YPF & Curauma
- MV
- 30 jun
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El reciente fallo (30-jun-25) de la jueza Loretta Preska en Nueva York, que ordena a Argentina entregar el 51% de YPF como forma de pago por la expropiación realizada en 2012, dejó en evidencia la fuerza con que la justicia estadounidense puede proteger los derechos de inversionistas perjudicados, sin importar que los activos se encuentren lejos de sus fronteras. Este caso, convertido en ejemplo global, demuestra que las decisiones adoptadas en el ámbito local pueden desencadenar consecuencias graves y duraderas cuando vulneran normas básicas del derecho corporativo y bursátil.
A la luz de este precedente, surgen inevitables paralelos con el proceso de quiebra de Curauma S.A., en Chile, de 2013, donde Euroamerica Seguros de Vida terminó adjudicándose, a través de un procedimiento judicial ilegal, las garantías prendarias sobre terrenos cuyo valor superaba con creces la supuesta deuda invocada ($85 millones de pesos) para solicitar la quiebra. La operación, iniciada en Santiago a pesar de que la sociedad tenía domicilio legal en Valparaíso, dejó múltiples interrogantes sobre la competencia del tribunal, la falta de respaldo tributario de la supuesta deuda y la transparencia del proceso, cuestiones que en otras jurisdicciones, como la estadounidense, podrían derivar en revisiones exhaustivas y sanciones significativas.
Este riesgo potencial se amplifica con la participación de Euroamerica Seguros de Vida y su matriz como accionistas relevantes de Enjoy, la principal cadena de casinos de Chile, actualmente bajo investigación por colusión en las licitaciones de renovación de licencias, en un caso que ha generado sanciones locales y cuya repercusión podría trascender fronteras. Esto se debe a que Enjoy emitió un bono en el mercado estadounidense bajo ley del estado de Nueva York, registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y compensado mediante The Depository Trust Company (DTC), lo que expone a la compañía y a sus principales accionistas a la jurisdicción de tribunales federales de Nueva York, así como al escrutinio de reguladores norteamericanos con amplias facultades para investigar prácticas que afecten a inversionistas internacionales.
En un entorno financiero globalizado, donde la protección de derechos de accionistas minoritarios es materia de interés prioritario para autoridades de países con regulaciones robustas, los episodios que denotan opacidad, abuso de posición o vulneración de procedimientos básicos pueden derivar en consecuencias inesperadas y severas. El caso YPF es hoy un recordatorio contundente: la aparente localía de ciertas decisiones no garantiza inmunidad cuando se entrecruzan intereses, activos o instrumentos financieros con jurisdicciones tan exigentes como la estadounidense. Ignorar este contexto puede significar comprometer no solo activos estratégicos, sino también la estabilidad patrimonial de quienes participan en estas operaciones.
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US judge orders Argentina, facing $16.1 billion judgment, to give up YPF stake
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