2025: Manuel Cruzat Infante acude al CIDH por 20.° intento de remate.
- MV
- 23 ene
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El caso de Manuel Cruzat Infante y de Curauma S.A., presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 11 de enero de 2025, adquiere especial relevancia debido al vigésimo intento de remate de 535 hectáreas en Curauma, programado para el 12 de febrero de 2025. Este remate, crucial en el proceso judicial, es señalado por Cruzat como la culminación de irregularidades y vicios que han vulnerado los derechos fundamentales tanto suyos como de otros accionistas.
Estos valiosos terrenos inmobiliarios, un activo estratégico ubicado en la Región de Valparaíso, tienen un valor comercial muy superior al precio fijado para la subasta. Según informes periciales, el precio de remate es inferior al 10% de su valor real. Cruzat denuncia que esta subasta constituye una "expropiación indirecta", facilitada por un proceso judicial que considera viciado desde el inicio.
Entre las irregularidades destacadas por Cruzat se encuentran la fijación de un precio irrisorio que afecta el derecho de propiedad, la manipulación judicial mediante un presunto sabotaje informático para asignar el caso a tribunales específicos (forum cheating), y la falta de recursos efectivos, como la Nulidad de Orden Público Internacional (NOPI), que fue rechazada sin fundamentos sólidos. También denuncia una inequidad estructural en el sistema judicial chileno, que, a través de los artículos 499 y 500 del Código de Procedimiento Civil, permite subastas desproporcionadas, beneficiando a compradores con recursos y dejando desprotegidos a los deudores.
Este próximo remate es una prueba concreta de las denuncias que Cruzat ha presentado ante la CIDH, reforzando su argumento de que el sistema judicial chileno no garantiza derechos fundamentales como el acceso a la justicia, la igualdad ante la ley y la protección de la propiedad. Por ello, ha solicitado a la CIDH intervenir para suspender el remate, afirmando que su ejecución en estas condiciones consolidaría una vulneración grave de derechos humanos.
Si la CIDH admite y evalúa el caso, podría emitir recomendaciones que influyan en el resultado del remate y en la reforma del marco legal que lo permitió. Este caso tiene el potencial de sentar un precedente en la región sobre la regulación de procesos de quiebra y subasta, fortaleciendo la protección de los derechos económicos y sociales.