Mercaderes de la justicia
- MV
- 1 may
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En su columna publicada el 1º de mayo de 2025 en El Mostrador, Michel Figueroa Mardones, director ejecutivo de Chile Transparente, articula una crítica rigurosa contra la corrupción sistémica que socava la integridad del Poder Judicial chileno.
Su análisis, fundamentado en la autoridad de una entidad consagrada a la promoción de la probidad, identifica prácticas que han subvertido el ideal de una justicia imparcial, reemplazándolo por un sistema permeable a los intereses de élites políticas y económicas. Figueroa no se limita a denunciar, sino que corrobora su argumentación con evidencia concreta, abarcando desde el tráfico de influencias hasta la destitución de altas autoridades judiciales, lo que pone de manifiesto una crisis estructural que demanda una reforma imperiosa. Este editorial amplifica su exhortación, abogando por una transformación profunda que restaure la legitimidad de una institución pivotal para el orden democrático.
Figueroa delinea un Poder Judicial donde los denominados “mercaderes de la justicia” negocian resoluciones judiciales a cambio de prebendas o beneficios pecuniarios. Substancia su crítica con referencias a investigaciones contra el abogado Luis Hermosilla, la remoción de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco por irregularidades y acusaciones de tráfico de influencias en la composición de salas de Cortes de Apelaciones. A ello se añade la revelación de un notario que, en una comunicación de WhatsApp, proclamaba “aquí estamos por el lucro”, una declaración que sintetiza la percepción de un sistema judicial cooptado por intereses espurios. Estos casos, según Figueroa, no constituyen anomalías aisladas, sino manifestaciones de disfunciones estructurales que facilitan la captura institucional por actores de poder.
La corrupción que Figueroa denuncia encuentra resonancia en controversias como la del Caso Curauma, aunque no sea aludida directamente en su columna. Este proceso, relativo a la quiebra forzosa e ilegal de Curauma S.A. en 2013, evidencia una manipulación del algoritmo de asignación de causas administrado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), concebido para garantizar la aleatoriedad.
La crisis del Poder Judicial, conforme argumenta Figueroa, requiere reformas estructurales inaplazables. No obstante, las iniciativas legislativas destinadas a modernizar los procesos de nombramiento judicial, fortalecer el Ministerio Público o reformar el sistema notarial permanecen estancadas en el Congreso. El statu quo se perpetúa, sostenido por la resistencia de sectores que se benefician de la opacidad institucional. Figueroa propone la instauración de un Consejo para la Magistratura, audiencias públicas para los nombramientos judiciales y mecanismos robustos de rendición de cuentas, pero advierte que la voluntad política predominante parece orientada a mitigar superficialmente los escándalos en lugar de abordar sus causas estructurales.
Esta corrosión institucional comporta consecuencias graves para la democracia chilena. Un Poder Judicial permeable a la corrupción perpetúa desigualdades estructurales, privilegia a las élites y erosiona la confianza ciudadana. La opacidad en la gestión de la CAPJ, junto con la dilación en investigaciones de alta complejidad, refuerza la percepción de un sistema que contraviene el principio de igualdad ante la ley. Figueroa enfatiza que, en ausencia de reformas, el Poder Judicial enfrenta el riesgo de una deslegitimación que compromete su función como pilar del estado de derecho.
La reforma debe estructurarse en torno a tres ejes fundamentales: transparencia, rendición de cuentas y supervisión independiente. Auditorías externas al sistema de asignación de causas, la publicación de criterios objetivos para la designación de jueces y la creación de organismos autónomos de fiscalización son medidas indispensables para prevenir prácticas corruptas. La modernización del sistema notarial y registral, así como el fortalecimiento de la Defensoría Penal Pública, deben complementarse con una revisión de los incentivos que facilitan la captura institucional por intereses privados.
La admonición de Figueroa, avalada por la trayectoria de Chile Transparente, constituye un ultimátum: el Poder Judicial chileno no puede persistir en un marco de opacidad sin menoscabar la legitimidad del orden democrático. La interrogante no radica en la necesidad de reformar el sistema, sino en si Chile posee la resolución política para emprender dicha transformación antes de que la desconfianza ciudadana alcance un punto de inflexión irreversible.
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"¿Cuánto más esperamos para robustecer el Poder Judicial?", por Michel Figueroa Mardones:
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