Desfonde del Poder Judicial
- MV
- 30 ene
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Encuesta Signos Analytics (www.signosanalytics.cl) - 27 de enero de 2025
La reciente encuesta de Signos Analytics, aplicada entre el 22 y el 27 de enero de 2025, refleja un profundo deterioro en la percepción ciudadana sobre el sistema de justicia en Chile. Los datos evidencian altos niveles de desconfianza, una extendida percepción de corrupción en el Poder Judicial y crecientes preocupaciones sobre la transparencia en la designación de jueces.
A continuación, se analizan algunos de los principales hallazgos del estudio:
1. Creciente desconfianza ciudadana en la justicia
La lámina 6 revela que el 78,8% de los encuestados tiene menos confianza en la justicia en comparación con el año anterior. Esta cifra indica la existencia de una desconfianza social estructural. La legitimidad de cualquier sistema judicial depende de la confianza ciudadana (heterotutela).
Factores como la percepción de corrupción, la falta de transparencia y las decisiones judiciales controvertidas profundizan esta desconfianza. En Chile, la confianza interpersonal, según datos del PNUD, fluctúa entre el 12% y el 15%, un nivel extremadamente bajo. Esto impone al Poder Judicial el desafío de diseñar e implementar medidas que fortalezcan la confianza ciudadana, incluyendo la necesidad de romper con el lenguaje cerrado y excluyente en la transparencia hacia la ciudadanía.
2. 86% de percepción ciudadana de corrupción en el Poder Judicial
La lámina 7, en sintonía con el diagnóstico de desconfianza generalizada, expone como un hecho público y notorio que el sistema judicial nacional es percibido como corrupto. Entre los principales actos de corrupción mencionados en la encuesta destacan el pago a jueces y fiscales (65,8%), el tráfico de influencias (98,2%) y las presiones políticas (92,7%).
Este último fenómeno parece casi natural, dado que la designación de los tribunales colegiados depende casi enteramente de la política. Como consecuencia, el sistema enfrenta una crisis encubierta de credibilidad interna, donde los jueces deben recurrir a redes de poder o influencias externas para avanzar en sus carreras y cumplir con sus mandatos profesionales.
El problema radica en la falta de mecanismos de fiscalización efectivos (superintendencia disciplinaria y correctiva). La desconfianza ciudadana exige sanciones drásticas que el sistema, en su estado actual, no está en condiciones de aplicar. Esta es una barrera estructural, y un claro ejemplo de ello es la CAPJ.
3. La importancia del sorteo de causas en el Poder Judicial
La lámina 9 subraya la relevancia del principio de aleatoriedad en la asignación de causas, un pilar fundamental para garantizar la igualdad ante la ley. El sorteo de causas en el sistema judicial es un mecanismo esencial para asegurar el ejercicio directo de un derecho constitucional.
Es crucial distinguir entre igualdad ante la ley y equidad en materia legal. Mientras que la equidad se refiere a la imparcialidad en los procedimientos (debido proceso civil y penal), la igualdad es un derecho constitucional que implica identidad perfecta en el trato ante la ley.
El sorteo de causas cumple dos funciones clave:
Garantizar imparcialidad y objetividad, impidiendo que una persona o institución influya en la asignación de un caso a un juez específico.
Prevenir de manera drástica y efectiva el tráfico de influencias y la corrupción, considerados como los principales factores de deterioro del sistema judicial.
Según la lámina 8, el 98,2% de los ciudadanos considera el tráfico de influencias como una de las principales formas de corrupción en la justicia chilena. Esto sugiere que dicha práctica no es un fenómeno aislado, sino un componente estructural y permanente del sistema.
4. Sistemas de designación y presiones políticas y mediáticas
La lámina 8 también lleva a cuestionar la afirmación tradicional de que "los jueces hablan por sus sentencias". En realidad, sus decisiones muchas veces reflejan intereses personales o políticos.
Por este motivo, existen lobistas y operadores —que pueden ser grandes estudios jurídicos— con la capacidad de influir en la designación de jueces. Además, el Poder Judicial chileno mantiene radio y televisión financiadas con recursos públicos, no para comunicarse con los ciudadanos, sino para manejar imágenes ante “audiencias” específicas.
Este es uno de los aspectos más complejos del sistema y debe ser abordado con urgencia. Los casos judiciales de alto perfil suelen estar sujetos a un manejo mediático que distorsiona la percepción de la justicia y responde más a estrategias de imagen que a una administración imparcial de los procesos.
5. La seguridad de los repositorios digitales
Las láminas 9 y 10 destacan la importancia de la ciberseguridad y la protección de los repositorios digitales en el ámbito judicial. Un sistema de registros electrónicos debe ser seguro, continuo, íntegro y confiable, evitando la manipulación de documentos y garantizando su trazabilidad.
Para ello, se requiere la implementación de:
Sistemas de encriptación avanzada, firmas digitales y registros inalterables de acceso y operación (logs).
Control de acceso y protección de datos sensibles, mediante autenticación multifactorial y permisos restringidos.
Respaldo y disponibilidad permanente, ya que en este contexto la seguridad depende de la disponibilidad ininterrumpida.
Reducción extrema de errores humanos, mediante la automatización y monitoreo continuo.
Actualmente, estas condiciones no están garantizadas, lo que representa un riesgo tanto para la transparencia como para la seguridad de la información judicial. Las láminas 9 y 10 pueden servir para profundizar en este problema y proponer soluciones concretas.
Los resultados de la encuesta de Signos Analytics evidencian una crisis profunda en la confianza ciudadana hacia el sistema judicial chileno. Factores como la corrupción, la injerencia política en la designación de jueces y la falta de transparencia han erosionado la legitimidad del sistema.
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