Anatomía del robo de Curauma

En 2004, Curauma S.A., dirigida por Manuel Cruzat Infante, enfrentó restricciones de liquidez debido a la demora en el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL), que no clasificó sus 3.071 hectáreas en Curauma La Luz y Las Cenizas como urbanos hasta 2014. Tasados en 16.903.107 UF en octubre de 2011 (unos USD 652 millones), estos terrenos eran un activo codiciado. Euroamerica Seguros de Vida S.A., controlada por Henry Comber Sigall y Nicholas Davis Lecaros, vio una oportunidad y tendió una trampa: préstamos con tasas usureras y garantías abusivas diseñados para provocar el incumplimiento.

La presión financiera se intensificó entre 2008 y 2012, involucrando a la entidad relacionada Administraciones y Proyectos Euroamerica S.A. En 2012, Euroamérica, mediante un crédito hipotecario irregular otorgado en apenas 72 horas por el Banco de Chile, absorbió una garantía clave, infligiendo pérdidas millonarias a Curauma S.A. Para 2013, el pasivo de la empresa alcanzó USD 105 millones, con el Fisco de Chile como principal acreedor (USD 53,5 millones, 50,98%), preparando el escenario para un golpe definitivo.

El 13 de mayo de 2013, Curauma S.A. contraatacó, demandando a Euroamerica por usura y reclamando USD 7,3 millones, asegurando una medida precautoria sobre propiedades valuadas en más de USD 500 millones. Pero el 13 de junio de 2013, Julio Bustamante Jeraldo, exsocio de Cruzat, solicitó la quiebra por una presunta deuda de tan solo 80 millones de pesos, un movimiento que Cruzat acusó de estar alineado con Euroamerica. El síndico César Millán Nicolet y el Fisco, acusa Cruzat, favorecieron a Euroamerica para forzar la insolvencia y extinguir las demandas. Una querella del 10 de noviembre de 2022, presentada por Cruzat y Jorge Said Yarur con Sabas Chahuán y Jésica Torres, reveló que el caso fue asignado irregularmente al 2° Juzgado Civil de Santiago (probabilidad 1,75 en 1.000), en lugar del 6° Juzgado, evidenciando manipulación judicial.

La colusión de múltiples actores facilitó este robo. Administraciones y Proyectos Euroamerica S.A. se abstuvo en la votación del acuerdo de 2014, sugiriendo un conflicto de interés (acta de la Segunda Junta Extraordinaria de Acreedores, 2014). El Fisco, como acreedor mayoritario, priorizó sus intereses, mientras la Tesorería General de la República y Millán, acusados de favorecer a Euroamerica, no garantizaron transparencia. La inacción de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento permitió estas irregularidades, perpetuando un proceso viciado.

Los más de 1.600 accionistas de Curauma S.A. fueron excluidos de las decisiones, negándoles participación en un proceso que dilapidó activos valuados en USD 729 millones. Valparaíso perdió un proyecto inmobiliario que habría transformado la región. La ausencia de sanciones a las prácticas usureras y la falta de auditorías judiciales consolidaron una injusticia que benefició a Euroamérica mientras perjudicaba a la comunidad.

Pese a la impunidad, Manuel Cruzat Infante, respaldado por sus abogados, ha persistido en su lucha. En 2019, demandó por USD 900 millones contra Euroamerica, el Fisco, Banco de Chile y otros. En 2024, una nueva demanda por USD 1.900 millones en indemnización y USD 800 millones en restitución (Rol C-13.995-2024, 29° Juzgado Civil de Santiago) busca reparar el daño. Sin embargo, la demora judicial perpetúa el agravio.

La quiebra de Curauma S.A. es un robo porque despojó activos de USD 729 millones mediante usura, manipulación judicial y colusión, perjudicando a accionistas y a Valparaíso.

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