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Chile acaba de descubrir, con nombres, montos y rutas bancarias, algo que muchos intuían hace años: que también la justicia se puede comprar. La trama bielorrusa ha expuesto a una exministra de la Corte Suprema, a su pareja y a un tejido de abogados y operadores que, según la Fiscalía, habrían articulado pagos por al menos 57 millones de pesos para torcer fallos a favor del consorcio Belaz Movitec en su disputa con Codelco (CIPER Chile). La estatal presentó querella criminal

A la luz de los recientes episodios que han remecido a la Corte Suprema, ya no resulta creíble el relato de las “manzanas podridas” ni el consuelo de la anomalía. En Chile, el tráfico de influencias y la compra de decisiones no aparecen como desvíos ocasionales, sino como prácticas reiteradas que delatan un modo de operar. No fue ignorancia ni sorpresa: se sabía. Durante años, algunos convirtieron la justicia en un mercado y a los tribunales en un espacio de intermediación op

El caso Vivanco no es simplemente un escándalo judicial; es un punto de no retorno para la confianza institucional en Chile. Una ex ministra de la Corte Suprema enfrenta acusaciones respaldadas por evidencia trazable —archivos modificados, órdenes fuera de tabla, transferencias encubiertas, casas de cambio y pagos en efectivo— que habrían facilitado un fallo exprés en beneficio de privados. El monto en juego ronda los $17 mil millones de pesos. Hasta hace poco, la idea de com