La justicia se construye en su base, en ese delicado equilibrio donde se define la jurisdicción, se asigna el tribunal y se trazan las coordenadas que han de regir el proceso. Pero, ¿qué ocurre cuando esas bases son manipuladas? ¿Qué pasa cuando el sistema es torcido para que un caso recaiga en el tribunal que más conviene a ciertos intereses? Este acto inicial, un génesis corrupto , no solo contamina el proceso, sino que subyuga uno de los fundamentos esenciales del Estado de derecho: la certidumbre que permite confiar en que las reglas son claras, predecibles y aplicadas sin distorsión. En su esencia, este tipo de corrupción no requiere grandes gestos ni actos explícitos. A menudo, basta con un desajuste deliberado, con una alteración en los engranajes iniciales del sistema. Cuando no existen reglas claras y automáticas, los espacios para la discrecionalidad no solo proliferan, sino que pervierten el sistema, transformando lo que debería ser un arbitraje imparcial en un juego de estrategias. Así, lo que para algunos podría parecer una simple decisión administrativa, como la asignación jurisdiccional, se convierte en una herramienta que inclina la balanza antes de que el juicio siquiera comience. El daño no se limita al caso concreto; socava la confianza colectiva, un recurso intangible pero esencial para la estabilidad institucional. El sistema judicial, al igual que un mercado, depende de la percepción de sus participantes sobre su equidad y transparencia. Si las decisiones iniciales son percibidas como manipuladas o discrecionales, las instituciones pierden legitimidad y el costo social se vuelve insostenible. No basta con que los procesos sean técnicamente correctos; deben nacer de una raíz limpia, de reglas que no dejen espacio para interpretaciones estratégicas ni dudas razonables. De lo contrario, el sistema se convierte en un espacio donde las decisiones no son una búsqueda de la verdad, sino un resultado condicionado por la posición de poder de quienes tienen los medios para influir en él. El impacto trasciende lo técnico. La ausencia de reglas claras no solo destruye la igualdad ante la ley, sino que fomenta un sistema de impunidad estructural, donde las normas no operan como un pacto común, sino como herramientas al servicio de los intereses más fuertes. Las encuestas ya revelan que la ciudadanía ha formado un juicio pesimista respecto a la integridad del sistema judicial. Este escepticismo no surge en el vacío: es el resultado de una percepción acumulada, donde las reglas son vistas como maleables y los procesos, como arenas en las que los más débiles siempre pierden. Sin embargo, el problema no puede quedar en el ámbito del rumor social. Las universidades, los medios, los centros de análisis y las organizaciones gremiales tienen un papel crucial: desentrañar estas dinámicas, generar luz donde persisten las sombras y alimentar un debate público que vaya más allá de los síntomas para atacar las causas. El silencio o la pasividad de estas instituciones no son neutros; terminan siendo cómplices de un sistema que necesita ser reformado desde sus raíces. El remedio está en lo que parece sencillo, pero en realidad es extraordinario: reglas claras, estrictas, objetivas. Un sistema que no permita que los procesos se decidan en la sombra, donde las asignaciones jurisdiccionales y decisiones iniciales sean tan automáticas como inalterables. Pero más allá de las normas, está el imperativo de sancionar con severidad cualquier intento de manipulación. No es solo un acto simbólico; es una señal de que no todo puede comprarse, de que la justicia tiene un límite inquebrantable. Un génesis corrupto no solo destruye un caso; desmorona la confianza en las instituciones que sostienen el pacto social. Una justicia que nace torcida no tiene redención, porque su legitimidad ya está irremediablemente comprometida. Y es esa legitimidad, más que cualquier otra cosa, lo que separa un sistema que protege derechos de uno que los negocia. #casocurauma

El caso de Manuel Cruzat Infante y de Curauma S.A., presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 11 de enero de 2025 , adquiere especial relevancia debido al vigésimo intento de remate de 535 hectáreas en Curauma, programado para el 12 de febrero de 2025 . Este remate, crucial en el proceso judicial, es señalado por Cruzat como la culminación de irregularidades y vicios que han vulnerado los derechos fundamentales tanto suyos como de otros accionistas. Estos valiosos terrenos inmobiliarios, un activo estratégico ubicado en la Región de Valparaíso, tienen un valor comercial muy superior al precio fijado para la subasta. Según informes periciales, el precio de remate es inferior al 10% de su valor real. Cruzat denuncia que esta subasta constituye una "expropiación indirecta" , facilitada por un proceso judicial que considera viciado desde el inicio. Entre las irregularidades destacadas por Cruzat se encuentran la fijación de un precio irrisorio que afecta el derecho de propiedad, la manipulación judicial mediante un presunto sabotaje informático para asignar el caso a tribunales específicos (forum cheating), y la falta de recursos efectivos, como la Nulidad de Orden Público Internacional (NOPI), que fue rechazada sin fundamentos sólidos. También denuncia una inequidad estructural en el sistema judicial chileno, que, a través de los artículos 499 y 500 del Código de Procedimiento Civil, permite subastas desproporcionadas, beneficiando a compradores con recursos y dejando desprotegidos a los deudores. Este próximo remate es una prueba concreta de las denuncias que Cruzat ha presentado ante la CIDH, reforzando su argumento de que el sistema judicial chileno no garantiza derechos fundamentales como el acceso a la justicia, la igualdad ante la ley y la protección de la propiedad. Por ello, ha solicitado a la CIDH intervenir para suspender el remate, afirmando que su ejecución en estas condiciones consolidaría una vulneración grave de derechos humanos. Si la CIDH admite y evalúa el caso, podría emitir recomendaciones que influyan en el resultado del remate y en la reforma del marco legal que lo permitió. Este caso tiene el potencial de sentar un precedente en la región sobre la regulación de procesos de quiebra y subasta, fortaleciendo la protección de los derechos económicos y sociales. #casocurauma

