercado financiero chileno y la vulnerabilidad de los inversores frente a fraudes sofisticados como el de Arcano. Millán desde febrero de 2020 ya no figura en el registro de liquidadores de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimientos (ex Superintendencia de Quiebras). Pero según la ley de quiebras vigente sigue a cargo de los procesos que se mantienen en curso, como el de Chang y la quiebra de Curauma, caso este último en el cual aparece como factor importante de un esquema de fraude denunciado por la empresa insolvente. La quiebra de la inmobiliaria Curauma S.A, fue decretada en 2013 a partir de una deuda no acreditada de solo $80 millones de pesos, que Julio Bustamante, ex ejecutivo de la misma, habría comprado a Corpbanca (hoy Itaú) solo para constituirse en acreedor y solicitar la quiebra. Julio Bustamante Jeraldo, abogado ex superintendente de AFP, pidió la quiebra en Santiago y logró el traslado del proceso a esta ciudad de algo que judicialmente tenía un valor mucho mayor. A partir de ahí entró a operar Millán Nicolet, cuya designación tiene oscuros ribetes administrativos, y quien permitió que sin proceso licitatorio varios inmuebles fueran traspasados entre empresas coaligadas – de EuroAmerica S.A. a una coaligada, que no tenía capital ni registro en el sistema financiero- pero sí préstamos del Banco Chile sin mayor exigencia de respaldo, esquema muy parecido al del Caso Caval y la nuera de la presidenta Michel Bachelet, más o menos en la misma época. Los inmuebles traspasados tenían un valor proyectado mucho mayor, que hoy, pocos años después, supera los US$500 millones. Previo a ser designado sindico en el caso César Millán viajó de vacaciones a Uruguay con Nicholas Davis, dueño de EuroAmerica, en avión privado y todos los gastos pagados. Parejas incluidas. Y por arte de magia o poder de abogados, el juicio fue a parar al 2° Juzgado Civil en una eventual perforación del algoritmo de distribución de causas del Poder Judicial. www.desenfoque.cl/2024/12/05/el-misterioso-dueno-de-la-marca-chela/

Leer artículo de septiembre de 2025 Nicholas Davis Lecaros posee una trayectoria en las altas esferas del empresariado chileno, y se proyecta como un arquetipo de excelencia corporativa. Como presidente de Euroamerica S.A., matriz de un holding con más de 126 años de historia, y con formación en la Universidad Finis Terrae complementada por un posgrado en la London School of Economics, Davis Lecaros parece encarnar el ideal del líder contemporáneo: un financiero perspicaz y un ecologista comprometido. Sin embargo, el lustre de su reputación se desvanece al examinar su directa participación el Caso Curauma , un escándalo de corrupción y despojo que pone en entredicho su integridad.   Euroamerica, un holding con un patrimonio aproximado de 228 millones de dólares y más de 20.000 clientes, se especializa en rentas vitalicias y corretaje de bolsa. En su sitio web www.euroamerica.cl , , la empresa proclama una filosofía de “Buen Consejo Siempre” , dispensado con “sinceridad e integridad” . Davis, quien asumió el liderazgo en 2010 tras el fallecimiento de su padre, Benjamin Davis Clarke, ha fortalecido su posición como referente en el sector financiero no bancario chileno. No obstante, esta narrativa de excelencia se tambalea ante el Caso Curauma, un conflicto legal iniciado en 2013 que involucra a Euroamerica Seguros de Vida S.A., donde Davis ejerce como director, en una disputa por garantías valuadas en más de 500 millones de dólares. Las acusaciones de maniobras opacas e irregularidades judiciales, vinculadas a la quiebra de Curauma S.A., proyectan una sombra que ninguna declaración de “integridad” logra disipar.   Resulta notable observar a Davis posicionarse como un defensor del medioambiente, a través de su Fundación Punta de Lobos , de La Tonada, y también como director de Oceana , mientras su empresa enfrenta señalamientos de tal gravedad. Estos proyectos ecológicos, aparentemente iniciativas personales de Davis, no parecen integrarse en la cultura corporativa de Euroamerica. Cabe preguntarse si estas cruzadas ambientales reflejan un compromiso genuino o constituyen un intento de embellecer un historial empañado por controversias. La empresa, por su parte, destaca programas de responsabilidad social, como iniciativas para adultos mayores y voluntariados, pero guarda silencio sobre los problemas legales derivados del Caso Curauma o las inversiones de Euroamerica S.A. y Euroamerica Seguros de Vida S.A. en el casino Enjoy S.A. , realizadas, por cierto, con los ahorros de miles de pensionados de rentas vitalicias. Las acusaciones contra Davis y su colaborador, Henry Comber Sigall , incluyen el bloqueo de un proceso de reorganización financiera en Valparaíso de Curauma S.A. para trasladarlo a Santiago bajo circunstancias cuestionables, lo que dista de reflejar la “sinceridad” o “integridad” pregonadas. Estas maniobras sugieren una estrategia más orientada a la conveniencia que a la transparencia.   La ironía se acentúa al contrastar la misión de Euroamerica — “ser una gran empresa en la industria de servicios financieros no bancarios” — con acusaciones de prácticas corruptas. La formación académica de Davis y su extensa red de influencias, que abarca cargos en Enjoy y otros, no lo eximen de rendir cuentas.   Nicholas Davis Lecaros encarna una figura de contrastes: un empresario que aboga por la sostenibilidad mientras su empresa navega en aguas turbias. Hasta que Davis aborde estas acusaciones con hechos concretos, su legado permanecerá como un espejismo, y su “Buen Consejo Siempre” resonará más como un eslogan vacío que como un compromiso auténtico. #casocurauma Nota 1: Nicholas Davis Lecaros ejerce actualmente el cargo de presidente del directorio de Euroamerica S.A. Asimismo, desempeña funciones como director en Euroamerica Seguros de Vida S.A., Enjoy S.A., Oceana, Inc., Centro de Estudios Públicos (CEP) y como Gerente General de Euroamerica Asesorías S.A. Ocupó el puesto de presidente de Zurich Chile Asset Management AGF S.A. desde 2010 hasta 2019. También fue presidente de Euroamerica Servicios Financieros S.A. y vicepresidente de la Fundación Generación Empresarial entre 2014 y 2019. Además, actuó como Director de la Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Valores y de CCLV, Contraparte Central S.A. Fue Presidente de Euroamerica Corredores de Bolsa S.A. Querellados por estafa: www.casocurauma.cl/post/querellados-por-estafa Nota 2: Leer demanda de Curauma S.A. a Euroamerica: https://drive.google.com/file/d/1vJD1e_4kTHmxiKT0qXKE49Db6eANFPSg/view?usp=sharing Nota 3: Euroamerica S.A., empresa socia de Fundación Generación Empresarial: https://fge.ong

