El reciente fallo (30-jun-25) de la jueza Loretta Preska en Nueva York, que ordena a Argentina entregar el 51% de YPF como forma de pago por la expropiación realizada en 2012, dejó en evidencia la fuerza con que la justicia estadounidense puede proteger los derechos de inversionistas perjudicados, sin importar que los activos se encuentren lejos de sus fronteras. Este caso, convertido en ejemplo global, demuestra que las decisiones adoptadas en el ámbito local pueden desencadenar consecuencias graves y duraderas cuando vulneran normas básicas del derecho corporativo y bursátil. A la luz de este precedente, surgen inevitables paralelos con el proceso de quiebra de Curauma S.A., en Chile, de 2013, donde Euroamerica Seguros de Vida terminó adjudicándose, a través de un procedimiento judicial ilegal, las garantías prendarias sobre terrenos cuyo valor superaba con creces la supuesta deuda invocada ($85 millones de pesos) para solicitar la quiebra. La operación, iniciada en Santiago a pesar de que la sociedad tenía domicilio legal en Valparaíso, dejó múltiples interrogantes sobre la competencia del tribunal, la falta de respaldo tributario de la supuesta deuda y la transparencia del proceso, cuestiones que en otras jurisdicciones, como la estadounidense, podrían derivar en revisiones exhaustivas y sanciones significativas. Este riesgo potencial se amplifica con la participación de Euroamerica Seguros de Vida y su matriz  como accionistas relevantes de Enjoy , la principal cadena de casinos de Chile, actualmente bajo investigación por colusión en las licitaciones de renovación de licencias, en un caso que ha generado sanciones locales y cuya repercusión podría trascender fronteras. Esto se debe a que Enjoy emitió un bono en el mercado estadounidense bajo ley del estado de Nueva York, registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y compensado mediante The Depository Trust Company (DTC), lo que expone a la compañía y a sus principales accionistas a la jurisdicción de tribunales federales de Nueva York, así como al escrutinio de reguladores norteamericanos con amplias facultades para investigar prácticas que afecten a inversionistas internacionales. En un entorno financiero globalizado, donde la protección de derechos de accionistas minoritarios es materia de interés prioritario para autoridades de países con regulaciones robustas, los episodios que denotan opacidad, abuso de posición o vulneración de procedimientos básicos pueden derivar en consecuencias inesperadas y severas. El caso YPF es hoy un recordatorio contundente: la aparente localía de ciertas decisiones no garantiza inmunidad cuando se entrecruzan intereses, activos o instrumentos financieros con jurisdicciones tan exigentes como la estadounidense. Ignorar este contexto puede significar comprometer no solo activos estratégicos, sino también la estabilidad patrimonial de quienes participan en estas operaciones. #casocurauma ... US judge orders Argentina, facing $16.1 billion judgment, to give up YPF stake https://www.reuters.com/legal/litigation/us-judge-orders-argentina-transfer-ypf-shares-help-satisfy-161-billion-judgment-2025-06-30/

Hay cosas que uno ya no debería seguir tolerando. No por resignación, sino por dignidad. El reciente episodio de los 22 autos Lexus que la Corte Suprema intentó comprar en silencio —por $1.253 millones, sin aprobación de la Dipres ni actas que lo respalden— podría parecer apenas una anécdota de lujo mal justificado. Pero no lo es. Es, en realidad, la expresión más transparente de una estructura institucional que opera sin control, sin memoria y, lo que es peor, sin culpa. No es la primera vez que la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) actúa como si no existiera el Estado de Derecho. Lo hizo también —y con consecuencias infinitamente más graves— en julio de 2013, cuando permitió que la quiebra de Curauma S.A., una empresa con más de 2.000 hectáreas urbanizables y activos valorizados en más de US$500 millones, fuera tramitada en un juzgado de Santiago, y no en Valparaíso, donde la ley expresamente lo exigía. ¿La deuda invocada? Una supuesta obligación de apenas $80 millones, sin respaldo contable, tributario ni financiero. ¿La reacción de la CAPJ ante esta maniobra? Ninguna. Silencio absoluto. Mismo guion. Once años después, el escándalo de los Lexus revela que no se trató de un error aislado, sino de una forma de operar. Los autos fueron llevados a la CAPJ durante meses, desde 2022, sin licitación, sin acta, sin autorización presupuestaria, pero con la venia tácita de un consejo superior compuesto por ministros de la Corte Suprema. Entre los principales responsables de este proceso figura Ricardo Guzmán Sanza, director de la CAPJ, quien presentó su renuncia en febrero de 2024 (suspendida por la Suprema hasta el fin del proceso disciplinario) y que fue sancionado el 13 de marzo de 2025 con una suspensión de un mes y la mitad del sueldo, por no cumplir con su función de dirigir, organizar y fiscalizar la corporación, permitiendo que se avanzara en la adquisición irregular de los Lexus. Junto a él, el subdirector Zvonimir Koporcic también fue sancionado y luego apeló el 16 de mayo de 2025, pidiendo recusar a 11 ministros, por haber estado involucrados en los hechos que ahora debían juzgar. Diez de ellos ya se inhabilitaron. Es decir, la Corte Suprema se transformó en juez y parte…, de sí misma. ¿Y no es eso, acaso, lo que ocurrió también en Curauma? La causa se asignó a un tribunal incompetente, se dictó sentencia sin verificar el crédito, se vulneró el principio del juez natural y ninguna institución se levantó a decir “esto no puede pasar”. Ni la CAPJ, ni la Corte de Apelaciones, ni la Suprema. Todo quedó en la opacidad institucional que ahora vemos reflejada en estos lujosos vehículos que nunca debieron comprarse, pero que sí se probaron, uno por uno, en la sede del Poder Judicial, como si el país fuera de ellos. Entre 2023 y 2024, ministros como María Teresa Letelier y Mario Carroza participaron de reuniones “informales” con el ministro de Hacienda Mario Marcel. Allí se habría hablado de usar saldos presupuestarios para financiar los Lexus. Lo curioso es que esas conversaciones verbales se usaron luego como justificación de actos administrativos que nunca existieron formalmente. La ministra Letelier llegó a decir que pensaba que todo había quedado en acta. No quedó. Y, sin embargo, actuaron como si sí. ¿Les suena? Así mismo se construyó la quiebra de Curauma: con supuestos, con informalidades, con omisiones funcionales y con una estructura que prefiere no mirar mientras se comenten abusos. Pero lo más desolador es que ni el caso Lexus ni Curauma parecen tener consecuencias proporcionales a la gravedad institucional. En el primero, los responsables —Ricardo Guzmán Sanza y Zvonimir Koporcic— fueron suspendidos por un mes y con medio sueldo. En el segundo, nadie ha sido sancionado hasta hoy, y los bienes de una empresa íntegra se liquidaron en beneficio de acreedores coludidos, como si fuera parte del procedimiento normal. Así como ahora sabemos que la CAPJ puede exhibir autos sin respaldo legal y que los ministros pueden decidir compras millonarias sin levantar una sola acta, también debemos aceptar que la misma CAPJ permitió en 2013 que se falseara el fuero judicial de una causa con activos de medio billón de dólares. El silencio fue el mismo. Y la complicidad también. En este país, la legalidad se volvió un procedimiento optativo. La fe pública, un recurso intercambiable. Y el Poder Judicial, un club en donde las decisiones se cocinan adentro y se sellan hacia afuera. Lexus y Curauma son, en el fondo, el mismo caso: el de un poder que se ha vuelto autorreferente, inmune a la crítica y peligrosamente eficiente cuando se trata de encubrir lo suyo. La pregunta ya no es si algo se hizo mal. Es si alguien alguna vez pagará por ello. #casocurauma Artículo de Ciper Chile: www.ciperchile.cl/2025/06/26/caso-lexus-diez-ministros-de-la-corte-suprema-se-inhabilitan-en-proceso-por-la-fallida-compra-de-autos/ Sanción a Ricardo Guzmán Sanza, director de la CAPJ (marzo de 2025): La resolución establece que el director de la CAPJ, Ricardo Guzmán Sanza, “no cumplió de manera eficiente con la función asociada a su cargo de dirigir, organizar y administrar la CAPJ (…), lo que se tradujo en la falta de fiscalización efectuada al procedimiento llevado a cabo para la fallida renovación de los vehículos institucionales (…), permitiendo que se realizaran acciones sin contar con la aprobación previa del Consejo Superior, entregando una información incompleta a sus superiores respecto de la existencia de los recursos para la adquisición de vehículos”.

