El problema de Las Cenizas (Fundo Las Cenizas en alto Valparaíso) no está en el pasado. Está en el patrimonio actual de Euroamerica Seguros de Vida. Los estados financieros 2025 de la compañía, disponibles en la CMF desde el 17 de abril de 2026, muestran un patrimonio de M$100.178.838 y, al mismo tiempo, inversiones inmobiliarias por M$382.229.631. Es decir, sus inversiones inmobiliarias equivalen a 3,82 veces su patrimonio. Ambas cifras están en los estados financieros presentados a la CMF, auditados por Deloitte, firmados en marzo de 2026: EEFF 2025 presentados a la CMF. Dentro de ese bloque, la Nota 14 desglosa las propiedades de inversión en tres columnas: terrenos, edificios y otros. La columna de terrenos cierra en M$94.742.827. Casi todo el patrimonio de la aseguradora cabe en esa sola partida: el 94,6% exacto. Ese dato ordena toda la historia. Lo que hay detrás de ese número se puede rastrear. Entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, Euroamerica Seguros de Vida incorporó desde Asesorías y Proyectos Euroamerica S.A. —APESA, sociedad relacionada— activos del Fundo Las Cenizas y de Curauma por UF 1.530.000. Esa operación fue la que motivó la sanción de la CMF en octubre de 2023: la aseguradora no había informado adecuadamente las transacciones con partes relacionadas ni revelado la naturaleza de los bienes raíces involucrados. La multa fue de UF 100. El activo observado ascendía a UF 1.530.000. La desproporción es de uno a quince mil trescientos. Hoy, en los estados financieros de 2025, esa operación ya no figura en ninguna parte. No aparece en la Nota 49, que registra los saldos y transacciones con relacionados. Las contrapartes listadas son Euroamerica S.A., Corredores de Bolsa, Insurdesign SPA, Clínica Las Condes. APESA no existe en el documento. La recompra de UF 1.530.000 tampoco. No aparece en la Nota 14. La columna de terrenos muestra un saldo inicial al 1 de enero de 2025 de M$91.358.008, adiciones menores de M$234.693 y un ajuste por revalorización de M$3.150.126. Nada más. Sin descripción de predios. Sin identificación de ubicación. Sin historia de origen. No aparece en la Nota 42, que trata las contingencias judiciales. Esa nota dice, textualmente: "Al 31 de diciembre de 2025, la Compañía no mantiene provisiones por contingencias judiciales." Y agrega: "Al cierre del 31 de diciembre de 2025, la Compañía no presenta sanciones." Esto ocurre mientras existen querellas activas vinculadas al caso Curauma, documentadas públicamente hasta 2026. No aparece en la Nota 43, sobre hechos posteriores: "La compañía no tiene conocimiento de otros hechos posteriores que pudieran afectar los presentes estados financieros." Las palabras "Curauma", "Las Cenizas", "APESA" y "Fundo" no aparecen ni una sola vez en las 343 páginas del documento. Lo que sí aparece es la palabra "terrenos". Primero el activo se captura. Luego se transfiere a una relacionada. Después se recompra por UF 1.530.000 —un sobreprecio de 73% sobre los UF 884.000 que había costado en 2013. Finalmente se normaliza: entra al balance como inversión inmobiliaria, se revaloriza año a año, y deja de tener historia. En 2025, esos terrenos acumulan M$94.742.827 en el activo de una aseguradora de vida. Y en 2025, esos terrenos suben M$3.150.126 por ajuste de revalorización, sin que el documento explique sobre qué predios ni bajo qué metodología. La tierra deja de tener nombre. El origen desaparece. El balance la bautiza de nuevo: "terrenos". Así se normaliza una operación sin moverla de lugar: cambiándole el nombre. La sanción administrativa de la CMF fue por no revelar adecuadamente. El problema que subsiste en 2025 no es de revelación: es de silencio estructural. La aseguradora no dice que no existe conflicto. Simplemente no menciona el conflicto. La Nota 42 reconoce que hay acciones judiciales en curso —en genérico, sin detallarlas— y al mismo tiempo declara que no hay provisiones por esas acciones. La combinación produce un efecto preciso: el mercado sabe que existen juicios, pero no sabe cuáles ni por cuánto. Los juicios que sí se describen en el documento corresponden a causas de Euroamerica Corredores de Bolsa, menores y en su mayoría resueltas o archivadas. El caso Curauma, que involucra a la aseguradora directamente y que es el origen de los terrenos que sostienen el 94,6% del patrimonio, no recibe ni una línea. ¿Sabían los asegurados que una parte equivalente a casi todo el patrimonio podía descansar sobre terrenos provenientes del caso Curauma? ¿Lo sabían los pensionados que contrataron rentas vitalicias con esta compañía? ¿Lo sabía el mercado? ¿Lo informó Euroamerica Seguros de Vida con nombre, origen y riesgo? No. No en 2023, cuando la CMF lo sancionó. No en 2025, cuando los terrenos valen más y el conflicto sigue activo. La contabilidad no purifica el origen. La auditoría no absuelve el despojo. La Nota 14 no borra Curauma. Y llamar "terrenos" a Las Cenizas no cambia lo que ocurrió. Hay dos preguntas que permanecen sin respuesta en el documento. La primera es para la CMF: ¿cuánto del patrimonio de Euroamerica Seguros de Vida descansa hoy sobre activos vinculados al caso Curauma?, ¿y qué riesgo jurídico representa eso para los asegurados? La segunda es para Euroamerica Seguros de Vida: si Las Cenizas pesa el 94,6% de su patrimonio, ¿por qué no lo nombra? La respuesta es la misma en los dos casos. Nombrarlo obliga a contar la historia. Y esa historia no es solo financiera. Es judicial, patrimonial, regulatoria y pública. Euroamerica Seguros de Vida no solo capturó tierra. Capturó también el relato contable de esa tierra. Y ese relato, verificado página por página en su propia memoria anual, confirma que el silencio no fue un error. Fue una decisión. #casocurauma #Euroamerica #CMF #LasCenizas #TransparenciaFinanciera #GobiernoCorporativo #PartesRelacionadas #EstadosFinancieros #FePublica #NormalizacionContable #Curauma #LasCenizas #EuroamericaSegurosdeVida #Despojo #ContabilidadDelDespojo #ElDespojoSeVuelveContabilidad #CMF #JusticiaChile #EstadoDeDerecho #Valparaiso #henrycomber #nicholasdavis #TGR #Superir #poderjudicial #EEFF