Henry Comber Sigall (64), ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y MBA de la London School of Economics , es un personaje que parece sacado de una novela de intrigas financieras, donde el protagonista siempre tiene un as bajo la manga y una sonrisa que oculta intenciones. Con una carrera que lo llevó desde los pasillos de Citibank en América Latina hasta convertirse en el hombre fuerte de Euroamerica Seguros de Vida S.A., Comber ha dejado su huella en el mundo de las finanzas chilenas. Su nombre está ligado a escándalos que van desde la colusión en casinos hasta maniobras cuestionables con los fondos de pensionados, pasando por el infame Caso Curauma. De Citibank a Euroamerica Comber comenzó su carrera como ejecutivo estrella en Citibank, donde probablemente perfeccionó su habilidad para moverse en los círculos de poder y cerrar acuerdos con precisión. En 2005, aterrizó en Euroamerica, una compañía ligada a la familia Davis, donde rápidamente se convirtió en el brazo derecho de Nicholas Davis Lecaros, heredero de la compañía. Desde entonces, ha ocupado cargos como gerente general corporativo, presidente de Euroamerica S.A., presidente de Euroamerica Seguros de Vida y, por si no fuera suficiente, presidente del directorio de Enjoy, la operadora de casinos que parece ser su patio de juegos favorito. Su trayectoria es la de un hombre que no le teme al riesgo… O al menos, no cuando el riesgo lo corren los ahorros de otros. El Caso Curauma Si hay un episodio que pinta de cuerpo entero a Comber, es el Caso Curauma, un escándalo que parece diseñado para un documental de Netflix sobre avaricia y maniobras turbias. En 2004, Euroamerica Seguros de Vida otorgó un préstamo de UF 715.000 a Curauma S.A. , una empresa inmobiliaria con activos tasados en más de 500 millones de dólares en esa época. Este préstamo venía con una tasa de interés del 20,5% anual, muy por encima de la Tasa Máxima Convencional permitida en Chile. ¿Usura? Ya veremos... Y como garantía, Curauma entregó terrenos valuados en UF 11.000.000. En 2013, la cosa se puso aún más interesante. Curauma S.A. fue declarada en quiebra por una deuda de apenas 85 millones de pesos chilenos, una cifra ridícula frente al valor de sus activos (UF 16.900.000 en total). La quiebra, solicitada en Santiago en lugar de Valparaíso (donde legalmente correspondía), permitió a Euroamerica, bajo el mando de Comber, apoderarse de las garantías inmobiliarias. ¿Coincidencia? Más bien parece una jugada de ajedrez financiero. Este movimiento dejó a más de 1.600 accionistas minoritarios con las manos vacías, mientras Comber y su socio Nicholas Davis Lecaros se relamían con las ganancias. La operación, que incluyó traspasos internos entre empresas relacionadas de Euroamerica y un préstamo del Banco de Chile, ha sido criticada como una "usurpación encubierta" que benefició a los controladores a costa de los inversionistas. Enjoy y la colusión en casinos Si el Caso Curauma fue un golpe bajo, la aventura de Comber con Enjoy es como tirar los dados con los ahorros de los jubilados. En 2021, Euroamerica, liderada por Comber, se convirtió en el principal accionista de Enjoy, una empresa de casinos con deudas que duplicaban su patrimonio y antecedentes de colusión en Estados Unidos. ¿Por qué invertir los fondos de pensionados en una compañía al borde de la quiebra? En 2022, Euroamerica S.A. adquirió un 15,25% y Euroamerica Seguros de Vida un 6,65% de Enjoy (21,9% en total), una apuesta tan arriesgada que hasta un ludópata empedernido lo pensaría dos veces. Por si fuera poco, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) denunció a Enjoy, Dreams y Marina del Sol por coludirse para manipular licitaciones de licencias de casinos en 2020 y 2021. Comber, como presidente del directorio de Enjoy, está en el centro de esta tormenta, con la FNE pidiendo multas de hasta 37 millones de dólares. La PDI incluso allanó su casa en 2022, incautando computadores y documentos. Mientras Enjoy tambalea con bonos de 300 millones de dólares en Estados Unidos, los pensionados de Euroamerica ven sus ahorros expuestos a una empresa en riesgo de insolvencia. Euroamerica y los fondos de pensionados Bajo el liderazgo de Comber, Euroamerica Seguros de Vida ha demostrado una creatividad digna de admiración para invertir los fondos de pensionados en proyectos de alto riesgo. Además de Enjoy, está el famoso "Fondo Corneta" (o Capital Estructurado I), creado en 2023 por LarrainVial para refinanciar deudas de Antonio Jalaff, exsocio de Grupo Patio. Este fondo, cuestionado por prácticas internas dudosas, es otro ejemplo del talento de Comber para poner en jaque los ahorros de los jubilados. Y no olvidemos la operación con Clínica Las Condes, donde Euroamerica S.A. desembolsó 157,6 millones de dólares para comprar bonos, levantando sospechas de irregularidades. Luego está el traspaso de terrenos de Curauma entre empresas relacionadas de Euroamerica, con una recompra a un sobreprecio del 73,08%, generando pérdidas para los pensionados mientras la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) miraba para otro lado. El toque de Midas Henry Comber Sigall es, sin duda, un hombre de acción, un negociador implacable que no teme jugar con fuego, especialmente si el combustible son los ahorros de los pensionados. Su paso por el Caso Curauma y Enjoy demuestra que, para él, las reglas del mercado son más bien sugerencias, y la ética, un accesorio opcional. Mientras los jubilados confían en que sus fondos estén seguros, Comber parece estar ocupado diseñando el próximo gran esquema, siempre con un plan que beneficia a su círculo cercano. ¿Justicia? ¿Regulación? Detalles menores para un hombre que vive al borde de la legalidad, siempre un paso adelante de los reguladores. La verdad, la trayectoria de Comber refleja un patrón preocupante: decisiones que priorizan el beneficio de un grupo reducido mientras exponen a los pensionados a riesgos innecesarios. La falta de sanciones efectivas por parte de la CMF y el sistema judicial chileno plantea serias dudas sobre la capacidad del sistema para proteger a los más vulnerables. Y mientras tanto, Comber sigue en el juego, como si nada. #casocurauma Querellados por estafa: www.casocurauma.cl/post/querellados-por-estafa Más sobre Henry Comber: www.casocurauma.cl/post/casocurauma-cincuenta-sombras-de-comber Todo sobre el robo de Curauma: www.casocurauma.cl/search?q=robo+de+curauma Henry Comber and the Plot Behind the Curauma Heist Henry Comber Sigall (64), a civil engineer from the Pontificia Universidad Católica de Chile with an MBA from the London School of Economics, seems like a character lifted straight out of a financial thriller — a man who always keeps an ace up his sleeve and a smile that conceals intent. From the corridors of Citibank in Latin America to becoming the strongman behind EuroAmerica Seguros de Vida S.A., Comber has left a deep mark on Chilean finance. His name is tied to scandals ranging from casino collusion to questionable maneuvers with pensioners’ funds — and most infamously, the Curauma case. From Citibank to EuroAmerica Comber began