La justicia contraataca

El fallo del Tribunal Constitucional (TC) que determinó la destitución de un senador de la República por infringir el artículo 60 de la Constitución, al celebrar contratos con el Estado, no es solo una resolución jurídica; es un hito que reafirma el imperio de la justicia como garante de la dignidad de los ciudadanos de Chile. 

El TC, con su decisión respaldada por una mayoría absoluta, no sólo aplicó la norma constitucional con rigor, sino que estableció un precedente histórico al pronunciarse por primera vez sobre esta causal. Al hacerlo, envió un mensaje claro: nadie, sin importar su trayectoria o relevancia política, está por encima de la ley. Este acto refuerza la supremacía y lealtad constitucional, principios que, como señala el fallo, son la base del Estado de Derecho. La sanción impuesta no se fundamenta en juicios morales, sino en una conducta objetiva que transgredió una prohibición explícita, destinada a prevenir conflictos de intereses y proteger la independencia del Parlamento.

Para Chile, este fallo tiene un significado profundo. En un país donde la confianza en las instituciones ha sido puesta a prueba, el buen actuar del TC fortalece la fe en un sistema que prioriza la ética y la transparencia. Al exigir un "alto estándar ético y jurídico" en la función parlamentaria, el Tribunal no solo resguarda la democracia, sino que eleva la dignidad de los ciudadanos al demostrar que las normas se aplican con equidad. Este mensaje resuena especialmente en un contexto donde los pueblos de Chile —desde las comunidades urbanas hasta los pueblos originarios— anhelan un sistema político que refleje sus valores de justicia y respeto mutuo.

El TC, al desestimar argumentos como la supuesta afectación de la voluntad popular, dejó claro que la democracia no se limita a la elección de representantes, sino que incluye la exigencia de que estos se ciñan a las reglas constitucionales. Lejos de vulnerar la soberanía del pueblo, esta decisión la protege, asegurando que quienes ostentan cargos públicos actúen con probidad y en beneficio del interés común. La destitución, aunque significativa, no es un ataque a la voluntad democrática, sino una defensa de los principios que la sostienen.

El imperio de la justicia que encarna este fallo es un faro de esperanza para Chile. Es un recordatorio de que la dignidad de los ciudadanos se construye sobre instituciones sólidas, capaces de actuar con independencia y valentía. El TC, al contraatacar frente a la transgresión, no solo sanciona una conducta; siembra las bases para una sociedad más justa y solidaria, donde la ética y el respeto por la ley sean el cimiento de un futuro compartido. 

#casocurauma

10 de abril de 2025