En 2025, la denominada “Contraloría Interna” del Poder Judicial se presenta como un órgano supuestamente independiente, encargado de fiscalizar la gestión financiera y operativa de instituciones clave como la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) y los tribunales reformados. Sin embargo, esta independencia es solo una fachada. Al estar subordinada directamente al Presidente de la Corte Suprema y al Consejo Superior —las mismas instancias que toman decisiones administrativas y controlan el sistema judicial—, la Contraloría Interna se encuentra atrapada en un esquema de autorregulación que perpetúa la opacidad y auspicia la corrupción. Un caldo de cultivo para la corrupción El resultado de esta estructura es alarmante. Las ineficiencias en la administración de recursos son palpables, reflejadas en retrasos prolongados en inversiones esenciales para infraestructura y tecnología. A esto se suma una profunda falta de transparencia: las auditorías internas rara vez son públicas, y los hallazgos que podrían exponer irregularidades y son rutinariamente neutralizados por la propia estructura que debería rendir cuentas. Este diseño no solo perpetúa la opacidad, sino que institucionaliza el acomodo en beneficio de quienes ostentan el poder dentro del sistema. El Consejo Superior, compuesto por jueces del mismo tribunal que debería ser fiscalizado, simboliza el corazón de un sistema que no se regula a sí mismo, sino que se blinda contra cualquier escrutinio externo. Este modelo no está diseñado para corregir problemas estructurales como la mala gestión de recursos o la ineficiencia operativa. Por el contrario, parece creado para proteger intereses y privilegios de sus altas autoridades. Cualquier intento de fiscalización que comprometa a estas esferas de poder queda atrapado en un sistema hermético que convierte la impunidad en norma. Forum shopping: un síntoma de descomposición El forum shopping es la expresión más cruda del colapso regulatorio y la degradación de la justicia en Chile. Esta práctica permite que actores con poder elijan tribunales específicos para obtener fallos favorables, explotando vacíos procedimentales y la permisividad de un sistema judicial que actúa como cómplice de estas manipulaciones. En casos emblemáticos de quiebras fraudulentas o disputas comerciales multimillonarias, los litigios son trasladados estratégicamente a jurisdicciones donde los resultados están prácticamente garantizados. Esto no solo desvirtúa el principio de igualdad ante la ley, sino que también convierte al sistema judicial en un instrumento al servicio de intereses privados. Datos que evidencian el colapso Los datos son irrefutables. Un informe de transparencia de 2022 reveló que menos del 30% de las auditorías internas del Poder Judicial resultaron en acciones correctivas significativas. En 2023, el presupuesto asignado a la CAPJ representó un 20% del presupuesto total del Poder Judicial, pero no hay evidencia de que este gasto haya generado mejoras tangibles en la eficiencia operativa o en el acceso a la justicia. Mientras tanto, prácticas como el forum shopping y la opacidad en los procedimientos administrativos persisten, reforzando la percepción de que el sistema está diseñado para proteger privilegios en lugar de impartir justicia. El Poder Judicial en Chile es hoy un sistema blindado que opera para protegerse a sí mismo. Sus estructuras institucionales no solo fomentan la opacidad y facilitan la manipulación, sino que también crean el escenario perfecto para la corrupción, el cohecho y la incerteza jurídica. La ausencia de una fiscalización efectiva perpetúa los privilegios y deja a la ciudadanía en una posición de indefensión, frente a un sistema que parece más interesado en servir a intereses particulares que en garantizar transparencia, justicia y equidad. #casocurauma

Chile en 2025 enfrenta un desafío histórico que exige redefinir su compromiso con la justicia como eje fundante de su estructura social. En un país que aspira a ser ético y moralmente consistente, no hay lugar para prácticas como el forum shopping o el cheating shopping , expresiones que contradicen la esencia misma del estado de derecho y la igualdad ante la ley. Estas prácticas simbolizan no solo un problema técnico, sino una falla ética que desvirtúa el propósito original de la justicia: garantizar imparcialidad y proteger la dignidad de cada individuo. La justicia, en su forma más pura, no puede ser un instrumento que favorezca a unos pocos, sino el fundamento de una sociedad cohesionada y próspera. Cuando se manipulan las reglas del juego, se socava no solo la legitimidad de las instituciones, sino también la posibilidad de un futuro común en el que las oportunidades y responsabilidades sean compartidas de manera equitativa. La certeza jurídica , en este contexto, debe elevarse como el único terreno donde todas las decisiones, económicas o políticas, se arraiguen y prosperen. En este momento crítico, las élites tienen la oportunidad, y la obligación, de actuar con integridad. La justicia no se negocia, no se adapta ni se subordina a intereses particulares; es un principio inmutable que debe prevalecer incluso frente a las presiones más intensas. Liderar desde este paradigma implica asumir una posición moral que trascienda los intereses inmediatos, promoviendo reformas que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas, eliminando cualquier resquicio que permita vulnerar la esencia de la justicia. Un país que se compromete con la ética y el respeto por el derecho no solo genera estabilidad interna, sino que se proyecta al mundo como un modelo de coherencia y honor. No cabe aquí el pragmatismo vacío ni los arreglos de conveniencia. La historia juzga con severidad a quienes se benefician de la debilidad del sistema, pero exalta a quienes, en momentos de crisis, lo transforman en una herramienta para el bienestar colectivo. La justicia no es solo un ideal, es la esencia misma de una sociedad que aspira a ser digna y solidaria. Eliminar prácticas que la desvirtúan no es solo una demanda ciudadana, es un imperativo moral que define el alma de un país. Chile tiene la posibilidad de construir un futuro basado en principios inquebrantables, pero para ello, quienes lideran deben actuar con un compromiso ético irreprochable, haciendo de la justicia el único camino posible. #casocurauma

En Chile, un acuerdo tácito y no declarado entre las élites políticas, económicas y judiciales ha moldeado las dinámicas del poder durante décadas. Este pacto, resumido en la frase “no te toco, no me tocas”, opera como un mecanismo de autoprotección que garantiza la estabilidad de privilegios para quienes lo suscriben. Cada sector evita intervenir en los intereses del otro, estableciendo una lógica de inmunidad cruzada que, aunque preserva la continuidad del statu quo, ha erosionado profundamente el tejido social del país y debilitado la confianza ciudadana en las instituciones y los principios básicos de justicia. El origen contemporáneo de este pacto puede rastrearse a la transición democrática de los años 90, cuando la estabilidad política se priorizó por encima de una transformación profunda. Los acuerdos de aquel período, tanto formales como informales, buscaron evitar conflictos abiertos entre los actores dominantes, consolidando un sistema de arreglos que con el tiempo se ha institucionalizado. Lo que comenzó como una estrategia transitoria para preservar el orden se convirtió en una estructura rígida que perpetúa desigualdades y excluye reformas sustanciales. El acuerdo tácito se sustenta en cuatro ejes fundamentales que consolidan su influencia y bloquean cualquier impulso de cambio: 1. Política. Las fiscalizaciones y denuncias son selectivas y estratégicas. Los actores políticos evitan investigar posibles actos de corrupción de sus pares para no comprometerse mutuamente. Este comportamiento fomenta una cultura de inmunidad cruzada, donde la transparencia y la rendición de cuentas son sacrificadas en favor de la autopreservación. 2. Economía. Los grandes conglomerados empresariales optan por repartirse mercados y evitar conflictos públicos en lugar de competir abiertamente. Este comportamiento anticompetitivo no solo perpetúa las desigualdades económicas, sino que también fortalece un sistema en el que los intereses corporativos están blindados frente al escrutinio público. 3. Justicia. El sistema judicial chileno, pese a proclamarse independiente, está gravemente comprometido por la manipulación en la distribución de causas (forum shopping), una práctica que expone su absoluta vulnerabilidad. Operadores y abogados redirigen deliberadamente los casos hacia tribunales predispuestos, garantizando fallos diseñados para favorecer a las élites. Este mecanismo no solo corrompe la imparcialidad judicial, sino que constituye el pilar fundamental del pacto de autoprotección, permitiendo transferencias colosales de riqueza y poder que consolidan la desigualdad y deslegitiman por completo la justicia ante los ojos de la ciudadanía. 4. Instituciones de fe pública. Organismos como notarías, conservadores de bienes raíces y entes reguladores, cuya misión es garantizar transparencia y legalidad, frecuentemente caen en prácticas opacas y burocráticas. Estas instituciones, lejos de proteger el interés público, facilitan transacciones cuestionables y legitiman irregularidades, convirtiéndose en cómplices del sistema de privilegios. Pero la ciudadanía es plenamente consciente de esta dinámica. Encuestas recientes, como la del Centro de Estudios Públicos (CEP) de octubre de 2024, el Estudio OCDE de noviembre y la Encuesta Descifra de La Tercera, reflejan un rechazo masivo hacia las instituciones públicas. Solo el 25 % de los chilenos confía en el Poder Judicial, mientras que la percepción de corrupción y colusión entre las élites es generalizada. Sin embargo, pese a esta realidad evidente, las élites mantienen un silencio absoluto, actuando como si el problema no existiera. Este mutismo no es casual; es una estrategia deliberada diseñada para preservar el pacto y evitar que la opinión pública exija transformaciones estructurales. Romper este círculo vicioso no es fácil, pero es imperativo, urgente y debe comenzar ahora. Una ciudadanía activa, una prensa independiente y un poder judicial verdaderamente autónomo son esenciales para desmantelar este sistema de privilegios. Se necesitan reformas profundas que promuevan la transparencia, la competencia leal y la rendición de cuentas, incluso si ello incomoda a los sectores más poderosos. Pero surge una pregunta inevitable: ¿quién lidera el cambio? #casocurauma www.cb.cl / www.casocurauma.cl