his career as a rising star at Citibank, where he likely honed his ability to navigate circles of power and close deals with surgical precision. In 2005, he landed at EuroAmerica — a company tied to the Davis family — and quickly became the right-hand man of Nicholas Davis Lecaros, the firm’s heir. Since then, Comber has held senior roles including Corporate General Manager, Chairman of EuroAmerica S.A., Chairman of EuroAmerica Seguros de Vida, and, for good measure, Chairman of Enjoy, the casino operator that seems to be his favorite playground. His career is that of a man unafraid of risk — or rather, unafraid when the risk is borne by other people’s savings. The Curauma Case If there is one episode that defines Comber, it is the Curauma case — a scandal seemingly tailor-made for a Netflix documentary on greed and financial deceit. In 2004, EuroAmerica Seguros de Vida granted a loan of 715,000 UF to Curauma S.A., a real-estate company with assets valued at over USD 500 million at the time. The loan carried an annual interest rate of 20.5%, far above Chile’s legal Maximum Conventional Rate. Usury? Let’s see. As collateral, Curauma pledged land valued at 11 million UF. Things took a darker turn in 2013, when Curauma S.A. was declared bankrupt over a debt of just 85 million Chilean pesos — a laughable amount compared to its total assets (16.9 million UF). The bankruptcy was filed in Santiago instead of Valparaíso, where the company was legally domiciled, enabling EuroAmerica, under Comber’s direction, to seize the collateral land. Coincidence? Hardly. It looked more like a carefully executed financial chess move. The maneuver left over 1,600 minority shareholders empty-handed, while Comber and his partner Nicholas Davis Lecaros reaped the rewards. The operation — which included internal transfers among EuroAmerica-related companies and a loan from Banco de Chile — has been described as a “covert appropriation” that benefited insiders at the expense of investors. Enjoy and Casino Collusion If the Curauma affair was a low blow, Comber’s venture with Enjoy was a game of dice played with retirees’ savings. In 2021, EuroAmerica, led by Comber, became the main shareholder of Enjoy — a casino company burdened with debts twice its equity and a record of collusion in the United States. Why risk pension funds on a company teetering on the edge of bankruptcy? In 2022, EuroAmerica S.A. acquired a 15.25% stake and EuroAmerica Seguros de Vida another 6.65%, totaling 21.9% — a gamble so reckless that even a compulsive gambler might hesitate. To make matters worse, Chile’s National Economic Prosecutor (FNE) accused Enjoy , Dreams, and Marina del Sol of colluding to rig casino license bids in 2020 and 2021. As Enjoy’s chairman, Comber stands at the eye of this storm, facing potential fines of up to USD 37 million. In 2022, the Chilean Investigations Police (PDI) even raided his home, seizing computers and documents. Meanwhile, Enjoy staggers under USD 300 million in bonds issued in the U.S., leaving EuroAmerica’s pensioners exposed to a company flirting with insolvency. EuroAmerica and Pension Funds Under Comber’s leadership, EuroAmerica Seguros de Vida has displayed a creativity worthy of admiration — if not for its consequences — in investing pension funds in high-risk ventures. Beyond Enjoy, there’s the notorious “Corneta Fund” (Structured Capital I), created in 2023 by LarraínVial to refinance the debts of Antonio Jalaff, former partner of Grupo Patio. The fund, criticized for dubious internal practices, is yet another example of Comber’s talent for putting retirees’ money on the line. Nor should we forget EuroAmerica’s involvement with Clínica Las Condes, where it spent USD 157.6 million on bond purchases, raising eyebrows over possible irregularities. Then there’s the series of internal transfers involving Curauma’s land — repurchased at a 73.08% markup — which generated losses for pensioners while Chile’s Financial Market Commission (CMF) looked the other way. The Midas Touch Henry Comber Sigall is, without doubt, a man of action — a relentless dealmaker unafraid to play with fire, especially when the fuel comes from pensioners’ savings. His role in the Curauma and Enjoy scandals shows that for him, market rules are mere suggestions and ethics an optional accessory. While retirees trust that their funds are safe, Comber seems busy engineering the next grand scheme, always one step ahead of regulators. In truth, Comber’s career reveals a disturbing pattern: decisions that enrich a small circle while exposing pensioners to unnecessary risks. The absence of meaningful sanctions from the CMF and Chile’s judiciary raises serious questions about the system’s ability to protect the vulnerable. And meanwhile, Comber keeps playing the game — as if nothing ever happened. #CasoCurauma #Justicia #CuraumaCase #Curauma #CorrupciónChile #JusticiaParaCurauma #Transparencia #CorrupciónJudicial #DespojoPatrimonial #AbusoJudicial #DerechoALaPropiedad #ClamorCiudadano #LuchaPorLaJusticia #Valparaíso #HenryComber #NicholasDavis #Euroamerica #EuroamericaSegurosdeVida #DespojodeCurauma #CorrupcionCAPJ #CorrupcionPJud #PoderJudicialChile #RadioBioBio #Cooperativa #CNNChile #CHVNoticias #24HorasTVN #MegaNoticias #T13 #ElMercurio #LaTercera #ElMostrador #Interferencia #CIPER #ElDesconcierto #DiarioUChile #ElCiudadano

By Craig Torres Staff Reporter of The Wall Street Journal Jan. 12, 1999 SANTIAGO, Chile -- Manuel Cruzat Infante built and lost empires in Chile over the past two decades as local banks turned hot and cold on his investments. Now foreign investors are taking an interest in some of his ventures, and that may vindicate his flagging reputation as Chile's boldest entrepreneur. At a time when much of the new investment in Chile still flows into the production of copper and other basic materials for export, Mr. Cruzat's conglomerate, CB Group SA, is betting on real estate, online banking and brokerage operations, and railroads. None of these investments has enthused local bankers, who have cut back on loans to CB Group for the past three years, executives say. But last month the International Finance Corp., a World Bank subsidiary, more than doubled its equity stake in CB Group's rail-transport subsidiaries to 25%. UniRail Corp., a New York-based rail investment and management firm, also took a 10% stake in CB Group's rail holdings, giving the effort some much-needed international recognition. Mr. Cruzat "has had the vision to see railroads as a very beat-up asset in a changing transportation environment," says Larry McCaffrey, president of UniRail. Mr. Cruzat is an unusual Chilean. In a country that worships conformity, he is an outsider who tends to invest in futuristic economic trends. He and his aides chide the local financial system for staking their future on telephone and power companies. "Here, the most