Red de omisiones

El pasado 9 de junio de 2025, un extenso documento ingresó discretamente en la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR). Su contenido, sin embargo, dista de ser menor: detalla una serie de hechos que, considerados en conjunto, revelan lo que podría ser uno de los mayores escándalos concursales de la última década en Chile.

Firmado por Ricardo Muñoz, exdirector de Curauma S.A., el escrito expone con precisión quirúrgica una serie de irregularidades, omisiones graves y decisiones dudosas que marcaron el proceso de quiebra de la empresa, decretado en diciembre de 2013. Pero más que un relato de anomalías administrativas, el documento describe un modus operandi que combina conflictos de interés, captura institucional y total falta de fiscalización efectiva.

Un síndico en Europa y una quiebra en Santiago

Uno de los puntos más insólitos del escrito es la designación del abogado César Millán Nicolet como síndico, a pesar de que vivía y trabajaba en Madrid, España, donde residió (y reside) la mayor parte del año en que se tramitó la quiebra. Millán aceptó su cargo dos días después del fallo judicial, sin haber estado presente durante la fase crítica de intervención.

Peor aún: Millán habría viajado meses antes a Punta del Este en un jet privado de Euroamerica Seguros de Vida S.A., junto a su principal ejecutivo, Nicholas Davis, empresa que poco tiempo después terminaría quedándose con los terrenos más valiosos de Curauma, en una conciliación extrajudicial altamente cuestionada.

Euroamerica Seguros de Vida se quedó con todo

El patrimonio inmobiliario de Curauma —tasado oficialmente en más de UF 1.100.000— fue entregado a Euroamerica a cambio de pagos parciales por cerca de $7 millones de USD, sin tasaciones actualizadas, sin participación de los acreedores y sin estudios financieros o jurídicos. Todo esto, según el denunciante, aprobado a espaldas de la junta y con la venia tácita del Fisco de Chile, quien ostenta más del 50% del pasivo de la quiebra.

¿Azar o diseño? La misma sala, los mismos abogados

En 2022, una querella por delito informático intentó dilucidar cómo fue posible que tanto la quiebra de Curauma como la insolvencia de LATAM fueran tramitadas en el mismo tribunal civil de Santiago, pese a una probabilidad de ocurrencia menor al 0,2%. En ambos casos, destaca el documento, actuaron los mismos abogados ligados a Euroamerica.

La TGR y SUPERIR: espectadores privilegiados

Aunque el Estado, a través de la Tesorería General de la República (TGR), tenía el control absoluto de la junta de acreedores, nunca se opusieron a las decisiones más cuestionadas. Peor aún, autorizaron la subasta de un terreno clave por menos del 10% de su valor de tasación, sin exigir informes periciales ni justificar su decisión en actas oficiales.

La SUPERIR, por su parte, abrió en 2024 un procedimiento sancionatorio contra el síndico, pero lo cerró por vicios de forma. Ahora, Muñoz solicita formalmente reabrir ese procedimiento, incorporar las nuevas irregularidades y pronunciarse conforme a derecho.

Un patrón, no una excepción

Más allá del caso puntual, el escrito presentado a SUPERIR destapa lo que parece ser una forma sistémica de operar: créditos menores usados para tomar el control de quiebras multimillonarias, síndicos en connivencia con grandes acreedores, uso fraudulento de licencias médicas, y funcionarios públicos que, por acción u omisión, han permitido el vaciamiento de empresas a espaldas de sus verdaderos interesados.

En su parte final, el documento hace un llamado claro: restituir la fe pública, proteger el interés fiscal y exigir responsabilidades administrativas, civiles y penales donde corresponda. Porque si este caso queda impune —como tantos otros—, no solo pierde Curauma, pierden todos.

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