Desde 2013, el caso Curauma representa un punto crítico en la historia del sistema financiero chileno, exponiendo graves fallas en la supervisión y en los mecanismos legales que deben proteger a los inversionistas y garantizar la integridad del mercado. A la luz de la reciente entrevista a la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, publicada en La Tercera el 12 de enero de 2025 , es imperativo analizar cómo este episodio expone las debilidades estructurales y regulatorias que persisten y que, de no abordarse con determinación, continuarán socavando la confianza en el sistema financiero. En dicha entrevista, Berstein subraya la importancia de la detección oportuna de irregularidades, la transparencia y la educación financiera como pilares del trabajo de la CMF. Sin embargo, el caso Curauma, con todas sus implicancias, refleja que estos principios han sido sistemáticamente ignorados en favor de actores poderosos que manipulan los vacíos legales y regulatorios para su beneficio.   Lecciones del Caso Curauma y el Rol de la CMF 1. La CMF no puede ser un espectador pasivo El caso Curauma dejó al descubierto una cadena de irregularidades: Uso abusivo de tasas de interés: Contratos con intereses por encima de la Tasa Máxima Convencional, tolerados por instituciones financieras reguladas. Manipulación en procesos judiciales: La solicitud de quiebra se presentó en Santiago, ignorando el domicilio legal de la empresa en Valparaíso, con el aparente objetivo de favorecer intereses específicos. La CMF permitió, por omisión, que Curauma S.A. fuera declarada en quiebra debido a una supuesta deuda de 80 millones de pesos chilenos, a pesar de que la empresa contaba con activos tasados en más de 500 millones de dólares. Esta situación se agravó por la opacidad en la información financiera, lo que dejó a los inversionistas desprotegidos al no disponer de datos claros y verificables sobre la situación real de la empresa y sus activos, valorados en millones de dólares. Estas acciones no solo perjudicaron a accionistas y acreedores, sino que también socavaron la confianza en la capacidad de la CMF para actuar de manera efectiva. 2. Falta de sanciones ejemplares La CMF ha fallado históricamente en imponer sanciones proporcionales al daño causado por actores clave como Euroamerica Seguros de Vida, cuyo rol en este caso fue central. La pasividad o la aplicación de sanciones simbólicas han creado un ambiente donde los poderosos sienten que pueden operar impunemente. Esto es inaceptable. 3. Responsabilidad sistémica Como reconoce Berstein en la entrevista, la CMF no puede evitar todas las infracciones, pero tiene la responsabilidad de actuar de manera firme y efectiva cuando estas ocurren, especialmente cuando ha sido informada de su existencia. El caso Curauma no fue una simple omisión, sino una falla sistémica que evidencia la debilidad tanto del marco regulatorio como de su aplicación. Propuestas urgentes para la CMF a) Supervisión proactiva: crear sistemas de monitoreo más eficaces para detectar abusos tempranamente y reforzar la fiscalización de actores de alto riesgo.  b) Sanciones severas: establecer multas significativas y acciones penales donde corresponda para disuadir futuras infracciones. c) Reforma normativa: impulsar cambios que refuercen la transparencia en procesos de quiebra y limiten conflictos de interés. La CMF debe actuar con determinación El caso Curauma no puede ser tratado como un episodio aislado del pasado. Es un símbolo de todo lo que está en juego cuando el regulador no actúa con fuerza y decisión. La confianza en el sistema financiero chileno depende de que la CMF demuestre que no hay espacio para la impunidad y que todos los actores, sin importar su poder o influencia, están sujetos a las mismas reglas. #CasoCurauma Santiago, 12 de enero de 2025

Chile enfrenta un desafío crucial: superar el estancamiento económico y social de la última década. En su editorial del 12 de enero, "Brecha en las estrategias de desarrollo", El Mercurio denuncia que el abandono de una estrategia orientada al crecimiento vigoroso ha debilitado la economía y erosionado la confianza en las instituciones. El expresidente Eduardo Frei RT destaca la necesidad de recuperar el crecimiento acelerado, pero subraya que este debe ir acompañado de una justicia firme que garantice igualdad de oportunidades y elimine privilegios. El estancamiento actual refleja decisiones que priorizaron el antagonismo hacia el sector privado y políticas redistributivas insostenibles, más ideológicas que prácticas. Frei enfatiza que no hay progreso social sin una economía dinámica. La inversión, la innovación y el esfuerzo son esenciales para combatir las desigualdades de forma estructural, no paliativa. Durante las últimas décadas, Manuel Cruzat Infante ha insistido en que el crecimiento no es un fin en sí mismo, pero sin él, la justicia es inalcanzable. En su columna “ Reprobados ” (EM, 2001), destaca que la justicia verdadera no es redistribuir pobreza, sino construir un sistema basado en mérito, reglas claras y eliminación de prácticas que perpetúan la exclusión. Un Estado activo debe garantizar transparencia, combatir la corrupción y frenar abusos tanto en el sector público como privado. Crecimiento y justicia no son opuestos, sino interdependientes. Recuperar el crecimiento exige medidas inmediatas: desmantelar trabas a la inversión, simplificar la burocracia y establecer reglas que incentiven la colaboración público-privada. Solo así los frutos del desarrollo llegarán a todos, combatiendo la evasión fiscal y eliminando privilegios injustos. Frei subraya que el crecimiento no es un lujo, sino una necesidad para financiar políticas sociales sostenibles. Chile necesita liderazgo decidido para priorizar el crecimiento como herramienta clave para reconstruir la justicia. Sin crecimiento no hay recursos para enfrentar los desafíos sociales; sin justicia firme, el crecimiento será injusto, excluyente e insostenible. #casocurauma  / www.casocurauma.cl