La querella de 2026 de Manuel Cruzat Infante en el Caso Curauma no describe una disputa civil. Describe una operación penalmente relevante: usar contratos, sociedades, bancos, abogados, quiebra y tribunal para transformar una garantía en apropiación. Querella 7º Juzgado de Garantía de Santiago El eje jurídico es la estafa residual del artículo 473 del Código Penal. No se imputa una mentira aislada, sino una arquitectura de engaño: una operación de crédito vestida como compraventa; una garantía tratada como dominio; una filial usada para mover los terrenos; una quiebra promovida para desplazar el convenio preventivo; y una administración concursal que habría consolidado el resultado. La primera acusación es el encubrimiento del crédito. Euroamerica Seguros de Vida habría entregado 715.000 UF bajo formas contractuales que aparentaban compraventa, leasing y retroventa, pero que en sustancia funcionaban como financiamiento garantizado. Si era crédito, debían examinarse capital, intereses, pagos y límites legales. Si se lo presenta como compraventa, el acreedor aparece como dueño. Ahí nace el engaño jurídico. La segunda acusación es la desproporción patrimonial. La garantía involucraba terrenos de valor muy superior al crédito. Esa diferencia permite sostener que la finalidad no era cobrar una deuda, sino capturar un activo. La tercera acusación es el sobrecobro. La querella afirma que Curauma pagó más de 1.040.000 UF y que aun así se exigió una cuota final cercana a 907.000 UF. La operación completa habría llevado a Euroamerica Seguros de Vida a recibir 2,72 veces el capital original. Si esa estructura fue diseñada para evitar el control sobre intereses, el problema deja de ser civil y entra al campo penal. La cuarta acusación es la simulación societaria. Euroamerica Seguros de Vida habría traspasado los terrenos a APESA, una sociedad relacionada, sin sustancia económica suficiente. La finalidad imputada es sacar los activos de la aseguradora, dificultar su restitución y consolidar la apropiación. La quinta acusación apunta al financiamiento del Banco de Chile. El crédito bancario habría dado apariencia de realidad a una transferencia que, según la querella, era instrumental. La pregunta jurídica es simple: ¿financió una compraventa real o ayudó a vestir una simulación? La sexta acusación es la recompra posterior. Euroamerica Seguros de Vida recompró los mismos terrenos a APESA por un valor muy superior. Ese retorno de los activos a la matriz refuerza la tesis de una operación circular: se movieron los terrenos para alejarlos de Curauma y luego se los reordenó dentro del mismo grupo. La séptima acusación es el uso instrumental de la quiebra. Mientras existía un convenio preventivo en Valparaíso, se activó una quiebra en Santiago mediante un crédito menor adquirido por Julio Bustamante Jeraldo. El punto jurídico no es si un acreedor podía pedir la quiebra. El punto es si esa acreencia fue usada como llave para abrir una liquidación funcional a terceros interesados en los terrenos. La octava acusación es la frustración del convenio preventivo. La Tesorería era acreedor decisivo. Su actuación u omisión permitió que el convenio fracasara. Si esa omisión fue consciente y funcional al perjuicio, deja de ser un error administrativo y pasa a ser un hecho jurídicamente relevante. La novena acusación es la manipulación de la distribución de las causas judiciales. La querella sostiene que la causa llegó al 2° Juzgado Civil de Santiago cuando correspondía al 6° Juzgado Civil de Santiago, de acuerdo a los tres criterios establecidos por el propio Poder Judicial. Así, el caso ya no es sólo patrimonial: compromete el juez natural, la fe pública y la igualdad ante la ley. La décima acusación recae sobre los abogados José Miguel Huerta y Cristóbal Eyzaguirre de Claro y Cía. No se les reprocha litigar. Se les imputa haber usado técnica jurídica para ejecutar una operación de despojo. La defensa profesional es legítima; convertir el proceso en herramienta de fraude no lo es. La undécima acusación apunta al síndico César Millán Nicolet. Su deber era administrar el patrimonio concursal con imparcialidad y resguardar a los acreedores. Si su gestión consolidó el resultado buscado por una parte, su actuación deja de ser neutra y debe ser investigada como pieza del fraude. La tesis jurídica final es dura: Curauma S.A. no perdió sus terrenos por una operación normal de mercado. Según la querella, los perdió por una secuencia coordinada de actos formalmente legales y sustancialmente fraudulentos. El Caso Curauma no trata sólo de propiedad. Trata del uso del derecho contra el derecho. Contratos para ocultar crédito. Sociedades para esconder beneficiarios. Bancos para dar apariencia. Abogados para construir la ruta. Quiebra para capturar el activo. Tribunal para validar el resultado. #casocurauma Caso Curauma: Cruzat Infante se querella por estafa contra Davis, Comber, Millán y otros www.interferencia.cl/articulos/caso-curauma-cruzat-infante-se-querella-por-estafa-contra-davis-comber-millan-y-otros Tiembla Sanhattan: Curauma se querella www.desenfoque.cl/2026/04/27/tiembla-sanhattan-curauma-se-querella/

CURAUMA – ADVERTENCIA 11 DICIEMBRE 2025 UN REMATE EN MEDIO DE LA CRISIS DE CORRUPCIÓN QUE SACUDE AL PODER JUDICIAL En un momento en que Chile presencia, con alarma y vergüenza, la revelación de redes de corrupción, tráfico de influencias y decisiones judiciales arregladas, resulta especialmente grave que se intente llevar adelante el remate de 535 hectáreas en Curauma dentro de un proceso concursal plagado de irregularidades. El país observa hoy cómo se desmoronan estructuras jurisdiccionales que debieron garantizar imparcialidad, probidad y justicia. En este contexto, insistir en rematar por 23° vez un inmueble a un valor inferior al 8% de su tasación del año 2015, no solo es un despropósito económico, sino un acto que se inserta en un patrón más amplio de decisiones judiciales inexplicables evidenciando una operación incompatible con cualquier estándar legal o económico razonable. El predio, además, se encuentra hipotecado por más de cinco millones de dólares, carga real plenamente vigente y que será ejercida en su integridad contra quien resulte adjudicatario. Paralelamente, existen acciones judiciales en curso destinadas a revertir este proceso irregular y perseguir responsabilidades civiles y penales. En el contexto señalado, participar en este remate implica asumir un riesgo jurídico y reputacional considerable. Y se harán valer todas las garantías y acciones disponibles contra quienes participen de esta maquinación. Quien se involucre deberá enfrentar las consecuencias por haber participado en la consumación de un acto ilegal y moralmente reprochable. CURAUMA MANUEL CRUZAT INFANTE

"En un examen mundial de elites seríamos posiblemente reprobados con la obligación de repetir el examen, muchos deberían repetir el año y varios serían definitivamente expulsados del colegio". Manuel Cruzat Infante escribió esa frase en febrero de 2001, en Reprobados (El Mercurio). No hablaba entonces de Curauma, sino de una falla más ancha: la dificultad de la elite chilena para mirar más allá de sus propias conveniencias, redes y reflejos defensivos. Veinticinco años después, el Caso Curauma parece escrito al margen de esa misma advertencia. Porque Curauma no incomoda por ser una quiebra. Incomoda porque obliga a examinar a quienes prefieren examinar a los demás: abogados, acreedores, reguladores, tribunales, administradores de la insolvencia, medios de comunicación y círculos empresariales. No los examina en sus discursos públicos sobre institucionalidad o Estado de Derecho, sino en el terreno donde el poder realmente se mide: el expediente, el tribunal, la asesoría legal, la omisión oportuna, el silencio útil. A la elite no le molesta que le digan que ganó. Le molesta que le pregunten cómo ganó. Ese es el punto de Curauma. No se trata solo de una deuda, de una sociedad quebrada o de un activo perdido. Se trata de una secuencia en que la forma termina encubriendo el fondo. Tribunal, síndico, acreedores, abogados, juntas, informes y reguladores comparecen en una cadena revestida de normalidad, con lenguaje