El silencio del Poder Judicial
- MV
- 8 feb
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A poco más de dos semanas del inicio del año judicial 2025, el silencio del Poder Judicial es una prueba más de su crisis de legitimidad.
El pasado 29 de enero publicamos nueve propuestas clave para una reforma estructural urgente. No son ideas abstractas ni aspiraciones utópicas, sino soluciones concretas para problemas que todos conocen: corrupción, ineficiencia, tráfico de influencias, falta de transparencia y un sesgo sistemático en favor de los poderosos.
Hasta el día de hoy, no hay respuesta. Ni la Corte Suprema, ni el Ministerio Público, ni el gobierno han mostrado la más mínima intención de abordar estos cambios. El silencio es su estrategia, pero también su confesión: no tienen nada que decir porque saben que el sistema está podrido y que cualquier intento de defensa sería insostenible.
Pero el tiempo se acaba. Si el inicio del año judicial no trae consigo un compromiso claro con reformas estructurales, quedará demostrado que el Poder Judicial no solo ha fracasado en su rol, sino que ha decidido conscientemente proteger la corrupción y la impunidad.
Las nueve reformas que el Poder Judicial no quiere escuchar
1. Crear un Consejo de la Magistratura independiente y autónomo.
- Basta de jueces nombrados a dedo o por favores políticos. La selección debe ser por mérito, con concursos públicos y audiencias transparentes.
- Se debe eliminar la injerencia de la Corte Suprema y del Poder Ejecutivo en la designación de jueces.
- Es urgente garantizar representación regional para acabar con el centralismo de Santiago.
2. Descentralizar el Poder Judicial.
- Los tribunales regionales deben tener autonomía administrativa y presupuestaria.
- La Corte Suprema no puede seguir siendo un embudo que paraliza la justicia en el país.
- Un plan piloto en tres regiones permitiría probar la descentralización de manera gradual.
3. Establecer un órgano de control interno independiente con facultades reales.
- No se puede seguir confiando en la "autocorrección" del sistema judicial. Se necesita un ente externo que investigue y sancione jueces corruptos.
- Auditorías anuales externas deben evaluar el desempeño y la ética de jueces y funcionarios.
- Se debe garantizar un sistema seguro de denuncias anónimas, con seguimiento público.
4. Digitalizar por completo el sistema judicial.
- Trámites físicos obsoletos facilitan la corrupción y entorpecen el acceso a la justicia.
- Todos los procesos deben migrar a un sistema digital accesible y transparente.
- Los jueces y funcionarios deben recibir capacitación en herramientas tecnológicas avanzadas.
5. Garantizar la transparencia radical del Poder Judicial.
- Cada fallo judicial debe publicarse en tiempo real en una plataforma de acceso abierto.
- Los jueces y funcionarios deben declarar sus intereses y patrimonio de manera pública.
- Tribunales que presenten demoras injustificadas deben enfrentar sanciones concretas.
6. Auditar y modernizar la distribución de causas con tecnología avanzada.
- Se debe prohibir la asignación manual de causas, fuente constante de corrupción.
- Un sistema de inteligencia artificial debe asignar los casos de forma objetiva.
- Todas las asignaciones deben registrarse con tecnología blockchain para evitar manipulación.
- Auditorías externas periódicas deben garantizar el correcto funcionamiento del sistema.
7. Reformar el Ministerio Público.
- La Fiscalía debe tener autonomía presupuestaria para evitar presiones políticas.
- Es urgente crear unidades especializadas en delitos de corrupción con personal altamente capacitado.
- Fiscales ineficientes deben ser evaluados y sancionados.
8. Reformular el sistema ético y disciplinario.
- La Academia Judicial no puede seguir formando jueces bajo lógicas de compadrazgo y nepotismo.
- Los jueces deben ser evaluados periódicamente en conocimientos y ética, con certificaciones renovables.
- Se debe implementar un código de ética obligatorio con sanciones severas para quienes lo incumplan.
9. Incorporar participación ciudadana y supervisión externa.
- Los casos de corrupción deben contar con jurados ciudadanos consultivos.
- Se debe crear una Defensoría Ciudadana del Poder Judicial para fiscalizar su desempeño.
- Es clave fomentar la supervisión internacional para evaluar el avance de las reformas.
¿Por qué el Poder Judicial se niega a hablar de estas reformas?
Porque sabe que cada una de estas propuestas pone en riesgo sus privilegios. Porque entiende que un sistema judicial transparente e independiente acabaría con las redes de poder que han mantenido la impunidad en Chile por décadas.
El silencio del Poder Judicial no es casualidad. Es una estrategia para desgastar la discusión, para hacer que la indignación pase y que todo siga igual. Pero no nos vamos a quedar callados.
El 1 de marzo marcará el inicio del año judicial 2025. Si la Corte Suprema, el Ministerio Público y el gobierno no toman una posición clara sobre estas reformas, quedará en evidencia que la corrupción y la impunidad no son fallas del sistema, sino su esencia misma.