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Julio Bustamante Jeraldo en la trama del robo de Curauma

  • MV
  • 18 may
  • 2 Min. de lectura

La quiebra de Curauma S.A. en 2013 no fue un tropiezo financiero, sino un evidente fraude orquestado para despojar a una empresa de sus valiosos activos: más de 2.500 hectáreas de terrenos estratégicos en alto Valparaíso, una zona de enorme potencial para el desarrollo urbano (www.curauma.info). 


Este episodio de evidente corrupción, impulsado por Julio Bustamante Jeraldo, se basó en un pagaré N°37190519 por una deuda menor de $85.874.289 (pesos chilenos), supuestamente pagado como avalista de un préstamo de Corpbanca el 1 de agosto de 2013. Sin embargo, este documento nunca ha sido verificado ni exhibido públicamente, lo que sugiere que fue una herramienta ficticia para forzar la liquidación de Curauma S.A. y apropiarse de sus terrenos, dejando al descubierto las profundas fisuras del sistema judicial chileno y la vulnerabilidad de empresas ante maniobras predatorias.


Bustamante Jeraldo, un exsuperintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones y ex director de Curauma S.A., con vasta experiencia en el ámbito financiero, presentó su solicitud de quiebra el 27 de septiembre de 2013 ante el Segundo Juzgado Civil de Santiago, alegando que Curauma S.A. había cesado el pago de una obligación mercantil. El 2º Juzgado Civil de Santiago, al declarar la quiebra el 19 de diciembre de 2013 sin exigir la verificación del pagaré, mostró una alarmante falta de rigor, permitiendo que una deuda insignificante frente al valor de los terrenos –estimados en miles de millones de pesos– desencadenara el colapso de un proyecto clave para Valparaíso.


El síndico designado, César Millán Nicolet, tuvo la responsabilidad de administrar la liquidación, pero no cuestionó la validez del pagaré de Bustamante Jeraldo, a pesar de su dudosa existencia. 


Los abogados de Bustamante Jeraldo de Claro y Cía., jugaron un rol cuestionable al respaldar una solicitud sin sustento documental, priorizando los intereses de su cliente sobre la ética y la transparencia, lo que plantea serias dudas sobre su responsabilidad profesional.


La desproporción entre la deuda reclamada y el valor de los terrenos de Curauma S.A. evidencia que la quiebra no buscaba saldar un crédito, sino abrir la puerta a la apropiación de activos estratégicos. Valparaíso perdió un proyecto que pudo haber impulsado su desarrollo económico y social, mientras los acreedores legítimos han enfrentado años de disputas legales. 


Este caso no es un hecho aislado, sino un síntoma de un sistema judicial que permite maniobras abusivas disfrazadas de legalidad. La quiebra de Curauma S.A. debe ser un punto de inflexión para que el Estado garantice justicia y equidad en el ámbito empresarial.


 
 
 

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