Santiago, 13 de febrero de 2025 - A dos semanas del inicio del Año Judicial 2025 , Chile enfrenta una encrucijada decisiva en su sistema de justicia. La corrupción en los tribunales ha dejado de ser un problema aislado para convertirse en una crisis estructural que socava la confianza pública y obstaculiza el desarrollo del país. Casos recientes han demostrado cómo la falta de controles efectivos permite la manipulación de fallos, la pérdida deliberada de expedientes y la interferencia indebida en procesos judiciales de alto perfil. Ante este panorama, la implementación de auditorías independientes y el uso estratégico de tecnología emergente se presentan como las herramientas más eficaces para erradicar la impunidad dentro del sistema. Históricamente, la corrupción judicial ha prosperado en la opacidad. En Chile, la falta de rendición de cuentas en la toma de decisiones y la existencia de redes de influencia entre jueces, abogados y actores económicos han deteriorado la credibilidad del sistema. Sin mecanismos de auditoría eficientes, el control interno ha sido insuficiente para frenar la corrupción. A esto se suma el hecho de que la digitalización del sistema judicial ha sido parcial y, en algunos casos, mal implementada, permitiendo que se mantengan prácticas corruptas bajo una nueva apariencia. Soluciones a la corrupción Pero hay soluciones concretas. En países con altos estándares de transparencia, como Estonia y Dinamarca, la supervisión judicial ha sido reforzada con auditorías externas sistemáticas . Estos procesos no solo revisan las resoluciones judiciales, sino que también evalúan las conexiones entre jueces y litigantes, la evolución patrimonial de los magistrados y la asignación de causas. En Chile, establecer un sistema de auditoría con autonomía real del poder judicial, que dependa de organismos externos con facultades sancionatorias, sería un primer paso esencial para garantizar decisiones libres de influencias indebidas. El segundo elemento clave en la lucha contra la corrupción judicial es el uso de tecnología avanzada . Sistemas basados en blockchain pueden registrar de forma inmutable cada fallo y cada movimiento procesal, impidiendo que expedientes desaparezcan o sean alterados sin dejar rastro. La inteligencia artificial, aplicada con los debidos controles, puede detectar patrones irregulares en las sentencias, identificando tendencias sospechosas en ciertos jueces o tribunales. A su vez, la automatización de procesos reduciría la discrecionalidad en la tramitación de causas, cerrando espacios a la corrupción administrativa dentro del sistema. Chile ha vivido escándalos recientes que ilustran la urgencia de estas reformas. La manipulación de procesos concursales, como en el caso Curauma, ha revelado cómo abogados, jueces y empresarios pueden operar en la sombra, utilizando vacíos normativos para apropiarse de activos millonarios sin consecuencias reales. A su vez, la colusión entre grandes firmas y operadores judiciales en procesos de licitación, como en la industria de los casinos, ha puesto en evidencia cómo la corrupción no se limita a los tribunales, sino que contamina la estructura misma del Estado de derecho. El problema no es solo legal, sino profundamente político. Un poder judicial comprometido con la transparencia debe aceptar que la supervisión independiente es una condición indispensable para su legitimidad. La tecnología y las auditorías no son enemigos de la independencia judicial; por el contrario, son sus mejores aliados. Si Chile aspira a reconstruir la confianza en sus tribunales, la digitalización y la supervisión deben dejar de ser promesas abstractas para convertirse en herramientas concretas de reforma. #casocurauma

La corrupción en Chile ya no necesita ocultarse. Se despliega a plena vista, sostenida por la indiferencia institucional y el silencio de quienes deberían denunciarla. No es solo un problema de prácticas irregulares; es un entramado consolidado, donde organismos que deberían garantizar la legalidad terminan funcionando como piezas de un sistema que favorece a unos pocos. El caso Curauma es un ejemplo revelador: una apropiación de activos millonarios que avanzó sin obstáculos gracias a la inacción de tribunales, reguladores y autoridades. El proceso de quiebra de Curauma S.A. expone una serie de anomalías difíciles de justificar. La solicitud se basó en una deuda de 80 millones de pesos, insignificante frente a activos tasados en más de 500 millones de dólares. Se presentó en Santiago, a pesar de que la empresa tenía domicilio en Valparaíso, alterando así el procedimiento judicial. La Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia de Insolvencia no intervinieron de manera efectiva. Las notarías y los conservadores de bienes raíces, en lugar de garantizar transparencia, facilitaron la operación. La Tesorería General de la República mostró una flexibilidad inusual en ciertos cobros, mientras que la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no han actuado con la rapidez y firmeza que el caso ameritaba. Sin embargo, el verdadero problema no es solo la actuación de estas entidades, sino el silencio. El silencio de los medios de comunicación, que apenas mencionan estos hechos sin profundizar en ellos. El silencio de la política, donde pocos se atreven a plantear estos temas con la seriedad necesaria. Y el silencio de la sociedad, de los amigos y vecinos, familiares, de aquellos que han normalizado estas irregularidades por conveniencia o por desinterés, resignados a la idea de que la justicia es un privilegio reservado para quienes tienen influencia. Curauma no es un hecho aislado; es un reflejo de una realidad donde el marco normativo puede ser utilizado en beneficio de quienes saben cómo manejarlo. No es necesario ocultar documentos ni actuar en las sombras cuando las instituciones que deberían fiscalizar prefieren mirar hacia otro lado. Mientras la sociedad continúe aceptando esta realidad sin exigir respuestas, la integridad del sistema seguirá debilitándose, permitiendo que estas prácticas se repitan con mayor frecuencia y menor cuestionamiento. #casocurauma