técnico suficiente para alejar al ciudadano común y con solemnidad bastante para enfriar la sospecha. En Chile, muchas operaciones graves no necesitan violencia visible. Les basta una buena redacción. No rompen la puerta: obtienen la llave, conocen la clave, cambian la chapa y luego explican que todo fue conforme a derecho. Por eso Curauma sigue abierto como problema de Estado. Pregunta si el procedimiento fue garantía o instrumento; si la fe pública custodió la justicia o terminó prestando cobertura; si el paso del tiempo sanea un origen vicioso o simplemente lo cubre con polvo administrativo. El silencio de los medios tradicionales tampoco requiere una teoría conspirativa. A veces basta conocer el mapa. Quién financia, quién avisa, quién litiga, quién integra directorios, quién llama, quién incomoda con un recado, quién puede demandar. En un país pequeño, la omisión suele ser más eficaz que la censura: no prohíbe, enfría; no borra, posterga; no refuta, reduce el caso a un asunto técnico, viejo y privado. Pero Curauma no es privado si compromete la confianza en el modo en que operan las instituciones cuando el activo en juego es demasiado valioso. La elite no reprueba por ignorar el lenguaje de la institucionalidad. Lo conoce de sobra. Reprueba cuando lo usa como defensa de sus propios métodos. Cuando confunde legalidad formal con justicia. Cuando transforma la complejidad en coartada. Cuando mira hacia otro lado frente a hechos que, si ocurrieran lejos, comentaría con severidad impecable. Curauma molesta porque muestra una grieta en la zona más educada, jurídica, financiera e influyente del sistema. #casocurauma

Sobreseimiento de Manuel Cruzat, 2025: https://drive.google.com/file/d/1VV2t8H2W-L_B6ik8JWKrH5kbwBHME3Ny/view?usp=share_link

"El sistema de distribución no lo puede intervenir nadie". En septiembre de 2023, Cristóbal Eyzaguirre Baeza, abogado de Claro y Cía., respondió así cuando un medio le preguntó por el Caso Curauma. Lo llamó, con estudiada suficiencia, "un tema viejo". La frase parecía serenidad. No lo era. Era algo más reconocible en Chile: la seguridad de quien supone que ciertas preguntas no llegan hasta ciertos escritorios. Curauma no es sólo un pleito concursal ni una disputa entre acreedores. Es una grieta en la imagen que Chile ha vendido de sí mismo: instituciones sólidas, Estado de derecho, procedimientos neutros, tribunales asignados por sistemas objetivos. La querella penal hoy en tramitación sostiene algo mucho más grave: que esa neutralidad habría sido vulnerada desde el origen, desplazando la causa hacia el 2° Juzgado Civil de Santiago, pese a que el domicilio legal de Curauma estaba en Valparaíso y mientras seguía abierta la vía del convenio judicial preventivo. Por eso la frase de Eyzaguirre importa. "El sistema de distribución no lo puede intervenir nadie". El problema es que, según los antecedentes invocados por la querella, la propia Corporación Administrativa del Poder Judicial, la CAPJ, habría reconocido que no conserva registros suficientes de distribución de causas antiguas, que no dispone del código fuente original del sistema y que ciertos registros temporales se eliminaban automáticamente tras su uso. Un sistema sin trazabilidad no es necesariamente invulnerable. Es, al menos, inauditable. Luego vino la segunda frase: "El número del tribunal es lógicamente irrelevante". El argumento buscaba desactivar la sospecha: quien quisiera manipular una distribución no elegiría un número, sino un juez. Pero en Curauma el punto es precisamente ese. La querella apunta al 2° Juzgado Civil de Santiago y a la jueza Inelie Durán Madina, titular del tribunal que adoptó decisiones decisivas en la quiebra y en las actuaciones posteriores hoy impugnadas penalmente. Dicho de otro modo: el tribunal cuestionado contenía a la jueza cuestionada. La explicación no despeja la sospecha; la devuelve al centro del caso. La tercera frase fue política, no jurídica: "Intento desesperado de Cruzat, que perjudicó a muchos acreedores, incluido el fisco de Chile". Ahí está la maniobra clásica. Mencionar al fisco convierte al denunciante en amenaza pública. Ya no se discute si hubo vicio de origen, manipulación de radicación, captura de activos o aprovechamiento de un proceso concursal. Se instala otra escena: un deudor contra el Estado. Es una forma antigua de poder: redefinir al adversario antes de que el adversario pueda definir el conflicto. Pero la pregunta central quedó sin respuesta. ¿Cómo se explica que dos causas independientes (Curauma y Latam), de alta connotación pública, con intervención de los mismos abogados, hayan terminado radicadas en el mismo tribunal? "Los jueces que vieron las dos causas son diferentes. Eso demuestra lo absurdo de lo que plantean". Según los cálculos citados por la querella, la probabilidad sería de 1,75 en 1.000, equivalente a extraer una carta específica de una baraja de 571 naipes. Ya no se trata de una coincidencia cómoda, sino de un patrón que exige explicación. Curauma revela una forma más refinada de abuso institucional: no la corrupción vulgar del sobre en el pasillo, sino la corrupción de los excelentes. La de quienes tienen títulos, redes, prestigio, directorios, cátedras y acceso; la de quienes no necesitan romper una puerta porque conocen la cerradura, la llave y al guardia. Eyzaguirre no es un abogado cualquiera. Fue elegido tres años consecutivos —2010, 2011 y 2012— como el mejor abogado de Chile por directores jurídicos de grandes empresas, según Revista Capital. Profesor de Derecho Civil en la UC. Consejero permanente del directorio de la Bolsa de Santiago. Un profesional de ese nivel no puede ampararse fácilmente en la ingenuidad. Si se equivoca, no lo hace por desconocimiento del sistema, sino desde un conocimiento privilegiado de sus rendijas. En febrero de 2026, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite la querella criminal interpuesta por Manuel Cruzat Infante. La acción sindica a Eyzaguirre y a José Miguel Huerta Molina como arquitectos jurídicos del esquema que, según la acusación, permitió despojar a Curauma S.A. de activos inmobiliarios valorados en más de 500 millones de dólares. El "tema viejo" dejó entonces de ser viejo. Volvió como causa penal. Las instituciones no siempre reaccionan a tiempo. A veces llegan tarde, cuando los activos ya cambiaron de manos, los expedientes envejecieron y los responsables confían en que el polvo procesal hará su trabajo. Pero cuando llegan, no revisan sólo los actos. Revisan también las frases. Las respuestas dadas con exceso de seguridad. Las evasivas. Las certezas que parecían blindadas. En septiembre de 2023, Cristóbal Eyzaguirre eligió hablar. "El sistema de distribución no lo puede intervenir nadie". "Si alguien quisiera poder elegir un tribunal, lo haría pensando en que el juez le podría ser favorable. El número del tribunal es lógicamente irrelevante". Esas frases quedaron registradas. Y los registros, a diferencia de los rastros del algoritmo judicial, no se borran solos. #casocurauma Querella 7º Juzgado de Garantía de Santiago https://drive.google.com/file/d/1g41HhMlfmAubEyWKtLb9V9aE3X5gCO19/view?usp=share_link Caso Curauma: Cruzat Infante se querella por estafa contra Davis, Comber, Millán y otros www.interferencia.cl/articulos/caso-curauma-cruzat-infante-se-querella-por-estafa-contra-davis-comber-millan-y-otros Dichos de Eyzaguirre www.biobiochile.cl/especial/bbcl-investiga/noticias/articulos/2023/09/05/las-sospechas-de-sabotaje-informatico-de-cruzat-y-said-sobre-el-algoritmo-del-poder-judicial.shtml

