Codelco y Curauma
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El 31 de julio de 2025, a casi 900 metros bajo tierra, en el sector Andesita de la División El Teniente, un evento sísmico interno desencadenó un estallido de roca que colapsó galerías subterráneas. El resultado fue trágico: seis trabajadores murieron y otros nueve resultaron heridos. La operación debió paralizarse parcialmente mientras se iniciaban las investigaciones técnicas y judiciales.
En un primer momento se habló de geología. De tensiones del macizo rocoso, de fenómenos sísmicos propios de la minería profunda, de un evento difícil de prever. Es el lenguaje habitual cuando ocurre una tragedia en una gran faena minera. Pero con el paso de los meses el problema comenzó a observarse desde otro ángulo.
El Teniente no es una operación cualquiera. Es la mina subterránea de cobre más grande del mundo y uno de los pilares productivos de Codelco. En 2024 produjo del orden de 356 mil toneladas de cobre fino, mientras la producción total de la empresa alcanzó aproximadamente 1,33 millones de toneladas. Es decir, cerca de una cuarta parte del cobre de Codelco, entre 24% y 27%, proviene de esa sola división.
Ese peso productivo explica la presión permanente por mantener su operación. Codelco intenta recuperar niveles de producción luego de haber registrado en 2023 su punto más bajo en más de dos décadas, y mantiene como objetivo estratégico volver a cifras cercanas a 1,7 millones de toneladas anuales hacia el final de esta década.
Pero el eje del problema que hoy inquieta no es geológico. Es de integridad.
Durante 2026 comenzaron a conocerse antecedentes inquietantes. Ya en 2023 se había registrado un evento de estallido de roca en el mismo proyecto Andesita, lo que generó informes técnicos internos sobre el comportamiento sísmico del sector. Tras la tragedia de 2025, auditorías internas detectaron inconsistencias en la forma en que ese evento previo habría sido reportado al regulador minero. La consecuencia fue la salida de ejecutivos de la división, diligencias judiciales e incautación de documentos.
La discusión dejó entonces de ser técnica. Porque en minería profunda los estallidos de roca son fenómenos conocidos y monitoreados. Lo que distingue a una operación segura no es la ausencia de riesgo, sino la integridad con que la información sobre ese riesgo circula dentro de la organización.
Cuando surge la sospecha de que información técnica relevante pudo no haber sido comunicada plenamente, o que fue ponderada frente a metas de producción, la discusión deja de pertenecer al ámbito de la ingeniería. Pasa al terreno de la gobernanza.
Y ahí es donde el caso adquiere una dimensión que trasciende a la minería.
Chile ha enfrentado en los últimos años conflictos institucionales cuyo denominador común no está en la técnica ni en la ley, sino en la forma en que las personas utilizan las instituciones que dirigen. El Caso Curauma es un ejemplo paradigmático. El proceso se inicia en 2013 con un grave vicio de origen: la alteración del algoritmo de distribución de causas para radicar la quiebra en el Segundo Juzgado Civil de Santiago, pese a que el domicilio legal de la sociedad estaba en Valparaíso. No se trata de una conjetura ni de una interpretación interesada, sino de un hecho consignado en documentos oficiales del propio proceso judicial.
Pero Curauma no es sólo un expediente. Es también un territorio estratégico para el desarrollo del Gran Valparaíso y de la macrozona central del país: más de dos mil quinientas hectáreas ubicadas en el eje que articula el sistema portuario de Valparaíso con Santiago y con los corredores logísticos del centro de Chile. Un espacio llamado a cumplir un rol decisivo en la expansión urbana, productiva y logística de la región.
Lo que ya existía en 2013 del gran plan de Curauma, y que estaba en vías de consolidarse como un polo territorial fundamental —La Nueva Curauma—, quedó atrapado en un proceso judicial viciado que terminó desmantelando uno de los desarrollos urbanísticos más estratégicos de la zona central de Chile.
A primera vista, una quiebra inmobiliaria en Valparaíso y un accidente minero en Rancagua parecen fenómenos completamente distintos. Pero comparten un elemento esencial: el rol decisivo de las personas que ocupan posiciones de poder dentro de las instituciones.
En Curauma, la controversia se centra en la actuación de quienes condujeron el proceso judicial. En El Teniente, la discusión gira en torno a cómo se gestionó la información técnica dentro de una estructura corporativa compleja. En ambos casos, la cuestión no está en las reglas escritas —la ley concursal o el reglamento de seguridad minera— sino en cómo esas reglas son interpretadas y aplicadas por quienes tienen la responsabilidad de hacerlo.
Las instituciones pueden ser sólidas en el papel. Pero su verdadera fortaleza depende siempre de la integridad de quienes las administran. Cuando esa integridad se debilita, los problemas dejan de ser técnicos o jurídicos y pasan a ser estructurales.
Por eso el conflicto que hoy enfrenta Codelco no es simplemente un accidente minero. Es una pregunta sobre la calidad de la conducción humana de una de las organizaciones más importantes del país. Y por eso también el caso Curauma sigue siendo relevante: porque recuerda que los vicios de origen en la gestión de una institución rara vez quedan confinados a un expediente o a una galería subterránea.
En ambos casos aparece además el rol crítico de las instituciones de fe pública —tribunales, organismos reguladores y autoridades llamadas a dar certeza— cuya función es garantizar que la información circule íntegra y que las reglas se apliquen sin distorsiones. Cuando frente a hechos graves predominan el silencio o la omisión, lo que comienza a erosionarse no es sólo un proceso particular, sino algo más profundo: la confianza en las instituciones que sostienen la vida pública del país.
¿Es este el Chile que queremos?
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