Hace 24 años, en febrero de 2001, Manuel Cruzat Infante publicó un artículo titulado "Reprobados" en El Mercurio. En él, reflexionaba sobre las razones por las cuales Chile, a pesar de su independencia de casi dos siglos, no había alcanzado el nivel de desarrollo de países como Estados Unidos, Canadá o Japón. Cruzat señalaba que, aunque Chile contaba con recursos naturales per cápita comparables o superiores a los de Estados Unidos y un capital humano estimado en un 60% del norteamericano, su producto per cápita representaba solo entre el 13% y el 29% del estadounidense, dependiendo de la metodología de comparación. Argumentaba que, si Chile fuera un estado más de Estados Unidos, podría alcanzar niveles similares de producto per cápita en un corto plazo, estimado en alrededor de diez años. El autor atribuía esta brecha de desarrollo a la calidad de las políticas implementadas a lo largo del tiempo. Sostenía que las élites dirigentes —políticas, empresariales, laborales, culturales, militares y sociales— eran responsables de las decisiones que habían frenado el progreso del país.   Según Cruzat, la falta de conocimiento y la defensa de intereses creados por parte de estas élites habían llevado a decisiones regulares o malas, en contraste con las buenas decisiones tomadas consistentemente por países más desarrollados. Utilizando una metáfora educativa, Cruzat afirmaba que, en un examen mundial de élites, las chilenas serían reprobadas, con la necesidad de repetir el examen, el año escolar o incluso ser expulsadas del colegio. Urgía a corregir esta situación, enfatizando que los sectores más pobres no podían esperar más. Proponía como remedio un cambio dramático en los consensos y prioridades de las élites, su sustitución o una combinación de ambas.   Mencionaba que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos representaba una oportunidad para delegar parte de las decisiones a una de las mejores élites de la historia, mientras que la incorporación al Mercosur sería el camino opuesto. Dos décadas después, las reflexiones de Cruzat Invitan a evaluar si las élites chilenas han logrado implementar las transformaciones necesarias para cerrar la brecha de desarrollo con las naciones más avanzadas, o si persisten los desafíos señalados en su análisis de 2001. - Esta columna, Reprobados , fue escrita por Manuel Cruzat Infante, y publicada en el diario El Mercurio el domingo 11 de febrero de 2001. Nota al pie: en 2025, las élites chilenas siguen reprobadas. Persisten desigualdad, colusión y crisis de confianza. Han privilegiado intereses propios sobre el bien común, dejando al país atrapado en brechas sociales y sin liderazgo ético. El cambio urgente que pidió Cruzat hace dos décadas sigue siendo ignorado. #casocurauma ... Reprobados (2001) "¿Por qué Chile no es un país desarrollado como Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Holanda, Singapur y varios otros que podrían ser agregados a esta lista? ¿Cómo se puede explicar a nuestro pueblo que después de casi 200 años de vida independiente, nuestro producto per capita sea sólo de entre un 13% ó 29% del de Estados Unidos, dependiendo de si la comparación es a tasas de mercado o según la paridad del poder de compra, esta última seguramente más relevante? Si a lo anterior se le agrega que en términos de recursos naturales per capita, Chile es igual o superior a los Estados Unidos y que estimaciones de nuestro capital humano per capita son cercanas a un 60% del norteamericano, se puede llegar a la tremenda conclusión que si fuéramos un estado más de Estados Unidos, a corto plazo —¿10 años? — llegaríamos a ese nivel de producto relativo, alrededor de US$ 23.000 anuales de producto per capita si el ajuste se efectuara hoy día, y en un plazo algo más largo, que es lo que demora el proceso de aumento del capital humano a través de mejor educación y salud esencialmente, nos equipararíamos con el producto medio norteamericano. En términos económicos, esto significa que existe un factor que tiene una fuerte productividad negativa y que está frenando a nuestro principal recurso económico, que es el capital humano. Expresado en forma simple, el habitante común de Chile vale más y podría producir más si no estuviera disminuido y limitado por dicho factor. ¿Qué explicación hay para todo esto? Si se analizan con perspectiva histórica diferentes variables que podrían explicar tan abismales diferencias y su permanencia en el tiempo, pronto se llega a la conclusión que para cada variable hay ejemplos de países que han superado estos supuestos casos de inferioridad; por ejemplo, para el factor lejanía tenemos a Australia y Nueva Zelanda, entre otros; para el factor tamaño tenemos Holanda, Singapur y varios más; para catástrofes naturales tenemos a Japón… y así podríamos seguir. Sin duda, no faltarían quienes suscribirían algún tipo de teoría racial, basura intelectual moralmente reprobable y comprobada falsa hasta la saciedad. Entonces ¿dónde está la causa? ¿Por qué no se aplica la vacuna contra la enfermedad del subdesarrollo si aquella fue descubierta hace ya mucho tiempo? Un análisis desapasionado debe concluir que la diferencia fundamental entre países se debe a la calidad de las respectivas políticas a través del tiempo. Estas políticas, si son buenas, van creando una institucionalidad que promueve —o retrasa si son malas— el desarrollo económico y social. Ahora bien, el que un país como Estados Unidos tome consistentemente buenas decisiones y un país como Chile tome casi con la misma consistencia decisiones regulares o malas, no puede ser producto del azar y sí tiene que tener alguna explicación coherente con el proceso de toma de decisiones a nivel social. Es aquí donde la responsabilidad por esta falla histórica debe ser asignada a los grupos dirigentes o elites de todo tipo —políticas, empresariales, laborales, culturales, militares, sociales, etc. — que son quienes, por definición, tienen el poder para las decisiones relevantes en la sociedad. La causa fundamental de esta falla de la elite dirigente es probable que haya sido simplemente la falta de conocimiento —por cierto no la mala fe— a la que cabe agregar una cuota de defensa de intereses creados. Usando un símil estudiantil, en un examen mundial de elites seríamos posiblemente reprobados con la obligación de repetir el examen, muchos deberían repetir el año y varios serían definitivamente expulsados del colegio. Esto debe ser corregido con urgencia y la razón es muy simple: los pobres no pueden esperar. Este es un imperativo moral ineludible sobre el cual hablamos mucho y hacemos menos de lo debido. El remedio es simple y complejo a la vez, ya que pasa o por un cambio dramático de los consensos y urgencias de las elites, o por la sustitución de estas o, más probablemente, por una mezcla de ambas cosas. En este sentido, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es una estupenda oportunidad de traspasarle a una de las mejores elites de la historia una parte significativa de nuestras decisiones. El caso exactamente opuesto sería nuestra incorporación al Mercosur. La agenda política del país debería ser una y sólo una: cómo superar estos enormes desequilibrios a la brevedad y con generosidad suficiente para ver el interés nacional antes que el propio. En definitiva, no existe proyecto más rentable a nivel nacional que el implementar buenas políticas, compensando a los afectados cuando sea necesario. La mayoría de estas políticas específicas son bastante obvias y no son ajenas a la discusión actual en Chile. Es la rapidez, profundidad y el abarcar la totalidad de las áreas lo que hace la diferencia entre una auténtica revolución y una ineficaz gradualidad que nos hace vivir en una permanente medianía. Es evidente que la historia de gran parte del siglo XX habría sido muy distinta si los gobiernos de todo signo político hubiesen implementado políticas eficientes. Su falla es la responsable de la mayor parte de los trágicos desencuentros que hemos sufrido. Alguien podría creer que me considero un mero espectador de lo acontecido. No es así y desde ya admito toda la responsabilidad que me corresponda por las imperfecciones de nuestro sistema. Pero si no queremos que en 100 años más nuestros tataranietos se hagan la misma pregunta con que parte este artículo, debemos actuar prontamente y con gran decisión. Los pobres y un verdadero patriotismo lo demandan." Manuel Cruzat Infante Chile, 2001

