Tiembla Sanhattan: Curauma se querella

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Por Santiago Escobar S.

27 de abril de 2026 - Desenfoque

Durante años nadie quiso escuchar ni menos creer en un fraude. Se decía que Manuel Cruzat Infante, controlador de Curauma S.A. hablaba por la herida de una pérdida económica fuerte, cada vez que intentaba que la justicia investigara los hechos anormales de su quiebra. Hoy la querella presentada y acogida a trámite por los delitos de estafa residual y otras defraudaciones en la misma, ante el 7° Juzgado de Garantía en febrero de este año, es un certificado de plausibilidad y verosimilitud de sus dichos, que es obligatorio investigar por la gravedad de los hechos denunciados.

Estos se basan, de manera estructural, en una manipulación del algoritmo de distribución de causas del poder judicial, que permitió radicar dolosamente en Santiago una causa que por jurisdicción correspondía a Valparaíso y, además, asignarlo a un tribunal “amigo” diferente al que correspondía de haberse aplicado bien el algoritmo. O sea, primero radicar en Santiago y luego asignar al 2°Juzgado Civil, todo con manipulación. A partir de ahí habría sido posible la ejecución del esquema defraudatorio y una apropiación con simulación de legalidad del activo inmobiliario más valioso de Curauma.

La admisión de la querella es un fuerte llamado de atención a todo el sistema judicial, y un indicio de cómo ha cambiado la percepción ciudadana sobre su corrupción. A nadie en la calle le parece hoy extraño que pudiera haberse aplicado un gran esquema defraudatorio en el caso Curauma para apropiarse del negocio. Tampoco que se investigue. Es normal y necesario para el país, dicen. Pero que se sepa.

La querella pone bajo la lupa a instituciones y personas connotadas. Al Banco de Chile, a la Comisión para el Mercado Financiero, a Euroamérica Seguros de Vida S.A y sus principales ejecutivos. Y sindica a los abogados Cristóbal Eyzaguirre y José Miguel Huerta del Estudio Claro y Cía -uno de los más renombrados del país y con operaciones legales en EE.UU.-, como cerebros legales del esquema defraudatorio. Por todo ello, Sanhattan tiembla.

El papel del Estudio Claro y Cía.

El nudo del esquema defraudatorio lo hicieron abogados. Primero había que idear cómo actuar judicialmente para transformar un préstamo financiero normal en una apropiación de activos del deudor. Luego manipular el algoritmo de distribución de causas del Poder Judicial para obtener “un tribunal amigo”; y, finalmente había que controlar o inhibir a los organismos públicos regulatorios para impedir interrupciones o problemas de descontrol en la ejecución.

De ahí que lo central sea la manipulación del sistema de distribución de causas, que es uno de los puntos más sensibles de todo el sistema digital del PJUD. Ese sistema, de acuerdo con la legislación vigente, parece estar fuera de control en materia de ciber seguridad.

No tiene respaldo de causas, borra la información clave, no tiene un proveedor externo sino varios para incidentes menores, lo que lo hace poco confiable, desintegrado y sin trazabilidad de responsabilidad. Experimenta constantes hackeos de sus archivos y procedimientos judiciales, uno de ellos del expresidente Gabriel Boric; tiene múltiples casos de distribución de causas con manipulación. Una de las cuales fue hecha para registrar 69 camiones ilegales, en un mismo tribunal en un mismo año, sin sanción. Tiene distribución arbitraria de dos causas mayores, Curauma y la Insolvencia Transfronteriza de LATAM, desviándolas a un mismo tribunal, el 2°Civil cuando correspondían otros de acuerdo con el algoritmo.

En fecha reciente se detectó un intento de vender un software exclusivo de propiedad del Poder Judicial por parte del jefe de la división de informática, a países de Centro America. Aún se investiga.

Manuel Cruzat hizo denodados esfuerzos para que el Poder Judicial escuchara e investigara el tema Curauma, pero sin éxito. Un fiscal de alta complejidad decidió no perseverar en la investigación de delito informático, pese a existir pruebas suficientes para profundizar. Entre otras, el reconocimiento expreso contenido en oficios reservados de la CAPJ a la Fiscalía sobre anomalías en el caso Curauma, además de declarar que la CAPJ no tiene registro de distribución de causas antiguas, no dispone del código fuente del sistema original desarrollado en Visual Basic ni de documentación que asegure la que hay continuidad de registro en la migración que se hizo hacia el sistema actual basado en PL/SQL. Y también reconoció que los registros temporales generados en cada asignación son eliminados tras su uso, lo que imposibilita auditar decisiones.

Entonces, sin códigos ni registros de procedimientos ni tablas, no existe base técnica de auditoría. Por lo tanto, no hay control y es fácil de manipular. Y si alguien pregunta, se hacen simulaciones en sustitución de auditorías imposibles de realizar. Algo muy fácil de manipular si se tiene dinero y poder.

Lo ocurrido con Curauma y el algoritmo no fue un error o simple irregularidad administrativa sino una manipulación deliberada dentro de un sistema que pudo haber sido diseñado para no ser controlado o derechamente para ser manipulado a discreción. Eso había que investigar y también ahora, junto con el dato más incisivo de la querella. Que los abogados que patrocinaron el juicio sobre la Insolvencia Transfronteriza de Latam Airlines, son los mismos que han patrocinado a Euroamerica Seguros de Vida S.A., que en ambos “se alteró el algoritmo” para asignarlos al mismo 2° Juzgado Civil de Santiago, cuando los competentes eran otros.

La manipulación condiciona judicialmente todo lo demás. El curso de acción legal previsto, obra de Eyzaguirre Baeza y Huerta Molina y supuestamente sofisticado, no resistiría un escrutinio riguroso de los elementos judiciales y administrativos tanto en lo que conoció el juez como en la garantía de Fe Pública de los organismos regulatorios involucrados.

La pregunta clave ahora es sobre el talante con que se investigará el caso. Si como anomalía judicial, o como un fraude de alta complejidad. Caso este último que, dado el inexplicable silencio de la prensa impresa, implica el riesgo de la presión subterránea en busca de opacidad y en lo posible impunidad, en defensa de “la imagen del país”.

Pero en un país decente, cuando un caso tensiona la igualdad ante la ley, no importa ni el volumen patrimonial, la imagen de poder, influencia o repercusión social de los actores. Todos son iguales si demandan justicia y transparencia, y sus instituciones, menos la justicia, no humillan a ninguno de sus ciudadanos.

Investigar este “curso legal” del fraude es desde ya un triunfo moral para Manuel Cruzat y su visión de las cosas. En su formidable Historia Intelectual del Siglo XX, Peter Watson sostiene que, sin ser excluyentes ni exclusivos de ese siglo, “la ciencia, la economía de libre mercado y los medios de comunicación de masas” son las tres fuerzas intelectuales más potentes de impulso al futuro, con una progresión imposible de imaginar. En ver e imaginar alguna de esas dimensiones, Manuel Cruzat ha sido señero y Curauma como proyecto es parte de ello.

Si la investigación y juzgamiento de los hechos se hace con la rigurosidad y doctrina de estricta legalidad promovida por la actual presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, debería resultar en justicia y rectificación, como hito prometedor para un sistema legal con crisis de probidad.

Por cierto, depende de la calidad de la investigación tanto como de la convicción de que una práctica tan odiosa como la descrita sería un enorme riesgo país si se replicara o cayera en manos de organizaciones criminales. Estas viven en “estado de acecho permanente” de los entornos de la corrupción de un Estado.

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