Casos Curauma y licencias fraudulentas
- MV
- 24 may
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La corrupción sistémica en Chile se refleja en el Caso Curauma (2013), con un fraude de más de 500 millones de dólares, y el uso indebido de licencias médicas por funcionarios públicos (2023-2024), con un costo directo de 35 millones de dólares y un impacto anual por ausentismo de 720 a 800 millones de dólares. La paralización de la expansión de Curauma hacia el fundo Las Cenizas desde 2013 agrava la crisis con daños sociales, económicos y políticos.
El Caso Curauma, con un fraude de más de 500 millones de dólares respaldado por tasaciones, involucra la usurpación de terrenos por Euroamerica Seguros de Vida S.A. a Curauma S.A., mediante la manipulación de causas civiles en el Poder Judicial. Es uno de los mayores fraudes en la historia de Chile, erosionando la confianza en el sistema judicial, un pilar del Estado de derecho.
Un informe de la CGR, liderado por la Contralora Dorothy Pérez Gutiérrez, reveló que más de 25.000 funcionarios públicos viajaron al extranjero entre 2023 y 2024 con licencias médicas, generando un costo de 35 millones de dólares (8,2 millones de jornadas laborales). El ausentismo en el sector público (16 días hábiles vs. 10,6 en el privado) cuesta 720-800 millones de dólares anuales (0,7 % del PIB de 2023). El 70 % de las licencias fraudulentas (24.585 de 35.585) son de Fonasa, y 31.651 funcionarios registraron más de 16 entradas/salidas del país durante su reposo.
El Caso Curauma (más de 500 millones de dólares) y el ausentismo público (720-800 millones de dólares anuales) tienen magnitudes similares. El primero es un acto de corrupción del Poder Judicial; el segundo, un acto de corrupción estructural. El costo directo del fraude por licencias (35 millones de dólares) es menor, pero su impacto acumulado lo equipara en relevancia.
La paralización de la expansión de Curauma desde 2013 ha generado impactos severos. Económicamente, la suspensión del proyecto, clave para el desarrollo industrial y logístico en Valparaíso (ciudad y puerto), ha causado pérdidas de inversión y empleo, retrasando el crecimiento regional. Socialmente, ha incrementado el descontento y la desconfianza hacia las autoridades, perpetuando la marginación y las desigualdades. Políticamente, ha debilitado la gobernanza, evidenciando corrupción y falta de coordinación, erosionando la legitimidad de las autoridades.
El caso de las licencias médicas ha dominado los medios, gracias al informe claro de la CGR bajo Dorothy Pérez, destacando reacciones políticas y propuestas de modernización. En cambio, el Caso Curauma y su paralización tienen cobertura limitada, con más difusión en redes sociales, debido a la clara intención de acallar y cancelar el caso de corrupción, y la sensibilidad de involucrar al Poder Judicial, subestimando su gravedad en el debate público.
La desproporción mediática reduce la presión para investigar el Caso Curauma y su paralización, mientras que la visibilidad del caso de las licencias, impulsada por Pérez Gutiérrez, ha generado respuestas rápidas como sumarios e investigaciones penales. Su gestión ha sido clave para la rendición de cuentas en las licencias, pero el Caso Curauma requiere igual atención para esclarecer la usurpación de terrenos, resolver la paralización y restaurar la confianza en el Poder Judicial.
La labor de la contralora Dorothy Pérez Gutiérrez ha sido crucial para enfrentar el fraude en las licencias, pero se necesita un esfuerzo equivalente para el Caso Curauma. Ambos requieren atención equitativa, investigaciones rigurosas, sanciones contundentes y cobertura mediática equilibrada para fomentar la rendición de cuentas y fortalecer la confianza institucional.
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