En marzo próximo Chile inaugura su año judicial 2025 en un momento decisivo. La Corte Suprema enfrenta la oportunidad histórica de reformar la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) para garantizar transparencia en la distribución de causas y recuperar la confianza ciudadana. Un sistema eficiente y transparente La CAPJ ha admitido la falta de registros trazables en la asignación de causas, evidenciando la necesidad de adoptar sistemas automatizados que eliminen toda discrecionalidad. Esta transformación no solo hace el proceso más justo, sino que convierte al Poder Judicial en un referente regional. Innovación tecnológica La incorporación de inteligencia artificial y sistemas digitales, como blockchain, tiene el potencial de revolucionar la asignación de causas judiciales al proporcionar registros inmutables y criterios objetivos, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la imparcialidad. Estas tecnologías permitirían automatizar el proceso de asignación, eliminando la discrecionalidad y garantizando transparencia. Además, blockchain aseguraría la trazabilidad y confianza en los registros, convirtiéndose en una herramienta clave para consolidar un sistema judicial más moderno y confiable. El liderazgo de la Corte Suprema La Corte Suprema tiene la responsabilidad de liderar esta reforma para consolidar un sistema judicial moderno y transparente. Este año judicial es la oportunidad de marcar un cambio trascendental, respondiendo a las demandas de una sociedad que exige equidad y excelencia. #casocurauma

El caso Curauma expone cómo el poder económico y la colusión, amparados por el silencio cómplice, prevalecen sobre la justicia, despojando a una empresa de sus activos y socavando la confianza en el sistema. El caso de Curauma se origina en 2004, cuando Euroamerica Seguros de Vida S.A., liderada por Nicholas Davis Lecaros y Henry Comber Sigall, firmó un acuerdo de financiamiento con Empresas CB, matriz de Curauma S.A., por 715.000 UF. Este crédito fue estructurado como un leasing con opción de recompra sobre 2.200 hectáreas de terrenos entregados como garantía, incluyendo el Fundo Las Cenizas y sectores de La Luz, ubicados en el Alto Valparaíso, destinados al desarrollo de proyectos inmobiliarios.   2011-2013: Crisis financiera y conflictos   En 2011, Curauma S.A. contrató asesores financieros para reestructurar sus deudas, mientras sus terrenos eran tasados en 16,9 millones de UF. A pesar de acuerdos de venta y financiamiento en 2012, las operaciones se paralizaron debido a cuestionamientos contables y suspensiones regulatorias.   En 2013, Curauma S.A. presentó un convenio judicial preventivo para reorganizar sus finanzas, destacando su proyecto inmobiliario respaldado por un nuevo plan regulador (Premval 2014) que valorizó los terrenos en más de 500 millones de dólares. Sin embargo, desacuerdos entre acreedores, incluidas ausencias clave como la del representante de la Tesorería, llevaron al rechazo del convenio.   Ese mismo año, Euroamerica vendió los terrenos de Curauma a su filial Administraciones y Proyectos Euroamérica S.A. (APE) por aproximadamente el 40 % de su valor tasado, generando denuncias de usura, simulación de contratos y fraude. Esta operación afectó tanto a Curauma como a terceros involucrados, consolidando el control de Euroamerica sobre activos clave.   2013: Declaración de quiebra y controversias   En septiembre de 2013, el abogado Julio Bustamante Jeraldo, exdirector de Curauma S.A., solicitó la quiebra de la empresa en Santiago, pese a que el domicilio legal estaba en Valparaíso. La solicitud se basó en una presunta deuda de 80 millones de pesos, sin respaldo tributario. En diciembre, la jueza Inelie Durán Madina del 2° Juzgado Civil de Santiago declaró la quiebra, designando al síndico César Millán Nicolet, quien fue acusado de actuar en favor de Euroamerica.   Entre 2004 y 2013, Curauma pagó a Euroamerica un total de 1.040.775 UF, incluyendo intereses, pero se le exigieron 907.081 UF adicionales para recomprar los terrenos, lo que habría elevado el rendimiento financiero de Euroamerica a un 21,43 % anual compuesto, superando ampliamente la Tasa Máxima Convencional.   2014-2023: Persistencia del conflicto   Entre 2014 y 2023, el Caso Curauma expuso graves irregularidades, incluidas fraude, usura y manipulación judicial. Euroamerica vendió en 2013 los terrenos de Curauma por 646.000 UF a su filial APE y los recompró en 2019 por 1.530.000 UF, generando una ganancia neta de 646.000 UF. Durante este período, Curauma S.A. presentó múltiples querellas por usura, fraude y simulación de contratos, intentando revertir la quiebra y recuperar activos estratégicos valorados en más de 500 millones de dólares.   2024: La demanda de Curauma S.A.   En agosto de 2024, Manuel Cruzat Infante presentó una demanda contra Euroamérica Seguros de Vida S.A., Henry Comber Sigall y otros actores, acusándolos de diseñar un esquema para llevar a la empresa a la insolvencia. La acción legal incluyó cargos por fraude, colusión y simulación de contratos, solicitando una reparación económica superior a 1.984 millones de dólares, basada en el valor actualizado de los terrenos y los daños ocasionados.     Desde 2013, el caso Curauma ha evidenciado prácticas abusivas en el sistema financiero y judicial chileno. Entre los hechos más graves destacan la subvaloración de activos, la manipulación de procesos judiciales, los conflictos de interés entre los involucrados y la probada manipulación del sistema de distribución de causas civiles, que permitió asignar el caso a tribunales específicos en beneficio de intereses particulares. Además, figuras clave como Henry Comber enfrentan otras sanciones, como la multa por colusión impuesta por la FNE en octubre de 2024 (Caso Enjoy).   A enero de 2025, el caso sigue en litigio, consolidándose como un ejemplo de las falencias en la regulación del mercado chileno, así como del impacto de la colusión y el abuso financiero en proyectos inmobiliarios estratégicos para el Gran Valparaíso y el país. #CasoCurauma Enero 2025 www.cb.cl / www.casocurauma.cl