En la edición del 12 de febrero de 2025 de  El Mercurio , en la sección Economía y Negocios , página B1, se hace seguimiento a la evolución de la percepción de la corrupción en Chile, un tema que ha cobrado creciente relevancia en los últimos años. La más reciente medición de Transparencia Internacional confirma una tendencia alarmante: en 2024, el país alcanzó su peor desempeño en tres décadas en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI). El país descendió al puesto 32 a nivel mundial, con un puntaje de 62 sobre 100. Esto representa un deterioro sostenido desde 2015, cuando alcanzó los 70 puntos. En 2012, Chile había llegado a su mejor desempeño con 72 puntos, lo que significa que en poco más de una década ha perdido diez puntos en la escala que mide la percepción de transparencia en el sector público.  El CPI es un ranking internacional que mide la corrupción percibida a través de la opinión de expertos y empresarios. Su escala va de 0 a 100, donde 0 representa un nivel extremo de corrupción y 100 indica una alta transparencia. Desde su creación en 1995, este índice ha sido un referente clave para evaluar la gobernanza en distintos países.  Varios factores explican la caída de Chile en este índice. Uno de los principales es la seguidilla de casos de corrupción que han afectado a distintos niveles del Estado, desde el Ejecutivo y los municipios hasta el Congreso y el Poder Judicial. Según expertos, esto ha generado una percepción transversal de corrupción en todas las instituciones. Otro factor relevante es la falta de acceso a información pública. Existen dificultades para obtener datos sobre decisiones de políticas públicas, contratos y uso de fondos estatales, lo que debilita la transparencia.  El Poder Judicial ha sido uno de los sectores que han contribuido a esta percepción negativa. Según Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, los casos de corrupción que han involucrado al sistema judicial han afectado su credibilidad, lo que impacta la confianza en el Estado de derecho. La percepción de que el Poder Judicial no actúa con independencia o que ciertas decisiones favorecen intereses particulares refuerza la idea de que la corrupción es un problema estructural en Chile. Además, la opacidad en algunos procesos judiciales y administrativos dificulta la rendición de cuentas y el acceso a la información.  Un aspecto que no se menciona en el artículo original, pero que ha sido objeto de preocupación en distintos sectores, es la  manipulación en la distribución de causas judiciales , un problema que afecta directamente la confianza en la imparcialidad del sistema de justicia. La asignación irregular de casos facilita la influencia de grupos de poder en decisiones judiciales clave, permitiendo que ciertos jueces sean elegidos estratégicamente para resolver causas de interés político o económico. Este tipo de prácticas debilita la percepción de independencia del Poder Judicial y puede contribuir al deterioro del índice de percepción de la corrupción en Chile.  Entre los casos que han influido en esta percepción negativa se menciona el caso de los audios, que reveló posibles redes de corrupción en el Congreso, además de escándalos vinculados a lavado de activos y financiamiento irregular. Todo esto ha contribuido al deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones.  A nivel global, Dinamarca lidera el ranking de 2024 con 90 puntos, seguido de Finlandia y Singapur, ambos con 88 puntos. En América Latina, Chile históricamente había sido el país con mejor percepción de transparencia, pero ahora ha sido superado por Uruguay. En la parte baja del ranking se encuentran Sudán del Sur y Somalia, con apenas 9 puntos, seguidos por Venezuela con 10 puntos y Siria con 12.  Los expertos coinciden en que es necesario fortalecer la Ley de Transparencia y mejorar la fiscalización de los fondos públicos. También se recomienda avanzar en medidas que refuercen la integridad en los gobiernos municipales y modernizar el marco anticorrupción del país.  La necesidad de mejorar la transparencia en el Poder Judicial es un punto clave para revertir la caída en los índices de percepción. Si bien Chile aún se mantiene en una posición relativamente buena en comparación con otros países de la región, la tendencia a la baja preocupa y sugiere la necesidad de reformas urgentes para recuperar la confianza en las instituciones. #casocurauma / www.casocurauma.cl

El informe publicado por El Mercurio el 10 de febrero de 2025 (página C5), basado en un estudio del Centro de Investigación de Derecho y Sociedad de la Universidad Católica y encargado por la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados , confirma lo que hemos denunciado respecto a la corrupción y falta de transparencia en el sistema judicial, como lo evidencia el caso Curauma.   Según este informe, el 30% de los jueces no considera confiables los tribunales en los que trabajan, y más del 50% de ellos enfrenta una carga de más de 500 causas al año, lo que afecta gravemente la calidad de las sentencias.   En el caso de los juzgados penales, el 67,5% de los magistrados reconoce que prioriza la rapidez en los fallos por sobre la fundamentación jurídica. En los tribunales de Familia, Civil y de competencia común, este porcentaje se acerca al 80%. Esta falta de análisis profundo de las causas ha generado lo que el informe denomina "errores manifiestos", debilitando la confianza pública en la justicia.   Este diagnóstico confirma lo ocurrido en la quiebra de Curauma S.A., donde el Segundo Juzgado Civil de Santiago tramitó una causa (2013) que correspondía a Valparaíso, basándose en una supuesta deuda de 80 millones de pesos sin respaldo tributario ni contable. La falta de rigurosidad en la evaluación judicial permitió que se decretara la quiebra de una empresa con activos superiores a los 500 millones de dólares, favoreciendo a grupos económicos como Euroamerica Seguros de Vida y a Henry Comber.   