important companies are electric utilities. In the U.S., they are almost irrelevant. Something is wrong," says his like-minded son, also named Manuel, who is a CB Group director. During the 1970s, Mr. Cruzat controlled pension-fund companies, forestry and fishing concerns, copper mines, vineyards, banks and brewers, an empire that earned him the nickname of "Chile's Howard Hughes." The government split up the group because Mr. Cruzat's banks had made large loans to other Cruzat companies, and regulators were concerned that the related-party loans were a risk to the financial system. Still, many of the sold-off companies are flourishing in the hands of others, a bittersweet vindication of Mr. Cruzat's economic prescience. In another country, Mr. Cruzat might be considered a brilliant venture capitalist; in Chile, he is considered a risky visionary whose long-term projects don't pay enough attention to near-term cash flow. "Cruzat is thinking 20 years from now, not today. Banks are a bit scared of him," says Alejandro Montero, a partner at Celfin Ltda., a Santiago investment bank. "He is not a down-to-earth guy, but he is very intelligent and a visionary." Railroad Investments In railroads, at least, Mr. Cruzat has a clear win, his partners say. The concessions include a 1,500-mile cargo line running from central to southern Chile, as well as lines linking Bolivia with Chile and Argentina. Bolivia is a landlocked country rich in minerals and other natural resources that needs to use its rail lines more extensively to exploit the country's natural wealth and gain access to imports. Tonnage on both of CB Group's principal rail concessions is growing in the double digits. The Bolivian line is profitable; the Chilean line is earning money on an operating basis, but still posts net losses because of monetary charges. In real estate, Mr. Cruzat wants to build cities that can compete with Latin America's clogged, smoggy and increasingly insecure capitals. The experiment is under way between Santiago and Valparaiso, the congressional seat, where CB Group is building Curauma, a 9,000-acre planned development for 200,000 people. Set in wooded hills around a lake, Curauma already holds 630 families. There is a private school and day-care center, as well as plans for a university and industrial park. CB Group has raised Curauma's land values through zoning and neighborhood design. The project will take more than a decade to finish, too long for most Chilean banks. The lack of financing has forced CB Group to sell land options and other assets, and plow profits back into roads and infrastructure. Online Visions Mr. Cruzat also wants to build Chile's online financial supermarket. CB Group operates financial-services concerns in Chile and Peru, with $110 million in assets under management and more than 4,000 clients. It is talking to online brokerage firms in the U.S. about bringing the technology to Chile. The idea holds promise because Chile's creaky financial system is full of duplicated costs. Banks can't sell pension-fund products, for example. But Chile is a poor country where computers are still a luxury of the upper class. There are also regulatory hurdles. "This project is going to require investment and will have negative cash flow for many years," says Henry Rudnick, head of research at CB Capitales, the brokerage unit. "We have to look for a foreign partner that understands," he says. www.wsj.com/articles/SB916095148281116000

Hace dos meses, el 17 de noviembre de 2025, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dictó un fallo poco frecuente y de alto voltaje institucional. En las causas acumuladas Rol N°7736-2023, 7738-2023 y 13.690-2023, el tribunal hizo algo que el sistema rara vez se atreve a hacer: detener un proceso largo, mirarlo desde su origen y ordenarle volver atrás. Diez años atrás.   La sentencia favorece directamente al empresario chileno Manuel Cruzat Infante, en el marco de su contienda por la recuperación de Ferroviaria Oriental S.A. de Bolivia, al acoger la nulidad de lo obrado promovida por Inmobiliaria La Aldea S.A., sociedad de Cruzat, y disponer la anulación íntegra de todo el procedimiento seguido desde 2015, con retroacción total hasta el punto exacto en que se produjo el vicio de origen.   El mensaje del fallo es inequívoco. La Corte sostiene que el tribunal de primera instancia utilizó el carril equivocado: trató la ejecución de acciones societarias como si fueran efectos de comercio, aplicando el artículo 484 del Código de Procedimiento Civil, cuando su naturaleza jurídica es otra. Las acciones no son títulos de crédito; son títulos de propiedad y de control. Por ello, el procedimiento correcto era el del artículo 485. El error no fue menor ni corregible. Fue de origen y estructural. Definió la arquitectura completa del juicio y contaminó cada una de las actuaciones posteriores.   Frente a ese diagnóstico, la Corte no optó por correcciones parciales. Eligió la vía más drástica que el sistema contempla: anular todo. Diez años completos, de 2015 a 2025, quedan sin efecto. Resoluciones, designaciones de corredores, remates, adjudicaciones y consecuencias patrimoniales se evaporan jurídicamente, como si nunca hubiesen ocurrido. El proceso debe recomenzar exactamente donde se torció.   Hay una idea que atraviesa silenciosamente toda la sentencia y que explica su verdadera carga institucional: el tiempo no cura los errores de origen. Una década de tramitación no convierte en legítimo lo que nació mal encuadrado. La legalidad no se consolida por inercia, ni por acumulación de actos, ni por cansancio del sistema.   Ese criterio explica el efecto favorable inmediato para Inmobiliaria La Aldea S.A. y, por extensión, para Manuel Cruzat Infante. Pero su alcance va más lejos. Reordena el estándar con el que deben leerse los procesos largos y complejos, especialmente aquellos en que están en juego acciones societarias, control de activos estratégicos y efectos patrimoniales irreversibles derivados de un error procesal en su origen, como el ocurrido en la quiebra de Curauma en 2013.   El fallo de la Corte de Apelaciones no dialoga solo con el pasado. Dialoga con el presente institucional. “Puedo asegurar que cada denuncia de faltas a la probidad que me llegue, incluso si son anónimas, las voy a llevar al Pleno”, ha dicho la nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.   Cuando el proceso nace viciado, el deber del sistema no es perseverar ni mirar hacia adelante, sino hacer lo más incómodo y, a la vez, lo más justo: volver al origen y corregir. #casocurauma Prensa: Ferroviaria Oriental: fallo de la Corte de Santiago favorece a Manuel Cruzat www.interferencia.cl/articulos/ferroviaria-oriental-fallo-de-la-corte-de-santiago-favorece-manuel-cruzat Vínculos: Ferroviaria Oriental https://fo.com.bo