La relación entre el poder judicial y el desarrollo económico en Chile es clave para comprender el estancamiento de la última década. Como garante de la seguridad jurídica, el poder judicial es indispensable para fomentar la inversión, proteger la competencia y garantizar un crecimiento sostenible. Sin embargo, la corrupción y las deficiencias sistémicas han debilitado esta institución, convirtiéndola en un freno estructural para el desarrollo. La experiencia chilena demuestra que un sistema judicial corrupto no solo erosiona la confianza pública, sino que imposibilita cualquier intento de crecimiento económico sostenido. La falta de transparencia y la percepción de parcialidad generan incertidumbre, desincentivan la inversión y paralizan proyectos estratégicos, afectando tanto la competitividad nacional como la confianza internacional.  Entre las prácticas más alarmantes se encuentra la manipulación en la distribución de causas judiciales, un proceso que debería ser aleatorio y transparente, pero que en la práctica permite dirigir casos hacia jueces alineados con ciertos intereses. Esto no solo distorsiona la imparcialidad, sino que también facilita transferencias injustas de riqueza y derechos, exacerbando las desigualdades y debilitando la justicia como pilar institucional. El declive económico en cifras Chile registró un crecimiento económico promedio anual del 4,8% entre 2004 y 2013. Sin embargo, entre 2014 y 2023, este promedio disminuyó al 2,3%. En 2023, la economía chilena experimentó una contracción del 0,9%. Paralelamente, la inversión como porcentaje del PIB se redujo del 25% al 21% en el mismo período. Este declive coincide con un deterioro en la percepción de las instituciones públicas, reflejado en el descenso de Chile en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International, del puesto 20 en 2012 al 27 en 2023. El impacto del sector privado El sector privado ha contribuido significativamente a la desconfianza institucional mediante casos emblemáticos. En 2008, las farmacias se coludieron para fijar precios en más de 200 medicamentos, generando sobrecostos de USD 40 millones. En 2013, la quiebra forzada de Curauma S.A. resultó en el despojo de activos tasados en más de USD 500 millones mediante manipulaciones ilegales. En 2015, se destapó una colusión en el mercado del papel higiénico que operó durante más de una década, con multas de USD 15 millones. En 2023, la colusión en casinos generó pérdidas fiscales y multas de hasta USD 37 millones. Y los casos se acumulan. Según la OCDE (2023), estas conductas han costado al país un 1,5 % del PIB anual, restringiendo la innovación y perjudicando a los consumidores. El impacto del sector público El sector público también enfrenta casos emblemáticos de corrupción y mala gestión. La sobrepoblación de empleados públicos ha incrementado innecesariamente el gasto estatal sin una mejora proporcional en la calidad de los servicios. Además, el uso irregular de fondos en programas sociales y licitaciones públicas direccionadas ha generado sobrecostos y cuestionamientos sobre transparencia. Las instituciones reguladoras y de fe pública, encargadas de garantizar la supervisión estatal y la transparencia, también han perdido credibilidad. Escándalos relacionados con certificados irregulares, información privilegiada y licitaciones cuestionables han reforzado la percepción de favoritismo y opacidad. Este deterioro afecta directamente la eficiencia del gasto público, incrementa costos para los ciudadanos y obstaculiza el desarrollo de un sistema más equitativo. La crisis de confianza en el sistema judicial El sistema judicial enfrenta una crisis de legitimidad que agrava la percepción de corrupción en Chile. Según la Encuesta Nacional Bicentenario UC (2023), sólo un 8 % de los chilenos confía en la justicia, mientras que la Encuesta CEP sitúa este nivel en un 16 %. En 2024, la Encuesta Cadem mostró que un 82 % desconfía del Poder Judicial y apenas un 10 % lo evalúa positivamente. Asimismo, la Encuesta Black & White de 2024 señala que un 89 % percibe la justicia como injusta. La manipulación de causas judiciales refuerza este círculo vicioso de desconfianza, haciendo del sistema judicial una institución percibida como parcial e ineficiente. Instituciones sólidas, mercados competitivos La evidencia económica es clara: sin instituciones sólidas, no hay crecimiento. Un sistema judicial eficiente fomenta la inversión, reduce costos para los consumidores y mejora la productividad. Según el Banco Mundial (2022), una mejora del 10 % en los indicadores de calidad judicial puede aumentar el PIB per cápita en un 0,6 % anual. Por su parte, la CEPAL (2023) destaca que los mercados competitivos optimizan la asignación de recursos y potencian el crecimiento económico. Para revertir esta tendencia, son necesarias reformas profundas que fortalezcan la transparencia del sistema judicial y la independencia de las instituciones reguladoras. Estas medidas deben incluir la distribución aleatoria de causas, sanciones ejemplares a prácticas colusivas y el fortalecimiento de la libre competencia. Sin estas transformaciones, Chile corre el riesgo de perpetuar su estancamiento económico y debilitar su cohesión social. #CasoCurauma Enero de 2025 www.casocurauma.cl / www.cb.cl

El 2024 ha sido catalogado por la ministra María Soledad Melo, vocera de la Corte Suprema, como el peor año en la historia del Poder Judicial chileno. Este período ha estado marcado por una serie de escándalos que no solo han debilitado profundamente la confianza pública en las instituciones judiciales, sino que también han puesto en evidencia la necesidad urgente de reformas estructurales para modernizar un sistema que muchos consideran obsoleto.   Entre los casos más emblemáticos destacan la destitución de los ministros Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, las investigaciones por tráfico de influencias que han salpicado tanto a la Corte Suprema como al Ministerio Público, y la confirmación de acusaciones sobre la manipulación en la distribución de causas judiciales. Estos hechos han influido directamente en casos como Curauma y Latam, donde intereses particulares habrían sido favorecidos en detrimento de la imparcialidad y la transparencia.   El Caso Curauma expuso cómo la quiebra forzada de una empresa con activos millonarios en 2013 fue manipulada judicialmente para beneficiar a ciertos actores, poniendo en evidencia irregularidades graves en los procesos legales. De manera similar, el Caso Audio, protagonizado por el abogado Luis Hermosilla, reveló un uso indebido de influencias que reflejó fallas estructurales en el sistema judicial.   