2025: Caso Curauma
- MV
- 8 ene
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El caso Curauma expone cómo el poder económico y la colusión, amparados por el silencio cómplice, prevalecen sobre la justicia, despojando a una empresa de sus activos y socavando la confianza en el sistema.
El caso de Curauma se origina en 2004, cuando Euroamerica Seguros de Vida S.A., liderada por Nicholas Davis Lecaros y Henry Comber Sigall, firmó un acuerdo de financiamiento con Empresas CB, matriz de Curauma S.A., por 715.000 UF. Este crédito fue estructurado como un leasing con opción de recompra sobre 2.200 hectáreas de terrenos entregados como garantía, incluyendo el Fundo Las Cenizas y sectores de La Luz, ubicados en el Alto Valparaíso, destinados al desarrollo de proyectos inmobiliarios.
2011-2013: Crisis financiera y conflictos
En 2011, Curauma S.A. contrató asesores financieros para reestructurar sus deudas, mientras sus terrenos eran tasados en 16,9 millones de UF. A pesar de acuerdos de venta y financiamiento en 2012, las operaciones se paralizaron debido a cuestionamientos contables y suspensiones regulatorias.
En 2013, Curauma S.A. presentó un convenio judicial preventivo para reorganizar sus finanzas, destacando su proyecto inmobiliario respaldado por un nuevo plan regulador (Premval 2014) que valorizó los terrenos en más de 500 millones de dólares. Sin embargo, desacuerdos entre acreedores, incluidas ausencias clave como la del representante de la Tesorería, llevaron al rechazo del convenio.
Ese mismo año, Euroamerica vendió los terrenos de Curauma a su filial Administraciones y Proyectos Euroamérica S.A. (APE) por aproximadamente el 40 % de su valor tasado, generando denuncias de usura, simulación de contratos y fraude. Esta operación afectó tanto a Curauma como a terceros involucrados, consolidando el control de Euroamerica sobre activos clave.
2013: Declaración de quiebra y controversias
En septiembre de 2013, el abogado Julio Bustamante Jeraldo, exdirector de Curauma S.A., solicitó la quiebra de la empresa en Santiago, pese a que el domicilio legal estaba en Valparaíso. La solicitud se basó en una presunta deuda de 80 millones de pesos, sin respaldo tributario. En diciembre, la jueza Inelie Durán Madina del 2° Juzgado Civil de Santiago declaró la quiebra, designando al síndico César Millán Nicolet, quien fue acusado de actuar en favor de Euroamerica.
Entre 2004 y 2013, Curauma pagó a Euroamerica un total de 1.040.775 UF, incluyendo intereses, pero se le exigieron 907.081 UF adicionales para recomprar los terrenos, lo que habría elevado el rendimiento financiero de Euroamerica a un 21,43 % anual compuesto, superando ampliamente la Tasa Máxima Convencional.
2014-2023: Persistencia del conflicto
Entre 2014 y 2023, el Caso Curauma expuso graves irregularidades, incluidas fraude, usura y manipulación judicial. Euroamerica vendió en 2013 los terrenos de Curauma por 646.000 UF a su filial APE y los recompró en 2019 por 1.530.000 UF, generando una ganancia neta de 646.000 UF. Durante este período, Curauma S.A. presentó múltiples querellas por usura, fraude y simulación de contratos, intentando revertir la quiebra y recuperar activos estratégicos valorados en más de 500 millones de dólares.
2024: La demanda de Curauma S.A.
En agosto de 2024, Manuel Cruzat Infante presentó una demanda contra Euroamérica Seguros de Vida S.A., Henry Comber Sigall y otros actores, acusándolos de diseñar un esquema para llevar a la empresa a la insolvencia. La acción legal incluyó cargos por fraude, colusión y simulación de contratos, solicitando una reparación económica superior a 1.984 millones de dólares, basada en el valor actualizado de los terrenos y los daños ocasionados.
Desde 2013, el caso Curauma ha evidenciado prácticas abusivas en el sistema financiero y judicial chileno. Entre los hechos más graves destacan la subvaloración de activos, la manipulación de procesos judiciales, los conflictos de interés entre los involucrados y la probada manipulación del sistema de distribución de causas civiles, que permitió asignar el caso a tribunales específicos en beneficio de intereses particulares. Además, figuras clave como Henry Comber enfrentan otras sanciones, como la multa por colusión impuesta por la FNE en octubre de 2024 (Caso Enjoy).
A enero de 2025, el caso sigue en litigio, consolidándose como un ejemplo de las falencias en la regulación del mercado chileno, así como del impacto de la colusión y el abuso financiero en proyectos inmobiliarios estratégicos para el Gran Valparaíso y el país.
Enero 2025