La corrupción de César Millán Nicolet
- MCI
- 14 oct
- 3 Min. de lectura
La carta enviada el 8 de septiembre de 2025 a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (#Superir) (leer documento) por un accionista de Curauma S.A. no es un simple oficio administrativo: es una radiografía del deterioro institucional en Chile.
El texto, dirigido al superintendente Hugo Sánchez Ramírez, denuncia con cifras concretas lo que es una administración deliberadamente opaca de una de las quiebras más grandes y polémicas del país: Curauma S.A.
El síndico de la quiebra, César Millán Nicolet, —designado por el 2º Juzgado Civil de Santiago— sabía desde el 11 de febrero de 2025 que la masa concursal contaba con 1.900 millones de pesos en ingresos líquidos. Sin embargo, durante más de seis meses no efectuó el primer reparto de fondos a los acreedores, pese a que la ley lo exige.
En la junta de acreedores del 29 de mayo de 2025, el síndico informó que “el reparto se presentará próximamente al tribunal”. Dos meses después, en el acta del 31 de julio, volvió a prometer que “en los próximos 15 días” enviaría la propuesta de reparto. Ninguno de esos plazos se cumplió, y —según el propio oficio— las actas ni siquiera fueron ingresadas al expediente judicial, en violación directa de la Ley 20.720 sobre Reorganización y Liquidación.
A septiembre, el síndico finalmente presentó su “propuesta de reparto” declarando fondos disponibles por 1.860.522.106 pesos, de los cuales asigna:
- 1.064.748.512 para el pago de créditos valistas reconocidos
- 791.946.388 para créditos impugnados o no reconocidos
- y apenas 3.946.388 como saldo residual.
Pero el propio síndico había informado en la junta anterior que los fondos totales de la quiebra ascendían a 2.633.975.638 pesos. La diferencia —773.453.532— es lo que el oficio llama “fondos en caja”, sin justificación contable ni respaldo de gastos futuros.
El 25% invisible
El dato es demoledor: un 25% de los fondos disponibles de la quiebra Curauma —es decir, casi 773 millones de pesos— permanece retenido sin explicación ni transparencia. Esa cifra equivale a más del presupuesto anual de la Municipalidad de El Tabo en vivienda o a más de 17.000 viviendas DS19 subsidiadas parcialmente por el Estado.
El oficio pide tres cosas elementales:
1. Que la Superir requiera al síndico explicar por qué no realizó el reparto oportunamente.
2. Que informe cuándo y cómo Euroamerica Seguros de Vida pagó la última cuota a la quiebra, y cómo se invirtieron esos recursos.
3. Que suspenda el reparto hasta aclarar la retención de 773 millones.
A la fecha, no hay respuesta conocida de la Superir ni del tribunal.
El silencio de la Superir no es una omisión técnica: es un síntoma político. Su deber es fiscalizar las actuaciones “técnicas, jurídicas y financieras” de los síndicos. Sin embargo, tolera el incumplimiento sistemático de la obligación de acompañar actas y justificar fondos. Peor aún: según el documento, ni siquiera se sabe si el síndico se encuentra actualmente en Chile.
Esta conducta no es aislada. En los últimos años, la Superir ha sido objeto de críticas por su inacción en casos como Valle Grande, Pampa Baja y la misma Curauma, donde las liquidaciones han beneficiado a conglomerados financieros —como Euroamerica Seguros de Vida— que figuran simultáneamente como acreedores y compradores de activos, generando conflictos de interés que la autoridad no ha corregido.
El Estado ausente
El problema no es solo contable, es ético. Cuando una entidad del Estado permite que más de 773 millones permanezcan en el limbo financiero, en una quiebra con activos que superaron históricamente los 500 millones de dólares, no estamos ante un error administrativo: estamos frente a una falla moral del aparato público.
El Estado chileno no puede exigir probidad a los contribuyentes mientras sus propios fiscalizadores cierran los ojos. En esta historia, el dinero no desaparece: se disuelve entre el silencio de los funcionarios, la complacencia de los tribunales y la negligencia del sistema.
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