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Silencio...

  • MV
  • 12 feb
  • 2 Min. de lectura

La corrupción en Chile ya no necesita ocultarse. Se despliega a plena vista, sostenida por la indiferencia institucional y el silencio de quienes deberían denunciarla. No es solo un problema de prácticas irregulares; es un entramado consolidado, donde organismos que deberían garantizar la legalidad terminan funcionando como piezas de un sistema que favorece a unos pocos. El caso Curauma es un ejemplo revelador: una apropiación de activos millonarios que avanzó sin obstáculos gracias a la inacción de tribunales, reguladores y autoridades.


El proceso de quiebra de Curauma S.A. expone una serie de anomalías difíciles de justificar. La solicitud se basó en una deuda de 80 millones de pesos, insignificante frente a activos tasados en más de 500 millones de dólares. Se presentó en Santiago, a pesar de que la empresa tenía domicilio en Valparaíso, alterando así el procedimiento judicial. La Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia de Insolvencia no intervinieron de manera efectiva. Las notarías y los conservadores de bienes raíces, en lugar de garantizar transparencia, facilitaron la operación. La Tesorería General de la República mostró una flexibilidad inusual en ciertos cobros, mientras que la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no han actuado con la rapidez y firmeza que el caso ameritaba.


Sin embargo, el verdadero problema no es solo la actuación de estas entidades, sino el silencio. El silencio de los medios de comunicación, que apenas mencionan estos hechos sin profundizar en ellos. El silencio de la política, donde pocos se atreven a plantear estos temas con la seriedad necesaria. Y el silencio de la sociedad, de los amigos y vecinos, familiares, de aquellos que han normalizado estas irregularidades por conveniencia o por desinterés, resignados a la idea de que la justicia es un privilegio reservado para quienes tienen influencia.


Curauma no es un hecho aislado; es un reflejo de una realidad donde el marco normativo puede ser utilizado en beneficio de quienes saben cómo manejarlo. No es necesario ocultar documentos ni actuar en las sombras cuando las instituciones que deberían fiscalizar prefieren mirar hacia otro lado. Mientras la sociedad continúe aceptando esta realidad sin exigir respuestas, la integridad del sistema seguirá debilitándose, permitiendo que estas prácticas se repitan con mayor frecuencia y menor cuestionamiento.


 
 
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