El pasado 9 de junio de 2025, un extenso documento ingresó discretamente en la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR). Su contenido, sin embargo, dista de ser menor: detalla una serie de hechos que, considerados en conjunto, revelan lo que podría ser uno de los mayores escándalos concursales de la última década en Chile. Firmado por Ricardo Muñoz, exdirector de Curauma S.A., el escrito expone con precisión quirúrgica una serie de irregularidades, omisiones graves y decisiones dudosas que marcaron el proceso de quiebra de la empresa, decretado en diciembre de 2013. Pero más que un relato de anomalías administrativas, el documento describe un modus operandi que combina conflictos de interés, captura institucional y total falta de fiscalización efectiva. Un síndico en Europa y una quiebra en Santiago Uno de los puntos más insólitos del escrito es la designación del abogado César Millán Nicolet como síndico, a pesar de que vivía y trabajaba en Madrid, España, donde residió (y reside) la mayor parte del año en que se tramitó la quiebra. Millán aceptó su cargo dos días después del fallo judicial, sin haber estado presente durante la fase crítica de intervención. Peor aún: Millán habría viajado meses antes a Punta del Este en un jet privado de Euroamerica Seguros de Vida S.A., junto a su principal ejecutivo, Nicholas Davis, empresa que poco tiempo después terminaría quedándose con los terrenos más valiosos de Curauma, en una conciliación extrajudicial altamente cuestionada. Euroamerica Seguros de Vida se quedó con todo El patrimonio inmobiliario de Curauma —tasado oficialmente en más de UF 1.100.000— fue entregado a Euroamerica a cambio de pagos parciales por cerca de $7 millones de USD, sin tasaciones actualizadas, sin participación de los acreedores y sin estudios financieros o jurídicos. Todo esto, según el denunciante, aprobado a espaldas de la junta y con la venia tácita del Fisco de Chile, quien ostenta más del 50% del pasivo de la quiebra. ¿Azar o diseño? La misma sala, los mismos abogados En 2022, una querella por delito informático intentó dilucidar cómo fue posible que tanto la quiebra de Curauma como la insolvencia de LATAM fueran tramitadas en el mismo tribunal civil de Santiago, pese a una probabilidad de ocurrencia menor al 0,2%. En ambos casos, destaca el documento, actuaron los mismos abogados ligados a Euroamerica. La TGR y SUPERIR: espectadores privilegiados Aunque el Estado, a través de la Tesorería General de la República (TGR), tenía el control absoluto de la junta de acreedores, nunca se opusieron a las decisiones más cuestionadas. Peor aún, autorizaron la subasta de un terreno clave por menos del 10% de su valor de tasación, sin exigir informes periciales ni justificar su decisión en actas oficiales. La SUPERIR, por su parte, abrió en 2024 un procedimiento sancionatorio contra el síndico, pero lo cerró por vicios de forma. Ahora, Muñoz solicita formalmente reabrir ese procedimiento, incorporar las nuevas irregularidades y pronunciarse conforme a derecho. Un patrón, no una excepción Más allá del caso puntual, el escrito presentado a SUPERIR destapa lo que parece ser una forma sistémica de operar: créditos menores usados para tomar el control de quiebras multimillonarias, síndicos en connivencia con grandes acreedores, uso fraudulento de licencias médicas, y funcionarios públicos que, por acción u omisión, han permitido el vaciamiento de empresas a espaldas de sus verdaderos interesados. En su parte final, el documento hace un llamado claro: restituir la fe pública, proteger el interés fiscal y exigir responsabilidades administrativas, civiles y penales donde corresponda. Porque si este caso queda impune —como tantos otros—, no solo pierde Curauma, pierden todos. #casocurauma

En su columna publicada el 1º de mayo de 2025 en El Mostrador, Michel Figueroa Mardones, director ejecutivo de Chile Transparente , articula una crítica rigurosa contra la corrupción sistémica que socava la integridad del Poder Judicial chileno.  Su análisis, fundamentado en la autoridad de una entidad consagrada a la promoción de la probidad, identifica prácticas que han subvertido el ideal de una justicia imparcial, reemplazándolo por un sistema permeable a los intereses de élites políticas y económicas. Figueroa no se limita a denunciar, sino que corrobora su argumentación con evidencia concreta, abarcando desde el tráfico de influencias hasta la destitución de altas autoridades judiciales, lo que pone de manifiesto una crisis estructural que demanda una reforma imperiosa. Este editorial amplifica su exhortación, abogando por una transformación profunda que restaure la legitimidad de una institución pivotal para el orden democrático. Figueroa delinea un Poder Judicial donde los denominados “mercaderes de la justicia” negocian resoluciones judiciales a cambio de prebendas o beneficios pecuniarios. Substancia su crítica con referencias a investigaciones contra el abogado Luis Hermosilla, la remoción de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco por irregularidades y acusaciones de tráfico de influencias en la composición de salas de Cortes de Apelaciones. A ello se añade la revelación de un notario que, en una comunicación de WhatsApp, proclamaba “aquí estamos por el lucro”, una declaración que sintetiza la percepción de un sistema judicial cooptado por intereses espurios. Estos casos, según Figueroa, no constituyen anomalías aisladas, sino manifestaciones de disfunciones estructurales que facilitan la captura institucional por actores de poder. La corrupción que Figueroa denuncia encuentra resonancia en controversias como la del Caso Curauma, aunque no sea aludida directamente en su columna. Este proceso, relativo a la quiebra forzosa e ilegal de Curauma S.A. en 2013, evidencia una manipulación del algoritmo de asignación de causas administrado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), concebido para garantizar la aleatoriedad.  