El rey desnudo

¿Por qué tanta sorpresa ante el escándalo de las licencias médicas fraudulentas cuando hemos tolerado el despojo sistemático de Curauma durante más de una década, sin exigir justicia?

La Contraloría General de la República ha revelado que más de 25.000 funcionarios públicos de 777 instituciones (2025), incluyendo ministerios, Fonasa y otros, utilizaron 35.585 licencias médicas para viajar al extranjero durante supuestos reposos, defraudando al fisco por miles de millones de pesos. Este abuso, perpetrado mediante la colusión de médicos y funcionarios, socava un sistema de salud ya precario. Mientras los ciudadanos enfrentan listas de espera, otros se enriquecen con impunidad. Sin embargo, esta indignación resulta hipócrita ante nuestra pasividad frente al caso Curauma, un despojo de más de 500 millones de dólares que ha frustrado el desarrollo de Valparaíso y perjudicado a inversionistas minoritarios, sin que la sociedad o el Estado actúen con decisión.

El caso Curauma, iniciado con la quiebra forzada e ilegal de Curauma S.A. en 2013, simboliza la corrupción sistémica que erosiona el Estado de Derecho. Denuncias, demandas y querellas señalan a Euroamerica Seguros de Vida, sus controladores Henry Comber y Nicholas Davis, sus abogados y su síndico, como responsables de un esquema que despojó activos valiosísimos mediante maniobras judiciales y créditos usureros, frustrando el desarrollo de Valparaíso y perjudicando a la sociedad. La asignación discrecional de este caso al 2° Juzgado Civil de Santiago, al igual que en casos como LATAM (2020), evidencia una manipulación estructural que favorece a las élites. 

La impunidad es el núcleo del problema. Según Ipsos 2024, el 75% de los chilenos percibe una corrupción generalizada, y el 52% desconfía de instituciones como el Poder Judicial, la CMF, la TGR, la Superir y el Ministerio Público, todas señaladas por su deliberada inacción en Curauma. Mientras terrenos tasados en millones de dólares se rematan por migajas y abogados manipulan el sistema judicial, la sociedad permanece indiferente, aceptando la corrupción de élite como un mal inevitable mientras se indigna por fraudes más visibles.

Basta de hipocresía. La solución exige sanciones ejemplares para las licencias médicas, con fiscalización tecnológica y una reforma a la ley 20.585, y una investigación implacable de Curauma, desde la manipulación judicial hasta el rol del Banco de Chile. La demanda de Curauma S.A. contra el Fisco y otros por 1.900 millones de dólares en 2024 es un paso, pero requiere un Poder Judicial independiente. Más allá de reformas, urge una ciudadanía que exija auditorías independientes, leyes de transparencia judicial y el fin de la complicidad pasiva.

Esta tolerancia perpetúa un ciclo de impunidad que habilita fraudes como el de las licencias médicas y muchos otros por venir, normalizando una corrupción que la sociedad chilena, por su silencio, sigue avalando.

#casocurauma