El informe también advierte sobre la creciente desconfianza en la justicia por parte de los abogados, quienes denuncian demoras en la tramitación de causas y la falta de criterios claros en los fallos.   Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados, alertó sobre "una creciente desazón entre los profesionales del derecho debido a la ineficiencia del sistema". Esta falta de credibilidad es lo que ha permitido que casos como Curauma se perpetúen sin sanciones ni revisiones adecuadas.   Además, el estudio destaca que el sistema judicial chileno sigue atrapado en estructuras obsoletas que impiden su modernización y transparencia. José Pedro Silva, director del programa de Reforma a la Justicia de la UC, señaló que los jueces "no pueden cumplir con estándares de calidad porque están atrapados en una estructura que no ha sido modernizada desde el siglo XIX". Esto ha facilitado la consolidación de redes de influencia que, como en el caso Curauma, han utilizado el sistema judicial como un mecanismo para el despojo de activos y el beneficio de ciertos grupos económicos.   Las conclusiones del informe son contundentes: el sistema judicial chileno no solo enfrenta una crisis de capacidad, sino también de integridad, lo que ha generado un entorno propicio para la corrupción y la manipulación de la justicia. #casocurauma

CURAUMA - CASO EMBLEMÁTICO 20° INTENTO DE REMATE DE 535 HECTÁREAS DE FECHA 12 DE FEBRERO 2025 La quiebra de Curauma el año 2013 fue parte de un proceso de corrupción que, por las personas e instituciones públicas y privadas involucradas y por su duración de más de una década, es, sin duda, de una inmensa gravedad, mucho mayor que otros casos más recientes que han tenido un alto impacto en la opinión pública. El caso Curauma se ha tratado de silenciar por todos los medios posibles, lo cual es, de por sí, un escándalo significativo. Universidades - especialmente sus facultades de derecho y departamentos de las áreas matemática e informática - medios de comunicación, asociaciones gremiales, centros de estudios de políticas públicas y otras personas y entidades relacionadas al estudio de la corrupción, deberían analizar este caso y alzar la voz para asegurarse de que los culpables sean severamen te castigados. Se requiere valentía para esto, pero si no se hace, la lucha contra la corrupción será letra muerta. Saber que existe corrupción y no hacer nada al respecto implica complicidad, pero aprovecharse de ella supone derechamente un acto corrupto que merece el repudio social. Por ello, quienquiera que participe de esta absurda farsa de remate lo hará con conocimiento de los hechos que se han denunciado y deberá asumir las consecuencias de su participación. CURAUMA MANUEL CRUZAT INFANTE Inserción en El Mercurio. Economía y Negocios, B5. Domingo 9 de febrero de 2025.

A poco más de dos semanas del inicio del año judicial 2025, el silencio del Poder Judicial es una prueba más de su crisis de legitimidad. El pasado 29 de enero publicamos nueve propuestas clave para una reforma estructural urgente. No son ideas abstractas ni aspiraciones utópicas, sino soluciones concretas para problemas que todos conocen: corrupción, ineficiencia, tráfico de influencias, falta de transparencia y un sesgo sistemático en favor de los poderosos. Hasta el día de hoy, no hay respuesta. Ni la Corte Suprema, ni el Ministerio Público, ni el gobierno han mostrado la más mínima intención de abordar estos cambios. El silencio es su estrategia, pero también su confesión: no tienen nada que decir porque saben que el sistema está podrido y que cualquier intento de defensa sería insostenible. Pero el tiempo se acaba. Si el inicio del año judicial no trae consigo un compromiso claro con reformas estructurales, quedará demostrado que el Poder Judicial no solo ha fracasado en su rol, sino que ha decidido conscientemente proteger la corrupción y la impunidad. Las nueve reformas que el Poder Judicial no quiere escuchar 1. Crear un Consejo de la Magistratura independiente y autónomo. - Basta de jueces nombrados a dedo o por favores políticos. La selección debe ser por mérito, con concursos públicos y audiencias transparentes. - Se debe eliminar la injerencia de la Corte Suprema y del Poder Ejecutivo en la designación de jueces. - Es urgente garantizar representación regional para acabar con el centralismo de Santiago. 2. Descentralizar el Poder Judicial. - Los tribunales regionales deben tener autonomía administrativa y presupuestaria. - La Corte Suprema no puede seguir siendo un embudo que paraliza la justicia en el país. - Un plan piloto en tres regiones permitiría probar la descentralización de manera gradual. 3. Establecer un órgano de control interno independiente con facultades reales. - No se puede seguir confiando en la "autocorrección" del sistema judicial. Se necesita un ente externo que investigue y sancione jueces corruptos. - Auditorías anuales externas deben evaluar el desempeño y la ética de jueces y funcionarios. - Se debe garantizar un sistema seguro de denuncias anónimas, con seguimiento público. 4. Digitalizar por completo el sistema judicial. - Trámites físicos obsoletos facilitan la corrupción y entorpecen el acceso a la justicia. - Todos los procesos deben migrar a un sistema digital accesible y transparente. - Los jueces y funcionarios deben recibir capacitación en herramientas tecnológicas avanzadas. 5. Garantizar la transparencia radical del Poder Judicial. - Cada fallo judicial debe publicarse en tiempo real en una plataforma de acceso abierto. - Los jueces y funcionarios deben declarar sus intereses y patrimonio de manera pública. - Tribunales que presenten demoras injustificadas deben enfrentar sanciones concretas. 6. Auditar y modernizar la distribución de causas con tecnología avanzada. - Se debe prohibir la asignación manual de causas, fuente constante de corrupción. - Un sistema de inteligencia artificial debe asignar los casos de forma objetiva. - Todas las asignaciones deben registrarse con tecnología blockchain para evitar manipulación. - Auditorías externas periódicas deben garantizar el correcto funcionamiento del sistema. 