TGR: Curauma Confidential

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La Tesorería General de la República, TGR, debe explicar Curauma. No en abstracto. No con lenguaje burocrático. No con la comodidad de quien se presenta como un acreedor más.

Debe explicarlo con nombres, fechas, montos, instrucciones internas y rendición de cuentas. Porque en Curauma la TGR no fue una oficina lateral: fue el acreedor público dominante. Y cuando el acreedor dominante se ausenta en el momento decisivo, o guarda silencio mientras el proceso favorece siempre el mismo desenlace, la omisión deja de parecer omisión.

La primera fecha es el 27 de diciembre de 2012. Curauma obtuvo un convenio de pago de impuestos con la Tesorería General de la República. La TGR, por tanto, no llegó tarde al caso. Estaba dentro. Conocía la deuda. Conocía la situación tributaria. Conocía la fragilidad financiera y también el inmenso patrimonio en tierras. Y, sobre todo, sabía que no estaba defendiendo un interés privado, sino el interés fiscal.

La segunda fecha es abril de 2013. Curauma presentó un Convenio Judicial Preventivo que contemplaba venta ordenada de activos y un aumento de capital de USD 50 millones. Ese convenio podía preservar valor, ordenar pagos y evitar una liquidación destructiva. Para la TGR, la pregunta técnica era obvia: qué recupera el Fisco con convenio y qué pierde el Fisco con quiebra.

Esa comparación debió quedar por escrito. Si existe, debe publicarse. Si no existe, la negligencia es escandalosa.

La tercera fecha es el 7 de noviembre de 2013. Ese día debía votarse el convenio. El representante de Tesorería, Víctor Vidal Gana, no ingresó a la audiencia decisiva, pese a estar presente en la sala contigua. No quizo entrar. Su ausencia impidió alcanzar el quórum legal y el convenio cayó. No cayó solo. Cayó con ayuda de una ausencia. Y esa ausencia abrió el camino a la quiebra. ¿Era ese parte del plan?

Desde ese momento, la secuencia se vuelve demasiado funcional para ser tratada como una colección de accidentes.

El 6 de agosto de 2013, con asesoría de abogados de Claro y Cía., Cristóbal Eyzaguirre Baeza y José Miguel Huerta Molina, Euroamerica Seguros de Vida S.A. vendió unilateralmente terrenos de Curauma a su sociedad vinculada Administraciones y Proyectos Euroamerica S.A.

El 27 de septiembre de 2013, Julio Bustamante Jeraldo solicitó la quiebra de Curauma en Santiago por una presunta deuda de 85 millones de pesos.

El 18 de diciembre de 2013, el 2° Juzgado Civil de Santiago declaró la quiebra, pese a que el domicilio social apuntaba a Valparaíso y pese a las dudas sobre la distribución de la causa. César Millán Nicolet asumió como síndico.

Ahí aparece la pregunta que Chile evita formular: ¿la TGR defendió al Fisco o ayudó, por acción u omisión, a que el proceso siguiera el curso que convenía a otros?

No es necesario afirmar un pacto escrito para ver la convergencia. Basta mirar el resultado. Euroamerica quedó con activos estratégicos. Claro y Cía. diseñó y defendió operaciones decisivas. La CMF/SVS no detuvo ni transparentó oportunamente el problema en su verdadera magnitud. La TGR, acreedor fiscal dominante, no empujó con fuerza visible la alternativa que podía preservar valor. Y el procedimiento concursal terminó reduciendo una ciudad posible a una caja mínima de liquidación.

Y los números son indecentes.

La TGR aparece con crédito por más de $41.496 millones, equivalente al 71,10% del pasivo. Con ese peso podía bloquear, aprobar, exigir, condicionar y ordenar. Pero al 31 de julio de 2025, la quiebra informaba ingresos acumulados por apenas 195.712,34 UF. De esa cifra, el grueso provenía de la conciliación con Euroamerica: 139.092,86 UF, más una última cuota de 51.469,91 UF recibida en 2025. Las ventas de inmuebles sumaban apenas 5.054,54 UF y las ventas de vehículos 95,03 UF.

Es decir, la quiebra prácticamente no liquidó valor. Lo administró hacia una salida ya escrita.

La 52ª Junta Ordinaria de Acreedores, celebrada el 29 de mayo de 2025, muestra el cuadro completo. Fue convocada y presidida por Cristián Huerta Bustamante, representante de la TGR, acreedor mayoritario con cerca del 71% del pasivo. No asistieron ni Curauma ni la Superintendencia de Insolvencia. Sí asistió el síndico César Millán Nicolet con sus abogados. En esa misma arquitectura, el proceso seguía avanzando sin una respuesta pública simple: cuánto cobró efectivamente el Fisco, cuándo lo cobró, por qué concepto, en qué reparto, con qué saldo pendiente y bajo qué aprobación de Tesorería.

La Superir terminó observando formalmente a César Millán Nicolet en oficio de 19 de noviembre de 2025 por materias que van al corazón de la quiebra: honorarios, contabilidad, reparto de fondos, créditos fiscales, reservas e impugnaciones.

Según esos antecedentes, al 9 de octubre de 2019 existía un saldo preferente del Fisco que debía abonarse en el cuarto reparto, pero se habría pagado a créditos valistas, contrariando la prelación legal. Los montos citados son $3.322.488.111 y $2.473.421.387. Además, aparece un crédito valista de Tesorería por $640.336.008 y reservas por $791.827.207.

Entonces la pregunta ya no es sólo qué hizo Millán. La pregunta es qué toleró Tesorería.

Cristián Huerta Bustamante no era un funcionario improvisado. Era el jefe de la Sección Insolvencia de la TGR, con trayectoria desde 1996: procurador, abogado, jefe de cobranzas especiales y quiebras, jefe de quiebras e incobrabilidad y luego jefe de insolvencia. Si alguien debía entender una quiebra de esta magnitud, era él. Si alguien debía exigir rendición detallada, era él. Si alguien debía proteger la prelación fiscal, era él. Si alguien debía impedir que el Fisco apareciera como acreedor dominante pero recuperador débil, era él.

¿Fue Cristián Huerta Bustamante quien ordenó a Víctor Vidal Gana que no ingresara a la audiencia del Convenio Judicial Preventivo?

La TGR tiene una explicación pendiente con el país. Debe explicar la conducta de Víctor Vidal Gana el 7 de noviembre de 2013. Debe exhibir las instrucciones internas que recibió. Debe mostrar los informes que evaluaron el Convenio Judicial Preventivo de abril de 2013. Debe publicar la comparación entre recuperación fiscal bajo convenio y recuperación fiscal bajo quiebra. Debe detallar el crédito verificado, el crédito impugnado, los repartos recibidos, los saldos pendientes y las razones por las cuales una acreencia superior a $41 mil millones terminó asociada a una liquidación de rendimiento tan bajo.

Porque Curauma no parece una quiebra que salió mal. Parece una quiebra que funcionó demasiado bien para algunos y demasiado mal para el Fisco.

Ese es el punto. La TGR no necesita haber firmado un plan para quedar comprometida. En ciertos casos, basta no actuar. Basta no entrar a una audiencia. Basta no exigir tasaciones. Basta no transparentar repartos. Basta no defender el valor. Basta permitir que todos los caminos administrativos, judiciales, regulatorios y financieros conduzcan al mismo resultado: sacar Curauma de su dueño original, achicar el activo, cerrar la discusión y llamar legalidad a lo que fue, en los hechos, una transferencia de valor.

La pregunta final es simple y devastadora: