El caso de la quiebra de Curauma S.A., iniciado en diciembre de 2013, ha colocado al 2º Juzgado Civil de Santiago en el centro de un escándalo que sacude la confianza en el sistema judicial chileno. Las acusaciones de manipulación en la asignación del caso y la pérdida de activos valuados en más de 500 millones de dólares han dado lugar al término una narrativa de despojo que resuena en la ciudadanía. El 19 de diciembre de 2013, Julio Bustamante Jeraldo, exdirector de Curauma S.A., presentó una solicitud de quiebra que fue asignada al 2º Juzgado Civil de Santiago, desafiando las normas de distribución basadas en la carga de trabajo. Con 14.027 casos en el 6º Juzgado frente a los 15.200 del 2º, la probabilidad de esta asignación fue de apenas 0,175% (1,75 en 1.000), un hecho que señala una manipulación deliberada del algoritmo de la CAPJ. Este no es un caso aislado: los casos de los “camiones truchos”, relacionados con fraudes en importaciones de vehículos, y el reciente escándalo asociado al Presidente Boric han confirmado que el sistema computacional de la CAPJ es un sistema vulnerable a intervenciones de terceros que sugieren intencionalidad. Estas fallas exponen un sistema judicial incapaz de garantizar imparcialidad. Bajo la jueza Inelie Durán Madina, el 2º Juzgado nombró a César Millán Nicolet como síndico, quien trasladó activos clave de Curauma a Euroamerica Seguros de Vida sin esperar la junta de acreedores, una acción sancionada por conducta temeraria. Este movimiento, que involucró bienes por más de 500 millones de dólares, es considerado como un despojo orquestado. La cancelación del registro de Curauma el 13 de febrero de 2014 (Resolución Exenta N°052, Superintendencia de Valores y Seguros) marcó su fin administrativo, pero las batallas legales persisten hasta mayo de 2025. En noviembre de 2022, Manuel Cruzat Infante presentó una querella por delitos informáticos, respaldada por los abogados Sabas Chahuán y Jésica Torres, denunciando un “sabotaje informático” en la asignación al 2º Juzgado Civil. La Unidad de Cibercrimen de la PDI sigue investigando, sin resultados definitivos hasta mayo de 2025. La asignación recurrente de casos de alto perfil al 2º Juzgado, como la insolvencia de LATAM en 2020, refuerzan la certeza de un sistema judicial comprometido. Esta crisis mina la independencia judicial y erosiona la confianza ciudadana. La incapacidad de la CAPJ para proteger su sistema de asignación exige reformas inmediatas para garantizar transparencia, seguridad tecnológica y equidad. El 2º Juzgado Civil de Santiago es el epicentro de la trama del “robo de Curauma”, un caso marcado por una asignación anómala en 2013 y decisiones que despojaron a la empresa de activos millonarios. Este escándalo no solo reclama justicia para los afectados, sino una reestructuración radical del sistema judicial para restaurar su legitimidad y proteger la confianza de la ciudadanía. #casocurauma

A junio de 2025, César Millán Nicolet ha realizado 21 remates fallidos del terreno de 535 hectáreas de Curauma S.A. en Tranque La Luz. La gestión del abogado César Millán Nicolet como síndico de la quiebra de Curauma S.A. se encuentra en el centro de una tormenta de irregularidades que la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR) no ha podido ignorar. Su rol en este proceso ha estado marcado por faltas administrativas, cuestionables decisiones financieras y un persistente incumplimiento de las normativas vigentes, configurando un escenario que deja a los acreedores en una posición vulnerable. En diciembre de 2013, Millán fue designado síndico tras la declaración de quiebra de Curauma S.A. Sin embargo, su gestión rápidamente despertó sospechas. A lo largo de su administración, la SUPERIR detectó reiterados incumplimientos a las instrucciones emitidas. En marzo de 2024, se le requirió información financiera esencial, como balances y conciliaciones bancarias. No cumplió. Incluso cuando se le otorgaron prórrogas, sus respuestas fueron calificadas como insuficientes. En abril de 2024, el panorama se agravó. La SUPERIR identificó deficiencias graves, incluyendo la falta de redistribución de acreencias por más de 286 millones de pesos desde 2017 y retenciones de leyes sociales e impuestos no depositadas. Además, Millán cobró honorarios en exceso por más de 1.038 UF, y nunca justificó una inversión de 47 millones de pesos que no se materializó. Mientras tanto, bienes inmuebles de la quiebra permanecen sin liquidar desde hace más de una década. Estas omisiones no solo perjudicaron a los acreedores, sino que sembraron dudas sobre su gestión. En paralelo, su desempeño como liquidador de Parques y Jardines La Luz, filial de Curauma S.A., también levantó cuestionamientos. En 2016, Millán aprobó un honorario adicional para financiar abogados en acciones penales, cargándolo como gasto administrativo a la masa de acreedores, contraviniendo la ley. En 2020, la SUPERIR le instruyó devolver 19 millones de pesos asociados a esta irregularidad. Millán se negó, argumentando que los fondos ya habían sido destinados al pago de los abogados. Finalmente, en 2022, fue sancionado con una multa de 50 UTM, tras rechazar sus intentos de evitar la responsabilidad. El patrón es claro: reiterados incumplimientos, decisiones que favorecen intereses cuestionables y una gestión caracterizada por la opacidad. En diciembre de 2024, la SUPERIR inició un proceso sancionatorio contra Millán, reflejando el nivel de gravedad de las irregularidades detectadas ( Oficio SUPERIR N° 8422 ). Los acreedores de Curauma S.A. y sus filiales han sido víctimas de una gestión marcada por la falta total de transparencia y eficiencia que deberían guiar estos procesos. Este caso, emblemático de las profundas debilidades del sistema concursal chileno, plantea una incómoda pregunta: ¿es este el precio de la insuficiente fiscalización y control? #casocurauma

