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Chile acaba de descubrir, con nombres, montos y rutas bancarias, algo que muchos intuían hace años: que también la justicia se puede comprar. La trama bielorrusa ha expuesto a una exministra de la Corte Suprema, a su pareja y a un tejido de abogados y operadores que, según la Fiscalía, habrían articulado pagos por al menos 57 millones de pesos para torcer fallos a favor del consorcio Belaz Movitec en su disputa con Codelco (CIPER Chile). La estatal presentó querella criminal

A la luz del caso de la jueza Vivanco y de otros jueces, ya no cabe el disfraz de las “manzanas podridas” ni el consuelo de la excepción. En Chile, el tráfico de influencias y la compra de fallos no son accidentes: son un método. La caída de una ministra de la Corte Suprema por pagos clandestinos expuso lo que muchos sabían y pocos se atrevían a decir: hay quienes han hecho de la justicia un mercado y de los tribunales, un espacio de corretaje silencioso donde los contactos p