Hay balances que cierran porque el negocio funciona. Y hay balances que cierran porque alguien se asegura de que cierren. Durante años, en distintos sectores y bajo distintos titulares, hemos visto repetirse una misma escena: aparece un daño relevante, se reconoce tarde y, casi en paralelo, surge un activo, una valorización o una operación que “neutraliza” el impacto. El resultado final es siempre tranquilizador. El problema, aparentemente, se disuelve. El balance queda limpio. Ese mecanismo tiene nombre: neteo . En el caso de Curauma S.A., ésta nunca fue una empresa insolvente en términos patrimoniales. Al contrario. Sus terrenos estaban y están tasados en más de USD 500 millones. El problema no fue la falta de respaldo, sino el uso de ese respaldo para resolver —a favor de Euroamerica Seguros de Vida— una disputa financiera que ya había sido ampliamente pagada. Los hechos son conocidos ( Nuestra historia ). En 2004, Euroamerica Seguros de Vida, EASV, celebra un leasing por 715.000 UF con la matriz de Curauma S.A. Entre 2004 y 2012, Curauma paga más de 1.040.000 UF. Aun así, en 2013, EASV exige una cuota adicional de 907.000 UF para devolver los terrenos. No hay cálculo de riesgo que justifique una rentabilidad cercana a 2,7 veces el capital original. Lo que hay es una lógica distinta: mientras el activo aguante, la cifra da. El momento decisivo llega en agosto de 2013. En cuestión de horas, EASV utiliza a su pyme y filial APE y obtiene un crédito de USD 40 millones del Banco de Chile para transferir los terrenos antes de que Curauma pueda ejercer la recompra. Así, el activo sale del patrimonio de Curauma S.A. y queda protegido dentro del mismo perímetro económico de Euroamerica Seguros de Vida. Ahí el neteo deja de ser contable y se vuelve estructural. La pérdida se registra en Curauma. El activo se conserva en una relacionada de EASV. El balance de EASV no acusa impacto. Años después, entre 2019 y 2020, el círculo se cierra con precisión quirúrgica. EASV recompra los mismos terrenos a su propia filial APE por 1.530.000 UF, obteniendo una ganancia directa superior a 646.000 UF. El activo nunca salió realmente del grupo. Solo fue estacionado mientras el proceso judicial hacía su trabajo. ¿Y la CMF? Nada... Eso no es una corrección ex post. Es un método ex ante. Es fraude diseñado. Por eso los casos posteriores importan. En Clínica Las Condes, un vacío contable cercano a los USD 80 millones se neutraliza casi exactamente con una retasación inmobiliaria. En Enjoy, el deterioro se reconoce tarde y se explica después, y se agrega colusión. En todos, el mensaje es idéntico: el impacto neto es bajo. El daño, siempre, ya pasó. El problema no es técnico. Es fiduciario. Una aseguradora de vida no puede construir solvencia trasladando pérdidas a terceros, compensándolas con activos y recomprándolos cuando el tiempo juega a favor. Eso no es prudencia. Es ingeniería de balance. Es fraude. #casocurauma Nota: leer también www.df.cl/df-mas/por-dentro/el-nuevo-round-que-se-avecina-en-clc

La carta enviada el 8 de septiembre de 2025 a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (#Superir) ( leer documento ) por un accionista de Curauma S.A. no es un simple oficio administrativo: es una radiografía del deterioro institucional en Chile. El texto, dirigido al superintendente Hugo Sánchez Ramírez, denuncia con cifras concretas lo que es una administración deliberadamente opaca de una de las quiebras más grandes y polémicas del país: Curauma S.A. El síndico de la quiebra, César Millán Nicolet, —designado por el 2º Juzgado Civil de Santiago— sabía desde el 11 de febrero de 2025 que la masa concursal contaba con 1.900 millones de pesos en ingresos líquidos. Sin embargo, durante más de seis meses no efectuó el primer reparto de fondos a los acreedores, pese a que la ley lo exige. En la junta de acreedores del 29 de mayo de 2025, el síndico informó que “el reparto se presentará próximamente al tribunal”. Dos meses después, en el acta del 31 de julio, volvió a prometer que “en los próximos 15 días” enviaría la propuesta de reparto. Ninguno de esos plazos se cumplió, y —según el propio oficio— las actas ni siquiera fueron ingresadas al expediente judicial, en violación directa de la Ley 20.720 sobre Reorganización y Liquidación. A septiembre, el síndico finalmente presentó su “propuesta de reparto” declarando fondos disponibles por 1.860.522.106 pesos, de los cuales asigna: - 1.064.748.512 para el pago de créditos valistas reconocidos - 791.946.388 para créditos impugnados o no reconocidos - y apenas 3.946.388 como saldo residual. Pero el propio síndico había informado en la junta anterior que los fondos totales de la quiebra ascendían a 2.633.975.638 pesos. La diferencia —773.453.532— es lo que el oficio llama “fondos en caja”, sin justificación contable ni respaldo de gastos futuros. El 25% invisible El dato es demoledor: un 25% de los fondos disponibles de la quiebra Curauma —es decir, casi 773 millones de pesos— permanece retenido sin explicación ni transparencia. Esa cifra equivale a más del presupuesto anual de la Municipalidad de El Tabo en vivienda o a más de 17.000 viviendas DS19 subsidiadas parcialmente por el Estado. El oficio pide tres cosas elementales: 1. Que la Superir requiera al síndico explicar por qué no realizó el reparto oportunamente. 2. Que informe cuándo y cómo Euroamerica Seguros de Vida pagó la última cuota a la quiebra, y cómo se invirtieron esos recursos. 3. Que suspenda el reparto hasta aclarar la retención de 773 millones. A la fecha, no hay respuesta conocida de la Superir ni del tribunal. El silencio de la Superir no es una omisión técnica: es un síntoma político. Su deber es fiscalizar las actuaciones “técnicas, jurídicas y financieras” de los síndicos. Sin embargo, tolera el incumplimiento sistemático de la obligación de acompañar actas y justificar fondos. Peor aún: según el documento, ni siquiera se sabe si el síndico se encuentra actualmente en Chile. Esta conducta no es aislada. En los últimos años, la Superir ha sido objeto de críticas por su inacción en casos como Valle Grande, Pampa Baja y la misma Curauma, donde las liquidaciones han beneficiado a conglomerados financieros —como Euroamerica Seguros de Vida— que figuran simultáneamente como acreedores y compradores de activos, generando conflictos de interés que la autoridad no ha corregido. El Estado ausente El problema no es solo contable, es ético. Cuando una entidad del Estado permite que más de 773 millones permanezcan en el limbo financiero, en una quiebra con activos que superaron históricamente los 500 millones de dólares, no estamos ante un error administrativo: estamos frente a una falla moral del aparato público. El Estado chileno no puede exigir probidad a los contribuyentes mientras sus propios fiscalizadores cierran los ojos. En esta historia, el dinero no desaparece: se disuelve entre el silencio de los funcionarios, la complacencia de los tribunales y la negligencia del sistema. #casocurauma #CasoCurauma #Justicia #CuraumaCase #Curauma #CorrupciónChile #JusticiaParaCurauma #Transparencia #CorrupciónJudicial #DespojoPatrimonial #AbusoJudicial #DerechoALaPropiedad #ClamorCiudadano #LuchaPorLaJusticia #Valparaíso #HenryComber #NicholasDavis #Euroamerica #EuroamericaSegurosdeVida #DespojodeCurauma #CorrupcionCAPJ #CorrupcionPJud #PoderJudicialChile #RadioBioBio #Cooperativa #CNNChile #CHVNoticias #24HorasTVN #MegaNoticias #T13 #ElMercurio #LaTercera #ElMostrador #Interferencia #CIPER #ElDesconcierto #DiarioUChile #ElCiudadano