La raíz del problema   Según Manuel Cruzat Infante, la crisis actual es el resultado de décadas de negligencia en la modernización del Poder Judicial. En su columna publicada en El Mercurio (19 de octubre de 2024), Cruzat recordó que, mientras áreas como la economía, la minería y la previsión social fueron objeto de reformas profundas durante los años 80, el sector justicia quedó al margen. Esta omisión dejó al sistema expuesto a prácticas como el tráfico de influencias y la manipulación de procesos, arraigando una cultura jurídica que, hasta hoy, opera bajo una lógica anclada en el pasado.   Cruzat también destaca que la falta de rigor intelectual en las instituciones legales y la ausencia de criterios modernos de cumplimiento ( compliance ) no solo han deteriorado el sistema judicial, sino que han impactado negativamente en el desarrollo económico del país, afectando la confianza de inversionistas y frenando el crecimiento.   La percepción ciudadana: un indicador alarmante   La percepción ciudadana sobre el sistema judicial chileno ha experimentado un deterioro significativo en 2024, según múltiples encuestas y estudios que reflejan una profunda crisis de confianza en las instituciones de justicia.   En septiembre de 2024, Plaza Pública Cadem reportó que solo un 10% de los encuestados evalúa positivamente al Poder Judicial, mientras un 82% declara desconfianza hacia estas instituciones. Además, un 74% considera que sus procedimientos son opacos, y un 73% califica el sistema como ineficiente.   La Encuesta Bicentenario UC señala que un 80% de la población cree que los jueces actúan de manera desigual frente a ricos y pobres, y sólo un 18% percibe que el sistema judicial es eficaz para resolver casos. En tanto, la encuesta Signos/El Mostrador revela que un 70% ha perdido confianza en el sistema en los últimos cinco años, agravado por los recientes escándalos de tráfico de influencias.   La Encuesta Descifra, elaborada por La Tercera y Artool, muestra que un 78% de los chilenos considera que el sistema no es confiable, y un 71% cree que no aplica justicia de forma equitativa.    El informe del World Justice Project 2024 posiciona a Chile en el puesto 47 de 142 países en justicia civil, con una puntuación de 0,60, la más baja para el país, evidenciando percepciones de ineficiencia y corrupción.   El desafío: restaurar la confianza y modernizar el sistema   La crisis del Poder Judicial no es un fenómeno coyuntural, sino el resultado de décadas de fallas estructurales que exigen soluciones profundas y sostenidas. Expertos como Francisco Leturia y Cristián Riego subrayan la urgencia de reformar el sistema de nombramiento de jueces, eliminar el tráfico de influencias y fortalecer la transparencia en los procesos judiciales.   El 2024 marca un punto de inflexión crítico para impulsar una transformación estructural que restaure la confianza pública. Esto requiere liderazgo, consenso político y un compromiso firme con la modernización del sistema judicial, estableciendo un modelo eficiente, equitativo y justo.   Un eje clave de esta transformación es la implementación de auditorías exhaustivas al Poder Judicial, enfocadas especialmente en la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). Estas auditorías no solo permitirán identificar y corregir irregularidades, sino también mejorar la rendición de cuentas y garantizar un uso transparente y eficiente de los recursos públicos, sentando así las bases para un sistema más confiable y eficaz. #CasoCurauma www.cb.cl / www.casocurauma.cl

Crónica de un desastre anunciado "...analicemos las reformas que se hicieron hace más de 40 años y veamos lo que enseñan respecto de lo que se requiere: ideas claras con rigor intelectual, fuerte liderazgo, coraje y, por cierto, una persona que dirija el proceso..." Por Manuel Cruzat Infante A raíz de los últimos escándalos de corrupción que involucran al Poder Judicial y a numerosos abogados, me parece oportuno recordar algunos antecedentes que ayudan a explicar este triste espectáculo. Las reformas macroeconómicas de la primera etapa del Gobierno Militar llevaban aparejadas una modernización intelectual y analítica muy significativa, que elevó drásticamente el nivel de la discusión en muchos tópicos, dejando obsoletos argumentos de políticas públicas que no pasaban de ser vacíos eslóganes. Si bien esto se reflejó principalmente en temas económicos, el enfoque más metódico también se esparció a otras áreas. Además, para la adecuada implementación de la política económica fue necesario dictar nuevas leyes, reglamentos y diseñar sistemas de control sobre los diversos sectores de la economía. Un ejemplo de esto fueron las reformas encabezadas por José Piñera E. en las áreas laboral, previsional y minera: intelectualmente rigurosas, profundas y enteramente consistentes con la política económica general. Desgraciadamente, en algunos sectores clave, como salud y educación, esta adecuación se pudo hacer solo muy parcialmente, con negativas consecuencias que sufrimos hasta hoy. En el proceso antes descrito ocurrió un evento trágicamente negativo: por razones políticas inmensurables y los siempre presentes intereses de grupos, hubo un sector clave que quedó fuera del proceso modernizador, y que fue todo el sector justicia, con sus instituciones, enseñanza del Derecho y prácticas legales. Si bien se dictaron leyes, su aplicación quedó anclada a la lógica del pasado. Y aunque más recientemente hubo algunos avances, como la Reforma Procesal Penal, no mejoró el criterio analítico sobre el cual debiera sustentarse un mejor sistema de justicia. Nuestra cultura legal está tan atrasada que en años recientes se ha opacado frente a importantes empresas nacionales. Las han sido