Y parece que Cruzat tiene la razón...
- MV
- 9 feb
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El informe publicado por El Mercurio el 10 de febrero de 2025 (página C5), basado en un estudio del Centro de Investigación de Derecho y Sociedad de la Universidad Católica y encargado por la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, confirma lo que hemos denunciado respecto a la corrupción y falta de transparencia en el sistema judicial, como lo evidencia el caso Curauma.
Según este informe, el 30% de los jueces no considera confiables los tribunales en los que trabajan, y más del 50% de ellos enfrenta una carga de más de 500 causas al año, lo que afecta gravemente la calidad de las sentencias.
En el caso de los juzgados penales, el 67,5% de los magistrados reconoce que prioriza la rapidez en los fallos por sobre la fundamentación jurídica. En los tribunales de Familia, Civil y de competencia común, este porcentaje se acerca al 80%. Esta falta de análisis profundo de las causas ha generado lo que el informe denomina "errores manifiestos", debilitando la confianza pública en la justicia.
Este diagnóstico confirma lo ocurrido en la quiebra de Curauma S.A., donde el Segundo Juzgado Civil de Santiago tramitó una causa (2013) que correspondía a Valparaíso, basándose en una supuesta deuda de 80 millones de pesos sin respaldo tributario ni contable. La falta de rigurosidad en la evaluación judicial permitió que se decretara la quiebra de una empresa con activos superiores a los 500 millones de dólares, favoreciendo a grupos económicos como Euroamerica Seguros de Vida y a Henry Comber.
El informe también advierte sobre la creciente desconfianza en la justicia por parte de los abogados, quienes denuncian demoras en la tramitación de causas y la falta de criterios claros en los fallos.
Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados, alertó sobre "una creciente desazón entre los profesionales del derecho debido a la ineficiencia del sistema". Esta falta de credibilidad es lo que ha permitido que casos como Curauma se perpetúen sin sanciones ni revisiones adecuadas.
Además, el estudio destaca que el sistema judicial chileno sigue atrapado en estructuras obsoletas que impiden su modernización y transparencia. José Pedro Silva, director del programa de Reforma a la Justicia de la UC, señaló que los jueces "no pueden cumplir con estándares de calidad porque están atrapados en una estructura que no ha sido modernizada desde el siglo XIX". Esto ha facilitado la consolidación de redes de influencia que, como en el caso Curauma, han utilizado el sistema judicial como un mecanismo para el despojo de activos y el beneficio de ciertos grupos económicos.
Las conclusiones del informe son contundentes: el sistema judicial chileno no solo enfrenta una crisis de capacidad, sino también de integridad, lo que ha generado un entorno propicio para la corrupción y la manipulación de la justicia.