La crisis que en 2025 sacude a la Corte Suprema de Chile no es un accidente ni una suma de excesos individuales. Es la manifestación tardía de un problema estructural: un poder del Estado que durante años operó con controles débiles, relaciones opacas y una cultura de autogobierno que confundió independencia con inmunidad. Las destituciones recientes de ministros, los sumarios, las filtraciones de audios, las pugnas internas y la intervención reiterada del Congreso han erosionado la presunción básica de imparcialidad. Cuando la ciudadanía observa comunicaciones impropias entre jueces y operadores, investigaciones lentas y reservadas, y sistemas frágiles de asignación y control, la pregunta deja de ser quién cayó y pasa a ser qué sigue intacto. En ese contexto, el Caso Curauma deja de ser un expediente antiguo o una disputa patrimonial más. Curauma aparece hoy como un caso testigo. Un espejo adelantado de las patologías que ahora afloran en la cúspide del sistema judicial. Durante más de una década, en esa causa se acumulan decisiones difíciles de conciliar con el estándar mínimo de debido proceso: una quiebra declarada en condiciones cuestionadas, la actuación de una jueza civil denunciada por parcialidad, abogados de alto poder económico y procesal que operaron con ventajas evidentes, funcionarios judiciales y administrativos que intervinieron sin dejar trazabilidad clara, y una constelación de intereses que confluyeron en un mismo resultado: la transferencia de activos estratégicos a valores irrisorios sin una revisión sustantiva de los vicios de origen. Poner nombre y apellido a esos intereses no es un ejercicio retórico, sino una exigencia de transparencia. En el centro de la ingeniería financiera aparece Henry Comber Sigall, presidente de Euroamerica Seguros de Vida (y ex presidente de Casino Enjoy, acusada de colusión), junto a Nicholas Davis Lecaros, como arquitectos de un esquema de créditos que presionó la insolvencia de Curauma S.A. En la ejecución técnica del proceso figura el síndico César Millán Nicolet. En la esfera judicial, la jueza (jubilada) Inelie Durán Madina adoptó decisiones determinantes para declarar la quiebra y validar transferencias hoy impugnadas. En la asesoría jurídica, Cristóbal Eyzaguirre y José Miguel Huerta, del estudio Claro y Cía., sostuvieron el diseño y la narrativa legal que hizo viable el resultado. En el plano administrativo y de control, Ricardo Guzmán Sanza —ex CAPJ— y Cristián Huerta Bustamante intervinieron en momentos y registros clave. A ello se suman Osvaldo Macías Muñoz y Julio Bustamante Jeraldo, cuya actuación estatal pavimentó el camino a los intereses privados; Diego Munita Claro, designado juez árbitro sin inhibirse pese a conflictos evidentes; y Víctor Vidal Gana, abogado de la Tesorería General de la República, cuya ausencia estratégica frustró un convenio que pudo evitar la quiebra (leer Sujetos de Interés ). Leída a la luz de la crisis actual, Curauma deja de ser una anomalía local. Es coherente con el patrón que hoy se investiga en Santiago: redes de influencia, manipulaciones, falta de inhibiciones, operadores jurídicos con acceso privilegiado, silencios institucionales y procedimientos formalmente correctos pero materialmente devastadores. La corrupción judicial rara vez adopta la forma burda del soborno; más a menudo se expresa en decisiones “técnicas”, tiempos procesales manipulados, designaciones ambiguas y un lenguaje que excluye al ciudadano común y diluye responsabilidades. Por eso, el desafío no se agota en sancionar personas. Exige revisar mecanismos: cómo se asignan causas, cómo se regulan las relaciones entre jueces y abogados, cómo se controlan los conflictos de interés, cómo se investigan denuncias y cómo se rinden cuentas. Mientras esos engranajes sigan intactos, nuevos casos emergerán con otros nombres y otros montos, pero con el mismo patrón. Curauma interpela este momento del Poder Judicial no como revancha, sino como advertencia. Si el sistema fue incapaz de corregir a tiempo los vicios evidentes en una causa civil de enorme impacto patrimonial y social, no debería sorprender que esos vicios hayan escalado hasta la Corte Suprema. La crisis abre una oportunidad que Chile no puede desperdiciar. No bastan destituciones ni promesas cosméticas. Se requiere una revisión profunda del ejercicio del poder judicial, de su control interno y de su relación con la ciudadanía. #casocurauma Leer también Ciegos y sordos: Lo que el país se niega a ver e investigar en el poder judicial

Curauma no es un error. Es un saqueo. Un saqueo ejecutado con papeles, timbres y resoluciones, pero saqueo al fin. Recuperarla no es un acto nostálgico ni una querella privada: es una cuestión de dignidad pública y de salud institucional. Ahí se destruyó valor a plena vista. Suelo estratégico, planificado para vivienda, ciudad y trabajo, fue reducido a cifra marginal mediante un proceso que nunca resistió una explicación honesta. No fue mala suerte ni un ciclo económico adverso. Fue un mecanismo. Se vació un proyecto de escala metropolitana usando el lenguaje de la legalidad para producir un resultado ilegítimo. Cuando eso ocurre, el daño no se mide solo en UF: se mide en años perdidos, en barrios que no existieron, en familias expulsadas hacia la periferia, en un Estado obligado después a pagar lo que antes permitió que se usurpara. Manuel Cruzat Infante no es el centro de esta historia, pero sí su punto de fricción, y no acepta el libreto del vencido correcto. Persiste cuando lo esperable es el silencio. Gracias a esa persistencia, Curauma no se archiva como tantas otras causas incómodas. Permanece abierta porque alguien se niega a normalizar el abuso cuando este se disfraza de procedimiento. Aquí conviene decirlo sin rodeos: en Curauma operó una corrupción judicial de baja visibilidad y alto impacto. No la del soborno burdo, sino la más dañina: la administración selectiva del proceso. Plazos que se estiran o se acortan según el interesado, estándares que cambian según el apellido, resoluciones que parecen técnicas pero producen siempre el mismo beneficiario. Esa forma de corrupción no deja huellas penales evidentes, pero deja algo peor: la convicción social de que la justicia es administrable. El costo social de eso es profundo y duradero. Cuando la gente entiende que el derecho no protege al que tiene razón sino al que tiene mejores accesos, se rompe algo esencial. Se deja de invertir, se deja de creer, se deja de esperar. Curauma es una lección brutal de cómo un mal fallo no termina en el expediente, sino que se proyecta sobre toda la economía y sobre la confianza colectiva. Por eso hoy los nuevos vientos importan, y mucho...   No porque prometan milagros, sino porque vuelven a poner el foco donde corresponde: en la corrección, no en la comodidad. Recuperar Curauma sería más que hacer justicia en un caso concreto. Sería una señal clara de que el país puede revisar sus propios abusos, incluso cuando estos llevan años acumulando polvo institucional. Curauma debe recuperarse no para reivindicar a una persona, sino para desmentir una lógica. La lógica de que, una vez consumado el despojo, solo queda callar. Si ese paradigma cae, cae mucho más que un expediente. Cae la idea de que el poder siempre gana. #casocurauma