La crisis del Poder Judicial, conforme argumenta Figueroa, requiere reformas estructurales inaplazables. No obstante, las iniciativas legislativas destinadas a modernizar los procesos de nombramiento judicial, fortalecer el Ministerio Público o reformar el sistema notarial permanecen estancadas en el Congreso. El statu quo se perpetúa, sostenido por la resistencia de sectores que se benefician de la opacidad institucional. Figueroa propone la instauración de un Consejo para la Magistratura, audiencias públicas para los nombramientos judiciales y mecanismos robustos de rendición de cuentas, pero advierte que la voluntad política predominante parece orientada a mitigar superficialmente los escándalos en lugar de abordar sus causas estructurales. Esta corrosión institucional comporta consecuencias graves para la democracia chilena. Un Poder Judicial permeable a la corrupción perpetúa desigualdades estructurales, privilegia a las élites y erosiona la confianza ciudadana. La opacidad en la gestión de la CAPJ, junto con la dilación en investigaciones de alta complejidad, refuerza la percepción de un sistema que contraviene el principio de igualdad ante la ley. Figueroa enfatiza que, en ausencia de reformas, el Poder Judicial enfrenta el riesgo de una deslegitimación que compromete su función como pilar del estado de derecho. La reforma debe estructurarse en torno a tres ejes fundamentales: transparencia, rendición de cuentas y supervisión independiente. Auditorías externas al sistema de asignación de causas, la publicación de criterios objetivos para la designación de jueces y la creación de organismos autónomos de fiscalización son medidas indispensables para prevenir prácticas corruptas. La modernización del sistema notarial y registral, así como el fortalecimiento de la Defensoría Penal Pública, deben complementarse con una revisión de los incentivos que facilitan la captura institucional por intereses privados. La admonición de Figueroa, avalada por la trayectoria de Chile Transparente, constituye un ultimátum: el Poder Judicial chileno no puede persistir en un marco de opacidad sin menoscabar la legitimidad del orden democrático. La interrogante no radica en la necesidad de reformar el sistema, sino en si Chile posee la resolución política para emprender dicha transformación antes de que la desconfianza ciudadana alcance un punto de inflexión irreversible.  #casocurauma ... "¿Cuánto más esperamos para robustecer el Poder Judicial?", por Michel Figueroa Mardones: www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2025/05/01/cuanto-mas-esperamos-para-robustecer-el-poder-judicial/

En el marco de la quiebra de Curauma S.A., iniciada en 2013 bajo irregularidades por la intervención de terceros no vinculados a la sociedad, se denuncia una maniobra que vulnera el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución chilena.  La oferta de un terreno de 535 hectáreas junto al Tranque La Luz de Curauma, Valparaíso, por el síndico César Millán Nicolet a UF 100.000—equivalente a UF 0,0187 por metro cuadrado—no solo subvalúa un activo estratégico, sino que constituye una evidente manipulación a los acreedores, perpetrada con la anuencia del Segundo Juzgado Civil de Santiago, comprometiendo sus derechos económicos fundamentales. Clasificado como suelo urbano por el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL, 2014), el predio, con 5.350.000 metros cuadrados, está ubicado en Curauma, una urbe planificada con acceso a la Ruta 68 y dotada de infraestructura comercial y educativa. El PREMVAL habilita el área para desarrollos residenciales e industriales, otorgándole un valor elevado en un mercado con escasez de suelo urbanizable. Sin embargo, la oferta de UF 0,0187/m² contraviene las dinámicas inmobiliarias, sugiriendo un intento deliberado de desmantelamiento. Un análisis comparativo revela la magnitud del esquema: En Curauma, el suelo urbano promedia 1,5 UF/m², con rangos de 0,5 a 2,5 UF/m²; parcelas urbanizadas alcanzan 2,7 UF/m². En Placilla, dentro del corredor del PREMVAL, los valores promedian 1,5 UF/m². En Valparaíso, el mercado residencial llega a 60 UF/m². El artículo 19 N° 24 garantiza que la disposición de bienes respete los intereses económicos de los propietarios y acreedores, un principio que la Ley N° 20.720 refuerza al exigir al síndico maximizar el valor de los activos. La oferta de Millán Nicolet, sin embargo, parece diseñada para engañar: Titularidad comprometida: En 2014, disputas con terceros como Euroamerica Seguros de Vida generaron medidas precautorias. Si la propiedad sigue en litigio, la venta atenta contra el derecho constitucional. Perjuicio económico: Un precio de UF 100.000 frente a millones de mercado despoja a los acreedores de su patrimonio, violando su derecho a una compensación equitativa. Opacidad procesal: La ausencia de tasaciones independientes, tolerada por el Segundo Juzgado Civil de Santiago, sugiere arreglos irregulares. Esta transacción infringe normativas adicionales: Ley N° 20.720: La subvaluación sin proceso transparente contraviene la legislación de insolvencia. Código Penal: La oferta podría configurar administración desleal (art. 470), agravada por la inacción judicial. En 2014, un terreno similar de Curauma S.A. fue tasado entre UF 400.000 y UF 1.000.000, con un mínimo de UF 700.000 (UF 0,1308/m²), siete veces superior a la oferta actual. El desarrollo de Curauma desde entonces eleva su valor a UF 2.675.000 a UF 8.025.000, haciendo la propuesta de Millán Nicolet aún más indefendible. Económicamente, esta maniobra socava la confianza de los inversionistas en Chile, distorsionando el mercado inmobiliario y beneficiando a actores que explotan un sistema judicial laxo. La tolerancia del Segundo Juzgado Civil de Santiago a estas prácticas refleja una estructura institucional donde la supervisión es insuficiente, perpetuando abusos que menoscaban la integridad de los procesos de insolvencia. Este patrón de inacción ha relegado los derechos de los acreedores, amparados por el artículo 19 N° 24 de la Constitución, a un plano secundario. Agravado por 21 remates consecutivos realizados sin postores (el último remate fue llamado el 8 de abril de 2025), el abuso evidencia una estrategia deliberada para diluir el valor de los activos de Curauma S.A., configurando una manipulación orquestada por el síndico César Millán Nicolet.  #casocurauma