Infografía: https://drive.google.com/file/d/1RY4C83OvzOgY6sS0-KU4Q6xFw1c2j2_6/view?usp=share_link #casocurauma

El Caso Curauma, destapado en 2013 con la quiebra forzada e ilegal de Curauma S.A. y el robo de activos por más de 11 millones de UF, es un escándalo que expone la corrupción de un sistema donde élites financieras, judiciales y políticas conspiran para perpetuar la impunidad. El Caso Curauma no es un colapso empresarial, sino un atraco planificado que despojó a Curauma S.A. por una deuda irrisoria de 85 millones de pesos chilenos, orquestado con precisión quirúrgica. He aquí un listado de los "sujetos de interés" en el Caso Curauma: Henry Comber Sigall, presidente de Euroamerica Seguros de Vida S.A. y figura central en el fraude del Caso Curauma. Desde mayo de 2004, otorgó préstamos a Curauma S.A. con tasas de interés usureras, diseñadas para inducir el colapso financiero de la empresa. El 10 de abril de 2013, solicitó la quiebra de Curauma S.A., iniciando la transferencia de activos a una filial de Euroamerica. Además, en el Caso Enjoy, como presidente del directorio, enfrenta acusaciones de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por colusión en licitaciones de casinos entre 2020 y 2021, con multas solicitadas por USD 37 millones. Nicholas Davis Lecaros, controlador de Euroamerica Seguros de Vida S.A. y cómplice de Henry Comber en el Caso Curauma. En 2012, creó Administraciones y Proyectos Euroamerica S.A., una empresa pantalla para ocultar activos sustraídos. Desde 2004, participó en la emisión de préstamos usureros a Curauma S.A. y respaldó la solicitud de quiebra del 10 de abril de 2013, así como la transferencia de activos del 20 de junio de 2013. En el Caso Enjoy, estuvo involucrado en la reestructuración de 2019-2020, con señalamientos de opacidad en la emisión de bonos, aunque no fue sancionado directamente por la FNE en la denuncia del 2 de octubre de 2024. Fernando Nizzam Escrich Juleff, CEO de Euroamerica Seguros de Vida desde 2010, alto ejecutivo histórico de EASV y director de Clínica Las Condes, aparece en la querella como integrante del bloque ejecutivo que habría participado en una operación de captura patrimonial sobre los activos de Curauma S.A., Las Cenizas y La Luz. Su rol no es menor: por cargo, permanencia y posición interna, queda situado en la línea de mando desde la cual una operación de esa escala sólo pudo avanzar con conocimiento, autorización y control ejecutivo. José Miguel Infante Lira, aparece como una pieza jurídica clave del bloque Euroamerica Seguros de Vida: fue fiscal, abogado histórico y conocedor interno de la estructura. En ese cuadro, no figura como un actor accesorio, sino como el profesional llamado a dar forma, cobertura y viabilidad jurídica a una operación que, según la querella, habría usado el derecho como instrumento de captura patrimonial. César Millán Nicolet, síndico de quiebras designado en mayo de 2013 para el Caso Curauma. Ejecutó el fraude al presentar, el 20 de junio de 2013, una transferencia de activos al 2º Juzgado Civil de Santiago por menos del 10% de su valor real. Además, ha llevado a a cabo 21 remates fallidos de 535 hectáreas de Curauma S.A., también a un 10% de su valor óptimo, consolidando el despojo de activos. Cristóbal Eyzaguirre Baeza, abogado de Claro y Cía., tejió la fachada legal del fraude. Representando a Euroamerica, preparó la solicitud de quiebra del 10 de abril de 2013 y defendió la transferencia de activos el 20 de junio de 2013, asegurando que el 2º Juzgado favoreciera a Euroamerica. José Miguel Huerta Molina, abogado de Claro y Cía., colaboró en el esquema legal, respaldando la solicitud de quiebra de abril de 2013 y la audiencia de junio de 2013. Su rol dio legalidad al fraude, manipulando el 2º Juzgado. Inelie Durán Madina, jueza del 2º Juzgado Civil de Santiago en 2013, figura clave en la ejecución judicial del Caso Curauma. El 15 de mayo de 2013, declaró la quiebra de Curauma S.A., permitiendo la apropiación de activos valuados en USD 500 millones por parte de Euroamerica. El 20 de junio de 2013, avaló la transferencia de activos presentada por el síndico César Millán, forzando al Conservador de Bienes Raíces a cancelar inscripciones de dominio, acto denunciado como fraudulento. La asignación del caso a su tribunal fue cuestionada por una probabilidad anómala (1.75 en 1000), según la querella por sabotaje informático presentada por Manuel Cruzat Infante el 15 de marzo de 2023. Víctor Bergamín Salinas. Secretario judicial del 2º Juzgado Civil de Santiago en 2013. Desempeñó un rol clave en la gestión de este caso. La concentración de casos sensibles en un mismo tribunal y bajo la dirección de los mismos funcionarios judiciales ha sido una de las razones por las cuales se han levantado alertas en la comunidad legal. Ricardo Guzmán Sanza, (ex) director de la CAPJ desde el 20 de octubre de 2015, tras ser contralor interno en 2012 y director suplente en 2014, y destituido por corrupción en junio de 2025, permitió que el sistema judicial se torciera. La asignación anómala del Caso Curauma al 2º Juzgado en mayo de 2013 ocurrió bajo su supervisión. La querella de Cruzat lo acusa de negligencia y complicidad, y la CAPJ retrasó datos a la PDI hasta septiembre de 2023. En febrero de 2024, Guzmán intentó renunciar por el escándalo de la compra de 22 vehículos Lexus (USD 1.5 millones), pero el Pleno lo rechazó el 21 de febrero de 2024, ordenando un sumario. Investigado, permanece en el cargo. Cristián Huerta Bustamante, jefe de tesorería de Curauma y representante de la Tesorería General de la República, manipuló registros contables entre 2004 y 2013, facilitando la quiebra del 15 de mayo de 2013. Osvaldo Macías Muñoz, superintendente de Seguros y Pensiones hasta el 31 de diciembre de 2010, permitió que Euroamerica operara sin control entre 2004 y 2010, allanando el camino para la quiebra de 2013. Julio Bustamante Jeraldo, identificado como “testaferro” de Euroamerica, jugó un rol oscuro pero crucial. Ex director de Curauma S.A., solicitó la quiebra de la empresa alegando una presunta deuda de 80 millones de pesos chilenos. Es el operador que facilitó transacciones opacas, sirviendo de puente entre Euroamerica y otras entidades. Su rol como testaferro subraya la profundidad del esquema. El Banco de Chile, socio con Citibank, otorgó un crédito “exprés” (en 72 horas) de USD 40 millones, en abril de 2013 a Administraciones y Proyectos Euroamerica S.A., filial de Euroamerica. Diego Munita Claro, abogado designado como juez árbitro para tramitar el convenio (de Curauma S.A.), debía velar por su legalidad y transparencia. Sin embargo, el proceso se desarrolló bajo una atmósfera turbia: presiones externas, amenazas de querellas por prevaricación y un ambiente