Cristóbal Eyzaguirre Baeza

hace 4 horas
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"El sistema de distribución no lo puede intervenir nadie".

En septiembre de 2023, Cristóbal Eyzaguirre Baeza, abogado de Claro y Cía., respondió así cuando un medio le preguntó por el Caso Curauma. Lo llamó, con estudiada suficiencia, "un tema viejo". La frase parecía serenidad. No lo era. Era algo más reconocible en Chile: la seguridad de quien supone que ciertas preguntas no llegan hasta ciertos escritorios.

Curauma no es sólo un pleito concursal ni una disputa entre acreedores. Es una grieta en la imagen que Chile ha vendido de sí mismo: instituciones sólidas, Estado de derecho, procedimientos neutros, tribunales asignados por sistemas objetivos. La querella penal hoy en tramitación sostiene algo mucho más grave: que esa neutralidad habría sido vulnerada desde el origen, desplazando la causa hacia el 2° Juzgado Civil de Santiago, pese a que el domicilio legal de Curauma estaba en Valparaíso y mientras seguía abierta la vía del convenio judicial preventivo.

Por eso la frase de Eyzaguirre importa.

"El sistema de distribución no lo puede intervenir nadie".

El problema es que, según los antecedentes invocados por la querella, la propia Corporación Administrativa del Poder Judicial, la CAPJ, habría reconocido que no conserva registros suficientes de distribución de causas antiguas, que no dispone del código fuente original del sistema y que ciertos registros temporales se eliminaban automáticamente tras su uso. Un sistema sin trazabilidad no es necesariamente invulnerable. Es, al menos, inauditable.

Luego vino la segunda frase: "El número del tribunal es lógicamente irrelevante".

El argumento buscaba desactivar la sospecha: quien quisiera manipular una distribución no elegiría un número, sino un juez. Pero en Curauma el punto es precisamente ese. La querella apunta al 2° Juzgado Civil de Santiago y a la jueza Inelie Durán Madina, titular del tribunal que adoptó decisiones decisivas en la quiebra y en las actuaciones posteriores hoy impugnadas penalmente. Dicho de otro modo: el tribunal cuestionado contenía a la jueza cuestionada. La explicación no despeja la sospecha; la devuelve al centro del caso.

La tercera frase fue política, no jurídica: "Intento desesperado de Cruzat, que perjudicó a muchos acreedores, incluido el fisco de Chile".

Ahí está la maniobra clásica. Mencionar al fisco convierte al denunciante en amenaza pública. Ya no se discute si hubo vicio de origen, manipulación de radicación, captura de activos o aprovechamiento de un proceso concursal. Se instala otra escena: un deudor contra el Estado. Es una forma antigua de poder: redefinir al adversario antes de que el adversario pueda definir el conflicto.

Pero la pregunta central quedó sin respuesta.

¿Cómo se explica que dos causas independientes (Curauma y Latam), de alta connotación pública, con intervención de los mismos abogados, hayan terminado radicadas en el mismo tribunal?

"Los jueces que vieron las dos causas son diferentes. Eso demuestra lo absurdo de lo que plantean".

Según los cálculos citados por la querella, la probabilidad sería de 1,75 en 1.000, equivalente a extraer una carta específica de una baraja de 571 naipes. Ya no se trata de una coincidencia cómoda, sino de un patrón que exige explicación.

Curauma revela una forma más refinada de abuso institucional: no la corrupción vulgar del sobre en el pasillo, sino la corrupción de los excelentes. La de quienes tienen títulos, redes, prestigio, directorios, cátedras y acceso; la de quienes no necesitan romper una puerta porque conocen la cerradura, la llave y al guardia.

Eyzaguirre no es un abogado cualquiera. Fue elegido tres años consecutivos —2010, 2011 y 2012— como el mejor abogado de Chile por directores jurídicos de grandes empresas, según Revista Capital. Profesor de Derecho Civil en la UC. Consejero permanente del directorio de la Bolsa de Santiago. Un profesional de ese nivel no puede ampararse fácilmente en la ingenuidad. Si se equivoca, no lo hace por desconocimiento del sistema, sino desde un conocimiento privilegiado de sus rendijas.

En febrero de 2026, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite la querella criminal interpuesta por Manuel Cruzat Infante. La acción sindica a Eyzaguirre y a José Miguel Huerta Molina como arquitectos jurídicos del esquema que, según la acusación, permitió despojar a Curauma S.A. de activos inmobiliarios valorados en más de 500 millones de dólares. El "tema viejo" dejó entonces de ser viejo. Volvió como causa penal.

Las instituciones no siempre reaccionan a tiempo. A veces llegan tarde, cuando los activos ya cambiaron de manos, los expedientes envejecieron y los responsables confían en que el polvo procesal hará su trabajo. Pero cuando llegan, no revisan sólo los actos. Revisan también las frases. Las respuestas dadas con exceso de seguridad. Las evasivas. Las certezas que parecían blindadas.

En septiembre de 2023, Cristóbal Eyzaguirre eligió hablar.

"El sistema de distribución no lo puede intervenir nadie".

"Si alguien quisiera poder elegir un tribunal, lo haría pensando en que el juez le podría ser favorable. El número del tribunal es lógicamente irrelevante".

Esas frases quedaron registradas.

Y los registros, a diferencia de los rastros del algoritmo judicial, no se borran solos.

#casocurauma