"El silencio de los buenos es más peligroso que la brutalidad de los malvados", advertía Martin Luther King Jr. En su aparente levedad, el cómplice pasivo no traza el delito ni lo consuma; su presencia es un murmullo, un soplo que apenas roza la superficie. Pero su mutismo lleva un peso que resuena en la conciencia colectiva. Es aquel que, con la verdad susurrándole al alma, opta por la penumbra de la omisión, por la mirada que se desvía, por el cobijo de lo conveniente. Este silencio no es un hueco sin culpa; es una elección, un abandono sutil del deber de ser humano. Cada palabra no pronunciada, cada gesto contenido, teje una urdimbre que envuelve la injusticia, apagando la posibilidad de lo justo. En Chile, el Caso Curauma, conocido por todos pero pronunciado en voz baja, proyecta una luz pálida pero cortante sobre esta complicidad callada. Este laberinto de corrupción institucional, donde el poder y la justicia se enredaron en un vals de sombras, no se sostiene únicamente por quienes torcieron las reglas. También lo apuntalan aquellos que, intuyendo las grietas, prefirieron la quietud: funcionarios que percibieron desvíos pero salvaguardaron su estabilidad, juristas que eligieron el brillo de su prestigio sobre la verdad, ciudadanos que, con un nudo en el pecho, musitaron “no es asunto mío”. Cada silencio es un hilo en la red que protege a los intocables, dejando a los vulnerados en una espera que lastima hondo (pero no mata).  La astucia de esta pasividad radica en su disfraz de inocencia. El cómplice pasivo se persuade de que no actuar lo mantiene al margen, como si el silencio fuera un espacio neutral. Pero el mundo no es un escenario donde se pueda ser mero espectador; cada inacción moldea su curso, tan poderosa como cualquier gesto. En el Caso Curauma, el periodista que esquiva la verdad por temor a las élites, el vecino que sepulta rumores bajo la rutina, no solo eluden; sostienen un sistema que castiga la valentía y ensalza la indiferencia. Este caso no es un simple relato de corruptelas; es un reflejo que interpela a una sociedad que, en su mutismo, arriesga perder el rumbo hacia lo que es justo. Pero la historia no está escrita en piedra. Una voz, aunque frágil, puede deshilar la urdimbre de la omisión; un paso, aunque pequeño, puede encender la chispa del cambio. Porque incluso en el silencio más denso, late la posibilidad de elegir otro camino, uno donde la verdad no sea solo conocida, sino dicha. #casocurauma Abri 2025

El caso Odebrecht y el caso Curauma delinean un contraste elocuente sobre la justicia en América Latina. Mientras el primero se distingue por sanciones severas que resuenan en 2025, el segundo yace en un mutismo que no debe confundirse con absolución. Las condenas de Odebrecht evidencian la inexorabilidad del derecho, mientras que el silencio en Curauma insinúa una advertencia: la ausencia de castigos no es inmunidad, y quienes han transgredido la ley deben contemplar la memoria persistente de la justicia.   Odebrecht: sanciones que no ceden Desvelado en 2015, el escándalo Odebrecht expuso sobornos por 788 millones de dólares para asegurar contratos en doce países, ligados a Petrobras. Las sanciones han sido implacables:   Perú: Ollanta Humala, condenado en 2025 a quince años por lavado de activos, recibió fondos ilícitos de Odebrecht para sus campañas de 2006 y 2011. Nadine Heredia, con igual pena, se refugia en la embajada de Brasil. Alejandro Toledo purga veinte años y seis meses por sobornos de la carretera interoceánica; Pedro Pablo Kuczynski, en arresto domiciliario, enfrenta un pedido de treinta y cinco años. Alan García se quitó la vida en 2019 ante su detención por el Metro de Lima.   Brasil: Luiz Inácio Lula da Silva estuvo 580 días preso por sobornos de 1,1 millones de dólares; su condena, anulada después, marcó el caso. Colombia: Antonio Guerra fue sentenciado en 2025 a once años por recibir 20 millones de dólares de Odebrecht.   Otros: en Panamá, Ricardo Martinelli es investigado; en Ecuador, Jorge Glas está preso. Mauricio Funes y Manuel Baldizón enfrentan sanciones en El Salvador y Guatemala. Estas penas, de hasta dos décadas, muestran que la justicia no respeta rangos ni tiempo. Caso Curauma: un vacío que no absuelve   En Chile, el caso Curauma permanece opaco. En 2013, Euroamerica Seguros de Vida S.A., con la asistencia de Claro y Cía. y la CAPJ, se apropió de activos de Curauma S.A. por más de 500 millones de dólares. Sin sanciones conocidas a 2025, este despojo no implica exoneración. La justicia, como prueban otros casos, guarda memoria. Quienes actuaron contra la legalidad deben saber que el silencio es solo un compás de espera, no un indulto.   En 2025, las sanciones de Odebrecht —Humala, Toledo, Guerra— reafirman el alcance de la ley. El caso Curauma, silente, no está cerrado. A quienes vulneraron la legalidad les cabe considerar: el silencio no es refugio, sino una pausa en un sistema que, con paciencia, reclama justicia. El derecho, en su curso sigiloso, no olvida, y su juicio, cuando llega, es irrevocable. #casocurauma

La integridad del Poder Judicial constituye un pilar irreductible de la democracia. En Chile, no obstante, la confianza en esta institución se tambalea debido a evidencias de manipulación en sus sistemas informáticos, administrados por la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).  Los casos Boric (2021) y Curauma (investigado desde 2022) no son meros incidentes aislados, sino síntomas de una vulnerabilidad estructural que amenaza el Estado de Derecho. La inacción de la Policía de Investigaciones (PDI) y la opacidad de la CAPJ exigen una respuesta inmediata y contundente para salvaguardar la imparcialidad judicial. El caso que involucra al Presidente Gabriel Boric revela una alarmante fragilidad tecnológica. En 2021, una exfuncionaria de la CAPJ alteró un documento digital vinculado al presidente, entonces candidato, sin que el sistema emitiera alertas. La ausencia de validación de permisos, la falta de verificación de integridad (como hash o firmas digitales) y la inexistencia de registros de auditoría permitieron esta intromisión sin consecuencias visibles.  