Hay países donde el desorden se manifiesta en el caos. Y hay otros —como el Chile de hoy— donde el desorden se esconde tras la quietud de las formas, en la apariencia pulcra del expediente sellado, en la firma protocolar, en la sentencia fundada… pero vacía de justicia. El país ha entrado en una fase más sofisticada de deterioro: la institucionalización del abuso, la legalización del despojo, la moral invertida. Un régimen no de ilegalidades abiertas, sino de legalidades ilegítimas. Se respeta el procedimiento, se pronuncia el fallo, se publica la resolución. Todo parece en regla, hasta que uno observa para quiénes se dictan las normas y contra quiénes operan en la práctica. Lo ilegítimo ya no necesita ocultarse: basta con que se vista de legalidad. Y así, el Estado funciona —porque sigue emitiendo decretos, pagando sueldos y renovando contratos—, pero ha dejado de gobernar con un sentido ético. Es un aparato encendido, pero sin dirección moral. El desgobierno no se expresa en el vacío, sino en la captura. No es el colapso del sistema, sino su perfeccionamiento al servicio de intereses mezquinos. Hay reglas, sí, pero no para proteger a los débiles: para blindar a los poderosos. Hay tribunales, pero operan como pasarelas técnicas del cinismo institucional. Hay fiscalizaciones, pero llegan tarde o nunca. Y hay reformas, pero son reformas que reforman lo irreformable: lo que ya ha sido entregado al deterioro sistémico. Todo esto configura una escena desconcertante: la forma intacta y el fondo corroído. Un país donde las instituciones aún se nombran con respeto, pero ya no se creen con convicción. Donde el mérito importa menos que el contacto, y la verdad menos que la estrategia jurídica. Donde los escándalos no provocan renuncias, sino declaraciones de prensa. La tragedia de Chile no es que no haya ley. Es que hay demasiada ley, aplicada sin alma, sin propósito, sin justicia. Una ley vaciada de bien común, al servicio de la coartada, la impunidad y el cálculo. Y así, mientras el ciudadano común enfrenta la crudeza del sistema con la esperanza de que alguna vez funcione, otros ya aprendieron que basta con conocerlo desde dentro para hacerlo servir en su favor. En este orden del desgobierno, el abuso se regula, la injusticia se formaliza, y el saqueo se timbra. Chile no ha perdido sus instituciones. Ha perdido el sentido de para qué existen. #casocurauma Junio 2025

La crisis que atraviesa Chile no es una sorpresa. No es fruto del azar ni de un colapso súbito. Es, por el contrario, el desenlace lógico y predecible de haber ignorado lo evidente durante décadas. Lo que hoy se presenta como una multiplicidad de crisis —judicial, política, económica, de seguridad y de legitimidad— es la consecuencia directa de una acumulación de omisiones, postergaciones y decisiones evitadas en los ámbitos fundamentales del Estado. Durante décadas, el país sostuvo sin reformas estructurales el diseño institucional heredado del régimen militar, particularmente en lo referido al sistema judicial, el Ministerio Público y los órganos de control del Estado. Lejos de modernizarse, estos espacios se consolidaron como estructuras cerradas, jerárquicas y escasamente fiscalizadas. A pesar de múltiples señales de deterioro —fallos cuestionados, procesos opacos, conflictos de interés— no se impulsaron reformas integrales. El resultado: un sistema que, en demasiados casos, deja de aplicar el principio de igualdad ante la ley y permite que el acceso a la justicia dependa del poder del litigante, y no del mérito jurídico de su causa. Este deterioro institucional ha sido paralelo —y en parte causa— de una crisis económica persistente. La falta de certezas regulatorias, la ineficiencia de organismos fiscalizadores, la captura de decisiones clave por intereses privados, y el descrédito generalizado de los poderes del Estado han erosionado la confianza de los inversionistas, debilitado la actividad productiva y comprometido las bases de un desarrollo sostenible. En un país donde decisiones judiciales estratégicas pueden estar influidas por lobbies o intereses no transparentes, la economía formal opera en condiciones de inseguridad jurídica. A ello se suma un Estado que gasta mal y en demasía, recauda de manera regresiva y no logra traducir el crecimiento en cohesión social. La política pública ha optado por el inmovilismo. Las reformas necesarias en salud, pensiones, educación, vivienda, productividad y financiamiento del desarrollo han sido parciales, reactivas o bloqueadas por intereses corporativos. Se privilegió la contención sobre la transformación, la administración de la desigualdad sobre su corrección. La estabilidad fue confundida con pasividad, y la gobernabilidad con la perpetuación del status quo. En este contexto, la seguridad pública se ha deteriorado de forma sostenida. Las respuestas legislativas han sido fragmentarias, centradas en aumentar penas o militarizar funciones, sin abordar el fondo del problema: la desarticulación del Estado en los territorios, la obsolescencia de los sistemas de inteligencia y ciberseguridad, y la falta de control efectivo sobre instituciones policiales en crisis. El crimen organizado ha avanzado donde el Estado se ha replegado o ha fallado en construir legitimidad. El sistema judicial, por su parte, representa con particular nitidez el fracaso institucional. En Chile se han tramitado quiebras con activos de alto valor económico sin la debida fiscalización; se han aceptado valoraciones irrisorias de bienes estratégicos; se han producido actuaciones jurídicas cuestionables sin reacción institucional proporcional; y órganos que debiesen defender el interés público han optado por la ignominiosa omisión y el silencio. No se trata de errores individuales, sino de señales de una falla sistémica. Y lo más preocupante es que esta disfunción era evidente. Se vio venir. Se denunció. Pero no se corrigió. La ciudadanía ha respondido con lo único que le queda: desafección. La confianza en las instituciones se ha desplomado, la participación política ha oscilado entre el voto obligatorio y el desencanto, y la noción de justicia se ha vuelto, para muchos, una ilusión inaccesible. La institucionalidad se vacía cuando deja de operar con legitimidad, y el mercado se retrae cuando esa legitimidad no ofrece garantías mínimas de equidad, estabilidad y legalidad. Lo más grave no es la crisis misma, sino que era predecible. Lo obvio fue ignorado. Las señales estaban ahí: un sistema judicial capturado, una economía estancada, un Estado sin rumbo, una política sin proyecto. Y, aun así, se eligió no actuar. Se prefirió administrar la decadencia antes que confrontar sus causas. Chile necesita mucho más que ajustes técnicos. Necesita una refundación institucional seria, legítima y eficiente. Y la necesita con urgencia.  #casocurauma Junio 2025