El ente acusa a las cadenas de haberse puesto de acuerdo para participar en los procesos de licitación sin competencia. 3 de octubre de 2024 Por Ignacio Andrés Guerra / www.emol.com La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra las cadenas de casinos Dreams, Enjoy y Marina del Sol, acusándolas de coludirse para manipular los resultados de las licitaciones de permisos otorgados a la industria. El organismo fiscalizador denunció que los hechos ocurrieron entre 2020 y 2021, periodo en el que los mencionados casinos habrían acordado que “cada uno ofertaría por la renovación de los permisos que en ese momento eran de su titularidad, sin enfrentar competencia de los demás partícipes del ilícito”. “Esta colusión permitió a las empresas requeridas obtener la renovación de los permisos de operación vinculados a sus respectivos casinos de juego por un plazo de quince años y presentar ofertas económicas más bajas de las que habrían formulado en un escenario competitivo”, puntualizó la FNE. De acuerdo con la Fiscalía Económica, en los hechos participaron Jaime Wilhelm, gerente general de Dreams; Henry Comber, presidente del directorio de Enjoy; y Nicolás Imschenetzky, presidente del directorio de Marina del Sol, “quienes se reunían y contactaban permanentemente para abordar diferentes materias, logrando el acuerdo que se describe en este requerimiento”. “Asimismo, en la realización de esta conducta intervino Claudio Fischer, quien, en su calidad de presidente del directorio de Dreams, además de aprobar el actuar anticompetitivo de la compañía, participó en uno de los encuentros clave desarrollados en el marco de esta infracción. Claudio Tessada, gerente de administración y finanzas de Dreams, también ejecutó actos que facilitaron la materialización del acuerdo”, agregó la FNE. Las mayores multas fueron solicitadas para Dreams, con 126.806 UTA (aproximadamente US$ 112,4 millones); y para Enjoy, con 41.498 UTA (casi US$ 36,8 millones). Estas cifras son históricas en casos de colusión en Chile. Respecto a los directivos requeridos, la FNE pidió el pago de 1.218 UTA (aproximadamente US$ 1 millón) en el caso del gerente general de Dreams, Jaime Wilhelm; 941 UTA para el presidente del directorio de Dreams, Claudio Fischer (cerca de US$ 834 mil); 761 UTA (unos US$ 674 mil) para el gerente de administración y finanzas de Dreams, Claudio Tessada; y 130 UTA (casi US$ 115 mil) para el presidente del directorio de Enjoy, Henry Comber. En cuanto a Marina del Sol y sus ejecutivos involucrados, la FNE solicitó al TDLC que los exima de la aplicación de multas por haber cumplido con las exigencias legales para acceder a los beneficios del programa de delación compensada. En línea con lo anterior, la FNE también pidió al Tribunal que declare la exención de responsabilidad penal para los directivos de Marina del Sol cubiertos por dicho programa. Las claves de la colusión En su acusación, la FNE sostiene que las empresas pactaron que cada una ofertaría por la renovación de los permisos que en ese momento poseían, sin enfrentar competencia, logrando además la presentación de ofertas económicas más bajas de las que hubiesen resultado en un marco de libre competencia. Según la investigación, iniciada a partir de una denuncia de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) a comienzos de febrero de 2022, el acuerdo se materializó a través de reuniones y contactos que mantuvieron permanentemente Wilhelm, Comber e Imschenetzky entre mayo de 2021 y agosto de 2022. También intervinieron Fischer, quien, como presidente del directorio de Dreams, además de aprobar el actuar anticompetitivo de la compañía, participó en uno de los encuentros clave; y Tessada, quien facilitó la coordinación anticompetitiva. La evidencia muestra que, a medida que se acercaban las fechas de presentación de ofertas para las licitaciones desarrolladas por la SCJ, existieron constantes comunicaciones entre estos directivos, las cuales se volvieron progresivamente más explícitas en relación con la idea de abordar concertadamente tales procesos. Entre las diligencias realizadas por la FNE, que permitieron acreditar el cartel, se encuentran las medidas de entrada, registro e incautación realizadas el 2 de agosto de 2022 junto a personal del grupo O.S.9 de Carabineros de Chile en los domicilios de Wilhelm, Comber e Imschenetzky. Ese mismo día, Marina del Sol solicitó un indicador de postulación al programa de delación compensada. Según cálculos de la FNE, las ofertas realizadas por Dreams, Enjoy y Marina del Sol en el marco de este acuerdo representaron un porcentaje extremadamente bajo de los ingresos brutos que las compañías percibieron por concepto de juegos. Por ejemplo, en el caso de San Francisco de Mostazal, Rinconada de los Andes y Talcahuano (principales casinos de las empresas requeridas), las ofertas económicas fueron inferiores al 1% de sus ingresos brutos del juego promedio de 2018-2019, en contraste con el proceso licitatorio convocado por la SCJ en 2018, donde, aunque se licitaron otras plazas, las ofertas equivalían en promedio a porcentajes muy superiores al 20% de los ingresos brutos del juego anuales de las empresas. Sanciones históricas Las sanciones solicitadas por la FNE son las más elevadas en un caso de colusión, superando ampliamente las multas pedidas en los casos “Pollos” (110.000 UTA) y “Navieras”, “Supermercados” y “Alimento para salmones” (90.000 UTA en cada uno de ellos). “Las multas consideran la gravedad de un cartel que ha estado afectando directamente los intereses del Estado y los recursos de las municipalidades donde se encuentran los casinos operados. Esperamos que, junto con pagar las multas que solicitamos, la sentencia ordene a las empresas requeridas devolver cuanto antes los permisos que obtuvieron y se restablezca la competencia en esta industria”, afirmó la Fiscalía. En el requerimiento, la FNE explica que la magnitud de la multa solicitada al TDLC se debe a la gravedad de la conducta ejecutada, la afectación de licitaciones públicas, el poder de mercado de las empresas involucradas, la participación de altos directivos en el acuerdo, la conciencia que tenían de la ilicitud de su comportamiento (usaron nombres en clave, sostuvieron reuniones clandestinas, borraron evidencia de teléfonos móviles y utilizaron mensajería de duración temporal), así como la duración del daño causado. Entre 2017 y 2023, Dreams, Enjoy y Marina del Sol concentraron el 90% de los ingresos de la industria de casinos en Chile (que en promedio alcanzó $400 mil millones brutos anuales), y en conjunto son titulares del 70% de los permisos para operar este tipo de establecimientos en el país. Fuente: www.emol.com/noticias/Economia/2024/10/03/1144479/fne-millonarias-multas-casino-colusion.html