Más grave aún es el Caso Curauma, donde la asignación dirigida de dos causas —la quiebra de la inmobiliaria Curauma y la reestructuración de Latam— al 2° Juzgado Civil de Santiago, en lugar de los 6° y 15° Juzgados, desafía las reglas del sistema aleatorio. Con una probabilidad de apenas 1,75 en 1000, esta anomalía es una manipulación deliberada, posiblemente fórum shopping para beneficiar a acreedores, como se plantea en la querella de los abogados Jésica Torres y Sabas Chahuán. La CAPJ reconoció en 2023 que la asignación no siguió los protocolos, pero su silencio sobre las causas es ensordecedor. Más preocupante es la inactividad de la PDI, que no ha interrogado a figuras clave, como el director de la CAPJ, Ricardo Guzmán Sanza, cuya credibilidad está comprometida por irregularidades previas (la compra frustrada de autos Lexus en 2023 y un título académico falso), ni ha analizado los registros (logs) que podrían evidenciar una intervención intencional. Estos casos exponen una crisis sistémica. Los sistemas de la CAPJ, carentes de auditorías públicas y documentación técnica, son vulnerables a manipulaciones internas o externas. Los logs y copias de seguridad, herramientas esenciales para rastrear irregularidades, permanecen sin escrutinio, especialmente en Curauma, donde la PDI ha mostrado una negligencia inexcusable. La hipótesis alternativa —que la asignación fue manipulada para favorecer intereses particulares— demanda una investigación exhaustiva que incluya interrogatorios, peritajes técnicos y análisis de beneficiarios. Aceptar la narrativa oficial de un “error fortuito” sin explorar esta posibilidad es un agravio a la justicia. La erosión de la confianza en el Poder Judicial chileno no puede tolerarse. La CAPJ debe someter sus sistemas a auditorías independientes, publicar especificaciones técnicas y fortalecer los controles de seguridad. La PDI debe investigar el caso de Curauma con el rigor aplicado al caso de Boric, interrogando a Guzmán Sanza y analizando registros. La Fiscalía, por su parte, debe acelerar las indagaciones y sancionar a los responsables. La inacción no es una opción: la manipulación de causas judiciales, ya sea por fallos tecnológicos o colusión, socava la imparcialidad y la legitimidad del sistema. #casocurauma

La corrupción Informática de la CAPJ y sus fraudes monumentales Nuevamente, la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) está en el ojo del huracán, señalada como una entidad corrupta que manipula sistemas informáticos para subvertir la justicia en favor de intereses privados. Dos casos de proporciones escandalosas, la adulteración de una causa contra el Presidente Gabriel Boric en 2021 y el sabotaje en la quiebra de Curauma S.A. desde 2013, revelan fraudes de magnitud colosal que no solo comprometen la integridad del Poder Judicial, sino que socavan la confianza ciudadana en el Estado de derecho. El Caso Boric: un fraude mediático con implicaciones sistémicas El 27 de octubre de 2021, en el clímax de la campaña presidencial, Carolina Roldán, funcionaria administrativa empleada por la CAPJ en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, perpetró un fraude de alto impacto al adulterar una causa archivada por hurto contra Gabriel Boric ( ver BBCL ): Roldán cargó un PDF con un mensaje difamatorio, suplantando el archivo original. La PDI trazó sus acciones: a las 22:03 buscó el RUT de Boric, a las 22:05 accedió al sistema judicial, y a las 22:17 cargó el archivo incriminador. Al día siguiente, intentó encubrir el delito eliminando las pruebas. Formalizada en enero de 2022, Roldán enfrenta cargos por alteración de datos y acceso indebido bajo la Ley 19.223, arriesgando 1.341 días de prisión. Despedida por la CAPJ en 2022 por “sabotaje”, su defensa busca reabrir el caso. La audiencia está fijada para el 22 de mayo de 2025. Este fraude, aunque no alteró la causa archivada, desató una tormenta mediática que amenazó la legitimidad de la elección presidencial, exponiendo cómo un empleado de la CAPJ pudo manipular registros sensibles sin controles efectivos. La magnitud del daño radica en su potencial para desestabilizar la democracia, un delito que la negligencia cómplice de la CAPJ permitió con facilidad alarmante. Caso Curauma: un robo multimillonario orquestado por la CAPJ La quiebra de Curauma S.A., declarada en diciembre de 2013, representa un fraude de proporciones económicas y sociales devastadoras, perpetrado con la complicidad directa de la CAPJ. El proyecto inmobiliario de Manuel Cruzat Infante, destinado a transformar el Gran Valparaíso, colapsó tras la entrega ilícita de terrenos valuados en US$500 millones a Euroamerica Seguros de Vida, decisiones arbitrarias del síndico César Millán Nicolet, y una manipulación descarada del algoritmo de asignación de causas. En 2022, Manuel Cruzat y Jorge Said, afectado por la insolvencia de LATAM en 2020, denunciaron que la CAPJ alteró el sistema para canalizar ambos casos al 2° Juzgado Civil de Santiago, un hecho con una probabilidad ínfima de 1,75 en 1.000. El Oficio 8AJ N°1593 ( ver Oficio ) emitido por la CAPJ, constituye prueba irrefutable de que la asignación de Curauma violó el orden algorítmico, confirmando un sabotaje deliberado. La CAPJ, en un acto de obstrucción flagrante, se niega a entregar datos técnicos del algoritmo y sus registros pese a órdenes judiciales de 2023. Operando con un sistema obsoleto desde 1997, la CAPJ ha diseñado un esquema que encubre manipulaciones para beneficiar a actores como Euroamerica Seguros de Vida S.A. y los abogados de Claro & Cía., Cristóbal Eyzaguirre y José Miguel Huerta. La magnitud de esta manipulación trasciende lo económico: ha destruido un proyecto regional clave, defraudado a acreedores y perpetuado una injusticia que clama por reparación. Evidencia de fraudes monumentales El caso Boric, respaldado por pruebas claras—logs y archivos que incriminan a Roldán, empleada por la CAPJ—, revela un fraude que puso en riesgo la estabilidad política del país. La CAPJ, al no implementar controles robustos, facilitó este atentado contra la democracia. En Curauma, el Oficio 8AJ N°1593, junto a análisis estadísticos y coincidencias procesales, demuestra que la CAPJ orquestó un fraude multimillonario al manipular el algoritmo, y la ausencia de registros (logs) refleja un encubrimiento intencional. Mientras el caso Boric amenazó la legitimidad electoral, Curauma representa un saqueo económico de escala colosal, perpetrado con la complicidad de una institución corrupta. Un imperativo de justicia Los casos Boric y Curauma exponen a la CAPJ como una maquinaria de corrupción que manipula sistemas informáticos para subvertir la justicia. La resolución del caso Roldán es inminente, pero Curauma exige una auditoría informática independiente y sanciones severas contra la CAPJ, para restituir el Estado de Derecho. #casocurauma Leer "El intocable Consejo Superior de la CAPJ": www.casocurauma.cl/post/el-intocable-consejo-superior-de-la-capj Leer noticia en BBCL: www.biobiochile.cl/especial/bbcl-investiga/noticias/de-pasillo/2025/04/15/sabotaje-piden-1-341-dias-de-carcel-para-exfuncionaria-del-poder-judicial-que-adultero-causa-de-boric.shtml Leer "2025 Caso Curauma": www.casocurauma.cl/post/2025-caso-curauma