A la luz de los recientes episodios que han remecido a la Corte Suprema, ya no resulta creíble el relato de las “manzanas podridas” ni el consuelo de la anomalía. En Chile, el tráfico de influencias y la compra de decisiones no aparecen como desvíos ocasionales, sino como prácticas reiteradas que delatan un modo de operar. No fue ignorancia ni sorpresa: se sabía. Durante años, algunos convirtieron la justicia en un mercado y a los tribunales en un espacio de intermediación opaca, donde el peso de los contactos superó al de los argumentos y la ley dejó de ser un principio para transformarse en una mercancía negociable. Pues bien, remontémonos a 2015..., a lo que ocurrió en la 8ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ese año con el caso Curauma —Rol 805-2015— es uno de esos momentos en que la corrupción es la reina de la fiesta. No hay errores ni descuidos. Por el contrario. Fue una acción deliberada: un tribunal compuesto de forma irregular, en beneficio directo de los demandados —Euroamerica Seguros de Vida, su filial Administraciones y Proyectos Euroamerica y el Banco de Chile—, todos representados por el mismo estudio jurídico que conocía perfectamente las inhabilidades que regían en esos días: Claro y Cía. Durante todo octubre de 2015, decenas de ministros, fiscales judiciales y abogados integrantes se declararon inhábiles en causas contra el Banco de Chile. Las actas están ahí: 16, 17, hasta 20 magistrados apartándose para resguardar la apariencia de imparcialidad. Pero justo en la causa Curauma, esa regla se suspendió como por arte de magia. De más de 20 jueces, solo 3 suplentes se excusaron. El resto —incluida la ministra María Cecilia González Díez— actuó como si el conflicto de interés no existiera. Peor aún: la misma ministra que participó en la vista de Curauma ese día se declaró inhábil en otra causa contra el mismo banco (de Chile). En lenguaje común, eso no se llama error: se llama fraude procesal. La manipulación fue quirúrgica. La relatora original fue reemplazada sin explicación. El presidente de la Corte, Carlos Gajardo Galdames, jamás respondió la denuncia formal presentada por Manuel Cruzat Infante. Y mientras tanto, los abogados de Claro & Cía. alegaban ante una sala formada al margen del principio constitucional del juez imparcial. Nadie se apartó. Nadie objetó. Nadie investigó. Esto no fue una irregularidad menor: fue la alteración consciente de la composición de un tribunal para beneficiar a las partes más poderosas del país. Fue una decisión que burló los artículos 196 N°5 del Código Orgánico de Tribunales y 125 del Código de Procedimiento Civil. Fue la demostración de que, cuando los intereses financieros están en juego, las normas dejan de ser mandatos y se vuelven sugerencias. El caso Curauma desnuda una verdad incómoda: en Chile, la corrupción no siempre se esconde en sobres con dinero, sino en firmas, silencios y excusas. Es el tipo de corrupción más peligrosa, porque se reviste de formalidad. Porque se ampara en el prestigio. Porque ocurre, precisamente, donde menos debería: en los tribunales de justicia. #casocurauma ANEXO I Lo que sigue es un ordenamiento cronológico y detallado de los hechos denunciados en la carta enviada por Manuel Cruzat Infante, en su calidad de controlador indirecto de Curauma S.A., al Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Gajardo Galdames, el 5 de noviembre de 2015. El escrito se centra en la conformación de la 8ª Sala que conoció la causa Rol 805-2015, “Curauma con Compañía de Seguros de Vida Euroamerica S.A. y otros”, donde figuraban como demandados Euroamerica Seguros de Vida S.A., Administraciones y Proyectos Euroamerica y el Banco de Chile. La denuncia se funda en la contradicción de las declaraciones de inhabilidad de los ministros, reguladas en el artículo 196 Nº 5 del Código Orgánico de Tribunales y en el artículo 125 del Código de Procedimiento Civil, que obligan a abstenerse de conocer cuando existe interés en la causa y a dejar constancia de ello en autos. En octubre de 2015, más de 20 ministros titulares, suplentes, fiscales judiciales y abogados integrantes se declararon sistemáticamente inhábiles en causas (menores) contra el Banco de Chile, en aplicación de dicha normativa. Sin embargo, en la causa Curauma solo 3 suplentes se excusaron, entre ellos la ministra María Cecilia González Díez, quien paradójicamente integró la sala en esa causa y, el mismo día, se declaró inhábil en otra acción en que el Banco de Chile era parte (Rol 1483-2015). La inconsistencia revela que las inhabilidades no se aplicaron con criterios objetivos, vulnerando el principio de imparcialidad judicial consagrado en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución. La ausencia de la relatora original, Juana Álvarez, reemplazada en la audiencia del 30 de octubre de 2015, refuerza la apariencia de irregularidad. Pese a la formalidad de la denuncia dirigida al presidente de la Corte, Carlos Gajardo Galdames, esta nunca fue respondida, dejando sin esclarecimiento un episodio que comprometía la transparencia y la confianza en el Poder Judicial. Orden cronológico con causas, roles y nombres   30 de octubre de 2015, primera vista: Sala 8ª, ministros Juan Cristóbal Mera Muñoz (Presidente), María Cecilia González Díez (suplente); abogado integrante Osvaldo García Rojas; relatora Juana Álvarez. Se inscribieron 6 abogados (2h 40m). Solo se efectuó la relación, no alegatos.   3 de noviembre de 2015, segunda vista: Misma sala y ministros, pero otro relator distinto. La causa quedó en acuerdo.   Causas con inhabilidades reiteradas previas a Curauma   07 de octubre de 2015 – Rol 9951-2015: 15 ministros, 4 suplentes, 1 fiscal judicial, 1 abogado integrante inhábiles. Demandado Banco de Chile, Edwards y Citi. Incluye María Cecilia González Díez (suplente).   08 de octubre de 2015 – Rol 9990-2015: 17 ministros, 3 suplentes, 1 fiscal judicial, 1 abogado integrante inhábiles. Demandado Banco de Chile, Edwards y Citi. Incluye María Cecilia González Díez (suplente).   