7. Reformar el Ministerio Público. - La Fiscalía debe tener autonomía presupuestaria para evitar presiones políticas. - Es urgente crear unidades especializadas en delitos de corrupción con personal altamente capacitado. - Fiscales ineficientes deben ser evaluados y sancionados. 8. Reformular el sistema ético y disciplinario. - La Academia Judicial no puede seguir formando jueces bajo lógicas de compadrazgo y nepotismo. - Los jueces deben ser evaluados periódicamente en conocimientos y ética, con certificaciones renovables. - Se debe implementar un código de ética obligatorio con sanciones severas para quienes lo incumplan. 9. Incorporar participación ciudadana y supervisión externa. - Los casos de corrupción deben contar con jurados ciudadanos consultivos. - Se debe crear una Defensoría Ciudadana del Poder Judicial para fiscalizar su desempeño. - Es clave fomentar la supervisión internacional para evaluar el avance de las reformas. ¿Por qué el Poder Judicial se niega a hablar de estas reformas? Porque sabe que cada una de estas propuestas pone en riesgo sus privilegios. Porque entiende que un sistema judicial transparente e independiente acabaría con las redes de poder que han mantenido la impunidad en Chile por décadas. El silencio del Poder Judicial no es casualidad. Es una estrategia para desgastar la discusión, para hacer que la indignación pase y que todo siga igual. Pero no nos vamos a quedar callados. El 1 de marzo marcará el inicio del año judicial 2025. Si la Corte Suprema, el Ministerio Público y el gobierno no toman una posición clara sobre estas reformas, quedará en evidencia que la corrupción y la impunidad no son fallas del sistema, sino su esencia misma. #casocurauma

"Los querellados ejecutaron un negocio jurídico simulado para evadir controles y ocultar la toma de control." La reciente compra de Clínica Las Condes (CLC) por parte de Euroamerica S.A., controladora de Euroamerica Seguros de Vida , y cl ínica Indisa, ha sido denunciada en una querella como un  fraude estructurado  para eludir los controles regulatorios del mercado de valores y la Fiscalía Nacional Económica.  Según la querella presentada el 31 de enero de 2025 por el médico cirujano español José Antonio Valero Sánchez-Concha, la operación fue diseñada para evitar que el cambio de control de la clínica quedara expuesto al escrutinio del mercado, omitiendo el cumplimiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) y otras obligaciones legales.  El diseño legal es obra de un estudio jurídico que asesoró tanto a Euroamerica como a Indisa, articulando una estrategia para ocultar la toma de control de CLC y eludir los controles de la Comisión para el Mercado Financiero y la Fiscalía Nacional Económica.  Un traspaso irregular para eludir la OPA  El Grupo Auguri, propietario del 55,75 % de CLC, acordó originalmente vender su participación a Valero Sánchez-Concha. Esta transacción no requería Oferta Pública de Adquisición, ya que se acogía a la excepción establecida en el artículo 199, numeral 2, de la Ley 18.045 de Mercado de Valores, que permite la venta directa de un controlador a un tercero siempre que las acciones tengan presencia bursátil y el precio no sea sustancialmente superior al de mercado.  Sin embargo, la operación cambió repentinamente de manos y, el 10 de enero de 2025, Euroamerica e Indisa adquirieron la totalidad de las acciones controladoras de CLC. En un intento de evadir el requisito de realizar una Oferta Pública de Adquisición, ambas entidades estructuraron la compra como dos operaciones separadas: cada una adquirió exactamente el 27,87% de las acciones de la clínica, en la misma notaría y con las mismas condiciones. Además, Euroamerica ya poseía previamente 79.806 acciones de CLC, equivalentes al 0,79% de la propiedad. Con esta adquisición, su participación total en la clínica aumentó a aproximadamente el 28,66%. La querella sostiene que esta división fue una simulación deliberada, ya que ambas empresas actuaron de manera conjunta con un mismo objetivo: tomar el control de la clínica sin informar al mercado ni someterse al control de la Fiscalía Nacional Económica.  Los datos que respaldan esta coordinación incluyen:  - ambos compradores firmaron los contratos el mismo día, en la misma notaría.  - cada uno adquirió la misma cantidad de acciones, 2.809.447, pagando el mismo precio por acción. - ambos firmaron pagarés por el mismo monto, 17,5 millones de dólares, en la misma fecha y bajo las mismas condiciones. - usaron el mismo estudio jurídico para estructurar la compra, Claro & Cía.  - el vendedor en ambos casos fue el Grupo Auguri, que les transfirió el control de CLC de forma simultánea. Euroamerica ya era el controlador de CLC antes de la compra  Uno de los aspectos más graves de esta operación es que Euroamerica ya tenía un control financiero de facto sobre CLC antes de adquirir las acciones. Según la querella, Euroamerica poseía bonos de CLC por un capital de 95,1 millones de dólares, lo que la convertía en el mayor acreedor de la clínica y le otorgaba una influencia significativa en sus decisiones financieras.  La situación financiera de CLC era crítica:  - los bonos B y F de la clínica tenían un saldo impago de más de 3,8 millones de UF.  - el bono F tenía pagos programados de intereses en marzo y mayo de 2025 por 2.121 millones y 2.373 millones de pesos, respectivamente.  - la clasificadora Humphreys había bajado la calificación de riesgo de los bonos de CLC de BBB+ a BBB- en octubre de 2024, evidenciando la falta de solvencia de la empresa.  Dado que Euroamerica tenía en sus manos una parte importante de estos bonos, cualquier decisión sobre refinanciamiento o reestructuración de deuda dependía en gran medida de sus intereses. Al adquirir acciones de la clínica, consolidó su dominio sin que el mercado o los accionistas minoritarios pudieran reaccionar.  