Santiago, abril de 2025 - La emisión de un bono de USD 300 millones por Enjoy S.A. el 14 de agosto de 2020, liderada por Henry Comber (Euroamerica Seguros de Vida, Enjoy, Clínica Las Condes), constituye un caso de gobernanza corporativa deficiente, agravado por la omisión de riesgos materiales durante el escándalo de colusión de 2020. Estructurado bajo la Regla 144A y la Regulación S de la SEC, el bono expuso a los inversionistas institucionales a riesgos no divulgados, contraviniendo la Regla 10b-5. En 2025, el cierre de operaciones en Coquimbo y una reestructuración corporativa propuesta reflejan una gestión incapaz de estabilizar la empresa, mientras el precio de la acción –cerrando en CLP 0.1510 el 10/04/2025– evidencia un colapso de valor que amplifica las pérdidas potenciales para los tenedores del bono. El bono (USD 300 millones, 10.5%, vencimiento 08/2027) se emitió para refinanciar pasivos en medio del “Caso de Colusión de Casinos” (2020), que reveló prácticas anticompetitivas de Enjoy. La empresa, con ingresos de USD 550 millones en 2020, inició una reorganización judicial bajo la Ley N° 20.720 (30/11/2020), reconocida en EE. UU. bajo el Capítulo 15 del Código de Quiebras (solicitud: 15/12/2020; aprobación: 12/01/2021). El canje de bonos de 2017 por los de 2027, aprobado el 14/08/2020, favoreció a acreedores preexistentes, exponiendo a nuevos tenedores a riesgos significativos. Desarrollos relevantes en 2025 La crisis de Enjoy se intensifica en 2025: Cierre de Operaciones en Coquimbo : El 06/04/2025, Enjoy anunció el cese de su casino en Coquimbo debido a insostenibilidad financiera, reduciendo activos operativos clave y comprometiendo los flujos para el bono de 2027. Reestructuración Corporativa : El 09/04/2025, Enjoy convocó una Junta Extraordinaria de Accionistas (21/04/2025) para reducir el directorio de 9 a 3 miembros y revocar el actual, y una Junta Ordinaria (30/04/2025) para revisar estados financieros, según reportes chilenos. Estas medidas sugieren un intento de estabilización, pero generan incertidumbre sobre la continuidad estratégica. Presión de Acreedores : Fuentes locales indican que los inversionistas cuestionan la viabilidad de Enjoy tras pérdidas sostenidas, con una calificación crediticia estancada en C (ICR Chile, 2021). Desempeño Bursátil de Enjoy S.A. al 13 de abril de 2025 Precio de Cierre (10/04/2025) : CLP 0.1510 Apertura (13/04/2025) : CLP 0.1500 Rango Diario : CLP 0.1500 - 0.1500 Rango 52 Semanas : CLP 0.1410 - 0.5530 Volumen (10/04/2025) : 42,297,541 acciones Volumen Promedio : 36,761,789 acciones Capitalización Bursátil : CLP 8,267 millones Beta (5 años) : 1.54 EPS (Últimos 12 Meses) : CLP -3.3100 El precio de CLP 0.1510, próximo al mínimo de 52 semanas, indica una pérdida de valor superior al 70% desde el máximo de CLP 0.5530, reflejando la percepción de insolvencia y la incapacidad de Comber para restaurar confianza en el mercado. Implicaciones Incumplimiento Normativo : La falta de divulgación del escándalo de colusión en 2020, responsabilidad de Comber, viola potencialmente la Regla 10b-5. En 2025, la no comunicación del impacto del cierre de Coquimbo en el bono perpetúa esta deficiencia. Opacidad con Tenedores : La Regla 144A oculta la identidad de los tenedores (probablemente fondos de alto rendimiento, dado el cupón del 10.5% vs. 6-8% de bonos B- en 2020, S&P Global ), pero la ausencia de actualizaciones en 2025 sobre el deterioro operativo constituye negligencia. Riesgo Crediticio Mal Gestionado : La emisión de 2020, con Enjoy al borde de la insolvencia, se agravó en 2025 con una capitalización bursátil de CLP 8,267 millones y un EPS de -3.3100, señalando un riesgo de default inminente para los tenedores. Conflicto Fiduciario : El canje de 2020 y las decisiones de 2025 (cierre de operaciones, reducción del directorio) priorizan la supervivencia corporativa sobre los intereses de los tenedores, contraviniendo la teoría de la agencia. La gestión de Henry Comber expone a Enjoy a sanciones de la SEC, con multas potenciales de USD 15 millones (5% del bono, precedentes SEC 2020-2023), y múltiples demandas civiles. El precio de la acción (CLP 0.1510) y el cierre de Coquimbo incrementan la probabilidad de incumplimiento del bono, afectando a tenedores que enfrentan pérdidas significativas. La emisión del bono de 2020, liderada por Henry Comber, y las decisiones de 2025 reflejan una gestión marcada por opacidad y negligencia. El colapso del precio de la acción a CLP 0.1510 y el cierre de operaciones clave subrayan una incapacidad para proteger a los inversionistas, comprometiendo la viabilidad de Enjoy y exponiendo a Comber a responsabilidad legal y fiduciaria. Leer columna de Iván Rojas B. en El Mostrador (2022): www.elmostrador.cl/destacado/2022/09/09/enjoy-su-sueno-podria-convertirse-en-pesadilla/ Leer columna "Cincuenta Sombras de Comber": www.casocurauma.cl/post/casocurauma-cincuenta-sombras-de-comber Enjoy S.A. en Yahoo! Finanzas: https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/ENJOY.SN/profile/