enrarecido que terminó minando su capacidad de conducción. Como en otras causas de alto perfil, Munita —abogado integrante de la Corte Suprema, y luego votante en favor de Julio Ponce Lerou en el fallo de abril de 2022 que anuló las sanciones impuestas por la SVS en el caso Cascadas— actuó desde un lugar ambiguo entre lo público y lo privado. Nunca se inhabilitó. Nunca explicó por qué dejó que el proceso se desfondara. Víctor Vidal Gana, abogado de la Tesorería General de la República, quien ejecutó la jugada maestra. Tras semanas de conversaciones con los representantes de Curauma S.A. para afinar el texto del acuerdo, no se presentó a la audiencia clave del 7 de noviembre de 2013, convocada para la votación del convenio. Su sola ausencia impidió alcanzar el quórum legal de acreedores y, con ello, hundió el Convenio Judicial Preventivo. La TGR, principal acreedor con el 71% del pasivo verificado, tenía en sus manos la llave para salvar el proyecto. Decidió no usarla. O, peor aún, decidió no aparecer. El Caso Curauma, con su quiebra fraudulenta en 2013 y el robo de activos por más de USD 500 millones, no es un hecho aislado, sino un retrato crudo de la corrupción sistémica que permea las élites financieras, judiciales y políticas de Chile. Los sujetos de interés –Inelie Durán Madina, Ricardo Guzmán Sanza, Cristóbal Eyzaguirre, José Miguel Huerta, Eduardo Guzmán Sanza, Henry Comber, Nicholas Davis, Julio Bustamante Jeraldo, y otros, junto a instituciones como Claro y Cía., el Banco de Chile, el 2º Juzgado Civil, la CAPJ, el Fisco y la Tesorería General– no son meros actores individuales, sino engranajes de una maquinaria que prioriza el lucro y el poder sobre la justicia. La ausencia de castigos a mayo de 2025, refleja un sistema que protege a los poderosos. Esta corrupción no solo robó activos, sino que erosionó la fe en las instituciones, dejando a Curauma como un símbolo de la justicia doblegada. Se suman voces que progresivamente exigen romper este pacto de silencio, pero mientras estos sujetos sigan impunes, Chile seguirá atrapado en un ciclo donde el dinero dicta las reglas y la verdad queda enterrada. #casocurauma Querella 7º Juzgado de Garantía de Santiago, 2026: https://drive.google.com/file/d/1g41HhMlfmAubEyWKtLb9V9aE3X5gCO19/view?usp=share_link The Curauma Criminal Complaint, 2026 https://drive.google.com/file/d/1I62-TLJVc6wVjGvjRQdiTae32ALrxJu5/view?usp=share_link Accused of fraud https://drive.google.com/file/d/1AntvyXKJCkv7CSKAXOAdH-HP8R3aMgMn/view?usp=share_link Caso Curauma: Cruzat Infante se querella por estafa contra Davis, Comber, Millán y otros www.interferencia.cl/articulos/caso-curauma-cruzat-infante-se-querella-por-estafa-contra-davis-comber-millan-y-otros Tiembla Sanhattan: Curauma se querella www.desenfoque.cl/2026/04/27/tiembla-sanhattan-curauma-se-querella/

Por Santiago Escobar S. 27 de abril de 2026 - Desenfoque Durante años nadie quiso escuchar ni menos creer en un fraude. Se decía que Manuel Cruzat Infante, controlador de Curauma S.A. hablaba por la herida de una pérdida económica fuerte, cada vez que intentaba que la justicia investigara los hechos anormales de su quiebra. Hoy la querella presentada y acogida a trámite por los delitos de estafa residual y otras defraudaciones en la misma, ante el 7° Juzgado de Garantía en febrero de este año, es un certificado de plausibilidad y verosimilitud de sus dichos, que es obligatorio investigar por la gravedad de los hechos denunciados. Estos se basan, de manera estructural, en una manipulación del algoritmo de distribución de causas del poder judicial, que permitió radicar dolosamente en Santiago una causa que por jurisdicción correspondía a Valparaíso y, además, asignarlo a un tribunal “amigo” diferente al que correspondía de haberse aplicado bien el algoritmo. O sea, primero radicar en Santiago y luego asignar al 2°Juzgado Civil, todo con manipulación. A partir de ahí habría sido posible la ejecución del esquema defraudatorio y una apropiación con simulación de legalidad del activo inmobiliario más valioso de Curauma. La admisión de la querella es un fuerte llamado de atención a todo el sistema judicial, y un indicio de cómo ha cambiado la percepción ciudadana sobre su corrupción. A nadie en la calle le parece hoy extraño que pudiera haberse aplicado un gran esquema defraudatorio en el caso Curauma para apropiarse del negocio. Tampoco que se investigue. Es normal y necesario para el país, dicen. Pero que se sepa. La querella pone bajo la lupa a instituciones y personas connotadas. Al Banco de Chile, a la Comisión para el Mercado Financiero, a Euroamérica Seguros de Vida S.A y sus principales ejecutivos. Y sindica a los abogados Cristóbal Eyzaguirre y José Miguel Huerta del Estudio Claro y Cía -uno de los más renombrados del país y con operaciones legales en EE.UU.-, como cerebros legales del esquema defraudatorio. Por todo ello, Sanhattan tiembla. El papel del Estudio Claro y Cía. El nudo del esquema defraudatorio lo hicieron abogados. Primero había que idear cómo actuar judicialmente para transformar un préstamo financiero normal en una apropiación de activos del deudor. Luego manipular el algoritmo de distribución de causas del Poder Judicial para obtener “un tribunal amigo”; y, finalmente había que controlar o inhibir a los organismos públicos regulatorios para impedir interrupciones o problemas de descontrol en la ejecución. De ahí que lo central sea la manipulación del sistema de distribución de causas, que es uno de los puntos más sensibles de todo el sistema digital del PJUD. Ese sistema, de acuerdo con la legislación vigente, parece estar fuera de control en materia de ciber seguridad. No tiene respaldo de causas, borra la información clave, no tiene un proveedor externo sino varios para incidentes menores, lo que lo hace poco confiable, desintegrado y sin trazabilidad de responsabilidad. Experimenta constantes hackeos de sus archivos y procedimientos judiciales, uno de ellos del expresidente Gabriel Boric; tiene múltiples casos de distribución de causas con manipulación. Una de las cuales fue hecha para registrar 69 camiones ilegales, en un mismo tribunal en un mismo año, sin sanción. Tiene distribución arbitraria de dos causas mayores, Curauma y la Insolvencia Transfronteriza de LATAM, desviándolas a un mismo tribunal, el 2°Civil cuando correspondían otros de acuerdo con el algoritmo. En fecha reciente se detectó un intento de vender un software exclusivo de propiedad del Poder Judicial por parte del jefe de la división de informática, a países de Centro America. Aún se investiga. Manuel Cruzat hizo denodados esfuerzos para que el Poder Judicial escuchara e investigara el tema Curauma, pero sin éxito. Un fiscal de alta complejidad decidió no perseverar en la investigación de delito informático, pese a existir pruebas suficientes para profundizar. Entre otras, el reconocimiento expreso contenido en oficios reservados de la CAPJ a la Fiscalía sobre anomalías en el caso Curauma, además de declarar que la CAPJ no tiene registro de distribución de causas antiguas, no dispone del código fuente del sistema original desarrollado en Visual Basic ni de