La elite chilena y Curauma

"En un examen mundial de elites seríamos posiblemente reprobados con la obligación de repetir el examen, muchos deberían repetir el año y varios serían definitivamente expulsados del colegio".

Manuel Cruzat Infante escribió esa frase en febrero de 2001, en Reprobados (El Mercurio). No hablaba entonces de Curauma, sino de una falla más ancha: la dificultad de la elite chilena para mirar más allá de sus propias conveniencias, redes y reflejos defensivos.

Veinticinco años después, el Caso Curauma parece escrito al margen de esa misma advertencia.

Porque Curauma no incomoda por ser una quiebra. Incomoda porque obliga a examinar a quienes prefieren examinar a los demás: abogados, acreedores, reguladores, tribunales, administradores de la insolvencia, medios de comunicación y círculos empresariales. No los examina en sus discursos públicos sobre institucionalidad o Estado de Derecho, sino en el terreno donde el poder realmente se mide: el expediente, el tribunal, la asesoría legal, la omisión oportuna, el silencio útil.

A la elite no le molesta que le digan que ganó. Le molesta que le pregunten cómo ganó.

Ese es el punto de Curauma. No se trata solo de una deuda, de una sociedad quebrada o de un activo perdido. Se trata de una secuencia en que la forma termina encubriendo el fondo. Tribunal, síndico, acreedores, abogados, juntas, informes y reguladores comparecen en una cadena revestida de normalidad, con lenguaje técnico suficiente para alejar al ciudadano común y con solemnidad bastante para enfriar la sospecha.

En Chile, muchas operaciones graves no necesitan violencia visible. Les basta una buena redacción. No rompen la puerta: obtienen la llave, conocen la clave, cambian la chapa y luego explican que todo fue conforme a derecho.

Por eso Curauma sigue abierto como problema de Estado. Pregunta si el procedimiento fue garantía o instrumento; si la fe pública custodió la justicia o terminó prestando cobertura; si el paso del tiempo sanea un origen vicioso o simplemente lo cubre con polvo administrativo.

El silencio de los medios tradicionales tampoco requiere una teoría conspirativa. A veces basta conocer el mapa. Quién financia, quién avisa, quién litiga, quién integra directorios, quién llama, quién incomoda con un recado, quién puede demandar. En un país pequeño, la omisión suele ser más eficaz que la censura: no prohíbe, enfría; no borra, posterga; no refuta, reduce el caso a un asunto técnico, viejo y privado.

Pero Curauma no es privado si compromete la confianza en el modo en que operan las instituciones cuando el activo en juego es demasiado valioso.

La elite no reprueba por ignorar el lenguaje de la institucionalidad. Lo conoce de sobra. Reprueba cuando lo usa como defensa de sus propios métodos. Cuando confunde legalidad formal con justicia. Cuando transforma la complejidad en coartada. Cuando mira hacia otro lado frente a hechos que, si ocurrieran lejos, comentaría con severidad impecable.

Curauma molesta porque muestra una grieta en la zona más educada, jurídica, financiera e influyente del sistema.

#casocurauma