En las últimas décadas, Henry Comber Sigall, presidente de EuroAmerica Seguros de Vida S.A., se ha consolidado como una figura conocida en los círculos empresariales y financieros de Chile. No obstante, su influencia y conexiones han sido acompañadas de un manto de controversias que cuestionan su ética y prácticas comerciales. Desde la colusión en la industria de casinos hasta apropiaciones indebidas y arriesgadas inversiones con fondos de pensionados, la trayectoria de Comber se ha visto empañada por una serie de escándalos de alto perfil. Colusión en Enjoy El nombre de Henry Comber resonó en la reciente denuncia presentada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) contra empresas de casinos como Dreams, Enjoy y Marina del Sol. La FNE acusó a estas compañías y a cinco de sus altos ejecutivos, incluyendo a Comber en su rol de presidente del directorio de Enjoy, de coludirse para manipular licitaciones de permisos de operación en 2020 y 2021. En octubre de 2024, la FNE solicitó multas históricas que alcanzan un total de 151,9 millones de dólares, de los cuales 115 mil dólares fueron solicitados específicamente para Comber. Este esquema habría permitido a Enjoy y otras empresas limitar la competencia y asegurar la permanencia de sus licencias a bajo costo, revelando un modus operandi que prioriza el beneficio corporativo sobre un mercado justo y competitivo. La participación de Comber en EuroAmerica Seguros de Vida S.A. plantea un problema ético adicional. EuroAmerica, bajo su liderazgo, realizó inversiones que expusieron los fondos de pensionados a empresas de alto riesgo, incluida Enjoy. En 2022, EuroAmerica adquirió el 15,25% de Enjoy, una empresa con deudas superiores al doble de su patrimonio y con antecedentes de multas por colusión en Estados Unidos. Esta decisión fue criticada por poner en riesgo los ahorros de los pensionados en un sector de alto riesgo. Apuestas con los ahorros de pensionados Bajo la presidencia de Comber, EuroAmerica Seguros de Vida ha estado involucrada en inversiones controvertidas, destacando su participación en el "Fondo Corneta". Este fondo, formalmente llamado "Capital Estructurado I", fue creado en enero de 2023 por LarrainVial Activos AGF para refinanciar las deudas de Antonio Jalaff, exsocio de Grupo Patio. El fondo buscaba convertir esas deudas en una participación indirecta en Grupo Patio, atrayendo más de 13 mil millones de pesos en inversiones. En una apuesta cuestionable, EuroAmerica utilizó recursos de rentas vitalicias, es decir, de los ahorros de pensionados, para adquirir cuotas del fondo con un descuento del 50%, valorando al Grupo Patio en 8 millones de Unidades de Fomento (UF) en lugar de la valoración inicial de 18 millones de UF. Estas rentas vitalicias, que deberían garantizar ingresos seguros a los jubilados, fueron expuestas a un riesgo elevado en este fondo especulativo. Sin embargo, el fondo no logró los rendimientos esperados y sufrió una caída del 87% en su valor, pasando de un precio de $35.500 por cuota en marzo de 2023 a $4.500 en septiembre de 2024. La situación se agravó con el escándalo de facturas falsas vinculado al fondo, conocido como el "Caso Factop". Los hermanos Ariel y Daniel Sauer, dueños de la empresa Factop, fueron acusados de emitir miles de facturas falsas. Actualmente, el Ministerio Público investiga si LarrainVial estaba al tanto de estas irregularidades y si hay responsabilidad criminal.  Este tipo de decisiones de inversión con fondos de rentas vitalicias plantea serios cuestionamientos sobre la responsabilidad de EuroAmerica y de Comber hacia los pensionados, quienes confían en que sus recursos estén protegidos y generen rentabilidad sin riesgos excesivos. La apropiación de Curauma (ver Nuestra Historia ) El "Caso Curauma" es otro de los episodios más controvertidos que involucran a Henry Comber, su socio Nicholas Davis Lecaros y a EuroAmerica Seguros de Vida S.A. En 2013, Curauma S.A., empresa inmobiliaria con activos tasados en aproximadamente 500 millones de dólares, fue declarada en quiebra debido a una deuda de alrededor de 80 millones de pesos chilenos, una cifra insignificante en comparación con el valor de sus activos. La solicitud de quiebra se presentó en Santiago, aunque el domicilio legal de la empresa estaba en Valparaíso, en contravención de las normativas vigentes. Para lograr esta asignación, se habría manipulado el algoritmo de distribución de causas en el sistema judicial, lo que permitió que el caso fuera asignado al 2° Juzgado Civil de Santiago, tribunal que favorecía a EuroAmerica. Bajo la dirección de Comber, EuroAmerica se apropió de los activos de Curauma mediante operaciones financieras que incluyeron tasas de interés superiores a la Tasa Máxima Convencional, aprovechando la ventaja de esta asignación judicial estratégica. Estas acciones habrían permitido a EuroAmerica adquirir terrenos de alto valor a precios muy inferiores al mercado, afectando gravemente a los aproximadamente 1.600 accionistas minoritarios y otros acreedores. Esto constituye un caso claro de enriquecimiento injusto e ilícito, dado que la garantía de los terrenos –de un valor muy superior a la deuda ya pagada– se convirtió en una fuente de beneficios desproporcionados para EuroAmerica y sus controladores, en detrimento de los derechos de los acreedores. Denuncias y acciones judiciales en curso señalan que EuroAmerica transfirió los terrenos de Curauma a una sociedad relacionada, Administraciones y Proyectos EuroAmerica S.A., catalogada como Mini PYME, con mínimo capital y sin personal. Esta operación se habría realizado para evitar que los inmuebles fueran objeto de medidas precautorias en el proceso judicial. Además, se acusa a EuroAmerica de haber demandado a Curauma S.A. en un juicio arbitral, solicitando indemnizaciones por lucro cesante y daño emergente por aproximadamente 40 millones de dólares. Esta suma fue verificada en la quiebra, lo que permitió a EuroAmerica participar con derecho a voz y voto en las juntas de acreedores y consolidar su control sobre los activos de la empresa. Club de amigos Las conexiones y contactos privilegiados de Comber parecen ser la base de su éxito, pero también el origen de los numerosos escándalos que rodean su carrera. La compra de activos y las decisiones de inversión en EuroAmerica muestran una política empresarial que, lejos de proteger los ahorros de los jubilados, favorece a unos pocos a costa del bienestar de muchos. Las prácticas de Comber reflejan un patrón en el que los beneficios se concentran en manos de un círculo reducido, mientras los riesgos recaen sobre los más vulnerables: los afiliados al sistema de pensiones. En lugar de limitarse a ser un agente económico dentro de un mercado en constante regulación y fiscalización, Henry Comber parece haber diseñado un esquema en el que se manipulan leyes, se explotan conexiones y se desdibujan las fronteras entre lo ético y lo ilegal. A la luz de estos hechos, surge la pregunta de si el sistema chileno de regulaciones y justicia tiene la capacidad de frenar y sancionar a figuras como Comber, cuyo accionar desafía continuamente las normas del mercado en favor de su propio beneficio y el de su entorno. #casocurauma #enjoy #henrycomber .......................................................... Fifty Shades of Comber In recent decades, Henry Comber Sigall, president of EuroAmerica Seguros de Vida S.A., has established himself as a prominent figure in Chile’s business and financial circles. However, his influence and connections have been accompanied by a veil of controversy that raises questions about his ethics and business practices. From collusion in the casino industry to alleged misappropriations and risky investments with pension funds, Comber's career has been tarnished by a series of high-profile scandals. Collusion at Enjoy Henry Comber’s name recently made headlines after the Chilean National Economic Prosecutor’s Office (FNE) filed charges against casino companies like Dreams, Enjoy, and Marina del Sol. The FNE accused these companies and five of their senior executives, including Comber in his role as chairman of Enjoy, of colluding to manipulate licensing bids for casino operations in 2020 and 2021. In October 2024, the FNE requested historic fines totaling $151.9 million, with $115,000 specifically assigned to Comber. This scheme allegedly enabled Enjoy and other companies to restrict competition and secure their licenses at a reduced cost, revealing a modus operandi that prioritizes corporate profit over a fair and competitive market. Comber's involvement in EuroAmerica Seguros de Vida S.A. presents an additional ethical issue. Under his leadership, EuroAmerica made investments that exposed pension funds to high-risk companies, including Enjoy. In 2022, EuroAmerica acquired a 15.25% stake in Enjoy, a company with debts exceeding twice its assets and a history of collusion fines in the United States. This decision was criticized for jeopardizing pensioners' savings in such a high-risk sector. Betting with Pensioners’ Savings Under Comber's leadership, EuroAmerica Seguros de Vida has been involved in controversial investments, notably its participation in the "Fondo Corneta." This fund, formally named "Capital Estructurado I," was created in January 2023 by LarrainVial Activos AGF to refinance the debts of Antonio Jalaff, a former Grupo Patio partner. The fund aimed to convert Jalaff’s debts into an indirect stake in Grupo Patio, attracting over $15 million in investments. In a questionable move, EuroAmerica used resources from annuities—pensioners' savings—to acquire shares in the fund at a 50% discount, valuing Grupo Patio at $240 million instead of its initial valuation of $540 million. These annuities, which should ensure secure income for retirees, were exposed to elevated risk in this speculative fund. However, the fund failed to achieve expected returns and saw an 87% drop in value, with shares falling from $35.50 per unit in March 2023 to $4.50 in September 2024. The situation worsened with the revelation of a false invoice scandal linked to the fund, known as the "Factop Case." The brothers Ariel and Daniel Sauer, owners of the factoring company Factop, were accused of issuing thousands of fake invoices. The Public Prosecutor’s Office is currently investigating whether LarrainVial was aware of these irregularities and if there is any criminal liability. The Curauma Heist (see Our Story ) The "Curauma Case" is another highly controversial episode involving Henry Comber, his partner Nicholas Davis Lecaros, and EuroAmerica Seguros de Vida S.A. In 2013, Curauma S.A., a real estate company with assets valued at approximately $500 million, was declared bankrupt due to a debt of around $90,000—a negligible amount compared to the value of its assets. The bankruptcy filing took place in Santiago, even though the company’s legal domicile was in Valparaíso, violating current regulations. To secure this outcome, the case distribution algorithm in the judicial system was allegedly manipulated, allowing the case to be assigned to the 2nd Civil Court of Santiago, a court that favored EuroAmerica. Under Comber's direction, EuroAmerica appropriated Curauma's assets through financial operations that included interest rates above the Maximum Conventional Rate, leveraging this strategically assigned judicial position. These actions allegedly allowed EuroAmerica to acquire valuable land at prices significantly below market value, severely affecting approximately 1,600 minority shareholders and other creditors. This constitutes a clear case of unjust and illicit enrichment, as the collateral—the land valued far above the debt—became a source of disproportionate benefits for EuroAmerica and its controllers, at the expense of creditor rights. Ongoing legal complaints indicate that EuroAmerica transferred Curauma’s land to a related company, Administraciones y Proyectos EuroAmerica S.A., classified as a "Mini SME" with minimal capital and no personnel. This operation was allegedly carried out to prevent the properties from being subject to precautionary measures during the legal process. Furthermore, EuroAmerica is accused of suing Curauma S.A. in an arbitration, seeking damages for lost profits and emerging damages of approximately $40 million. This amount was verified during Curauma's bankruptcy, allowing EuroAmerica to participate in creditors' meetings with voting rights and solidify its control over the company’s assets. The “Club” of Privileged Connections Comber's connections and privileged contacts appear to be the foundation of his success but also the source of the numerous scandals surrounding his career. The purchase of assets and investment decisions at EuroAmerica reflect a business policy that, far from safeguarding retirees' savings, benefits a select few at the expense of the many. Comber’s practices illustrate a pattern in which profits are concentrated among a narrow circle, while the risks fall on the most vulnerable: pension fund affiliates. Rather than operating as an economic agent within a regulated and monitored market, Henry Comber seems to have devised a scheme where laws are manipulated, connections are exploited, and the lines between ethical and illegal behavior are blurred.  In light of these facts, a critical question arises: does the Chilean regulatory and judicial system have the power to curb and penalize figures like Comber, whose actions continuously challenge market norms in favor of his own interests and those within his circle?

