El Annus Horribilis del Poder Judicial
- MV
- 4 ene
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El 2024 ha sido catalogado por la ministra María Soledad Melo, vocera de la Corte Suprema, como el peor año en la historia del Poder Judicial chileno. Este período ha estado marcado por una serie de escándalos que no solo han debilitado profundamente la confianza pública en las instituciones judiciales, sino que también han puesto en evidencia la necesidad urgente de reformas estructurales para modernizar un sistema que muchos consideran obsoleto.
Entre los casos más emblemáticos destacan la destitución de los ministros Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, las investigaciones por tráfico de influencias que han salpicado tanto a la Corte Suprema como al Ministerio Público, y la confirmación de acusaciones sobre la manipulación en la distribución de causas judiciales. Estos hechos han influido directamente en casos como Curauma y Latam, donde intereses particulares habrían sido favorecidos en detrimento de la imparcialidad y la transparencia.
El Caso Curauma expuso cómo la quiebra forzada de una empresa con activos millonarios en 2013 fue manipulada judicialmente para beneficiar a ciertos actores, poniendo en evidencia irregularidades graves en los procesos legales. De manera similar, el Caso Audio, protagonizado por el abogado Luis Hermosilla, reveló un uso indebido de influencias que reflejó fallas estructurales en el sistema judicial.
La raíz del problema
Según Manuel Cruzat Infante, la crisis actual es el resultado de décadas de negligencia en la modernización del Poder Judicial. En su columna publicada en El Mercurio (19 de octubre de 2024), Cruzat recordó que, mientras áreas como la economía, la minería y la previsión social fueron objeto de reformas profundas durante los años 80, el sector justicia quedó al margen. Esta omisión dejó al sistema expuesto a prácticas como el tráfico de influencias y la manipulación de procesos, arraigando una cultura jurídica que, hasta hoy, opera bajo una lógica anclada en el pasado.
Cruzat también destaca que la falta de rigor intelectual en las instituciones legales y la ausencia de criterios modernos de cumplimiento (compliance) no solo han deteriorado el sistema judicial, sino que han impactado negativamente en el desarrollo económico del país, afectando la confianza de inversionistas y frenando el crecimiento.
La percepción ciudadana: un indicador alarmante
La percepción ciudadana sobre el sistema judicial chileno ha experimentado un deterioro significativo en 2024, según múltiples encuestas y estudios que reflejan una profunda crisis de confianza en las instituciones de justicia.
En septiembre de 2024, Plaza Pública Cadem reportó que solo un 10% de los encuestados evalúa positivamente al Poder Judicial, mientras un 82% declara desconfianza hacia estas instituciones. Además, un 74% considera que sus procedimientos son opacos, y un 73% califica el sistema como ineficiente.
La Encuesta Bicentenario UC señala que un 80% de la población cree que los jueces actúan de manera desigual frente a ricos y pobres, y sólo un 18% percibe que el sistema judicial es eficaz para resolver casos. En tanto, la encuesta Signos/El Mostrador revela que un 70% ha perdido confianza en el sistema en los últimos cinco años, agravado por los recientes escándalos de tráfico de influencias.
La Encuesta Descifra, elaborada por La Tercera y Artool, muestra que un 78% de los chilenos considera que el sistema no es confiable, y un 71% cree que no aplica justicia de forma equitativa.
El informe del World Justice Project 2024 posiciona a Chile en el puesto 47 de 142 países en justicia civil, con una puntuación de 0,60, la más baja para el país, evidenciando percepciones de ineficiencia y corrupción.
El desafío: restaurar la confianza y modernizar el sistema
La crisis del Poder Judicial no es un fenómeno coyuntural, sino el resultado de décadas de fallas estructurales que exigen soluciones profundas y sostenidas. Expertos como Francisco Leturia y Cristián Riego subrayan la urgencia de reformar el sistema de nombramiento de jueces, eliminar el tráfico de influencias y fortalecer la transparencia en los procesos judiciales.
El 2024 marca un punto de inflexión crítico para impulsar una transformación estructural que restaure la confianza pública. Esto requiere liderazgo, consenso político y un compromiso firme con la modernización del sistema judicial, estableciendo un modelo eficiente, equitativo y justo.
Un eje clave de esta transformación es la implementación de auditorías exhaustivas al Poder Judicial, enfocadas especialmente en la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). Estas auditorías no solo permitirán identificar y corregir irregularidades, sino también mejorar la rendición de cuentas y garantizar un uso transparente y eficiente de los recursos públicos, sentando así las bases para un sistema más confiable y eficaz.