En Chile, la colusión ha trascendido el ámbito empresarial para instalarse como una práctica sistémica, donde actores públicos y privados pactan —explícita o implícitamente— en perjuicio del interés general. Lo que antes se atribuía exclusivamente al poder económico, hoy involucra también a instituciones estatales que, lejos de fiscalizar o corregir, terminan validando o facilitando los abusos. La colusión en Chile ya no es solo entre empresas: es entre élites, cargos públicos, operadores judiciales y redes que comparten beneficios, impunidad y silencio. Casos empresariales: patrones reiterados Los casos más conocidos de colusión empresarial: Tissue (2000–2011): CMPC y SCA fijaron precios del papel higiénico durante más de una década. La FNE denunció el caso en 2015, pero solo SCA fue multada por aproximadamente 18 millones de dólares. CMPC quedó exenta gracias a la delación compensada. Pollos (2008–2010): Agrosuper, Ariztía y Don Pollo coordinaron la producción para evitar competir. El TDLC multó a las empresas en 2014, pero ningún ejecutivo fue sancionado penalmente. Farmacias (2007–2008): Salcobrand, Cruz Verde y FASA manipularon precios de más de 200 medicamentos. En 2012, FASA reconoció la colusión. Las multas fueron menores. Supermercados (2008–2011): Walmart, Cencosud y SMU coordinaron precios del pollo. En 2019, el TDLC dictó multas menores y ninguna consecuencia penal. Casinos (2021–2023): Enjoy, Dreams y Marina del Sol habrían pactado no competir en licitaciones de licencias. En 2023, la FNE acusó formalmente la colusión. Se arriesgan multas por más de 37 millones de dólares, pero el caso aún está en juicio. Estos casos demuestran un patrón: colusión sostenida, beneficios privados multimillonarios, multas marginales y ausencia de responsabilidad penal. Colusión estatal: el lado oculto del poder Lo más grave, sin embargo, es que varios de estos episodios fueron posibles gracias a la inacción —o colaboración— del Estado. Caso Curauma (2013): La quiebra de Curauma S.A., pese a tener activos tasados en más de 500 millones de dólares, fue tramitada irregularmente por el 2º Juzgado Civil de Santiago con respaldo de Euroamerica Seguros de Vida S.A. y validada por la Superintendencia de Valores. La Tesorería General de la República y la Superintendencia de Insolvencia tampoco fiscalizaron adecuadamente. Todo esto permitió la apropiación de activos por una supuesta deuda menor, sin verificación tributaria. El caso aún sigue impune. Licencias médicas falsas (2023–2024): La Contraloría reveló en 2023 que el sistema de salud público y privado soportaba un fraude masivo por licencias fraudulentas, con perjuicios fiscales estimados en más de 500 millones de dólares anuales. El esquema, por todos sabido, fue tolerado por años por servicios de salud, empleadores públicos, médicos y autoridades previsionales. Colusión en transporte escolar y subvenciones municipales (2020–2023): En regiones como O'Higgins, Biobío y Metropolitana, se detectaron redes entre proveedores, funcionarios y alcaldías para inflar contratos de transporte y alimentación escolar. Estas prácticas se camuflan como "licitaciones" legales, pero constituyen colusión estatal-empresarial. Caso Convenios (2023–2024): La entrega irregular de recursos a fundaciones ligadas a partidos políticos oficialistas reveló una lógica de reparto clientelar disfrazada de política social. Más de 14 mil millones de pesos fueron transferidos sin controles efectivos. Seremi, ministerios y fundaciones actuaron de manera coordinada. Las condiciones estructurales que permiten la colusión Débil fiscalización: La FNE y el Ministerio Público actúan de forma reactiva, con recursos limitados y sin capacidad coercitiva efectiva. Cabe destacar el importante y valioso rol que cumple hoy la Contraloría General de la República bajo la dirección de la contralora Dorothy Pérez G. Captura regulatoria: Grandes estudios jurídicos asesoran tanto a empresas como al Estado, diseñando estrategias que burlan los controles legales. Captura funcionaria: Dentro del aparato estatal, numerosos funcionarios públicos han comenzado a operar en abierta contradicción con el deber que les corresponde: resguardar la fe pública. Lejos de fiscalizar, supervisar o proteger el interés general, muchos terminan actuando en beneficio de intereses particulares o redes clientelares, comprometiendo la integridad de las instituciones que representan. Judicialización sesgada: La selección de tribunales favorables, jueces poco especializados en delitos económicos y plazos eternos minan cualquier sanción real. Impunidad política: Ningún ministro, superintendente o intendente ha sido sancionado por omisiones graves en estos casos. Reforma incompleta: ¿delito sin castigo? La Ley 20.945 de 2016 tipificó por primera vez la colusión como delito penal, con penas de hasta 10 años de cárcel. Sin embargo, a la fecha no hay una sola condena efectiva con presidio por colusión, ni en el ámbito empresarial ni estatal. Chile vive bajo una estructura institucional que permite —y en algunos casos facilita— acuerdos colusorios entre privados, entre públicos, y entre ambos. Esta convergencia de intereses se convierte en una forma sofisticada de corrupción, difícil de detectar, pero devastadora en sus consecuencias: precios más altos, servicios públicos de mala calidad, desconfianza institucional y crecimiento económico distorsionado. Restablecer la fe pública exige más que leyes simbólicas: requiere juicios penales eficaces, sanciones reales, y una reingeniería completa de las capacidades fiscalizadoras del Estado. La colusión no es solo un problema de mercado: es un síntoma de un Estado capturado que ha perdido su función de garante del bien común. Mientras eso no cambie, Chile seguirá funcionando —en lo esencial— como una economía de pactos ocultos. #casocurauma

El Banco de Chile, socio de Citibank, está demandado en el Caso Curauma por un préstamo de $40 millones USD otorgado en 2013 a Administraciones y Proyectos Euroamerica S.A. (APE), una sociedad de Euroamerica Seguros de Vida S.A., en una maniobra que despojó a Curauma S.A. de terrenos tasados en más de $500 millones USD. Esta operación, eje de un escándalo financiero que costó al Fisco millones de dólares, revela una plataforma de colusión que exige justicia y transparencia.   En 2004, Euroamerica Seguros de Vida S.A., liderada por Nicholas Davis y Henry Comber –este último exejecutivo de Citibank–, firmó un leasing por 715.000 UF con Empresas CB, matriz de Curauma S.A., para terrenos en Alto Valparaíso. Entre 2004 y 2013, Curauma pagó 1.040.775 UF. Euroamerica exigió 907.081 UF más para devolver los terrenos en agosto de 2013, desencadenando un conflicto.   El 7 de agosto de 2013, el Banco de Chile otorgó en 72 horas un préstamo de $40 millones USD a APE, diseñado por los abogados Cristóbal Eyzaguirre y José Miguel Huerta, permitiendo a Euroamerica transferir los terrenos antes de que Curauma S.A. los reclamara. Este crédito, respaldado por una hipoteca, se dio a una entidad sin historial financiero sólido, sugiriendo colusión, amplificada por la conexión de Henry Comber con Citibank. La operación bloqueó la recompra de activos tasados en más de 500 millones USD.   La plataforma se completó con la Tesorería General de la República (TGR), que en 2013 rechazó un convenio judicial, sacrificando una cantidad enorme de dinero del Fisco. Cristián Huerta Bustamante, jefe de tesorería de Curauma y representante de la TGR, manipuló registros y apoyó esta decisión. El síndico César Millán Nicolet liquidó los terrenos a bajo precio, mientras Osvaldo Macías, intendente de seguros (2003-2016), omitió supervisión.   En 2019-2020, Euroamerica Seguros de Vida S.A. recompró los terrenos a su filial APE por 1.530.000 UF, ganando 646.000 UF.   El Banco de Chile, con un préstamo irregular, fue el pilar de esta trama. Mientras tribunales chilenos e internacionales investigan, Chile merece claridad sobre este caso que erosionó la confianza pública. #casocurauma Ver: www.casocurauma.cl/post/así-nos-robaron-curauma y www.casocurauma.cl/post/precuela-del-robo-de-curauma