El fallo del Tribunal Constitucional (TC) que determinó la destitución de un senador de la República por infringir el artículo 60 de la Constitución, al celebrar contratos con el Estado, no es solo una resolución jurídica; es un hito que reafirma el imperio de la justicia como garante de la dignidad de los ciudadanos de Chile.  El TC, con su decisión respaldada por una mayoría absoluta, no sólo aplicó la norma constitucional con rigor, sino que estableció un precedente histórico al pronunciarse por primera vez sobre esta causal. Al hacerlo, envió un mensaje claro: nadie, sin importar su trayectoria o relevancia política, está por encima de la ley. Este acto refuerza la supremacía y lealtad constitucional, principios que, como señala el fallo, son la base del Estado de Derecho. La sanción impuesta no se fundamenta en juicios morales, sino en una conducta objetiva que transgredió una prohibición explícita, destinada a prevenir conflictos de intereses y proteger la independencia del Parlamento. Para Chile, este fallo tiene un significado profundo. En un país donde la confianza en las instituciones ha sido puesta a prueba, el buen actuar del TC fortalece la fe en un sistema que prioriza la ética y la transparencia. Al exigir un "alto estándar ético y jurídico" en la función parlamentaria, el Tribunal no solo resguarda la democracia, sino que eleva la dignidad de los ciudadanos al demostrar que las normas se aplican con equidad. Este mensaje resuena especialmente en un contexto donde los pueblos de Chile —desde las comunidades urbanas hasta los pueblos originarios— anhelan un sistema político que refleje sus valores de justicia y respeto mutuo. El TC, al desestimar argumentos como la supuesta afectación de la voluntad popular, dejó claro que la democracia no se limita a la elección de representantes, sino que incluye la exigencia de que estos se ciñan a las reglas constitucionales. Lejos de vulnerar la soberanía del pueblo, esta decisión la protege, asegurando que quienes ostentan cargos públicos actúen con probidad y en beneficio del interés común. La destitución, aunque significativa, no es un ataque a la voluntad democrática, sino una defensa de los principios que la sostienen. El imperio de la justicia que encarna este fallo es un faro de esperanza para Chile. Es un recordatorio de que la dignidad de los ciudadanos se construye sobre instituciones sólidas, capaces de actuar con independencia y valentía. El TC, al contraatacar frente a la transgresión, no solo sanciona una conducta; siembra las bases para una sociedad más justa y solidaria, donde la ética y el respeto por la ley sean el cimiento de un futuro compartido.  #casocurauma 10 de abril de 2025

El 8 de abril de 2025, el 21º remate de 535 hectáreas de Curauma, ofrecidas a un 10% de su valor óptimo, no atrajo postores. Esto desmiente la afirmación de que el terreno no tiene gravámenes, pues está plagado de juicios civiles y querellas penales, y evidencia la depreciación sistemática, la ilegitimidad de los procesos y la vulneración de los derechos económicos fundamentales. Concebido como un promisorio desarrollo para el Gran Valparaíso y la Macro Zona Central de Chile, Curauma ha sido transformado en un emblema de corrupción, como revelan las denuncias de Manuel Cruzat Infante frente a un silencio institucional intolerable. Este mutismo, unido a la omisión, la desinformación deliberada y la dilación, prueba que las entidades responsables de la justicia y la transparencia operan conjuntamente en una compleja red de tráfico de influencias. Estas instituciones protegen el statu quo y socavan gravemente el Estado de Derecho. Desde la quiebra de Curauma S.A., hace más de una década, las acusaciones son contundentes: manipulación en la distribución de causas civiles, remates a precios irrisorios y una gestión judicial objetable y probadamente manipulada. Los activos tasados en millones se liquidaron por fracciones mínimas. Mientras tanto, las instituciones permanecen en silencio. La CAPJ (Comisión Administrativa del Poder Judicial) desinforma activamente sobre alteraciones en su sistema; la CMF (Comisión para el Mercado Financiero) y la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento omiten fiscalizar; la TGR (Tesorería General de la República), en perjuicio del Fisco, permite la dilapidación de recursos; y el Poder Judicial dilata las evidencias, obligando a Cruzat Infante a recurrir a la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos). Medios de comunicación, líderes de opinión, el Colegio de Abogados, gremios empresariales, el mercado de capitales y entes de fe pública también mantienen un silencio cómplice. Las entidades implicadas, incluido el Poder Judicial y en particular el 2º Juzgado Civil de Santiago, deben abandonar urgentemente toda connivencia y dejar de servir como plataforma institucional que el síndico César Millán Nicolet y sus representados utilizan para cometer ilícitos. Este esquema de abusos procesales y maniobras vulnera los principios básicos de justicia y equidad. El silencio no es neutral; es complicidad. #casocurauma

¿Por qué tanta sorpresa ante el escándalo de las licencias médicas fraudulentas cuando hemos tolerado el despojo sistemático de Curauma durante más de una década, sin exigir justicia? La Contraloría General de la República ha revelado que más de 25.000 funcionarios públicos de 777 instituciones (2025), incluyendo ministerios, Fonasa y otros, utilizaron 35.585 licencias médicas para viajar al extranjero durante supuestos reposos, defraudando al fisco por miles de millones de pesos. Este abuso, perpetrado mediante la colusión de médicos y funcionarios, socava un sistema de salud ya precario. Mientras los ciudadanos enfrentan listas de espera, otros se enriquecen con impunidad. Sin embargo, esta indignación resulta hipócrita ante nuestra pasividad frente al caso Curauma, un despojo de más de 500 millones de dólares que ha frustrado el desarrollo de Valparaíso y perjudicado a inversionistas minoritarios, sin que la sociedad o el Estado actúen con decisión. El caso Curauma, iniciado con la quiebra forzada e ilegal de Curauma S.A. en 2013, simboliza la corrupción sistémica que erosiona el Estado de Derecho. Denuncias, demandas y querellas señalan a Euroamerica Seguros de Vida, sus controladores Henry Comber y Nicholas Davis, sus abogados y su síndico , como responsables de un esquema que despojó activos valiosísimos mediante maniobras judiciales y créditos usureros, frustrando el desarrollo de Valparaíso y perjudicando a la sociedad. La asignación discrecional de este caso al 2° Juzgado Civil de Santiago, al igual que en casos como LATAM (2020), evidencia una manipulación estructural que favorece a las élites.  La impunidad es el núcleo del problema. Según Ipsos 2024, el 75% de los chilenos percibe una corrupción generalizada, y el 52% desconfía de instituciones como el Poder Judicial, la CMF, la TGR, la Superir y el Ministerio Público, todas señaladas por su deliberada inacción en Curauma. Mientras terrenos tasados en millones de dólares se rematan por migajas y abogados manipulan el sistema judicial, la sociedad permanece indiferente, aceptando la corrupción de élite como un mal inevitable mientras se indigna por fraudes más visibles. Basta de hipocresía. La solución exige sanciones ejemplares para las licencias médicas, con fiscalización tecnológica y una reforma a la ley 20.585, y una investigación implacable de Curauma, desde la manipulación judicial hasta el rol del Banco de Chile. La demanda de Curauma S.A. contra el Fisco y otros por 1.900 millones de dólares en 2024 es un paso, pero requiere un Poder Judicial independiente. Más allá de reformas, urge una ciudadanía que exija auditorías independientes, leyes de transparencia judicial y el fin de la complicidad pasiva. Esta tolerancia perpetúa un ciclo de impunidad que habilita fraudes como el de las licencias médicas y muchos otros por venir, normalizando una corrupción que la sociedad chilena, por su silencio, sigue avalando. #casocurauma