Elusión de la OPA y falta de transparencia La Ley 18.045 de Mercado de Valores, en su artículo 199, establece que toda adquisición de control en una sociedad anónima abierta debe realizarse mediante una Oferta Pública de Adquisición, permitiendo que otros accionistas tengan la oportunidad de vender en igualdad de condiciones.  La querella señala que Euroamerica e Indisa, al dividir la compra en dos partes menores al 30 por ciento, ocultaron que actuaban en conjunto y evadieron la Oferta Pública de Adquisición, eliminando cualquier posibilidad de competencia por las acciones de CLC. Esto impidió que otros inversionistas interesados pudieran pujar por la propiedad de la clínica, asegurando que el control quedara en manos de estos grupos de forma exclusiva y sin el escrutinio del mercado.  Además, al no informar adecuadamente al regulador sobre su verdadera intención de tomar el control de la clínica, Euroamerica e Indisa violaron el artículo 54 de la misma ley, que exige que cualquier entidad que busque adquirir el control de una sociedad anónima abierta debe informar previamente al público, a la Comisión para el Mercado Financiero y a las bolsas de valores.  Un patrón de fraude en Euroamerica  Es importante recordar que Euroamerica tiene un historial de fraudes financieros en Chile.  - Caso Curauma: Euroamerica, bajo el control de Nicholas Davis Lecaros y Henry Comber Sigall, y con la asesoría legal de Claro y Cía., desempeñó un papel central en la quiebra forzada e ilegal de Curauma S.A. Mediante maniobras irregulares, la empresa se apropió de garantías de forma fraudulenta, perjudicando a accionistas y acreedores legítimos, en un esquema que violó las normativas financieras y de protección a inversionistas. - Caso Enjoy: Euroamerica, accionista de Casino Enjoy, estuvo indirectamente involucrada en la colusión de la industria de los casinos en Chile. Su presidente, Henry Comber Sigall, quien simultáneamente presidía tanto Euroamerica como Enjoy, lideró la coordinación entre los principales operadores del sector para manipular licitaciones y eliminar la competencia en la renovación de licencias. Esta estrategia permitió presentar ofertas artificialmente bajas, beneficiando a los involucrados a costa del Estado y restringiendo la libre competencia. En ambos casos, Euroamerica ha demostrado una clara estrategia de aprovechar vacíos regulatorios y estructuras financieras opacas para obtener ventajas indebidas a costa de inversionistas, acreedores y consumidores.  Un fraude para ocultar la toma de control de CLC  Este caso revela un patrón de prácticas fraudulentas y concertadas para eludir la regulación. Euroamerica e Indisa simularon una compra separada de acciones para evitar la Oferta Pública de Adquisición, ocultaron su intención de tomar el control de CLC y evitaron la fiscalización de la Fiscalía Nacional Económica.  Al mismo tiempo, Euroamerica ya tenía control financiero sobre la clínica a través de la tenencia de bonos, lo que le otorgaba una influencia determinante en su administración. Con la compra encubierta de acciones, consolidó su dominio de manera opaca y sin respetar los mecanismos de transparencia del mercado.  El rol del estudio jurídico en el diseño de esta operación es clave, ya que permitió la estructuración legal de un negocio simulado que burla las regulaciones del mercado financiero chileno.  Las autoridades regulatorias, en particular la Fiscalía Nacional Económica y la Comisión para el Mercado Financiero, tienen ahora en sus manos la responsabilidad de investigar este caso, que no solo afecta a Clínica Las Condes, sino que sienta un peligroso precedente para el mercado financiero chileno. #casocurauma Leer columna de Iván Rojas: Euroamérica vuelve a jugar con fuego

Encuesta Signos Analytics  ( www.signosanalytics.cl ) - 27 de enero de 2025 -  VER ENCUESTA La reciente encuesta de Signos Analytics, aplicada entre el 22 y el 27 de enero de 2025, refleja un profundo deterioro en la percepción ciudadana sobre el sistema de justicia en Chile. Los datos evidencian altos niveles de desconfianza, una extendida percepción de corrupción en el Poder Judicial y crecientes preocupaciones sobre la transparencia en la designación de jueces. A continuación, se analizan algunos de los principales hallazgos del estudio: 1. Creciente desconfianza ciudadana en la justicia La lámina 6 revela que el 78,8% de los encuestados tiene menos confianza en la justicia en comparación con el año anterior. Esta cifra indica la existencia de una desconfianza social estructural. La legitimidad de cualquier sistema judicial depende de la confianza ciudadana ( heterotutela ). Factores como la percepción de corrupción, la falta de transparencia y las decisiones judiciales controvertidas profundizan esta desconfianza. En Chile, la confianza interpersonal, según datos del PNUD, fluctúa entre el 12% y el 15%, un nivel extremadamente bajo. Esto impone al Poder Judicial el desafío de diseñar e implementar medidas que fortalezcan la confianza ciudadana, incluyendo la necesidad de romper con el lenguaje cerrado y excluyente en la transparencia hacia la ciudadanía. 2. 