09 de octubre de 2015 – Rol 10384-2015: 16 ministros, 5 suplentes, 1 fiscal judicial, 1 abogado integrante inhábiles. Demandado Banco de Chile, Edwards y Citi. Nombres destacados: Jorge Zepeda Arancibia, Dobra Lusic Nadal, Javiera González Sepúlveda, Omar Astudillo Contreras, Mario Carroza Espinosa, Maritza Villadangos Francovich, María Rosa Kittsteiner Gentile, Mireya López Miranda, Patricia González Quiroz, Romy Rutherford Parentti, Jenny Book Reyes, Gloria Solís Romero, Juan Antonio Poblete Méndez, Dora Mondaca Rosales (suplente), Mario Gómez Montoya (suplente), María Cecilia González Díez (suplente), Enrique Durán Branchi (suplente), Carla Troncoso Bustamante (suplente), Daniel Calvo Flores (fiscal judicial), Rodrigo Asenjo Zegers (abogado integrante).   13 de octubre de 2015 – Rol 10250-2015: 16 ministros, 4 suplentes, 1 fiscal judicial, 1 abogado integrante inhábiles. Demandado Banco de Chile, Edwards y Citi. Incluye María Cecilia González Díez (suplente).   16 de octubre de 2015 – Rol 1376-2015 (Trabajo-Menores-Local): 17 ministros, 5 suplentes, 1 fiscal judicial, 1 abogado integrante inhábiles. Demandado Banco de Chile, Edwards y Citi. Incluye María Cecilia González Díez (suplente).   20 de octubre de 2015 – Rol 10494-2015: 16 ministros, 4 suplentes, 1 fiscal judicial, 1 abogado integrante inhábiles. Demandado Banco de Chile, Edwards y Citi. Incluye María Cecilia González Díez (suplente).     Anomalía en Curauma (Rol 805-2015):   1 de octubre de 2015 – Rol 805-2015: Solo 3 suplentes se declararon inhábiles: Mario Gómez Montoya, María Cecilia González Díez, Carla Troncoso Bustamante. Ningún ministro titular, fiscal judicial ni abogado integrante se declaró inhábil.   Retorno a la inhabilidad después del 21 de octubre de 2015:   23 de octubre de 2015 – Rol 10676-2015: 17 ministros, 5 suplentes, 1 fiscal judicial, 1 abogado integrante inhábiles. Demandado Banco de Chile, Edwards y Citi. Incluye María Cecilia González Díez (suplente).   27 de octubre de 2015 – Rol 10677-2015: 17 ministros, 5 suplentes, 1 fiscal judicial, 1 abogado integrante inhábiles. Demandado Banco de Chile, Edwards y Citi. Incluye María Cecilia González Díez (suplente).   29 de octubre de 2015 – Rol 1484-2015: 15 ministros, 4 suplentes, 1 fiscal judicial, 1 abogado integrante inhábiles. Demandado Banco de Chile, Edwards y Citi. Incluye María Cecilia González Díez (suplente).   03 de noviembre de 2015 – Rol 1483-2015 (Trabajo-Menores-Local): 16 ministros, 3 suplentes, 1 fiscal judicial, 2 abogados integrantes inhábiles. Demandado Banco de Chile, Edwards y Citi. Incluye María Cecilia González Díez (suplente). Ese mismo día, 03/11/2015, María Cecilia González Díez integró la 8ª Sala que vio la causa Curauma, Rol 805-2015, en la que Banco de Chile era parte.   ANEXO II   Ministros titulares mencionados:   Jorge Zepeda Arancibia Dobra Lusic Nadal Javiera González Sepúlveda Omar Astudillo Contreras María Soledad Melo Labra Mario Carroza Espinosa Maritza Villadangos Francovich María Rosa Kittsteiner Gentile Mireya López Miranda Alejandro Rivera Muñoz Patricia González Quiroz Romy Grace Rutherford Parentti Jenny Book Reyes Gloria Solís Romero Juan Antonio Poblete Méndez   Ministros suplentes:   María Cecilia González Díez (caso central: integró la sala en Curauma) Mario Gómez Montoya Carla Troncoso Bustamante Dora Mondaca Rosales Enrique Durán Branchi   Fiscales judiciales:   Daniel Calvo Flores   Abogados integrantes:   Osvaldo García Rojas (integró la 8ª Sala en el caso Curauma) Rodrigo Asenjo Zegers Eduardo Morales Robles   Ministros citados expresamente en la 8ª Sala (causa Curauma, Rol 805-2015):   Juan Cristóbal Mera Muñoz (Presidente de la Sala) María Cecilia González Díez (Ministra suplente) Osvaldo García Rojas (Abogado integrante)   Relatora:   Juana Álvarez (relató la causa el 30 de octubre de 2015, no el 03 de noviembre de 2015)   Observación clave   La ministra suplente María Cecilia González Díez aparece en todas las secuencias:   Se declaró inhábil en múltiples causas contra el Banco de Chile en octubre de 2015. El 21 de octubre de 2015 en el Rol 805-2015 (Curauma) sí integró la sala y no se excusó, a diferencia de lo que hacía en otras causas.  El 3 de noviembre de 2015, el mismo día que integró la 8ª Sala en Curauma, se declaró inhábil en otra causa contra el Banco de Chile (Rol 1483-2015).   Abogados de Euroamerica Seguros de Vida S.A., Administraciones y Proyectos Euroamerica y Banco de Chile   En la defensa de las demandadas: Euroamérica Seguros de Vida S.A., Administraciones y Proyectos Euroamérica y Banco de Chile, comparecieron abogados del estudio Claro & Cía., entre ellos  Cristóbal Eyzaguirre Baeza  y  José María Eyzaguirre García de la Huerta , ambos vinculados históricamente a la representación del Banco de Chile y del grupo Euroamérica Seguros de Vida.   La participación de Claro & Cía. en este proceso no resulta un hecho accesorio: conocían que, en causas análogas, la mayoría de los ministros de la Corte de Apelaciones se declaraba inhábil frente al Banco de Chile, pero en la causa Curauma aceptaron y alegaron ante una sala integrada de manera excepcional. Esta circunstancia proyecta dudas sobre la objetividad del proceso y refuerza la sospecha de intervención indebida en la conformación del tribunal.   Causas para inhabilidad de un ministro   En Chile, la inhabilidad de un ministro de Corte se regula principalmente por el artículo 196 Nº 5 del Código Orgánico de Tribunales, que obliga a abstenerse de conocer una causa cuando existe interés directo o indirecto en ella, por ejemplo vínculos patrimoniales o profesionales con alguna de las partes. El artículo 125 del Código de Procedimiento Civil exige dejar constancia de esa inhabilidad en los autos. Además, la Constitución (artículo 19 Nº 3) garantiza el derecho al juez natural e imparcial.   En el caso Banco de Chile, los ministros se inhabilitaron por esa relación, salvo en el Rol 805-2015 (Curauma), donde la regla se aplicó de manera contradictoria . DOCUMENTOS ORIGINALES (un sólo archivo en PDF) 1) Carta de Manuel Cruzat Infante al Presidente de la Corte de Apelaciones 2) Carta de Manuel Cruzat Infante al Presidente de la Corte Suprema 3) Documentos de inhabilidades de ministros de la Corte de Apelaciones #Justicia #CuraumaCase #Curauma #CorrupciónChile #JusticiaParaCurauma #Transparencia #CorrupciónJudicial #DespojoPatrimonial #AbusoJudicial #DerechoALaPropiedad #ClamorCiudadano #LuchaPorLaJusticia #Valparaís #HenryComber #NicholasDavis #enjoy #casinoenjoy #Euroamerica #EuroamericaSegurosdeVida #DespojodeCurauma #CorrupcionCAPJ #CorrupcionPJud #RadioBioBio #Cooperativa #CNNChile #CHVNoticias #24HorasTVN #MegaNoticias #T13 #ElMercurio #LaTercera #ElMostrador #Interferencia #CIPER #ElDesconcierto #DiarioUChile #ElCiudadano #PoderJudicial #CAPJ #CGR #TGR #SQM #vivanco #bielorrusa