documentación que asegure la que hay continuidad de registro en la migración que se hizo hacia el sistema actual basado en PL/SQL. Y también reconoció que los registros temporales generados en cada asignación son eliminados tras su uso, lo que imposibilita auditar decisiones. Entonces, sin códigos ni registros de procedimientos ni tablas, no existe base técnica de auditoría. Por lo tanto, no hay control y es fácil de manipular. Y si alguien pregunta, se hacen simulaciones en sustitución de auditorías imposibles de realizar. Algo muy fácil de manipular si se tiene dinero y poder. Lo ocurrido con Curauma y el algoritmo no fue un error o simple irregularidad administrativa sino una manipulación deliberada dentro de un sistema que pudo haber sido diseñado para no ser controlado o derechamente para ser manipulado a discreción. Eso había que investigar y también ahora, junto con el dato más incisivo de la querella. Que los abogados que patrocinaron el juicio sobre la Insolvencia Transfronteriza de Latam Airlines, son los mismos que han patrocinado a Euroamerica Seguros de Vida S.A., que en ambos “se alteró el algoritmo” para asignarlos al mismo 2° Juzgado Civil de Santiago, cuando los competentes eran otros. La manipulación condiciona judicialmente todo lo demás. El curso de acción legal previsto, obra de Eyzaguirre Baeza y Huerta Molina y supuestamente sofisticado, no resistiría un escrutinio riguroso de los elementos judiciales y administrativos tanto en lo que conoció el juez como en la garantía de Fe Pública de los organismos regulatorios involucrados. La pregunta clave ahora es sobre el talante con que se investigará el caso. Si como anomalía judicial, o como un fraude de alta complejidad. Caso este último que, dado el inexplicable silencio de la prensa impresa, implica el riesgo de la presión subterránea en busca de opacidad y en lo posible impunidad, en defensa de “la imagen del país”. Pero en un país decente, cuando un caso tensiona la igualdad ante la ley, no importa ni el volumen patrimonial, la imagen de poder, influencia o repercusión social de los actores. Todos son iguales si demandan justicia y transparencia, y sus instituciones, menos la justicia, no humillan a ninguno de sus ciudadanos. Investigar este “curso legal” del fraude es desde ya un triunfo moral para Manuel Cruzat y su visión de las cosas. En su formidable Historia Intelectual del Siglo XX, Peter Watson sostiene que, sin ser excluyentes ni exclusivos de ese siglo, “la ciencia, la economía de libre mercado y los medios de comunicación de masas” son las tres fuerzas intelectuales más potentes de impulso al futuro, con una progresión imposible de imaginar. En ver e imaginar alguna de esas dimensiones, Manuel Cruzat ha sido señero y Curauma como proyecto es parte de ello. Si la investigación y juzgamiento de los hechos se hace con la rigurosidad y doctrina de estricta legalidad promovida por la actual presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, debería resultar en justicia y rectificación, como hito prometedor para un sistema legal con crisis de probidad. Por cierto, depende de la calidad de la investigación tanto como de la convicción de que una práctica tan odiosa como la descrita sería un enorme riesgo país si se replicara o cayera en manos de organizaciones criminales. Estas viven en “estado de acecho permanente” de los entornos de la corrupción de un Estado. - www.desenfoque.cl/2026/04/27/tiembla-sanhattan-curauma-se-querella/ .......................... Querella 7º Juzgado de Garantía de Santiago https://drive.google.com/file/d/1g41HhMlfmAubEyWKtLb9V9aE3X5gCO19/view?usp=share_link Caso Curauma: Cruzat Infante se querella por estafa contra Davis, Comber, Millán y otros www.interferencia.cl/articulos/caso-curauma-cruzat-infante-se-querella-por-estafa-contra-davis-comber-millan-y-otros

JUST IN: The Curauma Criminal Complaint, 2026 This criminal complaint, filed by Chilean entrepreneur Manuel Cruzat Infante in January 2026, alleges a long-running scheme to divert and consolidate valuable Curauma S.A. real-estate assets under Euroamerica Seguros de Vida-related control. It describes a coordinated fraud involving abusive financing, simulated transfers, insolvency manipulation, irregular court assignment, legal engineering, and institutional omissions designed to block Curauma’s recovery efforts and perfect the alleged dispossession over more than a decade. https://drive.google.com/file/d/1I62-TLJVc6wVjGvjRQdiTae32ALrxJu5/view?usp=share_link Curauma S.A. (www.curauma.info), a prominent Chilean real estate developer, is the driving force behind "Curauma, the New City," widely regarded as the most ambitious and impactful real estate project in central Chile since 1990. Under the leadership of Chilean entrepreneur Manuel Cruzat Infante, Curauma S.A. meticulously designed, planned, and launched this visionary urban development. Conceived as a natural extension of Greater Valparaíso, Curauma was strategically positioned to bridge Chile’s two largest urban hubs—Santiago and Valparaíso—while establishing itself as a vital center for growth and progress in the country’s central macro-zone. The project aimed to redefine urban living by fostering sustainable development and regional connectivity. The Curauma Case: A Tale of Corporate Misconduct ​ The #CuraumaCase (#casocurauma) exposes a troubling saga in which Curauma S.A. was driven into bankruptcy through illicit means, allowing Euroamerica Seguros de Vida S.A. (Euroamerica Life Insurance), led by Henry Comber and Nicholas Davis, to seize a collateral asset valued at over $500 million USD. ​ In 2013, Julio Bustamante Jeraldo, a former director of Curauma S.A. and an attorney, initiated a bankruptcy filing against the company in Santiago. This move was highly irregular, as Curauma S.A.’s legal headquarters were located in Valparaíso, not Santiago, making the filing jurisdictionally questionable under Chilean law. The bankruptcy claim rested on an alleged debt of just $80,000 USD—a figure that lacked credible supporting evidence, such as tax records or official documentation. Experts argue this violated multiple legal frameworks, including the Securities Act, the Corporations Act, and oversight regulations enforced by the Superintendency of Securities and Insurance (now known as the Financial Market Commission, or CMF). Many suspect the debt was entirely fabricated as a pretext to justify the seizure of Curauma’s valuable collateral. ​ The appointed bankruptcy trustee, César Millán Nicolet, is accused of overseeing the process in a manner that heavily favored EuroAmerica’s interests. Critics allege that Millán maintained improper ties with EuroAmerica’s leadership, raising concerns of collusion. Evidence suggests the bankruptcy was orchestrated to enable a financial maneuver involving exorbitant interest rates that exceeded Chile’s legal Maximum Conventional Rate—a form of usury prohibited under national law. Further compounding suspicions, the judicial case assignment algorithm, intended to ensure impartiality, appears to have been tampered with to guarantee the case was heard in Santiago’s courts, where conditions were