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Chile acaba de descubrir, con nombres, montos y rutas bancarias, algo que muchos intuían hace años: que también la justicia se puede comprar. La trama bielorrusa ha expuesto a una exministra de la Corte Suprema, a su pareja y a un tejido de abogados y operadores que, según la Fiscalía, habrían articulado pagos por al menos 57 millones de pesos para torcer fallos a favor del consorcio Belaz Movitec en su disputa con Codelco (CIPER Chile). La estatal presentó querella criminal

A la luz de los recientes episodios que han remecido a la Corte Suprema, ya no resulta creíble el relato de las “manzanas podridas” ni el consuelo de la anomalía. En Chile, el tráfico de influencias y la compra de decisiones no aparecen como desvíos ocasionales, sino como prácticas reiteradas que delatan un modo de operar. No fue ignorancia ni sorpresa: se sabía. Durante años, algunos convirtieron la justicia en un mercado y a los tribunales en un espacio de intermediación op