A fines de 1993, cuando el proyecto urbano de Curauma apenas tomaba forma en los cerros de Valparaíso, dos delegaciones de la Universidad de Harvard llegaron a Chile para estudiar en terreno un fenómeno poco habitual en América Latina: la construcción planificada de una nueva ciudad. Lo que comenzó como una exploración académica, terminaría siendo —con el paso de los años— un hito silencioso pero decisivo en la historia del urbanismo chileno. Harvard en Curauma: más que una visita académica La primera de estas delegaciones (1) estuvo conformada por diez profesores de las escuelas de Economía y Gobierno de Harvard. El equipo fue liderado por dos figuras de renombre mundial: Edward Glaeser , experto en desarrollo urbano, y John R. Meyer , pionero en la economía del transporte. El objetivo era ambicioso: estudiar las condiciones óptimas para la localización de la población y las actividades económicas en el contexto chileno, y analizar hasta qué punto ciudades como Santiago se alejaban de esos ideales. Las conclusiones de esa misión fueron demoledoras. Santiago, con su crecimiento desbordado y su concentración excesiva de recursos e infraestructura, era el caso paradigmático de una ciudad que operaba con una estructura de incentivos completamente distorsionada. Los costos reales de la localización —congestión, transporte ineficiente, contaminación, pérdida de productividad— no eran asumidos por quienes los generaban. En consecuencia, la capital crecía desmesuradamente, absorbiendo inversión pública y privada en detrimento del resto del país. Estas ideas quedaron plasmadas en un influyente volumen publicado en 2001 por la Harvard Kennedy School bajo el título * Chile: The Political Economy of Urban Development *. El texto, aunque poco conocido fuera de círculos académicos, terminó por permear las políticas públicas nacionales. Abrió paso a una lenta pero firme reconsideración del modelo de desarrollo urbano, descentralizando recursos y repensando el papel del Estado en la distribución territorial del bienestar. El diseño urbano como visión de futuro Paralelamente, una segunda misión de Harvard —esta vez del Departamento de Arquitectura y Diseño— se abocó a los aspectos concretos del trazado urbano de Curauma. Su trabajo no fue meramente teórico: propusieron esquemas de organización territorial, interconexión vial, jerarquización de espacios públicos, e integración de zonas habitacionales, comerciales y educacionales. Se trató de uno de los primeros intentos serios en Chile de pensar una ciudad desde cero, con criterios de eficiencia, sustentabilidad y calidad de vida. En este esfuerzo multidisciplinario, Curauma se convirtió en un laboratorio de planificación urbana que atrajo tanto a urbanistas como economistas, y en una oportunidad única para aplicar en el sur del mundo los principios más avanzados del pensamiento urbano global. Las semillas que germinan A más de 30 años de esa visita, los frutos están a la vista. Curauma ha crecido como un polo habitacional y académico relevante en la Región de Valparaíso, con una población cercana a las 45 mil personas y un campus consolidado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Aún enfrenta desafíos, como todo asentamiento urbano, pero su trazado y lógica de desarrollo siguen reflejando las premisas que Harvard ayudó a instalar. Más importante aún es el cambio de mentalidad que aquella experiencia sembró en Chile: la conciencia de que el crecimiento urbano no es solo una consecuencia del mercado o del azar, sino una construcción política, técnica y cultural. Que las ciudades pueden —y deben— ser diseñadas con racionalidad y equidad, para que no reproduzcan desigualdades ni destruyan sus entornos. En tiempos en que la planificación urbana vuelve al centro del debate público, recordar este capítulo, liderado por Manuel Cruzat Infante, es más que una anécdota. Es una lección sobre cómo las mejores ideas, cuando se conectan con decisiones valientes, pueden transformar el futuro de un país. (1): Por la misma época hubo otro grupo de profesores de Harvard, esta vez del departamento de Diseño y Arquitectura, que tuvo por objeto avanzar en el diseño urbano propiamente tal de lo que sería la ciudad de Curauma. Resumen técnico del modelo urbano de Curauma (1993–2003) Principios rectores El diseño urbano de Curauma se fundamentó en tres principios: 1. Descentralización inteligente: El proyecto buscó constituir un nuevo polo de desarrollo urbano en la Región de Valparaíso, con el objetivo de descongestionar Santiago y consolidar una estructura policéntrica en el país. 2. Internalización de externalidades: Se propuso que los costos derivados del crecimiento urbano, como la congestión, la contaminación o la demanda por servicios, fueran asumidos por quienes los generan, incorporando criterios de eficiencia económica en la planificación territorial. 3. Planificación desde cero: A diferencia de los procesos de expansión urbana sobre ciudades existentes, Curauma se concibió como una ciudad nueva, lo que permitió integrar desde el inicio aspectos de sustentabilidad, uso mixto del suelo, infraestructura anticipada y espacios públicos. Componentes estructurales del modelo Zonificación y usos mixtos El modelo se basó en la integración de usos residenciales, educacionales, comerciales y productivos. Se evitó la zonificación rígida y se incentivó la mezcla de actividades a escala de barrio. La instalación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso fue clave como institución ancla para dinamizar la vida urbana y académica del sector. Movilidad y estructura vial El diseño vial contempló una red jerarquizada con ejes troncales, vías colectoras y calles locales. Se diseñó una malla eficiente, con reservas para transporte público de alta capacidad y ciclovías. La escala del trazado privilegiaba la caminabilidad y la integración del transporte colectivo. Espacios públicos y sustentabilidad Se proyectó que un 30 por ciento del territorio urbano se destinara a áreas verdes y parques. La planificación respetó los elementos naturales existentes, como la laguna La Luz y los bosques de pinos. Las densidades residenciales fueron intermedias, evitando tanto la expansión periférica tipo suburbana como la edificación en altura excesiva. Infraestructura social anticipada El modelo consideró equipamiento público distribuido territorialmente, como escuelas, centros de salud y espacios deportivos, accesibles a pie desde cualquier punto del barrio. Se planteó la idea de centros de barrio, con comercio básico, plazas y servicios públicos en distancias caminables. Innovaciones del modelo Curauma Entre los elementos novedosos del modelo destacan: La aplicación del