Querellados por estafa: Davis, Comber, Millán y otros

16 abr
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Actualizado: 27 abr

En febrero de 2026, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago admitió a tramitación una querella criminal presentada por Manuel Cruzat Infante por estafa residual y otras defraudaciones, en la que se denuncia un esquema destinado a despojar a Curauma S.A. de sus activos mediante una secuencia coordinada de actos financieros, societarios, concursales y judiciales.

Los querellados son Nicholas Davis Lecaros, Henry Comber Sigall, Fernando Nizzam Escrich Juleff y José Miguel Infante Lira, vinculados a Euroamerica Seguros de Vida S.A.; el abogado Julio Bustamante Jeraldo; los abogados José Miguel Huerta Molina y Cristóbal Eyzaguirre Baeza, del estudio Claro y Cía.; y el síndico César Millán Nicolet.

La querella retrotrae el origen del conflicto a 2004, cuando Curauma S.A. y el Grupo CB obtuvieron de Euroamerica Seguros de Vida S.A. un financiamiento por 715.000 UF, formalizado mediante leasing y retroventa, pero que el escrito califica como un crédito encubierto garantizado con más de 4.000 hectáreas de terrenos. Sostiene que, para 2013, esos activos superaban una valorización estimada de 11,8 millones de UF y que, entre 2004 y 2012, Curauma ya había pagado 1.040.775 UF, esto es, el capital original más un 45,6% adicional, sin que la relación se extinguiera. A partir de ahí, afirma que Euroamerica impulsó una estrategia destinada a consolidar la apropiación definitiva de los bienes entregados en garantía.

Ese diseño tuvo un punto de quiebre el 6 de agosto de 2013, cuando Euroamerica Seguros de Vida S.A. transfirió los inmuebles de Curauma a su filial Administraciones y Proyectos Euroamerica S.A. mediante una escritura pública de compraventa e hipoteca. La querella califica esa operación como simulada, sin sustancia económica real, y destinada a sacar los bienes del perímetro de una aseguradora regulada para frustrar su restitución. Añade que el precio pactado fue de 884.000 UF, financiado íntegramente con crédito de Banco de Chile, y que, entre 2019 y 2020, esos mismos inmuebles fueron restituidos a la matriz por 1.530.000 UF, un 73% más, generando —según el libelo— una utilidad artificial y consolidando el despojo patrimonial.

En paralelo, Curauma S.A. tramitaba en Valparaíso un Convenio Judicial Preventivo, propuesto en abril de 2013, en el que la Tesorería General de la República era el acreedor principal y, por tanto, decisivo para su aprobación. La querella sostiene que ese procedimiento fue frustrado el 7 de noviembre de 2013, cuando el representante de la Tesorería, pese a encontrarse presente, no ingresó a la sala de audiencia, impidiendo el quórum legal necesario y provocando el rechazo del convenio. Según el libelo, ese episodio fue determinante para cerrar la vía de reorganización de Curauma.

Mientras ese procedimiento y sus incidencias seguían abiertos en Valparaíso, Julio Bustamante Jeraldo solicitó en septiembre de 2013 la quiebra de Curauma ante el 2° Juzgado Civil de Santiago. La querella sostiene que esa radicación no obedeció al curso ordinario del proceso: pese a las objeciones de competencia ya planteadas, la causa recayó en ese tribunal, aunque, de haberse aplicado correctamente el sistema de distribución, debió corresponder al 6° Juzgado Civil de Santiago. Por eso, el escrito presenta la quiebra en Santiago no como un episodio aislado, sino como parte de una maniobra destinada a sustraer el asunto de su juez natural.

Uno de los ejes más graves de la querella está precisamente en esa maniobra. El escrito descarta que se tratara de un simple accidente procesal y la describe como una alteración del sistema de distribución de causas, decisiva para desviar el caso al tribunal buscado. En ese marco, solicita profundizar especialmente la investigación respecto de los abogados José Miguel Huerta Molina y Cristóbal Eyzaguirre Baeza, de Claro y Cía., por su eventual relevancia en la estructura jurídica que hizo posible ese desvío. La querella refuerza además esa línea con el antecedente de la insolvencia transfronteriza de Latam Airlines S.A., también asignada al 2° Juzgado Civil de Santiago, pese a que —según el propio escrito— debió corresponder al 15°, presentando así ese caso como indicio de un posible patrón de asignaciones incompatibles con un sistema aleatorio.

Una vez instalado el caso en el tribunal que la querella denuncia como indebidamente escogido, fue designado síndico César Millán Nicolet. El escrito le imputa haber revocado los poderes de los abogados de Curauma, entregado los inmuebles a sociedades vinculadas a Euroamerica y suscrito una transacción que implicó renunciar por completo a las acciones de recuperación, incluso antes de la ratificación de la primera junta de acreedores.

El cuadro queda así armado: Nicholas Davis Lecaros, Henry Comber Sigall, Fernando Nizzam Escrich Juleff y José Miguel Infante Lira como articuladores, impulsores y ejecutores desde Euroamerica Seguros de Vida S.A.; Julio Bustamante Jeraldo como vía de ingreso de la quiebra; José Miguel Huerta Molina y Cristóbal Eyzaguirre Baeza como operadores jurídicos de la estructura; y César Millán Nicolet como ejecutor concursal del proceso.

La querella denuncia una práctica de corrupción a gran escala que compromete la integridad del sistema y alcanza a actores ubicados en la cúspide de la institucionalidad económica y jurídica del país.

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