more advantageous for EuroAmerica and its allies. ​ Henry Comber and Nicholas Davis, the key figures steering Euroamerica, and their attorneys, are accused of masterminding this scheme. Their strategy allegedly relied on predatory financial tactics and illegal judicial actions to wrest control of Curauma S.A.’s assets. Julio Bustamante played a pivotal role by filing the dubious bankruptcy petition, while César Millán facilitated the asset transfer to EuroAmerica through his oversight of the process. ​ Despite Curauma S.A.’s assets being independently valued at over $500 million USD, the company was dismantled over a minor and fictitious $80,000 debt (eighty thousand dollars). This allowed Euroamerica to claim the collateral in a process critics say flouted principles of fair competition, transparency, and ethical conduct. Ongoing Legal Battle for Justice ​ Since 2013, a series of lawsuits and legal efforts have sought to undo this alleged corporate takeover and reclaim what was unjustly seized. These actions aim to overturn the irregular court rulings, hold the responsible parties accountable, and deliver justice to Curauma S.A. and its rightful stakeholders. As of 2025, the fight continues to shine a light on the need for integrity and accountability in Chile’s financial and judicial systems. ​ More at www.curaumacase.blogspot.com ​​ ​ The Curauma Case: Anatomy of a Legal Farce (July 2025) In June 2025, after more than a decade of judicial persecution, Chilean entrepreneur Manuel Cruzat Infante was fully exonerated of all criminal charges related to the alleged fraudulent bankruptcy of Curauma S.A. The court’s ruling confirmed what had long been evident to legal and financial observers: the 2013 liquidation—triggered by a disputed debt of just USD 85,000—was not only unjustified but procedurally irregular from the outset.The company was declared bankrupt in December 2013 by the 2nd Civil Court of Santiago, despite being legally domiciled in Valparaíso—a clear violation of territorial jurisdiction. At the time, Curauma S.A. controlled assets exceeding USD 500 million, including an urban real estate portfolio of more than 6,200 acres in the upper sector of Valparaíso. The bankruptcy request, filed by former board member Julio Bustamante Jeraldo, was based on a questionable promissory note that lacked validation from tax or banking authorities.The liquidation process was assigned to trustee César Millán Nicolet, who maintained close ties with Euroamerica Seguros de Vida and its top executives, Henry Comber and Nicholas Davis. Euroamerica ultimately acquired the company’s principal mortgage asset through a series of maneuvers involving interest rates above legal thresholds and property valuations dramatically below market. The process, marked by opacity and conflicts of interest, has been widely described as a case of institutionalized corruption—a convergence of private enrichment and public dysfunction.The case has also attracted attention beyond Chilean borders. Euroamerica is a major shareholder in Enjoy S.A., a casino operator under investigation for collusion, whose bonds are traded in U.S. financial markets. This connection has prompted scrutiny from legal observers and international firms, raising the possibility of proceedings under U.S. anti-corruption laws, including the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) and the RICO Act.The Curauma affair has come to symbolize not only the vulnerability of Chile’s judicial system to private influence and procedural manipulation, but also the entrenchment of corruption within its legal and financial institutions. Justice or Rigged Odds in Chile? The Curious Case of Curauma ​ Chile’s judicial system boasts a meticulous process for assigning cases to its civil courts, a structured lottery intended to guarantee fairness through randomization and clear rules. Yet, the 2013 bankruptcy of Curauma S.A.—a prominent Chilean real estate firm whose collapse became known as the Curauma Case—unravels this claim. On December 19, assigned to Santiago’s 2nd Civil Court instead of the 6th, the case defies both logic and probability, hinting at a system compromised. ​ The process is exacting. Of Santiago’s 30 civil courts, 19 were equipped to handle bankruptcies in 2013, each managing five such cases—a tie yielding a 5.26% chance (1/19) per court. A decisive rule then steps in: assign the case to the court with the lightest total workload. Records show the 6th Court at 14,027 cases, dwarfed by the 2nd’s 15,200. By this standard, the 6th was the sole contender, its probability locked at 100%, the 2nd’s at a stark 0%. ​ Astonishingly, the 2nd Court prevailed. A later analysis calculated the odds of this as a mere 0.175%—akin to picking one marked card from a 571-card deck across 1,000 draws. Statistically, a 1% chance sparks skepticism; 0.175% is near-inconceivable. Even without the workload rule, the 2nd’s odds wouldn’t exceed 5.26%—still too thin to justify an outcome the system explicitly ruled out. This is no quirk of fate. Such staggering improbability outstrips clerical mishap and signals deliberate interference, chipping away at the impartiality Chile’s judiciary champions. For the world watching, the Curauma Case offers a sobering insight: even well-crafted systems falter when hidden hands skew the balance. The numbers speak unequivocally—yet, for over eleven years, silence has met the call for answers. Justice merits more than fleeting odds; it demands accountability, not enduring evasion. Curauma Case Chile, 2026. CURAUMA S.A. casocurauma@gmail.com www.curauma.info www.cb.cl www.casocurauma.blogspot.com

En febrero de 2026, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago admitió a tramitación una querella criminal presentada por Manuel Cruzat Infante por estafa residual y otras defraudaciones, en la que se denuncia un esquema destinado a despojar a Curauma S.A. de sus activos mediante una secuencia coordinada de actos financieros, societarios, concursales y judiciales. Los querellados son Nicholas Davis Lecaros, Henry Comber Sigall, Fernando Nizzam Escrich Juleff y José Miguel Infante Lira, vinculados a Euroamerica Seguros de Vida S.A.; el abogado Julio Bustamante Jeraldo; los abogados José Miguel Huerta Molina y Cristóbal Eyzaguirre Baeza, del estudio Claro y Cía.; y el síndico César Millán Nicolet. La querella retrotrae el origen del conflicto a 2004, cuando Curauma S.A. y el Grupo CB obtuvieron de Euroamerica Seguros de Vida S.A. un financiamiento por 715.000 UF, formalizado mediante leasing y retroventa, pero que el escrito califica como un crédito encubierto garantizado con más de 4.000 hectáreas de terrenos. Sostiene que, para 2013, esos activos superaban una valorización estimada de 11,8 millones de UF y que, entre 2004 y 2012, Curauma ya había pagado 1.040.775 UF, esto es, el capital original más un 45,6% adicional, sin que la relación se extinguiera. A partir de ahí, afirma que Euroamerica impulsó una estrategia destinada a consolidar la apropiación definitiva de los bienes entregados en garantía. Ese diseño tuvo un punto de quiebre el 6 de agosto de 2013, cuando