concepto de ciudad compacta mixta, inspirado en experiencias europeas. La incorporación de instrumentos de gestión del suelo, como la captura de plusvalías para financiar infraestructura. La articulación público-privada: el proyecto fue desarrollado por la empresa Curauma S.A., con apoyo de entidades académicas y financieras. Impacto esperado versus resultados observados El modelo urbano de Curauma contemplaba alcanzar una población de 100.000 habitantes hacia el año 2020. Sin embargo, a 2023, la población efectiva alcanza aproximadamente los 30.000 habitantes, lo que representa una importante subutilización de la capacidad instalada. En términos de empleo local, el objetivo era generar un puesto de trabajo por cada tres habitantes, promoviendo una ciudad autosuficiente en términos laborales. En la práctica, esto no se cumplió, y Curauma terminó consolidándose principalmente como una zona residencial, con una fuerte dependencia de Valparaíso y Viña del Mar para el empleo. Respecto a la calidad ambiental, se planificó una ciudad con altos estándares, incluyendo una red de parques, espacios públicos y la protección de la laguna La Luz y otras áreas naturales. Estos objetivos se cumplieron de manera parcial: aunque hay áreas verdes y ciertos elementos del trazado original se respetaron, el crecimiento inmobiliario reciente ha puesto presión sobre estos espacios. En el ámbito de la movilidad, se proyectaba que un 40 por ciento de los desplazamientos internos se realizarían en transporte público y un 30 por ciento a pie, como parte de un modelo de ciudad caminable y sustentable. En la realidad, el automóvil ha pasado a ser el modo predominante de transporte, y el transporte público se ha desarrollado de forma limitada, alejándose del objetivo original. Curauma representó una de las experiencias más avanzadas de planificación urbana en Chile, con un enfoque interdisciplinario y de largo plazo. Aunque su ejecución fue parcial y algunos objetivos no se cumplieron, su diseño técnico sigue siendo una referencia para futuros desarrollos urbanos sustentables en regiones intermedias del país. ... Reseña de "Chile: The Political Economy of Urban Development" Editores: Edward L. Glaeser y John R. Meyer Editorial: Harvard Kennedy School / Harvard University Press (abril 2001 / libreto 2002) — 304 págs. 1. Contexto y propósito En un momento en que más de un tercio de los chilenos vivía en el Gran Santiago —reflejo de una concentración urbana común en muchas capitales latinoamericanas— Glaeser y Meyer reunieron a destacados economistas, urbanistas y expertos en transporte para diagnosticar los problemas de la metrópolis y proponer soluciones. El hilo conductor: encontrar el punto medio entre permitir el crecimiento urbano y evitar sus costos sociales —congestión, contaminación, inequidad—, impulsando políticas que internalicen dichos costos. 2. Estructura y contenidos El libro se organiza en capítulos temáticos que combinan análisis conceptual, estudio de casos y propuestas de política: Beneficios y costos de las megaciudades, con énfasis en la centralización política y su rol en potenciar las capitales. Fallos de mercado y distorsiones políticas, especialmente la asignación de recursos públicos que favorece a Santiago. Soluciones planteadas: reformas en transporte (como peajes y carriles de buses), estrategias para mitigar la contaminación y mejoras en infraestructura y educación descentralizada. 3. Hallazgos claves La urbanización excesiva no se explica únicamente por lógicas de mercado, sino por decisiones políticas que concentran la inversión y el poder en la capital. Aunque en los años 90 Chile redujo ese sesgo hacia Santiago, persisten externalidades negativas (polución, congestión) y una infraestructura enfrentada a una demanda creciente. Las propuestas incluyen: Congestión y desarrollo de infraestructura vial y de transporte masivo, particularmente fuera del casco central. Impuestos ambientales, renovación del parque vehicular y modernización del sistema de buses para aliviar la contaminación urbana. 4. Relevancia y legado Como volumen multidisciplinario, este trabajo no se limitó al diagnóstico sino que planteó un programa proactivo para redefinir la política urbana en Chile. Ha sido influyente en diseñar reformas de transporte, regulación ambiental y en provocar un debate más articulado sobre descentralización territorial. En particular, marcó un hito al traspasar la idea del desarrollo urbano desde los espacios académicos hacia la política pública práctica, fomentando un modelo donde las ciudades enfrentan los costos reales de su propia expansión. "Chile: The Political Economy of Urban Development" es más que un análisis académico; es un manual de políticas urbanas orientado a realidades concretas, donde Santiago sirve como ejemplo paradigmático. Su fuerza: combinar rigor cuantitativo y análisis político para generar propuestas factibles. Aunque se publicó hace más de dos décadas, sus planteamientos —sobre peajes, transporte público eficiente, control de polución y descentralización— siguen muy presentes en la agenda de desarrollo urbano actual. Libro en Amazon: www.amazon.com/Chile-Political-Economy-Urban-Development/dp/0674002563

La administración pública chilena, fundada en transparencia, probidad y rendición de cuentas, enfrenta una crisis de legitimidad con el Caso Curauma, un escándalo financiero que expone las falencias estructurales del Estado. Cristián Marcelo Huerta Bustamante , Jefe de la Sección Insolvencia de la Tesorería General de la República (TGR), encarna esta debacle con su inacción, opacidad y decisiones injustificables. La quiebra ilícita y forzada de Curauma S.A. en 2013, con una reclamación fiscal de $40.000 millones (71% del pasivo total), exige una gestión ejemplar. Sin embargo, el silencio y negligencia de Huerta Bustamante, tras 27 años y 10 meses en la TGR, son una traición a la ética pública y un obstáculo a la justicia. Abogado de la Universidad Diego Portales, con un postítulo en Economía y Finanzas de la Universidad de Chile, Huerta Bustamante acumula una trayectoria de casi tres décadas en la TGR: Procurador (1996-1997), Abogado (1997-2001), Jefe de Cobranzas Especiales y Quiebras (2001-2012), Jefe de Quiebras e Incobrabilidad (2012-2018) y Jefe de Insolvencia (2019-actualidad). Su experiencia en insolvencia y cobros especiales debería garantizar una gestión impecable, pero su actuación en el Caso Curauma es un fiasco. El Caso Curauma no es trivial. Subastar terrenos valuados en USD 500 millones por USD 20,6 millones dilapida recursos públicos y perpetúa un daño económico de miles de millones, afectando el Gran Valparaíso. La opacidad de Huerta Bustamante refleja una gestión que parece alinearse con intereses ajenos al bien común. Los $40.000 millones en juego podrían fortalecer salud, educación o infraestructura, pero su negligencia los pone en riesgo. La TGR debe operar con excelencia para inspirar confianza. Bajo Huerta Bustamante, la Sección Insolvencia incurre en una negligencia que socava la credibilidad estatal. Su silencio y decisiones irracionales violan los principios éticos de la función pública. La comunidad académica condena esta conducta como un paradigma de ineficiencia y opacidad. Huerta Bustamante debe rendir cuentas sobre los remates, justificar su inacción y asumir las consecuencias. Si no está a la altura, la TGR debe sancionarlo. #casocurauma