La corrupción sistémica en Chile se refleja en el Caso Curauma (2013), con un fraude de más de 500 millones de dólares, y el uso indebido de licencias médicas por funcionarios públicos (2023-2024), con un costo directo de 35 millones de dólares y un impacto anual por ausentismo de 720 a 800 millones de dólares. La paralización de la expansión de Curauma hacia el fundo Las Cenizas desde 2013 agrava la crisis con daños sociales, económicos y políticos.  El Caso Curauma, con un fraude de más de 500 millones de dólares respaldado por tasaciones, involucra la usurpación de terrenos por Euroamerica Seguros de Vida S.A. a Curauma S.A., mediante la manipulación de causas civiles en el Poder Judicial. Es uno de los mayores fraudes en la historia de Chile, erosionando la confianza en el sistema judicial, un pilar del Estado de derecho. Un informe de la CGR, liderado por la Contralora Dorothy Pérez Gutiérrez, reveló que más de 25.000 funcionarios públicos viajaron al extranjero entre 2023 y 2024 con licencias médicas, generando un costo de 35 millones de dólares (8,2 millones de jornadas laborales). El ausentismo en el sector público (16 días hábiles vs. 10,6 en el privado) cuesta 720-800 millones de dólares anuales (0,7 % del PIB de 2023). El 70 % de las licencias fraudulentas (24.585 de 35.585) son de Fonasa, y 31.651 funcionarios registraron más de 16 entradas/salidas del país durante su reposo.  El Caso Curauma (más de 500 millones de dólares) y el ausentismo público (720-800 millones de dólares anuales) tienen magnitudes similares. El primero es un acto de corrupción del Poder Judicial; el segundo, un acto de corrupción estructural. El costo directo del fraude por licencias (35 millones de dólares) es menor, pero su impacto acumulado lo equipara en relevancia. La paralización de la expansión de Curauma desde 2013 ha generado impactos severos. Económicamente, la suspensión del proyecto, clave para el desarrollo industrial y logístico en Valparaíso (ciudad y puerto), ha causado pérdidas de inversión y empleo, retrasando el crecimiento regional. Socialmente, ha incrementado el descontento y la desconfianza hacia las autoridades, perpetuando la marginación y las desigualdades. Políticamente, ha debilitado la gobernanza, evidenciando corrupción y falta de coordinación, erosionando la legitimidad de las autoridades. El caso de las licencias médicas ha dominado los medios, gracias al informe claro de la CGR bajo Dorothy Pérez, destacando reacciones políticas y propuestas de modernización. En cambio, el Caso Curauma y su paralización tienen cobertura limitada, con más difusión en redes sociales, debido a la clara intención de acallar y cancelar el caso de corrupción, y la sensibilidad de involucrar al Poder Judicial, subestimando su gravedad en el debate público. La desproporción mediática reduce la presión para investigar el Caso Curauma y su paralización, mientras que la visibilidad del caso de las licencias, impulsada por Pérez Gutiérrez, ha generado respuestas rápidas como sumarios e investigaciones penales. Su gestión ha sido clave para la rendición de cuentas en las licencias, pero el Caso Curauma requiere igual atención para esclarecer la usurpación de terrenos, resolver la paralización y restaurar la confianza en el Poder Judicial. La labor de la contralora Dorothy Pérez Gutiérrez ha sido crucial para enfrentar el fraude en las licencias, pero se necesita un esfuerzo equivalente para el Caso Curauma. Ambos requieren atención equitativa, investigaciones rigurosas, sanciones contundentes y cobertura mediática equilibrada para fomentar la rendición de cuentas y fortalecer la confianza institucional. #casocurauma

El Caso Curauma (2013) constituye el mayor desfalco documentado en Chile, con un monto superior a USD 500 millones, derivado de la manipulación en la asignación de causas civiles por parte del Poder Judicial de Chile y la CAPJ, en beneficio de Euroamerica Seguros de Vida S.A. y sus relacionados. Este escándalo supera ampliamente otros casos de corrupción, como MOP-GATE (2002, USD 1.326.844), Pacogate (2015, USD 37.057.260), SQM (2015, USD 15.000.000), Penta (2015, USD 2.616.126), Corpesca (2016, USD 243.615), Luminarias (2020, USD 1.270.504), ProCultura (2023, USD 6.989.648), Democracia Viva (2023, USD 450.880) y Hermosilla (2024, USD 3.721.689). No obstante, a pesar de su magnitud, el Caso Curauma ha sido objeto de una notable cancelación mediática y judicial. Comparado con casos como Penta o SQM, que generaron amplia cobertura y debate público, Curauma ha permanecido en un segundo plano. Esta falta de repercusión se atribuye a la influencia de los actores involucrados, quienes hanlimitado su difusión. El Caso Curauma evidencia una falla estructural en la transparencia del sistema judicial chileno y plantea interrogantes sobre cómo los intereses económicos y el poder pueden perpetuar la impunidad mediante el silencio. Este fenómeno subraya que los escándalos de mayor envergadura económica no siempre generan la indignación pública proporcional, especialmente cuando son opacados por dinámicas de cancelación mediática. #casocurauma

