El abogado del diablo

La crisis que en 2025 sacude a la Corte Suprema de Chile no es un accidente ni una suma de excesos individuales. Es la manifestación tardía de un problema estructural: un poder del Estado que durante años operó con controles débiles, relaciones opacas y una cultura de autogobierno que confundió independencia con inmunidad.

Las destituciones recientes de ministros, los sumarios, las filtraciones de audios, las pugnas internas y la intervención reiterada del Congreso han erosionado la presunción básica de imparcialidad. Cuando la ciudadanía observa comunicaciones impropias entre jueces y operadores, investigaciones lentas y reservadas, y sistemas frágiles de asignación y control, la pregunta deja de ser quién cayó y pasa a ser qué sigue intacto.

En ese contexto, el Caso Curauma deja de ser un expediente antiguo o una disputa patrimonial más. Curauma aparece hoy como un caso testigo. Un espejo adelantado de las patologías que ahora afloran en la cúspide del sistema judicial.

Durante más de una década, en esa causa se acumulan decisiones difíciles de conciliar con el estándar mínimo de debido proceso: una quiebra declarada en condiciones cuestionadas, la actuación de una jueza civil denunciada por parcialidad, abogados de alto poder económico y procesal que operaron con ventajas evidentes, funcionarios judiciales y administrativos que intervinieron sin dejar trazabilidad clara, y una constelación de intereses que confluyeron en un mismo resultado: la transferencia de activos estratégicos a valores irrisorios sin una revisión sustantiva de los vicios de origen.

Poner nombre y apellido a esos intereses no es un ejercicio retórico, sino una exigencia de transparencia. En el centro de la ingeniería financiera aparece Henry Comber Sigall, presidente de Euroamerica Seguros de Vida (y ex presidente de Casino Enjoy, acusada de colusión), junto a Nicholas Davis Lecaros, como arquitectos de un esquema de créditos que presionó la insolvencia de Curauma S.A. En la ejecución técnica del proceso figura el síndico César Millán Nicolet. En la esfera judicial, la jueza (jubilada) Inelie Durán Madina adoptó decisiones determinantes para declarar la quiebra y validar transferencias hoy impugnadas. En la asesoría jurídica, Cristóbal Eyzaguirre y José Miguel Huerta, del estudio Claro y Cía., sostuvieron el diseño y la narrativa legal que hizo viable el resultado. En el plano administrativo y de control, Ricardo Guzmán Sanza —ex CAPJ— y Cristián Huerta Bustamante intervinieron en momentos y registros clave. A ello se suman Osvaldo Macías Muñoz y Julio Bustamante Jeraldo, cuya actuación estatal pavimentó el camino a los intereses privados; Diego Munita Claro, designado juez árbitro sin inhibirse pese a conflictos evidentes; y Víctor Vidal Gana, abogado de la Tesorería General de la República, cuya ausencia estratégica frustró un convenio que pudo evitar la quiebra (leer Sujetos de Interés).

Leída a la luz de la crisis actual, Curauma deja de ser una anomalía local. Es coherente con el patrón que hoy se investiga en Santiago: redes de influencia, manipulaciones, falta de inhibiciones, operadores jurídicos con acceso privilegiado, silencios institucionales y procedimientos formalmente correctos pero materialmente devastadores. La corrupción judicial rara vez adopta la forma burda del soborno; más a menudo se expresa en decisiones “técnicas”, tiempos procesales manipulados, designaciones ambiguas y un lenguaje que excluye al ciudadano común y diluye responsabilidades.

Por eso, el desafío no se agota en sancionar personas. Exige revisar mecanismos: cómo se asignan causas, cómo se regulan las relaciones entre jueces y abogados, cómo se controlan los conflictos de interés, cómo se investigan denuncias y cómo se rinden cuentas. Mientras esos engranajes sigan intactos, nuevos casos emergerán con otros nombres y otros montos, pero con el mismo patrón.

Curauma interpela este momento del Poder Judicial no como revancha, sino como advertencia. Si el sistema fue incapaz de corregir a tiempo los vicios evidentes en una causa civil de enorme impacto patrimonial y social, no debería sorprender que esos vicios hayan escalado hasta la Corte Suprema.

La crisis abre una oportunidad que Chile no puede desperdiciar. No bastan destituciones ni promesas cosméticas. Se requiere una revisión profunda del ejercicio del poder judicial, de su control interno y de su relación con la ciudadanía. #casocurauma

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