En nuestra cultura chilena, el término “pillo” trasciende la mera astucia; es un eufemismo que envuelve en admiración y ambigüedad moral a quien sortea obstáculos con maniobras que bordean lo éticamente cuestionable. Este arquetipo, un "ladronzuelo" (pero nunca "ladrón"...), profundamente arraigado, es a menudo tolerado y hasta celebrado como “viveza criolla”. Sin embargo, en su forma más extrema, el “pillo” no es solo un astuto, sino alguien que, bajo el manto de la ingeniosidad, utiliza subterfugios legales y sociales para justificar actos que erosionan la confianza colectiva. Esta mentalidad, que normaliza la deshonestidad como herramienta de éxito, permea desde las élites hasta amplios sectores de la sociedad, creando un terreno fértil para abusos sistémicos. El Caso Curauma, el escándalo financiero y judicial que ha marcado a Chile por más de una década, ilustra cómo la pillería, cuando se desborda, puede transformarse en un mecanismo de apropiación indebida que desafía el estado de derecho. El Caso Curauma, relacionado con la quiebra de Curauma S.A. en 2013, expone cómo ciertos actores aprovecharon un contexto de vulnerabilidad financiera para obtener beneficios significativos mediante prácticas controvertidas. Euroamerica Seguros de Vida S.A. se apropió de terrenos valuados en millones de dólares a precios significativamente bajos durante el proceso de quiebra, utilizando garantías asociadas a un crédito saldado. Estas maniobras, presentadas por algunos como un ejercicio de ingenio empresarial, han sido cuestionadas como un abuso de las fallas del sistema judicial, alimentando un debate sobre la transparencia y la integridad en los procesos de insolvencia. En el centro de este caso se encuentran Henry Comber Sigall y Nicholas Davis Lecaros, figuras clave de Euroamerica Seguros de Vida, una compañía vinculada al casino Enjoy, donde Comber tuvo un rol directivo. La trayectoria de Comber ha sido objeto de escrutinio, particularmente por su implicación en el conocido caso de colusión en la industria de casinos investigado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE). La FNE acusó a Comber y a Enjoy de participar en acuerdos para no competir en licitaciones, una práctica que refleja la misma mentalidad de pillería cuestionada en Curauma: un uso estratégico del sistema que prioriza el beneficio personal sobre la ética. Otro actor relevante es Osvaldo Macías Muñoz, superintendente de Pensiones desde 2016, cuya supervisión de Euroamerica ha sido criticada por una presunta falta de diligencia, generando cuestionamientos sobre la transparencia en su gestión. El entramado incluye a los abogados José Miguel Huerta y Cristóbal Eyzaguirre, de Claro y Cía., quienes representaron a Euroamerica en el proceso de quiebra, y al síndico César Millán Nicolet, señalado por su manejo de los activos. Asimismo, Cristián Huerta Bustamante, identificado como representante de la Tesorería General de la República, y Julio Bustamante Jeraldo, exsuperintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) entre 1990 y 2000 y exdirector de Curauma S.A., también figuran en este caso. Inicialmente aliado de Manuel Cruzat Infante en un proyecto para crear una AFP y luego director de Curauma, Bustamante solicitó la quiebra de la empresa en 2013 por una supuesta deuda impaga de aproximadamente 85 millones de pesos, un rol que derivó en tensiones que reflejan las prácticas controvertidas asociadas a este caso. Las controversias del Caso Curauma, que incluyen irregularidades y manipulaciones en la asignación de tribunales y apelaciones, reflejan las consecuencias de una pillería que, presentada como astucia, genera cuestionamientos éticos y legales. Lo que en la cultura chilena se disfraza como viveza, en este caso se traduce en un aprovechamiento sistemático que compromete la confianza pública. La Contraloría General de la República, con su compromiso con la transparencia, actúa como un baluarte frente a estas dinámicas, recordando que la integridad es esencial para sostener el estado de derecho. El Caso Curauma desafía a Chile a replantear su relación con la pillería. Figuras como Comber, Davis, Macías, Bustamante y otros, envueltos en este debate, representan no solo el arquetipo del “pillo” admirado por su ingenio, sino también el riesgo de normalizar prácticas que socavan la equidad y la justicia. #casocurauma

La quiebra de Curauma S.A. en 2013 no fue un tropiezo financiero, sino un evidente fraude orquestado para despojar a una empresa de sus valiosos activos: más de 2.500 hectáreas de terrenos estratégicos en alto Valparaíso, una zona de enorme potencial para el desarrollo urbano ( www.curauma.info ) .   Este episodio de evidente corrupción, impulsado por Julio Bustamante Jeraldo , se basó en un pagaré N°37190519 por una deuda menor de $85.874.289 (pesos chilenos), supuestamente pagado como avalista de un préstamo de Corpbanca el 1 de agosto de 2013. Sin embargo, este documento nunca ha sido verificado ni exhibido públicamente, lo que sugiere que fue una herramienta ficticia para forzar la liquidación de Curauma S.A. y apropiarse de sus terrenos, dejando al descubierto las profundas fisuras del sistema judicial chileno y la vulnerabilidad de empresas ante maniobras predatorias. Bustamante Jeraldo, un exsuperintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones y ex director de Curauma S.A., con vasta experiencia en el ámbito financiero, presentó su solicitud de quiebra el 27 de septiembre de 2013 ante el Segundo Juzgado Civil de Santiago, alegando que Curauma S.A. había cesado el pago de una obligación mercantil. El 2º Juzgado Civil de Santiago, al declarar la quiebra el 19 de diciembre de 2013 sin exigir la verificación del pagaré, mostró una alarmante falta de rigor, permitiendo que una deuda insignificante frente al valor de los terrenos –estimados en miles de millones de pesos– desencadenara el colapso de un proyecto clave para Valparaíso. El síndico designado, César Millán Nicolet, tuvo la responsabilidad de administrar la liquidación, pero no cuestionó la validez del pagaré de Bustamante Jeraldo, a pesar de su dudosa existencia.   Los abogados de Bustamante Jeraldo de Claro y Cía., jugaron un rol cuestionable al respaldar una solicitud sin sustento documental, priorizando los intereses de su cliente sobre la ética y la transparencia, lo que plantea serias dudas sobre su responsabilidad profesional. La desproporción entre la deuda reclamada y el valor de los terrenos de Curauma S.A. evidencia que la quiebra no buscaba saldar un crédito, sino abrir la puerta a la apropiación de activos estratégicos. Valparaíso perdió un proyecto que pudo haber impulsado su desarrollo económico y social, mientras los acreedores legítimos han enfrentado años de disputas legales.   Este caso no es un hecho aislado, sino un síntoma de un sistema judicial que permite maniobras abusivas disfrazadas de legalidad. La quiebra de Curauma S.A. debe ser un punto de inflexión para que el Estado garantice justicia y equidad en el ámbito empresarial. #casocurauma