En 2025, el Gran Valparaíso, núcleo urbano central de la Región de Valparaíso y componente clave de la macrozona central de Chile, enfrenta desafíos estructurales que han limitado su desarrollo territorial y socioeconómico. La paralización del proyecto Curauma en 2013, desencadenada por un esquema de corrupción asociado al Caso Curauma ( www.casocurauma.cl ) , que despojó a la inmobiliaria Curauma S.A., gestora del proyecto, de 535 hectáreas junto al Tranque La Luz, adicionales a las 2.120 hectáreas del Fundo Las Cenizas, constituye un ejemplo paradigmático. Más de una década después (2013-2025), las consecuencias de este acto corrupto persisten, afectando profundamente la economía, la cohesión social y el desarrollo sostenible de la región.   Contexto del proyecto Curauma   Curauma, ubicada a 15 km del Área Metropolitana de Valparaíso (AMV) y a 75 km de Santiago, fue diseñada como una ciudad para descongestionar el AMV y fortalecer la conectividad con la Región Metropolitana. Planificada sobre más de 3.000 hectáreas de los fundos La Luz y Las Cenizas, buscaba albergar hasta 200.000 habitantes en 54.000 viviendas, integrando áreas residenciales, comerciales, educativas y recreativas. El proyecto incluía más de 100 hectáreas de parques y equipamientos como el Campus Curauma de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hasta 2013, Curauma se consolidaba como un modelo de urbanización privada con más de 45.000 habitantes, pero la corrupción que marcó su paralización frustró su potencial como motor de desarrollo regional ( www.curauma.info ).   La corrupción en la paralización de Curauma   La paralización de Curauma en 2013 estuvo vinculada a un esquema de corrupción que despojó a Curauma S.A. de 535 hectáreas urbanas junto al Tranque La Luz más 2.120 hectáreas urbanas del Fundo Las Cenizas, tasadas en más de 500 millones de USD, en beneficio de Euroamerica Seguros de Vida S.A., con la participación de la Tesorería General de la República (Leer Anatomía del robo de Curauma ). El proceso judicial incluyó la manipulación del sistema informático del Poder Judicial para asignar el caso a un tribunal específico, con una probabilidad estadística de apenas 1,75 en 1.000, evidenciando una intervención deliberada. Caracterizado por 21 intentos fallidos de remate del predio de 535 hectáreas (a abril de 2025), este acto de corrupción refleja una carencia de transparencia y rendición de cuentas, perpetuando un modelo de impunidad que ha erosionado la confianza en las instituciones chilenas.   Impactos en el Gran Valparaíso y su población tras más de una década   Estancamiento urbano crónico: La paralización de Curauma ha restringido el crecimiento planificado del Gran Valparaíso. La región, una de las de mayor expansión urbana en Chile en las últimas décadas, enfrenta una escasez crítica de suelo urbanizable, exacerbada por la interrupción de Curauma. Esto ha incrementado el hacinamiento y los costos inmobiliarios, impactando desproporcionadamente a sectores de bajos ingresos y perpetuando la desigualdad urbana.   Pérdida económica sostenida: La corrupción que detuvo Curauma privó al Gran Valparaíso de un motor económico estratégico. El proyecto prometía generar empleo en construcción, comercio y servicios, además de atraer inversiones en educación y turismo. Más de una década después, la región ha perdido miles de puestos de trabajo potenciales y ha visto mermada su competitividad frente a otras áreas de la macrozona central. La desconfianza generada por la corrupción ha disuadido a inversionistas, consolidando un ciclo de estancamiento económico.   Deterioro de la calidad de vida y segregación territorial: Curauma era valorada por su planificación integral, pero la paralización ha privado a las comunidades de servicios urbanos, espacios públicos y oportunidades económicas. La falta de desarrollo en las 535 hectáreas de La Luz más las 2.120 del Fundo Las Cenizas ha limitado la integración de Curauma con el AMV, agudizando la segregación socioespacial y restringiendo el acceso a viviendas sociales y equipamientos inclusivos, lo que ha marginado aún más a sectores vulnerables y afectados por los incendios.   Erosión de la confianza y cohesión social: La corrupción ha generado un daño intangible pero significativo en la confianza ciudadana hacia las instituciones judiciales y financieras. La percepción de que un proyecto de interés público fue despojado por intereses privados ha alimentado la desafección, especialmente entre comunidades que esperaban beneficiarse de Curauma. Este sentimiento, agravado por la falta de avances significativos, ha debilitado la cohesión social, afectando la capacidad colectiva para promover un desarrollo inclusivo.   La corrupción que en 2013 paralizó el proyecto Curauma, despojando 535 hectáreas junto al Tranque La Luz y comprometiendo el desarrollo de las 2.120 hectáreas del Fundo Las Cenizas, ha generado un impacto estructural en el Gran Valparaíso y la macrozona central. Más de una década después, los efectos persisten en un estancamiento urbano crónico, una economía debilitada, una calidad de vida deteriorada y una confianza institucional severamente erosionada. La reactivación del potencial de Curauma requiere una acción coordinada entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, con el objetivo de reparar el daño causado y promover un desarrollo sostenible e inclusivo que beneficie a la población del Gran Valparaíso. #casocurauma

The Curauma Case in the United States The Curauma case, a 2013 Chilean scandal involving the fraudulent dismantling of Curauma S.A., a real estate company with assets exceeding $500 million, epitomizes systemic corruption, abuse of power, and alleged collusion among financial actors, judicial entities, and public officials. In Chile, accusations of judicial manipulation, cyber-sabotage, and illicit asset appropriation have languished in a legal system perceived as unwilling to enforce accountability, leaving perpetrators largely unscathed and victims without redress. If transposed to the United States, however, this case would have triggered a seismic legal and societal response, leveraging a robust legislative framework to deliver exemplary punishments. - The Curauma Case In 2013, Curauma S.A., a Chilean firm developing a flagship real estate project in Valparaíso ( http://curauma.info ), was allegedly stripped of its $500 million in assets through a orchestrated scheme involving cyber-attacks on judicial case assignment systems, forged documents, abuse of financial guarantees, and collusion among executives from Euroamerica Seguros de Vida, lawyers, bankruptcy trustees, and public officials. The fallout devastated investors, creditors, and local communities, yet Chile’s judicial