Caso Boric y Caso Curauma 2

La integridad del Poder Judicial constituye un pilar irreductible de la democracia. En Chile, no obstante, la confianza en esta institución se tambalea debido a evidencias de manipulación en sus sistemas informáticos, administrados por la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). 

Los casos Boric (2021) y Curauma (investigado desde 2022) no son meros incidentes aislados, sino síntomas de una vulnerabilidad estructural que amenaza el Estado de Derecho. La inacción de la Policía de Investigaciones (PDI) y la opacidad de la CAPJ exigen una respuesta inmediata y contundente para salvaguardar la imparcialidad judicial.

El caso que involucra al Presidente Gabriel Boric revela una alarmante fragilidad tecnológica. En 2021, una exfuncionaria de la CAPJ alteró un documento digital vinculado al presidente, entonces candidato, sin que el sistema emitiera alertas. La ausencia de validación de permisos, la falta de verificación de integridad (como hash o firmas digitales) y la inexistencia de registros de auditoría permitieron esta intromisión sin consecuencias visibles. 

Más grave aún es el Caso Curauma, donde la asignación dirigida de dos causas —la quiebra de la inmobiliaria Curauma y la reestructuración de Latam— al 2° Juzgado Civil de Santiago, en lugar de los 6° y 15° Juzgados, desafía las reglas del sistema aleatorio. Con una probabilidad de apenas 1,75 en 1000, esta anomalía es una manipulación deliberada, posiblemente fórum shopping para beneficiar a acreedores, como se plantea en la querella de los abogados Jésica Torres y Sabas Chahuán. La CAPJ reconoció en 2023 que la asignación no siguió los protocolos, pero su silencio sobre las causas es ensordecedor. Más preocupante es la inactividad de la PDI, que no ha interrogado a figuras clave, como el director de la CAPJ, Ricardo Guzmán Sanza, cuya credibilidad está comprometida por irregularidades previas (la compra frustrada de autos Lexus en 2023 y un título académico falso), ni ha analizado los registros (logs) que podrían evidenciar una intervención intencional.

Estos casos exponen una crisis sistémica. Los sistemas de la CAPJ, carentes de auditorías públicas y documentación técnica, son vulnerables a manipulaciones internas o externas. Los logs y copias de seguridad, herramientas esenciales para rastrear irregularidades, permanecen sin escrutinio, especialmente en Curauma, donde la PDI ha mostrado una negligencia inexcusable. La hipótesis alternativa —que la asignación fue manipulada para favorecer intereses particulares— demanda una investigación exhaustiva que incluya interrogatorios, peritajes técnicos y análisis de beneficiarios. Aceptar la narrativa oficial de un “error fortuito” sin explorar esta posibilidad es un agravio a la justicia.

La erosión de la confianza en el Poder Judicial chileno no puede tolerarse. La CAPJ debe someter sus sistemas a auditorías independientes, publicar especificaciones técnicas y fortalecer los controles de seguridad. La PDI debe investigar el caso de Curauma con el rigor aplicado al caso de Boric, interrogando a Guzmán Sanza y analizando registros. La Fiscalía, por su parte, debe acelerar las indagaciones y sancionar a los responsables. La inacción no es una opción: la manipulación de causas judiciales, ya sea por fallos tecnológicos o colusión, socava la imparcialidad y la legitimidad del sistema.

#casocurauma