Euroamerica Seguros de Vida S.A. transfirió los inmuebles de Curauma a su filial Administraciones y Proyectos Euroamerica S.A. mediante una escritura pública de compraventa e hipoteca. La querella califica esa operación como simulada, sin sustancia económica real, y destinada a sacar los bienes del perímetro de una aseguradora regulada para frustrar su restitución. Añade que el precio pactado fue de 884.000 UF, financiado íntegramente con crédito de Banco de Chile, y que, entre 2019 y 2020, esos mismos inmuebles fueron restituidos a la matriz por 1.530.000 UF, un 73% más, generando —según el libelo— una utilidad artificial y consolidando el despojo patrimonial. En paralelo, Curauma S.A. tramitaba en Valparaíso un Convenio Judicial Preventivo, propuesto en abril de 2013, en el que la Tesorería General de la República era el acreedor principal y, por tanto, decisivo para su aprobación. La querella sostiene que ese procedimiento fue frustrado el 7 de noviembre de 2013, cuando el representante de la Tesorería, pese a encontrarse presente, no ingresó a la sala de audiencia, impidiendo el quórum legal necesario y provocando el rechazo del convenio. Según el libelo, ese episodio fue determinante para cerrar la vía de reorganización de Curauma. Mientras ese procedimiento y sus incidencias seguían abiertos en Valparaíso, Julio Bustamante Jeraldo solicitó en septiembre de 2013 la quiebra de Curauma ante el 2° Juzgado Civil de Santiago. La querella sostiene que esa radicación no obedeció al curso ordinario del proceso: pese a las objeciones de competencia ya planteadas, la causa recayó en ese tribunal, aunque, de haberse aplicado correctamente el sistema de distribución, debió corresponder al 6° Juzgado Civil de Santiago. Por eso, el escrito presenta la quiebra en Santiago no como un episodio aislado, sino como parte de una maniobra destinada a sustraer el asunto de su juez natural. Uno de los ejes más graves de la querella está precisamente en esa maniobra. El escrito descarta que se tratara de un simple accidente procesal y la describe como una alteración del sistema de distribución de causas, decisiva para desviar el caso al tribunal buscado. En ese marco, solicita profundizar especialmente la investigación respecto de los abogados José Miguel Huerta Molina y Cristóbal Eyzaguirre Baeza, de Claro y Cía., por su eventual relevancia en la estructura jurídica que hizo posible ese desvío. La querella refuerza además esa línea con el antecedente de la insolvencia transfronteriza de Latam Airlines S.A., también asignada al 2° Juzgado Civil de Santiago, pese a que —según el propio escrito— debió corresponder al 15°, presentando así ese caso como indicio de un posible patrón de asignaciones incompatibles con un sistema aleatorio. Una vez instalado el caso en el tribunal que la querella denuncia como indebidamente escogido, fue designado síndico César Millán Nicolet. El escrito le imputa haber revocado los poderes de los abogados de Curauma, entregado los inmuebles a sociedades vinculadas a Euroamerica y suscrito una transacción que implicó renunciar por completo a las acciones de recuperación, incluso antes de la ratificación de la primera junta de acreedores. El cuadro queda así armado: Nicholas Davis Lecaros, Henry Comber Sigall, Fernando Nizzam Escrich Juleff y José Miguel Infante Lira como articuladores, impulsores y ejecutores desde Euroamerica Seguros de Vida S.A.; Julio Bustamante Jeraldo como vía de ingreso de la quiebra; José Miguel Huerta Molina y Cristóbal Eyzaguirre Baeza como operadores jurídicos de la estructura; y César Millán Nicolet como ejecutor concursal del proceso. La querella denuncia una práctica de corrupción a gran escala que compromete la integridad del sistema y alcanza a actores ubicados en la cúspide de la institucionalidad económica y jurídica del país. #casocurauma Querella 7º Juzgado de Garantía de Santiago: https://drive.google.com/file/d/1g41HhMlfmAubEyWKtLb9V9aE3X5gCO19/view?usp=share_link The Curauma Criminal Complaint, 2026 https://drive.google.com/file/d/1I62-TLJVc6wVjGvjRQdiTae32ALrxJu5/view?usp=share_link Accused of fraud https://drive.google.com/file/d/1AntvyXKJCkv7CSKAXOAdH-HP8R3aMgMn/view?usp=share_link Caso Curauma: Cruzat Infante se querella por estafa contra Davis, Comber, Millán y otros www.interferencia.cl/articulos/caso-curauma-cruzat-infante-se-querella-por-estafa-contra-davis-comber-millan-y-otros Tiembla Sanhattan: Curauma se querella www.desenfoque.cl/2026/04/27/tiembla-sanhattan-curauma-se-querella/ #euroamerica #henrycomber #nicholasdavis #cesarmillannicolet #NizzamEscrichJuleff #cristobaleyzaguirre #josemiguelhuerta #claroycia #easv #euroamericasegurosdevida

El "ex síndico", como lo nota la Superir (Oficio adjunto), César Millán Nicolet, ya no enfrenta solo críticas. En la quiebra de Curauma S.A., la propia Superir lo observó formalmente en un oficio de 19 de noviembre de 2025, y no por asuntos laterales, sino por el corazón del proceso: honorarios, contabilidad, reparto de fondos, créditos fiscales, reservas e impugnaciones. Los hechos son duros. La autoridad le ordenó remitir la boleta del cuarto reparto y entregar la contabilidad de la quiebra entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de octubre de 2025, con libros mayores y balance general firmados. Lo más grave está en los pagos. El oficio observa que, al 9 de octubre de 2019, existía un saldo de crédito preferente del Fisco que debía abonarse en el cuarto reparto. Según la autoridad, eso no ocurrió: se pagó a créditos valistas, contrariando la prelación legal. Los montos citados son elocuentes: $ 3.322.488.111   y $ 2.473.421.387 . Además, la fiscalización advirtió que en ese cuarto reparto no se tuvo a la vista el origen de un crédito valista de Tesorería por $640.336.008. También exigió aclarar reservas por créditos impugnados no reconocidos por $791.827.207. El capítulo de Tesorería es todavía más inquietante. El oficio registra una verificación ordinaria de 24 de marzo de 2014 por $ 31.796.139.686   y otra extraordinaria, reconocida el 28 de noviembre de 2018, por $ 11.790.552.810 . Pero esta última solo se publicó en el Diario Oficial el 4 de octubre de 2025. Peor aún: la autoridad subraya un lapso de seis años hasta que el síndico pidió tenerse por notificado e impugnó el crédito, el 16 de mayo de 2025. Hay otro dato devastador: la Superir constató que boletas por honorarios extraordinarios fueron emitidas a nombre de la masa y no de los acreedores que los aprobaron, pese a que esos honorarios debían ser de cargo de estos últimos. Y el cierre es inequívoco. Se le dieron 10 días hábiles administrativos para responder, bajo advertencia expresa de infracción administrativa si incumplía. El problema, entonces, ya no es de relato. Es de antecedentes. Con fechas, montos y observaciones de este calibre, César Millán Nicolet deja de ser un síndico discutido y pasa a ser un ex síndico formalmente observado por la autoridad en la administración de Curauma.   Eso, por sí solo, y con todo respeto, es demoledor. #casocurauma Oficio Superir N°20289 (Noviembre de 2025): https://drive.google.com/file/d/11EKwV0Qr-EHyFYaOmB2tlk7Uzr4G_4tM/view