Por Santiago Escobar Sepúlveda www.desenfoque.cl Es un hecho que en Chile un delito de sabotaje informático de causas judiciales es derechamente impune. La Fiscalía de Alta Complejidad del Ministerio Público que debiera investigarlos es técnicamente incompetente para hacerlo y lograr una sanción adecuada, y siempre termina, de una u otra manera, abandonando todo. A su vez, el repositorio digital de causas del Poder Judicial de Chile, que maneja su Corporación Administrativa, CAPJ, es tan feble y confuso y de tan poco control interno que alterarlo parece un juego infantil, de penas irrisorias y sin mayores consecuencias legales. Una prueba de este círculo vicioso de ineficiencia e irresponsabilidad del sistema judicial chileno quedó en evidencia el pasado jueves 22 de mayo en el 2° Juzgado de Garantía de Puente Alto en un procedimiento abreviado que puso fin a la Causa RIT 3151- 2022, RUC 2110050107-1, sobre delito de sabotaje informático cuyo afectado, además del Estado de Chile era nada menos que Gabriel Boric Font, o sea el presidente de la República. Tres y medio años de investigación solo le alcanzaron a Milibor Bugueño González, Fiscal Jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur (y del SACFI como le gusta firmar), para reunir una magra prueba. Con ella, previa aceptación de responsabilidad de parte de la imputada a fin de evitar un juicio oral en su contra, pudo conseguir una condena de 61 días de prisión remitida. Los hechos y la acusación fiscal La fiscalía dedujo acusación por los siguientes hechos: El 27 de octubre de 2021, a las 22:05 horas, desde su domicilio Carolina del Pilar Roldan Berríos, funcionaria del Juzgado de Garantía de San Bernardo, utilizando el computador institucional del PJUD asignado para teletrabajo, accedió indebidamente  al sistema informático denominado «Sistema de Gestión Penal» del Poder Judicial, para luego ingresar a la base de datos «Sistema de Tramitación de Causas del Poder Judicial», con la intención de conocer (sic) el contenido de la causa RUC 0500006315-2, RIT 145-2005, del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, incoada por delito de hurto en contra de Gabriel Boric Font a la cual no le estaba permitido ni ingreso ni tramitación “ por encontrarse fuera del ejercicio de sus funciones y de la competencia del tribunal en el que desempeñaba su cargo ” (sic). A las 22:14 horas, alteró maliciosamente los datos contenidos en ella incorporando en el hito «solicitud, comunica ejercicio de principio de oportunidad» un documento que previamente había creado con el contenido «Por hurto en contra de Boric y reemplazaron la documentación para que no se supiera qué tenía, averigua». (sic) Se calificó el hecho como delito en grado de consumado y a ella como autora y ejecutora de dos delitos: ingreso ilícito (art. 2) y alteración de datos (art. 3) en un sistema de tratamiento de información según la ley 19.223 sobre delitos informáticos. Pidió pena de 541 días de presidio menor en su grado por la infracción del art. 3 y una pena de 800 días de presidio menor en su grado medio por la infracción del art. 2, ambas más accesorias legales del artículo 30 del Código Penal. Como prueba se ofreció una tanda de testigos la mayoría funcionarios de los tribunales implicados, de Garantía de San Bernardo y de Garantía de Punta Arenas, además de funcionarios de soporte informático de la CAPJ, Cristian Alberto Vettiger Aliaga, jefe de soluciones informáticas, Elizabeth Trinidad Contreras Arias y el jefe de departamento de informática de la CAPJ Mauricio Alfredo Rodríguez Avilés . Es decir, todo personal responsable de impedir filtraciones o manipulaciones del sistema y toda la prueba, además, sin peritaje externo de procedimientos . Se agregó algo de prueba documental. Sesenta imágenes contenidas en informe pericial 240/21, de 29 de diciembre del año 2021 y una serie de cuatro oficios de respuesta del director de la CAPJ Ricardo Guzmán Sanza, nada de lo cual aportó a esclarecer los hechos relevantes del caso, esto es la forma en que se habría vulnerado con tanta facilidad el sistema. El procedimiento abreviado El jueves 22 de mayo de 2025 ante la posibilidad cierta de que la inculpada saliera absuelta de todo cargo, el fiscal Milibor Bugueño decidió evitarse el bochorno de un juicio oral y acordó con el abogado Enrique Césped el cierre del caso mediante un procedimiento abreviado. Lo que supuestamente detonó este hecho fue que, al momento de notificarse la Audiencia de Preparación del Juicio Oral, el abogado defensor reiteró una solicitud de diligencia hecha el 19 de octubre de 2022, es decir 2 años antes (Folio SIAU 170335843202, número de solicitud 6017121) y que fue denegada «por no encontrarse justificada la diligencia». ¿Cuál era esa diligencia? : “Realizar el ejercicio de ingresar desde el computador asignado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, por teletrabajo con VPN respectiva, a doña Carolina Roldán Berríos (para lo cual se requerirá obtener la autorización correspondiente en cuanto a poner a disposición este aparato desde el Tribunal de Garantía de San Bernardo y para el ingreso), acceder a la causa RIT 0-145-2005 del Juzgado de Garantía de Punta Arenas de la misma forma en que habría ingresado mi defendida y extraer los datos de los funcionarios judiciales que hubieren realizado cualquier tipo de cambio en la misma, sea subir o sustituir documentos , en el período comprendido entre los días 17 de marzo de 2021 y 3 de noviembre de 2021. Para ello, se pide que la diligencia se realice en presencia de mi patrocinada y del informático don Francisco Carrasco Vásquez para una mayor orientación de los funcionarios diligenciadores en cuanto a la dinámica . A su vez, se solicita expresamente que no sea un miembro de la Corporación Administrativa del Poder Judicial la persona que oriente a los funcionarios que realicen este ejercicio. Asimismo, se solicita que los resultados del mismo, queden plasmados en la ampliación de la pericia. Dejo constancia nuevamente de que la primera fecha indicada es el día en que el comité central del partido político de don Gabriel Boric Font lo proclamó como su candidato a la presidencia de la República”. (subrayado y negritas del columnista) Según el abogado defensor ella era fundamental “para descartar la existencia del delito por el cual fue formalizada la representada; como también su participación.” La CAPJ (y la Fiscalía) nunca iban a acceder pues lo solicitado dejaría en evidencia la inexistencia de respaldos digitales. Más aún se omitirían de entregar cualquier información a un fiscal sin voluntad de ir más allá de un simulacro de investigación. Por eso todo terminó en juicio abreviado. Presidido el tribunal por la jueza Carolina Hernández el resultado fue un bochorno total para el Estado de Chile y pasó desapercibido para la opinión pública. Poder Judicial y Ministerio Público ni siquiera están bajo tutela de la Agencia Nacional de Ciberseguridad ANCI, creada por Ley y que acaba de entrar en vigor. Son organismos autónomos constitucionales y se apañan bajo sus propias perspectivas en los incidentes de ciberseguridad. Y hoy son organismos sobrepasados. Hace mucho que sus sistemas aparecen manipulados externamente o superados por la complejidad de los delitos que deben investigar y sancionar. El Caso Curauma, la insolvencia transfronteriza de Latam, la inscripción fraudulenta de centeneres de vehículos con arreglos de tribunales y salas judiciales. Ahí está también el “sabotaje informático” que acabamos de describir y que es una omisión evidente de justicia y protección pública. Lo grave es que ese descontrol también alcanza la fe pública generada por organismos como la Superir, el SII o la CMF, elemento esencial de la tutela judicial y de la acción de los tribunales. Estas al no hacer su trabajo de control, junto a malos tribunales, la nula capacidad de investigar y peores leyes, contribuyen a abrir las puertas traseras de la inseguridad digital al crimen organizado. Columna en: https://desenfoque.cl/2025/05/30/el-sabotaje-informatico-en-chile-es-penalmente-gratis/