response has been criticized for its lethargy and inefficacy, reflecting broader systemic weaknesses in enforcing anti-corruption laws. - U.S. Legal Framework and Application In the U.S., the Curauma case would have been prosecuted under a formidable array of federal statutes designed to safeguard market integrity and punish white-collar crime. Key applicable laws include: Wire Fraud (18 U.S.C. § 1343): The cyber-sabotage and use of electronic communications to perpetrate fraud would fall under this statute. Penalties include up to 20 years’ imprisonment per count and fines of $250,000 for individuals or $500,000 for organizations. Securities Fraud (15 U.S.C. §§ 78j, 78ff): If Curauma’s assets involved regulated financial instruments, the Securities and Exchange Commission (SEC) would investigate. Penalties entail up to 25 years’ imprisonment and fines of $5 million for individuals or $25 million for entities. Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO, 18 U.S.C. §§ 1961-1968): Collusion among executives, lawyers, and officials could be prosecuted as a criminal enterprise. Penalties include 20 years’ imprisonment per count, asset forfeiture, and fines of $250,000. Bank Fraud (18 U.S.C. § 1344): Manipulation of financial guarantees or transactions with banks would trigger this statute, with penalties of up to 30 years’ imprisonment and $1 million fines. Foreign Extortion Prevention Act (FEPA, 2024): If foreign actors (e.g., Chilean firms with U.S. market ties, such as Euroamerica Seguros de Vida S.A. -insurance for insurance companies), engaged in corrupt practices, FEPA would apply, with penalties of 15 years’ imprisonment and $250,000 fines. - Investigative and Judicial Response The U.S. response would involve a multi-agency effort. The Federal Bureau of Investigation (FBI) would lead probes into cybercrimes and financial misconduct, leveraging forensic expertise to trace digital and financial trails. The SEC would scrutinize securities violations, while the Department of Justice (DOJ) would coordinate RICO or FEPA charges, as seen in cases like Petrobras (DOJ, 2018). Federal prosecutors, renowned for aggressive litigation in high-profile fraud cases, would pursue maximum penalties in U.S. District Courts. Media outlets, such as The New York Times and Bloomberg, would amplify public scrutiny, ensuring transparency and accountability, unlike Chile’s subdued coverage (Freedom House, 2024). - Consequences and Sanctions The perpetrators—executives, complicit lawyers, trustees, and any corrupt officials—would face severe repercussions: Imprisonment; Financial Penalties; Asset Forfeiture; Corporate Fallout. - Parallels with U.S. Scandals The Curauma case resembles several U.S. financial scandals, underscoring the U.S.’s capacity for decisive action: Enron (2001): The $74 billion collapse led to 24-year sentences for executives and Andersen’s dissolution (SEC, 2006). Curauma’s $500 million fraud, while smaller, would warrant similar severity due to systemic collusion. Madoff (2009): Madoff’s $65 billion scheme resulted in a 150-year sentence (DOJ, 2009). Curauma’s judicial manipulation and cyber-sabotage would aggravate penalties. Theranos (2018): Elizabeth Holmes received 11 years for a $700 million fraud (DOJ, 2022). Curauma’s comparable financial damage and societal impact would elicit equivalent rigor. In the U.S., Curauma would have sparked a national reckoning. Public outrage, fueled by post-2008 distrust of financial elites, would drive calls for regulatory reform, as seen after Enron’s fallout prompted the Sarbanes-Oxley Act (U.S. Congress, 2002). Victims would receive substantial restitution, and the case would become a cultural touchstone, inspiring documentaries and academic studies on corporate malfeasance. In Chile, the Curauma case languishes amid perceptions of judicial inefficacy and elite impunity. Slow prosecutions and limited sanctions reflect a broader enforcement gap, with Chile’s Corruption Perceptions Index score stagnating at 67/100 (Transparency International, 2024). In contrast, the U.S.’s extraterritorial laws (e.g., FCPA, FEPA) and proactive DOJ would ensure swift, transparent action, even against foreign actors. The U.S.’s media and civil society, unencumbered by Chile’s press freedom constraints (Freedom House, 2024), would sustain pressure for accountability, preventing the case from fading into obscurity. Had the Curauma case unfolded in the U.S., it would have been a landmark scandal, met with unrelenting legal force and societal scrutiny. Perpetrators would face decades in prison, crippling fines, and asset forfeiture, while victims would secure restitution. Firms like Chilean Euroamerica Seguros de Vida ( http://euroamerica.cl ) might collapse, and the case would catalyze regulatory reforms, cementing its legacy as a warning against corruption. #casocurauma

Santiago, Chile, 2025. El caso Curauma ha generado profundas inquietudes respecto a la integridad y transparencia del Poder Judicial de Chile, con particular atención en la actuación de la jueza Inelie Ledda Durán Madina. En diciembre de 2013, en su calidad de titular del 2° Juzgado Civil de Santiago, la jueza Durán declaró la quiebra de Curauma S.A., designando al síndico César Millán Nicolet para gestionar el procedimiento de liquidación. Este proceso, lejos de ser un trámite rutinario, ha destapado una serie de cuestionamientos sobre conflictos de interés y falta de imparcialidad en las decisiones judiciales. Uno de los aspectos más controvertidos del caso radica en la presunta vinculación entre la jueza Durán y Euroamerica Seguros de Vida, empresa presidida por Henry Comber, quien ha sido señalado como un actor relevante en la apropiación de la garantía de Curauma S.A. durante el proceso de quiebra. Euroamerica, bajo la dirección de Comber, mantuvo relaciones financieras y legales significativas en el marco de este procedimiento, lo que ha levantado sospechas sobre la posibilidad de que decisiones judiciales hayan favorecido indebidamente a dicha compañía. Otro elemento que complejiza el caso es la relación profesional de la jueza