Expansión de Curauma

En 2013, la quiebra de Curauma S.A. no fue solo el colapso de una empresa inmobiliaria que impulsaba el desarrollo del Gran Valparaíso, sino un capítulo sombrío para Chile, donde la codicia de algunos y la fragilidad de un sistema judicial complaciente se aliaron para perpetrar un despojo descarado. Este caso de corrupción y fraude trasciende una mera disputa financiera: se erige como un monumento a la cobardía de aquellos que, amparados por el poder económico y una fachada de legalidad, desmantelaron una empresa mientras el Poder Judicial, debilitado por décadas de inacción reformista, se convirtió en instrumento de un saqueo. 

La quiebra de Curauma S.A., orquestada y dirigida por Henry Comber y Nicholas Davis de Euroamerica Seguros de Vida y de casino Enjoy, con el respaldo del bufete Claro y Cía. y el afán de agentes de fe pública, no solo marcó la ruina de un proyecto vital para la región, sino que inscribió un precedente histórico de cómo los poderosos traicionan el bien común en su insaciable búsqueda de lucro.

Curauma, una empresa que representaba el esfuerzo colectivo por construir progreso en el corazón del Gran Valparaíso, fue despojada de sus activos con una precisión que delata no solo estrategia, sino una falta absoluta de escrúpulos. Euroamerica, respaldada por la maquinaria ilegal de sus abogados, convirtió una deuda saldada en una oportunidad para apropiarse de un patrimonio valuado en cientos de millones de dólares, dejando tras de sí un rastro de empleos destruidos, sueños empresariales aniquilados y una comunidad desamparada. Este no fue un simple proceso de quiebra; fue una expropiación moderna, ejecutada con el patrocinio y la complicidad de un sistema judicial incapaz de frenar la avaricia de los poderosos.

El papel del Poder Judicial en este caso es una afrenta a su propio mandato. La asignación del caso al 2º Juzgado Civil de Santiago liderado por la jueza Inelie Durán Madina, con una probabilidad estadística de apenas 0.175%, y las acusaciones de irregularidades en la 8ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en 2015, donde ministros como María Cecilia González Diez exhibieron conductas inconsistentes, evidencian un sistema judicial corroído. Décadas de postergación de reformas, sumadas a la formación deficiente de algunos jueces y su susceptibilidad a influencias externas, han convertido a los tribunales en un escenario donde los poderosos actúan a su antojo. 

La cobardía de los poderosos que orquestaron este despojo, y la complicidad de un sistema judicial que no supo o no quiso detenerlos, exigen una respuesta histórica: una reforma profunda del Poder Judicial, una regulación estricta de las prácticas de los acreedores y un compromiso ético para priorizar el bien común sobre la codicia. 

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