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CMF 2026: derecho al olvido

  • hace 12 minutos
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La Comisión para el Mercado Financiero, CMF, acaba de recordar una regla elemental: en materia de crédito, las cosas son lo que son, no lo que el contrato dice que son.


El 10 de julio de 2026 la CMF sancionó a Liquitech SpA con 500 UF después de revisar 1.959 operaciones y concluir que ciertos cobros presentados como "comisiones" formaban parte, en realidad, del costo del crédito. El exceso sobre la Tasa Máxima Convencional (TMC) llegó a ser, en algunos casos, de apenas dos puntos base. La CMF abrió el contrato, reconstruyó los cobros y buscó la sustancia detrás del nombre.


Es un buen estándar. Precisamente por eso obliga a volver sobre Curauma.


Las magnitudes no son comparables. Liquitech involucró créditos inferiores a 200 UF y un monto finalmente determinado por la CMF de 108,9 millones de pesos cobrado por sobre la TMC. Curauma, en cambio, involucraba una operación de financiamiento iniciada en 2004 por 715.000 UF y respaldada por más de 4.000 hectáreas urbanas en Alto Valparaíso. De ese capital, 675.000 UF fueron destinadas a cancelar obligaciones con Banco Santander y 40.000 UF a capital de trabajo. La estructura se dividió formalmente en un leasing por 400.000 UF y una venta con pactos de recompra por 315.000 UF.


El problema estaba en el costo. Según la reconstrucción económica de Curauma, ambos financiamientos partían con una rentabilidad implícita de UF + 9% anual. Pero en Las Cenizas, la incorporación de la cuota final de recompra llevaba el costo financiero calculado hasta UF + 20,5% anual.


Y los pagos ocurrieron:


Entre 2004 y 2012, Curauma pagó efectivamente a Euroamerica Seguros de Vida 1.040.775 UF sobre las 715.000 UF originalmente financiadas —325.775 UF adicionales, un 45,6% del capital inicial—. Calculado en términos compuestos, aquello representaba un retorno de UF + 7,36% anual durante ocho años. Y sin embargo, al 31 de agosto de 2013 todavía quedaban 907.081 UF por pagar para recuperar los terrenos.


De haberse completado ese pago, la operación habría supuesto desembolsos totales por 1.947.856 UF: 2,72 veces el capital original. Según el mismo cálculo, el retorno de la aseguradora habría alcanzado UF + 21,43% anual compuesto.


Los activos involucrados tampoco eran marginales. Tasaciones citadas por Curauma asignaban a esos terrenos 5.842.762 UF en junio de 2011, y 11.845.395 UF considerando el efecto del PREMVAL; en la contabilidad estaban registrados por 2.418.124 UF. Es decir, incluso la valorización contable conservadora era 2,7 veces la obligación asociada.


Nada de esto ocurrió fuera del radar del regulador. El 31 de agosto de 2012, la entonces SVS emitió el Oficio Nº 21.296 sobre la postergación del pago del leasing. El 7 de septiembre llegó el Nº 21.730, sobre la última cuota y el derecho de recompra. El 3 de octubre, el Nº 23.437 abordó las opciones de compra. El 2 de abril de 2013, el Nº 7.203 requirió información sobre el plan financiero. Y el 5 de agosto, el Nº 17.357 volvió sobre la prórroga de las opciones con Euroamerica Seguros de Vida.


Más decisivo todavía: en marzo de 2013, Curauma ya había planteado ante la SVS que el negocio debía ser examinado atendiendo a su fondo económico y no únicamente a su forma contractual. Es una observación notable vista desde 2026 —Curauma pedía entonces, en esencia, el mismo principio que la CMF acaba de aplicarle a Liquitech.


En agosto de 2013 la cuestión dejó definitivamente de ser una discusión contable. Curauma había concluido que, dados los pagos efectuados, los créditos excedían la Tasa Máxima Convencional y que, recalculados a la tasa corriente, se encontraban íntegramente pagados. El 8 de agosto, Curauma demandó a Euroamerica Seguros de Vida ante el 19º Juzgado Civil de Santiago, solicitando reducir las tasas pactadas a la tasa corriente, declarar pagado el leasing, restituir las cantidades que calificaba como intereses usurarios y devolver los terrenos. El 30 de agosto presentó además una querella por usura, estafa y simulación.


Entre ambas fechas había ocurrido otro hecho: el 6 de agosto de 2013, Euroamerica Seguros de Vida vendió ocho terrenos vinculados a la operación a una sociedad relacionada por 884.000 UF. En 2019 y 2020 los recompró por 1.530.000 UF —646.000 UF más, un incremento de 73,08%.


La autoridad siguió recibiendo antecedentes durante años. Entre 2014 y 2018 constan 29 presentaciones vinculadas a Euroamerica Seguros de Vida y 22 oficios de respuesta, con consultas a auditores, revisión de contingencias y fiscalización de operaciones entre relacionadas. La propia SVS detectó posteriormente deficiencias de información, y la CMF terminó sancionando a Euroamerica Seguros de Vida en 2023 por infracciones de esa naturaleza.


Pero hay una pieza que sigue faltando. No aparece en el expediente público de la CMF una reconstrucción regulatoria de las 715.000 UF originales, de las 1.040.775 UF efectivamente pagadas y de las 907.081 UF que todavía se exigían para recuperar los terrenos. No aparece una separación oficial entre capital, reajustes, intereses, costos financieros, primas de opción y recompra. No aparece el cálculo de la tasa efectiva global. Tampoco aparece una resolución técnica que concluya, después de hacer esas cuentas, si la arquitectura de leasing, compraventa, recompra y opciones estaba o no sometida a la Ley 18.010 y a su Tasa Máxima Convencional.


Ésa es la cuestión que Liquitech vuelve imposible de esquivar. No se trata de aplicar retrospectivamente a 2013 una regulación de 2026, ni de afirmar como cosa juzgada que Euroamerica Seguros de Vida cometió usura. El problema es que no aparece la investigación.


Hoy la CMF considera suficiente una desviación de dos puntos base para atravesar la palabra "comisión" y reconstruir el verdadero precio de un crédito. En Curauma había 715.000 UF de capital inicial, más de un millón de UF ya pagadas, otras 907.081 UF en juego, miles de hectáreas y una denuncia formal de usura. La diferencia de escala es abismal.


Por eso también lo es la pregunta: ¿cómo pudo merecer tanto escrutinio una comisión de unos pocos puntos base, y no aparecer el mismo examen económico frente a una operación que podía terminar costando 1.947.856 UF?


La SVS tuvo las cifras, los contratos, los terrenos, las advertencias y las denuncias. Lo que todavía falta encontrar es la cuenta.


 
 
 

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