"Sujetos de interés" del robo de Curauma

El Caso Curauma, destapado en 2013 con la quiebra forzada e ilegal de Curauma S.A. y el robo de activos por más de 500 millones de dólares, es un escándalo que expone la corrupción de un sistema donde élites financieras, judiciales y políticas conspiran para perpetuar la impunidad.

El Caso Curauma no es un colapso empresarial, sino un atraco planificado que despojó a Curauma S.A. por una deuda irrisoria de 80 millones de pesos chilenos, orquestado con precisión quirúrgica.

He aquí un listado de los "sujetos de interés" en el Caso Curauma:

Henry Comber Sigall, presidente de Euroamerica Seguros de Vida S.A. y figura central en el fraude del Caso Curauma. Desde mayo de 2004, otorgó préstamos a Curauma S.A. con tasas de interés usureras, diseñadas para inducir el colapso financiero de la empresa. El 10 de abril de 2013, solicitó la quiebra de Curauma S.A., iniciando la transferencia de activos a una filial de Euroamerica. Además, en el Caso Enjoy, como presidente del directorio, enfrenta acusaciones de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por colusión en licitaciones de casinos entre 2020 y 2021, con multas solicitadas por USD 37 millones.

Nicholas Davis Lecaros, controlador de Euroamerica Seguros de Vida S.A. y cómplice de Henry Comber en el Caso Curauma. En 2012, creó Administraciones y Proyectos Euroamerica S.A., una empresa pantalla para ocultar activos sustraídos. Desde 2004, participó en la emisión de préstamos usureros a Curauma S.A. y respaldó la solicitud de quiebra del 10 de abril de 2013, así como la transferencia de activos del 20 de junio de 2013. En el Caso Enjoy, estuvo involucrado en la reestructuración de 2019-2020, con señalamientos de opacidad en la emisión de bonos, aunque no fue sancionado directamente por la FNE en la denuncia del 2 de octubre de 2024.

César Millán Nicolet, síndico de quiebras designado en mayo de 2013 para el Caso Curauma. Ejecutó el fraude al presentar, el 20 de junio de 2013, una transferencia de activos al 2º Juzgado Civil de Santiago por menos del 10% de su valor real. Además, ha llevado a a cabo 21 remates fallidos de 535 hectáreas de Curauma S.A., también a un 10% de su valor óptimo, consolidando el despojo de activos.

Cristóbal Eyzaguirre, abogado de Claro y Cía., tejió la fachada legal del fraude. Representando a Euroamerica, preparó la solicitud de quiebra del 10 de abril de 2013 y defendió la transferencia de activos el 20 de junio de 2013, asegurando que el 2º Juzgado favoreciera a Euroamerica.

José Miguel Huerta, abogado de Claro y Cía., colaboró en el esquema legal, respaldando la solicitud de quiebra de abril de 2013 y la audiencia de junio de 2013. Su rol dio legalidad al fraude, manipulando el 2º Juzgado.

Inelie Durán Madina, jueza del 2º Juzgado Civil de Santiago en 2013, figura clave en la ejecución judicial del Caso Curauma. El 15 de mayo de 2013, declaró la quiebra de Curauma S.A., permitiendo la apropiación de activos valuados en USD 500 millones por parte de Euroamerica. El 20 de junio de 2013, avaló la transferencia de activos presentada por el síndico César Millán, forzando al Conservador de Bienes Raíces a cancelar inscripciones de dominio, acto denunciado como fraudulento. La asignación del caso a su tribunal fue cuestionada por una probabilidad anómala (1.75 en 1000), según la querella por sabotaje informático presentada por Manuel Cruzat Infante el 15 de marzo de 2023.

Víctor Bergamín Salinas. Secretario judicial del 2º Juzgado Civil de Santiago en 2013. Desempeñó un rol clave en la gestión de este caso. La concentración de casos sensibles en un mismo tribunal y bajo la dirección de los mismos funcionarios judiciales ha sido una de las razones por las cuales se han levantado alertas en la comunidad legal.

Ricardo Guzmán Sanza, director de la CAPJ desde el 20 de octubre de 2015, tras ser contralor interno en 2012 y director suplente en 2014, permitió que el sistema judicial se torciera. La asignación anómala del Caso Curauma al 2º Juzgado en mayo de 2013 ocurrió bajo su supervisión. La querella de Cruzat lo acusa de negligencia y complicidad, y la CAPJ retrasó datos a la PDI hasta septiembre de 2023. En febrero de 2024, Guzmán intentó renunciar por el escándalo de la compra de 22 vehículos Lexus (USD 1.5 millones), pero el Pleno lo rechazó el 21 de febrero de 2024, ordenando un sumario. Investigado, permanece en el cargo.

Cristián Huerta Bustamante, jefe de tesorería de Curauma y representante de la Tesorería General de la República, manipuló registros contables entre 2004 y 2013, facilitando la quiebra del 15 de mayo de 2013.

Osvaldo Macías Muñoz, superintendente de Seguros y Pensiones hasta el 31 de diciembre de 2010, permitió que Euroamerica operara sin control entre 2004 y 2010, allanando el camino para la quiebra de 2013.

Julio Bustamante Jeraldo, identificado como “testaferro” de Euroamerica, jugó un rol oscuro pero crucial. Ex director de Curauma S.A., solicitó la quiebra de la empresa alegando una presunta deuda de 80 millones de pesos chilenos. Es el operador que facilitó transacciones opacas, sirviendo de puente entre Euroamerica y otras entidades. Su rol como testaferro subraya la profundidad del esquema.

El Banco de Chile, socio con Citibank, otorgó un crédito “exprés” (en 72 horas) de USD 40 millones, en abril de 2013 a Administraciones y Proyectos Euroamerica S.A., filial de Euroamerica.

El Caso Curauma, con su quiebra fraudulenta en 2013 y el robo de activos por más de USD 500 millones, no es un hecho aislado, sino un retrato crudo de la corrupción sistémica que permea las élites financieras, judiciales y políticas de Chile. Los sujetos de interés –Inelie Durán Madina, Ricardo Guzmán Sanza, Cristóbal Eyzaguirre, José Miguel Huerta, Eduardo Guzmán Sanza, Henry Comber, Nicholas Davis, Julio Bustamante Jeraldo, y otros, junto a instituciones como Claro y Cía., el Banco de Chile, el 2º Juzgado Civil, la CAPJ, el Fisco y la Tesorería General– no son meros actores individuales, sino engranajes de una maquinaria que prioriza el lucro y el poder sobre la justicia.

La ausencia de castigos a mayo de 2025, refleja un sistema que protege a los poderosos. Esta corrupción no solo robó activos, sino que erosionó la fe en las instituciones, dejando a Curauma como un símbolo de la justicia doblegada. Se suman voces que progresivamente exigen romper este pacto de silencio, pero mientras estos sujetos sigan impunes, Chile seguirá atrapado en un ciclo donde el dinero dicta las reglas y la verdad queda enterrada.

#casocurauma