86% de percepción ciudadana de corrupción en el Poder Judicial La lámina 7, en sintonía con el diagnóstico de desconfianza generalizada, expone como un hecho público y notorio que el sistema judicial nacional es percibido como corrupto. Entre los principales actos de corrupción mencionados en la encuesta destacan el pago a jueces y fiscales (65,8%), el tráfico de influencias (98,2%) y las presiones políticas (92,7%). Este último fenómeno parece casi natural, dado que la designación de los tribunales colegiados depende casi enteramente de la política. Como consecuencia, el sistema enfrenta una crisis encubierta de credibilidad interna, donde los jueces deben recurrir a redes de poder o influencias externas para avanzar en sus carreras y cumplir con sus mandatos profesionales. El problema radica en la falta de mecanismos de fiscalización efectivos (superintendencia disciplinaria y correctiva). La desconfianza ciudadana exige sanciones drásticas que el sistema, en su estado actual, no está en condiciones de aplicar. Esta es una barrera estructural, y un claro ejemplo de ello es la CAPJ. 3. La importancia del sorteo de causas en el Poder Judicial La lámina 9 subraya la relevancia del  principio de aleatoriedad  en la asignación de causas, un pilar fundamental para garantizar la igualdad ante la ley. El sorteo de causas en el sistema judicial es un mecanismo esencial para asegurar el ejercicio directo de un derecho constitucional. Es crucial distinguir entre igualdad ante la ley y equidad en materia legal. Mientras que la equidad se refiere a la imparcialidad en los procedimientos (debido proceso civil y penal), la igualdad es un derecho constitucional que implica identidad perfecta en el trato ante la ley. El sorteo de causas cumple dos funciones clave: Garantizar imparcialidad y objetividad , impidiendo que una persona o institución influya en la asignación de un caso a un juez específico. Prevenir de manera drástica y efectiva el tráfico de influencias y la corrupción , considerados como los principales factores de deterioro del sistema judicial. Según la lámina 8, el 98,2% de los ciudadanos considera el tráfico de influencias como una de las principales formas de corrupción en la justicia chilena. Esto sugiere que dicha práctica no es un fenómeno aislado, sino un componente estructural y permanente del sistema. 4. Sistemas de designación y presiones políticas y mediáticas La lámina 8 también lleva a cuestionar la afirmación tradicional de que "los jueces hablan por sus sentencias". En realidad, sus decisiones muchas veces reflejan intereses personales o políticos. Por este motivo, existen lobistas y operadores —que pueden ser grandes estudios jurídicos— con la capacidad de influir en la designación de jueces. Además, el Poder Judicial chileno mantiene radio y televisión financiadas con recursos públicos, no para comunicarse con los ciudadanos, sino para manejar imágenes ante “audiencias” específicas. Este es uno de los aspectos más complejos del sistema y debe ser abordado con urgencia. Los casos judiciales de alto perfil suelen estar sujetos a un manejo mediático que distorsiona la percepción de la justicia y responde más a estrategias de imagen que a una administración imparcial de los procesos. 5. La seguridad de los repositorios digitales Las láminas 9 y 10 destacan la importancia de la ciberseguridad y la protección de los repositorios digitales en el ámbito judicial. Un sistema de registros electrónicos debe ser seguro, continuo, íntegro y confiable, evitando la manipulación de documentos y garantizando su trazabilidad. Para ello, se requiere la implementación de: Sistemas de encriptación avanzada , firmas digitales y registros inalterables de acceso y operación ( logs ). Control de acceso y protección de datos sensibles , mediante autenticación multifactorial y permisos restringidos. Respaldo y disponibilidad permanente , ya que en este contexto la seguridad depende de la disponibilidad ininterrumpida. Reducción extrema de errores humanos , mediante la automatización y monitoreo continuo. Actualmente, estas condiciones no están garantizadas, lo que representa un riesgo tanto para la transparencia como para la seguridad de la información judicial. Las láminas 9 y 10 pueden servir para profundizar en este problema y proponer soluciones concretas. Los resultados de la encuesta de Signos Analytics evidencian una crisis profunda en la confianza ciudadana hacia el sistema judicial chileno. Factores como la corrupción, la injerencia política en la designación de jueces y la falta de transparencia han erosionado la legitimidad del sistema. #casocurauma

El Poder Judicial en Chile atraviesa una crisis de legitimidad que requiere una reforma estructural profunda y urgente. La corrupción, la falta de transparencia y las deficiencias en su funcionamiento han deteriorado la confianza ciudadana.  Estas son las reformas esenciales propuestas para abordar estas problemáticas mediante medidas claras y específicas: 1. Crear un Consejo de la Magistratura independiente y autónomo.  - Eliminar la injerencia de la Corte Suprema y del Poder Ejecutivo en la designación de jueces.  - Implementar concursos públicos basados en criterios objetivos, evaluaciones externas y audiencias públicas.  - Asegurar la representación regional en la composición del consejo.  2. Descentralizar el Poder Judicial.  - Otorgar autonomía administrativa y presupuestaria a los tribunales regionales para reducir la centralización en Santiago.  - Redistribuir competencias de la Corte Suprema para aliviar su carga y mejorar la eficiencia.  - Realizar un plan piloto en tres regiones con plazos definidos para su expansión.  3. Establecer un órgano de control interno independiente con facultades reales.  - Crear una entidad autónoma encargada de investigar y sancionar irregularidades en el Poder Judicial.  - Realizar auditorías anuales externas sobre desempeño y ética de jueces y funcionarios.  - Implementar un sistema seguro de denuncias anónimas con seguimiento público.  4. Digitalizar por completo el sistema judicial.  - Sustituir los trámites físicos por un sistema digital integrado accesible en todo el país.  - Capacitar a jueces y funcionarios en herramientas tecnológicas avanzadas.  - Establecer unidades de soporte técnico en todos los tribunales para garantizar su operatividad.    5. Garantizar la transparencia radical del Poder Judicial.  - Publicar fallos judiciales en tiempo real en una plataforma de acceso abierto.  - Exigir declaraciones de intereses de jueces y funcionarios disponibles al público.  - Establecer métricas de desempeño y sanciones para tribunales que presenten demoras injustificadas.    6. Auditar y modernizar la distribución de causas con tecnología avanzada.  - Prohibir la asignación manual de causas para prevenir manipulaciones.  - Implementar inteligencia artificial para distribuir casos de manera equitativa y objetiva.  - Registrar todas las asignaciones con tecnología blockchain para asegurar integridad, claridad en los procesos y facilidad de seguimiento. - Realizar auditorías externas periódicas para verificar el correcto funcionamiento del sistema.    7. Reformar el Ministerio Público.  - Garantizar autonomía presupuestaria para evitar presiones políticas.  - Crear unidades especializadas en delitos de corrupción, dotadas de personal altamente capacitado.  - Implementar un sistema de evaluación externa para medir el desempeño de los fiscales y sancionar ineficiencias.    8. Reformular el sistema ético y disciplinario.  - Reformar la Academia Judicial para garantizar independencia en la formación de jueces, eliminando vínculos indebidos entre profesores, abogados y estudiantes.  - Establecer un sistema de certificación renovable para jueces con evaluaciones periódicas de conocimientos y ética.  - Promulgar un código de ética judicial obligatorio con sanciones severas para quienes lo incumplan.    9. Incorporar participación ciudadana y supervisión externa.  - Crear jurados ciudadanos consultivos para casos de alta relevancia, como delitos de corrupción.  - Establecer una Defensoría Ciudadana del Poder Judicial para fiscalizar el desempeño del sistema.  - Fomentar alianzas con organismos internacionales para supervisar y evaluar el avance de las reformas.  La crisis del Poder Judicial chileno no admite demoras, y estas acciones representan un camino directo hacia la restauración de la confianza pública y el fortalecimiento de la justicia en el país. Si bien su implementación requiere una estrategia gradual, con pruebas piloto en medidas más complejas como la descentralización y el uso de tecnología en la asignación de causas, es crucial considerar la resistencia política e institucional, asegurar el financiamiento adecuado y coordinar la reforma con otros poderes del Estado para garantizar su efectividad y sostenibilidad en el tiempo. #casocurauma

Santiago, enero de 2025 - El Poder Judicial chileno enfrenta una grave crisis de credibilidad, intensificada desde febrero de 2024 con el "caso Lexus", relacionado con la fallida adquisición de 22 vehículos de lujo marca Lexus destinados a los ministros de la Corte Suprema.   Este escándalo destapó cuestionamientos éticos hacia Ricardo Guzmán Sanza, director suspendido de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), y su subdirector, Zvonimir Koporcic. Ambos han estado suspendidos de sus funciones directivas durante cuatro meses y desvinculados de funciones activas por ocho meses más, todo mientras reciben sus salarios íntegros, lo que ha generado indignación pública. La controversia escaló al conocerse que la Corte Suprema había aprobado inicialmente la compra de los vehículos, decisión revertida tras las críticas. En respuesta, la Corte Suprema rechazó la renuncia de Guzmán Sanza y ordenó un sumario administrativo para investigar las irregularidades en la adquisición. Además, hay evidencias de que el algoritmo de distribución de causas, bajo la gestión de la CAPJ, ha sido manipulado para dirigir casos hacia tribunales específicos que aseguren resultados favorables, en una práctica conocida como "forum cheating". Casos emblemáticos, como la quiebra de Curauma S.A. ( Caso Curauma ) y la insolvencia transfronteriza de LATAM, fueron asignados al 2º Juzgado Civil de Santiago, compartiendo el mismo tribunal, la misma jueza y el mismo estudio de abogados. A estas denuncias se suman las acusaciones de falsificación de títulos de postgrado por parte de Guzmán Sanza. En 2016, fue cuestionado por inexactitudes sobre su formación profesional, tras afirmar tener un doctorado de una universidad belga, convalidado por la Universidad de Chile. Sin embargo, se comprobó que la Université Libre des Sciences de l’Entreprise et des Technologies de Bruxelles (Ulsetb), donde supuestamente cursó el doctorado, nunca estuvo acreditada en Bélgica. La Universidad de Chile anuló la convalidación tras descubrir la falsificación. El caso Lexus y las acusaciones conexas evidencian problemas estructurales profundos en el Poder Judicial chileno, revelando la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión de recursos públicos. Esta situación no solo pone en entredicho la integridad de sus principales administradores, sino que también expone un sistema vulnerable a la corrupción y manipulación, afectando la confianza pública en una de las instituciones fundamentales para la democracia. #casocurauma

La corrupción en el Poder Judicial chileno constituye un fenómeno estructural y profundamente enraizado, que opera como un mecanismo calculado para beneficiar a grupos económicos, políticos y corporativos, mientras simula ser un sistema imparcial y funcional. No se trata de errores excepcionales ni de fallas aisladas, sino de un entramado deliberado que sostiene y perpetúa una estructura de poder profundamente desigual. Uno de los componentes más alarmantes de esta maquinaria es la manipulación sistemática en la distribución de causas judiciales, el cual representa el núcleo de las irregularidades. En lugar de ser un proceso objetivo y transparente, ciertos jueces, fiscales y juzgados son seleccionados repetidamente en casos de alta sensibilidad, configurando un patrón que desafía toda lógica estadística. Estas prácticas responden a intereses específicos, donde las decisiones judiciales no se fundamentan en pruebas ni en la aplicación imparcial de la ley, sino en redes de influencia subterráneas que aseguran resultados predecibles y favorables para actores poderosos. Las técnicas utilizadas para esta manipulación incluyen la reclasificación arbitraria de causas, reasignaciones fundamentadas en argumentos administrativos cuestionables y ajustes operativos que garantizan el control sobre los fallos. Este fenómeno se ve amplificado por una preocupante falta de supervisión efectiva y una opacidad institucional generalizada. Los mecanismos de control interno son