El tesorero Huerta Bustamante
- MV
- 4 mar
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La administración pública chilena, fundada en transparencia, probidad y rendición de cuentas, enfrenta una crisis de legitimidad con el Caso Curauma, un escándalo financiero que expone las falencias estructurales del Estado.
Cristián Marcelo Huerta Bustamante, Jefe de la Sección Insolvencia de la Tesorería General de la República (TGR), encarna esta debacle con su inacción, opacidad y decisiones injustificables. La quiebra ilícita y forzada de Curauma S.A. en 2013, con una reclamación fiscal de $40.000 millones (71% del pasivo total), exige una gestión ejemplar. Sin embargo, el silencio y negligencia de Huerta Bustamante, tras 27 años y 10 meses en la TGR, son una traición a la ética pública y un obstáculo a la justicia.
Abogado de la Universidad Diego Portales, con un postítulo en Economía y Finanzas de la Universidad de Chile, Huerta Bustamante acumula una trayectoria de casi tres décadas en la TGR: Procurador (1996-1997), Abogado (1997-2001), Jefe de Cobranzas Especiales y Quiebras (2001-2012), Jefe de Quiebras e Incobrabilidad (2012-2018) y Jefe de Insolvencia (2019-actualidad). Su experiencia en insolvencia y cobros especiales debería garantizar una gestión impecable, pero su actuación en el Caso Curauma es un fiasco.
El Caso Curauma no es trivial. Subastar terrenos valuados en USD 500 millones por USD 20,6 millones dilapida recursos públicos y perpetúa un daño económico de miles de millones, afectando el Gran Valparaíso. La opacidad de Huerta Bustamante refleja una gestión que parece alinearse con intereses ajenos al bien común. Los $40.000 millones en juego podrían fortalecer salud, educación o infraestructura, pero su negligencia los pone en riesgo.
La TGR debe operar con excelencia para inspirar confianza. Bajo Huerta Bustamante, la Sección Insolvencia incurre en una negligencia que socava la credibilidad estatal. Su silencio y decisiones irracionales violan los principios éticos de la función pública. La comunidad académica condena esta conducta como un paradigma de ineficiencia y opacidad. Huerta Bustamante debe rendir cuentas sobre los remates, justificar su inacción y asumir las consecuencias. Si no está a la altura, la TGR debe sancionarlo.
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