Caso Lexus & Caso Curauma

Hay cosas que uno ya no debería seguir tolerando. No por resignación, sino por dignidad. El reciente episodio de los 22 autos Lexus que la Corte Suprema intentó comprar en silencio —por $1.253 millones, sin aprobación de la Dipres ni actas que lo respalden— podría parecer apenas una anécdota de lujo mal justificado. Pero no lo es. Es, en realidad, la expresión más transparente de una estructura institucional que opera sin control, sin memoria y, lo que es peor, sin culpa.

No es la primera vez que la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) actúa como si no existiera el Estado de Derecho. Lo hizo también —y con consecuencias infinitamente más graves— en julio de 2013, cuando permitió que la quiebra de Curauma S.A., una empresa con más de 2.000 hectáreas urbanizables y activos valorizados en más de US$500 millones, fuera tramitada en un juzgado de Santiago, y no en Valparaíso, donde la ley expresamente lo exigía. ¿La deuda invocada? Una supuesta obligación de apenas $80 millones, sin respaldo contable, tributario ni financiero. ¿La reacción de la CAPJ ante esta maniobra? Ninguna. Silencio absoluto. Mismo guion.

Once años después, el escándalo de los Lexus revela que no se trató de un error aislado, sino de una forma de operar. Los autos fueron llevados a la CAPJ durante meses, desde 2022, sin licitación, sin acta, sin autorización presupuestaria, pero con la venia tácita de un consejo superior compuesto por ministros de la Corte Suprema. Entre los principales responsables de este proceso figura Ricardo Guzmán Sanza, director de la CAPJ, quien presentó su renuncia en febrero de 2024 (suspendida por la Suprema hasta el fin del proceso disciplinario) y que fue sancionado el 13 de marzo de 2025 con una suspensión de un mes y la mitad del sueldo, por no cumplir con su función de dirigir, organizar y fiscalizar la corporación, permitiendo que se avanzara en la adquisición irregular de los Lexus. Junto a él, el subdirector Zvonimir Koporcic también fue sancionado y luego apeló el 16 de mayo de 2025, pidiendo recusar a 11 ministros, por haber estado involucrados en los hechos que ahora debían juzgar. Diez de ellos ya se inhabilitaron. Es decir, la Corte Suprema se transformó en juez y parte…, de sí misma.

¿Y no es eso, acaso, lo que ocurrió también en Curauma?

La causa se asignó a un tribunal incompetente, se dictó sentencia sin verificar el crédito, se vulneró el principio del juez natural y ninguna institución se levantó a decir “esto no puede pasar”. Ni la CAPJ, ni la Corte de Apelaciones, ni la Suprema. Todo quedó en la opacidad institucional que ahora vemos reflejada en estos lujosos vehículos que nunca debieron comprarse, pero que sí se probaron, uno por uno, en la sede del Poder Judicial, como si el país fuera de ellos.

Entre 2023 y 2024, ministros como María Teresa Letelier y Mario Carroza participaron de reuniones “informales” con el ministro de Hacienda Mario Marcel. Allí se habría hablado de usar saldos presupuestarios para financiar los Lexus. Lo curioso es que esas conversaciones verbales se usaron luego como justificación de actos administrativos que nunca existieron formalmente. La ministra Letelier llegó a decir que pensaba que todo había quedado en acta. No quedó. Y, sin embargo, actuaron como si sí.

¿Les suena? Así mismo se construyó la quiebra de Curauma: con supuestos, con informalidades, con omisiones funcionales y con una estructura que prefiere no mirar mientras se comenten abusos.

Pero lo más desolador es que ni el caso Lexus ni Curauma parecen tener consecuencias proporcionales a la gravedad institucional. En el primero, los responsables —Ricardo Guzmán Sanza y Zvonimir Koporcic— fueron suspendidos por un mes y con medio sueldo. En el segundo, nadie ha sido sancionado hasta hoy, y los bienes de una empresa íntegra se liquidaron en beneficio de acreedores coludidos, como si fuera parte del procedimiento normal.

Así como ahora sabemos que la CAPJ puede exhibir autos sin respaldo legal y que los ministros pueden decidir compras millonarias sin levantar una sola acta, también debemos aceptar que la misma CAPJ permitió en 2013 que se falseara el fuero judicial de una causa con activos de medio billón de dólares. El silencio fue el mismo. Y la complicidad también.

En este país, la legalidad se volvió un procedimiento optativo. La fe pública, un recurso intercambiable. Y el Poder Judicial, un club en donde las decisiones se cocinan adentro y se sellan hacia afuera. Lexus y Curauma son, en el fondo, el mismo caso: el de un poder que se ha vuelto autorreferente, inmune a la crítica y peligrosamente eficiente cuando se trata de encubrir lo suyo.

La pregunta ya no es si algo se hizo mal. Es si alguien alguna vez pagará por ello.

#casocurauma

Artículo de Ciper Chile: www.ciperchile.cl/2025/06/26/caso-lexus-diez-ministros-de-la-corte-suprema-se-inhabilitan-en-proceso-por-la-fallida-compra-de-autos/

Sanción a Ricardo Guzmán Sanza, director de la CAPJ (marzo de 2025):

La resolución establece que el director de la CAPJ, Ricardo Guzmán Sanza, “no cumplió de manera eficiente con la función asociada a su cargo de dirigir, organizar y administrar la CAPJ (…), lo que se tradujo en la falta de fiscalización efectuada al procedimiento llevado a cabo para la fallida renovación de los vehículos institucionales (…), permitiendo que se realizaran acciones sin contar con la aprobación previa del Consejo Superior, entregando una información incompleta a sus superiores respecto de la existencia de los recursos para la adquisición de vehículos”.