Durán con el estudio de abogados Claro & Cía. Este bufete, reconocido por representar a clientes de alto perfil como Euroamerica y LATAM Airlines, ha participado en numerosas causas ventiladas en el 2° Juzgado Civil de Santiago durante la gestión de Durán. La reiterada intervención de Claro & Cía. en casos bajo su jurisdicción ha generado cuestionamientos sobre la imparcialidad de la magistrada, sugiriendo posibles conflictos de interés que podrían comprometer la equidad en la administración de justicia. Adicionalmente, han surgido denuncias sobre irregularidades en el sistema de asignación de causas del Poder Judicial. Según estas acusaciones, ciertos casos sensibles habrían sido dirigidos de manera deliberada al tribunal de la jueza Durán, lo que representa una grave vulneración de los principios de aleatoriedad y transparencia que deben regir la distribución judicial. Hoy, Inelie Ledda Durán Madina ejerce como ministra de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, un ascenso que no ha disipado las dudas sobre su trayectoria. Los vínculos con Euroamerica, la participación de Henry Comber y la relación con Claro & Cía. continúan proyectando sombras sobre su imparcialidad. #casocurauma

El Caso Curauma expone una grave crisis de integridad institucional en Chile, caracterizada por el silencio administrativo y la omisión de la fe pública. Estas conductas, perpetradas principalmente por la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Tesorería General de la República (TGR), configuran el delito tipificado en el artículo 429 del Código Penal chileno, que sanciona la omisión dolosa de declaraciones o contenidos que deben constar en documentos públicos o privados, afectando su veracidad y la confianza en las instituciones.   El artículo 429 del Código Penal chileno establece lo siguiente:   "El que, en el ejercicio de un ministerio público o privado, omitiere dolosamente en un documento público o privado, declaraciones o circunstancias que debieran constar en él, incurrirá en las penas de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales."   En el Caso Curauma, las omisiones son claras y sistemáticas:   Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ): La CAPJ, encargada de garantizar la transparencia en la asignación de causas judiciales, incumplió su mandato al omitir registros críticos del sistema informático que asignó la quiebra de Curauma al 2º Juzgado Civil de Santiago. En 2023, ante requerimientos judiciales, declaró no poseer las fuentes del código, los logs de asignación ni las tablas de distribución, elementos estándar en sistemas auditables. Esta omisión, que confirma la aleatoriedad del proceso, demuestra dolo y vulnera el artículo 429, al comprometer la autenticidad de los registros judiciales. Además, la falta de documentación sobre la paralización de un acuerdo de reorganización en Valparaíso refuerza la sospecha de manipulación procesal.   Comisión para el Mercado Financiero (CMF): Regulada por el Decreto Ley N° 3.538 de 1980, la CMF tiene el deber de fiscalizar el mercado financiero y garantizar la transparencia en operaciones que afecten a inversionistas. En Curauma, su inacción ante denuncias de irregularidades financieras, como fraudes concursales o conflictos de interés, constituye una omisión de su obligación de documentar y comunicar los resultados de su supervisión. Amparada en el artículo 28 de dicho decreto, que establece la reserva de información, la CMF ha evadido responder requerimientos legítimos, omitiendo contenidos que debían constar en sus informes públicos, en contravención del artículo 429.   Tesorería General de la República (TGR): La TGR, conforme a su mandato legal, debe asegurar la correcta administración de los recursos del Tesoro Público y auditar procesos que involucren activos fiscales o privados en quiebras. Su silencio en el caso Curauma, al no documentar ni investigar la gestión de los activos de la quiebra, cuando maliciosamente adulteró el quorum en la junta de acreedores en nombre de una institución del Estado representa una omisión de registros obligatorios que deberían reflejar su fiscalización. Esta falta, si se demuestra dolosa, también cae bajo el artículo 429.   Estas omisiones no son meras irregularidades administrativas; son conductas que erosionan la fe pública, definida como el pilar de confianza en la autenticidad de los actos y documentos oficiales. La jurisprudencia chilena, como los fallos de la Corte Suprema en casos de prevaricación administrativa, subraya que el silencio institucional, cuando es intencional, puede agravar delitos contra la fe pública al obstaculizar el acceso a la justicia y perpetuar desigualdades procesales.   El impacto de estas conductas trasciende el caso Curauma. La omisión de la CAPJ compromete la imparcialidad judicial; la inacción de la CMF debilita la protección de los inversionistas; y la pasividad de la TGR facilita posibles desvíos de recursos. Este patrón de silencio sistémico, al eludir la rendición de cuentas, perpetúa la impunidad y socava el Estado de Derecho.   #casocurauma

En 2004, Curauma S.A., dirigida por Manuel Cruzat Infante, enfrentó restricciones de liquidez debido a la demora en el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL), que no clasificó sus 3.071 hectáreas en Curauma La Luz y Las Cenizas como urbanos hasta 2014. Tasados en 16.903.107 UF en octubre de 2011 (unos USD 652 millones), estos terrenos eran un activo codiciado. Euroamerica Seguros de Vida S.A., controlada por Henry Comber Sigall y Nicholas Davis Lecaros, vio una oportunidad y tendió una trampa: préstamos con tasas usureras y garantías abusivas diseñados para provocar el incumplimiento. La presión financiera se intensificó entre 2008 y 2012, involucrando a la entidad relacionada Administraciones y Proyectos Euroamerica S.A. En 2012, Euroamérica, mediante un crédito hipotecario irregular otorgado en apenas 72 horas por el Banco de Chile, absorbió una garantía clave, infligiendo pérdidas millonarias a Curauma S.A. Para 2013, el pasivo de la empresa alcanzó USD 105 millones, con el Fisco de Chile como principal acreedor (USD 53,5 millones, 50,98%), preparando el escenario para un golpe definitivo. El 13 de mayo de 2013, Curauma S.A. contraatacó, demandando a Euroamerica por usura y reclamando USD 7,3 millones, asegurando una medida precautoria sobre propiedades valuadas en más de USD 500 millones. Pero el 13 de junio de 2013, Julio Bustamante Jeraldo, exsocio de Cruzat, solicitó la quiebra por una presunta deuda de tan solo 80 millones de pesos, un movimiento que Cruzat acusó de estar alineado con Euroamerica. El síndico César Millán Nicolet y el Fisco, acusa Cruzat, favorecieron a Euroamerica para forzar la insolvencia y extinguir las demandas. Una querella del 10 de noviembre de 2022, presentada por Cruzat y Jorge Said Yarur con Sabas Chahuán y Jésica Torres, reveló que el caso fue asignado irregularmente al 2° Juzgado Civil de Santiago (probabilidad 1,75 en 1.000), en lugar del 6° Juzgado, evidenciando manipulación judicial. La colusión de múltiples actores facilitó este robo. Administraciones y Proyectos Euroamerica S.A. se abstuvo en la votación del acuerdo de 2014, sugiriendo un conflicto de interés (acta de la Segunda Junta Extraordinaria de Acreedores, 2014). El Fisco, como acreedor mayoritario, priorizó sus intereses, mientras la Tesorería General de la República y Millán, acusados de favorecer a Euroamerica, no garantizaron transparencia. La inacción de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento permitió estas irregularidades, perpetuando un proceso viciado. Los más de 1.600 accionistas de Curauma S.A. fueron excluidos de las decisiones, negándoles participación en un proceso que dilapidó activos valuados en USD 729 millones. Valparaíso perdió un proyecto inmobiliario que habría transformado la región. La ausencia de sanciones a las prácticas usureras y la falta de auditorías judiciales consolidaron una injusticia que benefició a Euroamérica mientras perjudicaba a la comunidad. Pese a la impunidad, Manuel Cruzat Infante, respaldado por sus abogados, ha persistido en su lucha. En 2019, demandó por USD 900 millones contra Euroamerica, el Fisco, Banco de Chile y otros. En 2024, una nueva demanda por USD 1.900 millones en indemnización y USD 800 millones en restitución (Rol C-13.995-2024, 29° Juzgado Civil de Santiago) busca reparar el daño. Sin embargo, la demora judicial perpetúa el agravio. La quiebra de Curauma S.A. es un robo porque despojó activos de USD 729 millones mediante usura, manipulación judicial y colusión, perjudicando a accionistas y a Valparaíso. #casocurauma

En 1996, Curauma S.A. contaba con 3.071 hectáreas en los fundos Curauma La Luz y Las Cenizas, en Valparaíso, con la visión de establecer un polo urbano para 200.000 habitantes, generando 50.000 empleos y consolidando la zona central de Chile como un eje de desarrollo económico. Tasados en 2011 en 16.903.107 UF, equivalentes a USD 691 millones ( ver tasación ), estos terrenos eran un activo estratégico para la conectividad y descentralización del país. Sin embargo, entre 2004 y 2014, un esquema financiero meticulosamente diseñado por Euroamerica Seguros de Vida S.A. y los abogados de Claro y Cía., coronado por una manipulación quirúrgica en la asignación judicial del caso de quiebra, despojó a Chile de este recurso crítico y esperanzador. Un activo estratégico bajo asedio sistémico Ubicados a 90 minutos de Santiago y próximos al puerto de Valparaíso, los terrenos de Curauma eran un pilar para la integración urbana y económica de la zona central, con potencial para transformar Valparaíso en un centro de vivienda, industria y servicios. Su capacidad para impulsar la descentralización y generar 50.000 empleos los convertía en un recurso de interés nacional. No obstante, la demora en la ratificación del Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL), finalizada el 14 de abril de 2014, generó una iliquidez transitoria entre 2004 y 2012. Esta vulnerabilidad expuso a Curauma a un asedio financiero cuidadosamente planificado. El armazón de un coronamiento financiero En mayo de 2004, Euroamerica Seguros de Vida S.A., dirigida por Nicholas Davis Lecaros y Henry Comber Sigall, comenzó a otorgar préstamos a Curauma S.A. por un monto de 715.000 UF (aproximadamente USD 29 millones de 2004), con tasas que excedían los límites legales, configurando usura. Entre 2004 y 2012, Curauma pagó 1.040.775 UF (USD 42.5 millones), un retorno del 45,6% sobre el capital prestado, equivalente a una tasa anual aproximada del 4,8% durante los 8 años del período. Estos contratos, con garantías desproporcionadas sobre los terrenos, fueron diseñados para inducir el incumplimiento, sentando las bases de un plan de una década para apropiarse de activos estratégicos. Entre 2008 y 2012, la presión se intensificó. El 23 de agosto de 2012, el Banco de Chile facilitó un crédito hipotecario en un plazo de 72 horas, permitiendo a Euroamerica absorber una garantía clave. Esta maniobra sumió a Curauma en una deuda de USD 50 millones para abril de 2013, con la Tesorería General de la República como principal acreedora. La ausencia de supervisión regulatoria permitió que estas tácticas predatorias prosperaran sin oposición. Cirugía Procesal: manipulación de la asignación judicial El eje del despojo fue una operación de precisión en el sistema judicial. El 13 de junio de 2013, Julio Bustamante Jeraldo, cercano a Euroamerica y ex director de Curauma S.A., solicitó la quiebra de Curauma (Rol C-13913-2013) por una presunta deuda de $80 millones de pesos (USD 86.000). En un acto que desafía las probabilidades, la causa fue asignada al 2° Juzgado Civil de Santiago, un evento con una probabilidad de 1,75 en 1.000, según una querella presentada el 10 de noviembre de 2022. Esta acción denunció y demostró una manipulación deliberada del algoritmo de distribución de causas, apuntando a una intervención quirúrgica para dirigir el proceso a un juzgado favorable a los intereses de Euroamerica. Esta maniobra procesal neutralizó las defensas de Curauma, incluyendo una demanda de 2013 por USD 7.3 millones, y allanó el camino para la apropiación final. El robo ejecutado El 14 de octubre de 2014, un acuerdo aprobado