castigadas con cuantiosas sanciones legales de países desarrollados y aquí prácticamente no han sido objeto de reproche. Y para qué hablar en temas de compliance . Esto también tiene una consecuencia al económico, afectando las tasas de inversión, como ha quedado demostrado en informes recientes. Las soluciones que se aplican, incluyendo en el ámbito del derecho internacional, tampoco abordan las dimensiones de lo que se necesita: ideas con rigor intelectual que reflejen las dimensiones de lo que el país requiere. Las deficiencias en el Poder Judicial, tribunales especiales, Ministerio Público, organismos regulatorios, etc., están a la vista y son las que están agravando la crisis que enfrentamos hoy en día. ¿Cómo se arregla todo esto? Analicemos las reformas que se hicieron hace más de 40 años y veamos lo que enseñan respecto de lo que se requiere: ideas con rigor intelectual, fuerte liderazgo, coraje y, por cierto, una persona que dirija el proceso. Se dirá que con nuestro sistema político es imposible y que no hay alguien con esas cualidades. Bueno, hace décadas las hubo y es difícil encontrarlas, pero hay que hacer el esfuerzo de buscarlas. También argumentarán que las instituciones del régimen militar eran distintas. Eso es cierto en lo formal, pero no cabe duda que en cualquier régimen los intereses poderosos opuestos a las reformas se las arreglan para ejercer las presiones necesarias y aplastar lo que no les conviene en esa época. La gravísima corrupción recientemente sacada a la luz pública, que no es más que una vieja historia, tiene mucho que ver con lo tratado en estas líneas, y su eventual erradicación debería ser parte de esta urgente modernización. Sin duda, un sistema legal obsoleto y corrompido como el que tenemos es uno de los factores más importantes para explicar nuestro pobre desempeño en el crecimiento económico. Santiago, Chile, 19 de octubre de 2024.  El Mercurio. Página A2.  ------------------------------------------------- Chronicle of a Foretold Disaster By Manuel Cruzat Infante "...Let us analyze the reforms made over 40 years ago and see what they teach us about what is needed: clear ideas with intellectual rigor, strong leadership, courage, and, of course, someone to lead the process..." In light of the recent corruption scandals involving the Judiciary and numerous lawyers, I find it appropriate to recall some antecedents that help explain this sad spectacle. The macroeconomic reforms of the first phase of the Military Government were accompanied by a highly significant intellectual and analytical modernization, which drastically raised the level of discussion in many topics, leaving behind outdated public policy arguments that were nothing more than empty slogans. While this was mainly reflected in economic matters, the more methodical approach also spread to other areas. Moreover, for the proper implementation of economic policy, it was necessary to enact new laws, regulations, and design control systems over the various sectors of the economy. An example of this were the reforms led by José Piñera E. in the areas of labor, pensions, and mining: intellectually rigorous, profound, and entirely consistent with the overall economic policy. Unfortunately, in some key sectors, such as health and education, this adjustment could only be partially achieved, with negative consequences that we suffer to this day. In the process previously described, a tragically negative event occurred: due to immeasurable political reasons and the ever-present interests of certain groups, there was one key sector that was left out of the modernization process—namely, the entire justice sector, with its institutions, legal education, and practices. Although laws were passed, their application remained tied to outdated logic. And while there have been some recent advancements, such as the Criminal Procedure Reform, the analytical criteria on which a better justice system should be based did not improve. Our legal culture is so outdated that, in recent years, it has been overshadowed by important national companies. They have been heavily penalized with large legal sanctions from developed countries, and here, they have practically faced no reproach. And don't even get me started on compliance . This also has economic repercussions, affecting investment rates, as recent reports have demonstrated. The solutions being applied, including in the field of international law, fail to address the dimensions of what is needed: ideas with intellectual rigor that reflect the scope of what the country requires. The deficiencies in the Judiciary, special tribunals, Public Ministry, regulatory bodies, etc., are plain to see and are exacerbating the crisis we face today. How do we fix all this? Let’s look back at the reforms that were made more than 40 years ago and see what they teach us about what is needed: ideas with intellectual rigor, strong leadership, courage, and, of course, someone to lead the process. Some will say that with our political system, it’s impossible and that there’s no one with those qualities. Well, decades ago there were, and it is difficult to find them today, but we must make the effort to seek them out. Others will argue that the institutions of the military regime were different. This is true in a formal sense, but there’s no doubt that in any regime, powerful interests opposed to reforms will find a way to exert the necessary pressure to crush what doesn’t suit them at the time. The serious corruption recently brought to light, which is nothing more than an old story, has much to do with what is discussed in these lines, and its eventual eradication should be part of this urgent modernization. Without a doubt, an obsolete and corrupt legal system like the one we have is one of the key factors in explaining our poor performance in economic growth. Santiago, Chile, Oct 19th, 2024.  El Mercurio. Page A2. #elmercurio