insuficientes, las auditorías independientes prácticamente inexistentes, y cualquier intento de escrutinio queda neutralizado por un círculo de protección mutua entre los involucrados. La corrupción no solo es tolerada; es legitimada como parte del funcionamiento rutinario del sistema judicial. El proceso de designación de jueces y fiscales refuerza esta disfuncionalidad. Estas nominaciones, en su mayoría influidas por intereses políticos y personales, priorizan lealtades por sobre la independencia y el mérito. La Academia Judicial, diseñada para formar a futuros jueces, se ha transformado en un espacio donde grandes estudios jurídicos y abogados de prestigio establecen vínculos profesionales y personales con los nuevos actores judiciales. Estas relaciones, aunque sutiles, generan predisposiciones que comprometen la imparcialidad y consolidan una cultura judicial dependiente de estos grupos de poder. Otro aspecto central es el manejo intencional de los tiempos judiciales. Las causas sensibles son prolongadas indefinidamente hasta que las condiciones mediáticas o políticas resultan propicias para los intereses de los acusados, mientras que otras son resueltas con celeridad para minimizar el impacto de los fallos. Estas maniobras evidencian un uso estratégico del aparato judicial que refuerza las dinámicas de desigualdad y asimetría en la administración de justicia. El resultado de este sistema es contundente: los delitos económicos y de corrupción reciben sanciones simbólicas, con multas irrisorias que no representan una verdadera disuasión ni reflejan la magnitud del daño causado, mientras que las penas de cárcel son, en la práctica, inexistentes. Por el contrario, los ciudadanos comunes enfrentan un sistema rígido y severo, reforzando la percepción de un doble estándar en la justicia chilena. Lo más inquietante es que estas prácticas no son anomalías del sistema, sino características inherentes a su diseño. La corrupción, la manipulación de causas y la repetición de jueces y abogados funcionales a ciertos intereses son elementos estructurales de un sistema orientado a proteger y fortalecer a los sectores más privilegiados. Esto no solo compromete la credibilidad del Poder Judicial, sino que pone en riesgo la confianza de toda una sociedad en la posibilidad misma de justicia. #casocurauma

En un país donde las instituciones deberían ser un pilar de estabilidad, el poder judicial chileno se encuentra atrapado en una maraña de prácticas cuestionables que amenazan con socavar su legitimidad. Uno de los ejemplos más claros de esta decadencia institucional es la manipulación en la distribución de causas judiciales, también conocida como  forum cheating . Esta práctica, una de las más perversas formas de abuso del sistema, revela no solo una falta de ética en quienes deberían impartir justicia, sino también una preocupante impunidad en quienes se benefician de estas trampas. El  forum cheating  consiste en maniobras deliberadas para elegir un tribunal específico que favorezca los intereses de una de las partes involucradas en un litigio. Esto se realiza a través de técnicas como la fragmentación artificial de causas, la presentación de demandas en jurisdicciones que no corresponden o, más alarmante aún, la manipulación de sistemas electrónicos que asignan las causas. Estas prácticas, que podrían parecer una mera “técnica” de litigación, en realidad revelan un profundo desprecio por los principios de justicia e igualdad ante la ley. La sombra de la corrupción judicial El problema no radica solo en los operadores que ejecutan estas acciones, sino en la complicidad de un sistema que ha permitido su proliferación. Jueces que se prestan para dictar fallos convenientes, abogados que dominan los vacíos legales como un arte, y supervisores que miran hacia otro lado conforman un ecosistema donde la corrupción se normaliza. En este contexto, la distribución aleatoria de causas —un mecanismo clave para garantizar imparcialidad— se convierte en un terreno de manipulación, destruyendo cualquier atisbo de confianza pública. Casos recientes en Chile han dejado al descubierto cómo abogados, conglomerados económicos y personajes públicos han usado el  forum cheating  para eludir responsabilidades o ganar ventajas en procesos legales complejos. La selección de jueces específicos, que ya tienen antecedentes de dictar resoluciones favorables a ciertos intereses, es una estrategia que refuerza la sensación de que las leyes no son iguales para todos. Los daños estructurales El impacto de estas prácticas no es menor. Cada caso manipulado refuerza la percepción de que la justicia es un producto que puede ser comprado, erosionando así la confianza ciudadana en el poder judicial. Esto también afecta el equilibrio democrático del país, pues una justicia que no actúa con independencia y equidad socava la capacidad de las instituciones de cumplir con su rol de contrapeso. El  forum cheating  también plantea una preocupación económica. Las empresas que recurren a estas prácticas generan desigualdades en el mercado, donde los actores menos poderosos —sin acceso a estas artimañas— se ven desplazados. Además, la falta de transparencia y la corrupción judicial alejan las inversiones extranjeras, que dependen de sistemas legales estables para operar. Un llamado a la acción La lucha contra el  forum cheating  requiere reformas estructurales que vayan más allá de soluciones cosméticas. Es necesario implementar sistemas de fiscalización robustos, con auditorías permanentes sobre la distribución de causas y la conducta de jueces y abogados. Asimismo, se debe reforzar la independencia judicial, protegiendo a los magistrados de presiones políticas y económicas. En paralelo, la sociedad civil también juega un rol crucial. La denuncia de estas prácticas y el escrutinio público son herramientas poderosas para combatir la impunidad. En un país donde la desconfianza institucional alcanza niveles alarmantes, no basta con indignarse: es imperativo actuar. #casocurauma