en la Segunda Junta Extraordinaria de Acreedores selló el despojo. Presidida por el síndico César Millán Nicolet (también cercano a Euroamerica), la junta respaldó un convenio con Euroamerica Seguros de Vida S.A. y la filial de la anerior, Administraciones y Proyectos Euroamerica S.A., obligando a Curauma a retirar su demanda de 2013 por usura (Rol C-11.175-2013) y a levantar una medida precautoria del 25 de septiembre de 2013 que protegía sus terrenos. A cambio, Curauma recibió un pago inicial de 73.079,42 UF y promesas de dos pagos diferidos de 48.720 UF cada uno, representando una fracción mínima del valor tasado en 2011 de USD 691 millones. Con el apoyo del 98,23% de los acreedores presentes, que representaban el 90,68% de una deuda total de aproximadamente USD 50 millones en 2014, el acuerdo liberó las tierras para Euroamerica. Esta apropiación, ejecutada con precisión, privó a Chile de un proyecto urbano transformador, truncando el desarrollo de Valparaíso y eliminando 50.000 empleos potenciales. Fallas sistémicas que sustentaron el despojo El caso revela deficiencias estructurales que habilitaron el robo: Permisividad regulatoria : La falta de controles permitió contratos usureros que comprometieron activos nacionales. Desamparo accionarial : Los 1.600 inversionistas fueron marginados, dejando los terrenos a merced de acreedores. Complicidad judicial : La manipulación procesal de 2013 y la tolerancia a conflictos de interés, como los vínculos del síndico con Euroamerica, convirtieron al sistema en un instrumento del despojo. El despojo de Curauma S.A., gestado entre 2004 y 2013 y consumado en 2014, fue un robo descarado perpetrado mediante un coronamiento financiero preconcebido, sellado por una manipulación quirúrgica del sistema judicial. La asignación anómala al 2° Juzgado Civil de Santiago, fue un acto deliberado que permitió a Euroamerica apropiarse de terrenos valuados en USD 691 millones por una fracción de su valor. #casocurauma Leer "Así nos robaron Curauma": www.casocurauma.cl/post/así-nos-robaron-curauma

¿Cabe imputar responsabilidad penal por omisión impropia a funcionarios públicos o entidades estatales que, teniendo la obligación legal de intervenir, no actuaron frente a indicios claros de conductas fraudulentas? Lejos de ser una mera interrogante, esta cuestión desafía los contornos de la responsabilidad penal en Chile y revela un patrón estructural de inactividad estatal que abandona a los ciudadanos a su suerte. Estado de omisión La inacción del Estado chileno en el caso Curauma no es un hecho aislado, sino un eco desgarrador de una realidad que ha de repetirse en cientos de casos a lo largo del país, donde ciudadanos de a pie —aquellos cuya existencia parece irrelevante para las instituciones— son abandonados a su suerte. Este pecado de omisión, arraigado en la desidia, la descoordinación y la tolerancia al abuso, no es exclusivo de Curauma: es una enfermedad estructural incrustada en el alma de la nación, que amenaza a cualquier persona que confíe en el Estado para proteger sus derechos. La corrupción y la negligencia institucional no discriminan; hoy es Curauma, mañana puede ser cualquier ciudadano. El derecho penal chileno, a través del artículo 10 N° 12 del Código Penal, es claro: la omisión impropia constituye un delito grave cuando quienes tienen el deber jurídico de proteger bienes esenciales, como la probidad pública o el erario fiscal, eligen la pasividad ante evidencias flagrantes de injusticia. En Curauma, como en otros casos similares, el Estado ha violado su posición de garante, permitiendo que irregularidades se perpetúen en un silencio cómplice. Funcionarios públicos, desde la CAPJ hasta el Ministerio Público, han eludido herramientas legales como el artículo 239 del Código Penal, que sanciona el fraude al fisco, o el artículo 175 del Código Procesal Penal, que castiga la omisión de denuncia. Incluso el artículo 242 bis, que habilita medidas cautelares para proteger el patrimonio público, permanece inactivo, evidenciando una desconexión peligrosa entre la norma y su aplicación. Esta omisión no es un error aislado, sino un patrón estructural que deja desamparados a los ciudadanos de a pie: emprendedores, trabajadores, pacientes y comunidades cuya voz apenas resuena en los pasillos del poder. Según el Informe de Licencias Médicas 2023 de la Superintendencia de Seguridad Social, el gasto en subsidios por incapacidad laboral alcanzó los 1.4 billones de pesos en Fonasa, un costo que, junto a la negligencia estatal, desangra servicios esenciales como salud, educación y vivienda. La descoordinación interinstitucional agrava esta traición: la Fiscalía Nacional, en casos análogos, ha anunciado investigaciones "de oficio" que se diluyen por la ausencia de denuncias directas de la Contraloría (en gestiones previas a Dorothy Pérez G.), un reflejo de la misma pasividad que perpetúa las injusticias en Curauma y en casos similares, desde comunidades olvidadas hasta trabajadores defraudados. La rigidez del Estatuto Administrativo (Ley N° 18.834), que dificulta sancionar a funcionarios responsables, y la lentitud de sumarios administrativos, que se diluyen en años sin resultados, crean un caldo de cultivo para la impunidad. Esta permisividad envía un mensaje devastador: el Estado protege a los responsables antes que a los ciudadanos comunes, aquellos que, sin influencia ni recursos, enfrentan solos la indiferencia institucional. En Curauma, como en tantos otros casos, el ciudadano de a pie queda reducido a un mero espectador de su propia injusticia. El costo de este pecado de omisión es una herida abierta en el contrato social. Cada caso ignorado, cada denuncia desoída, cada irregularidad no investigada o dilatada sin pudor, erosiona la confianza pública y refuerza la percepción de que la justicia es un privilegio para pocos. El desafío es urgente: el Estado debe asumir su rol de garante, activar con determinación los mecanismos de fiscalización y persecución penal, y priorizar a los ciudadanos que claman por justicia. No hacerlo es traicionar el principio ético que sostiene su legitimidad. #casocurauma